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Opinión: “Que el dolor no nos nuble”

Opinión: “Que el dolor no nos nuble”

Inicio aquí una reflexión que no tiene otro objetivo que problematizar una situación que entiendo se vincula, y con gran inmediatez, con las bases mismas de un Estado de derecho, con su más elemental razón de ser. Me refiero precisamente a la pasional e impulsiva acción de proyectar en hechos una subjetiva idea de justicia. Ante una situación que nos daña, nos lastima o nos asusta, decidimos actuar de acuerdo a lo que interpretamos justo, conforme a lo que “alguien debió hacer y no hizo”.

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> Por Rocío Álvarez

“Nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza” leemos a menudo, y no es más que un derivado de la buena fe que exige vivir-con, convivir o por lo menos pretenderlo. Siendo una persona vinculada al derecho, en plena formación y con amplias intenciones de contribuir a la pragmatización de una justicia que por momentos es utópica, me pregunto: ¿Cómo funcionaría la lógica de reclamar que se respete aquello que nosotros no somos capaces de respetar? ¿Cuál es el límite de la Justicia interpretada en acción? ¿Se esconde allí una falaz pretensión de paz, tranquilidad, venganza o autocompasión?

Siguiendo esta última cuestión, con firmeza puedo decir que absolutamente nada vuelve las cosas al estado anterior, y pretenderlo es una auténtica mentira y una negación de la realidad. Por otro lado, obviar la indefensión e incluso desilusión que podemos llegar a sentir siguiendo el camino que nuestro esquema jurídico nos traza, también sería parcializar el escenario. Todo parece poco.

Entiendo que no por casualidad el conocido y constitucional mecanismo de democracia semi-directa “Iniciativa popular”, excluye la materia penal como temática a abordar; es que no podemos dejar a la ley (caracterizada fundamentalmente por su generalidad y abstracción) a luz de la pasión, mucho menos del dolor. La sensación de pérdida, desazón, la profunda desesperación que ciertas situaciones más o menos ordinarias pueden llegar a sembrar en nuestro interior, empañan las posibilidades de racionalizar, sencillamente porque somos seres emocionales y porque seríamos francamente incapaces de asignar un valor jurídico a la génesis de nuestra tristeza.

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Para que sea viable una comunidad organizada, es necesario que el Estado asuma, inexorablemente, ciertas funciones. Algunas más discutidas, otras menos, pero la seguridad (además de la responsabilidad que trae consigo) y el monopolio de violencia legítima ocupan un renglón en la lista sin demasiados cuestionamientos. Así, necesita la institucionalización de su autoridad y un reconocimiento como unidad soberana, pero siempre incorporando a la ecuación el elemento básico de un Estado de Derecho, la legalidad. La Constitución Nacional no debe ser para nosotros solamente un catálogo de derechos ilusorios, sino que debe ser nuestra máxima garantía, nuestra Carta fundamental, el límite mismo a aquél poder. Pero también nos interpela a respetar y honrar su contenido como ciudadanos honestos; como decía antes, no podemos pretender su respeto, si ignoramos en los hechos su más primordial espíritu y fundamento. Es allí que, como miembros de una sociedad golpeada y cansina, aún con las marcas de la vida, incluso en el dolor y con la experiencia de la superación, podemos y debemos, además de seguir adelante, intentar demandar y contribuir.

Digo demandar porque podemos exigir al Estado le seriedad que nos merecemos, la pericia que necesitamos y la responsabilidad que nos debe. Podemos exigir la investigación, el diagnóstico y una respuesta; su reestructuración para que actúe con más y mejores herramientas. Podemos expresarnos a través del voto o reclamar que nuestra voz se escuche, abogar por más y mejores canales para ello. Podemos exigir que la Justicia opere y nos deje intervenir activamente en el proceso, que la bilateralización de las garantías procesales se concrete y la tutela efectiva de los derechos de la víctima adquiera la vigencia necesaria, o que el Estado direccione sus esfuerzos a reducir la necesidad del despliegue de su función jurisdiccional.

La seguridad de la que hacía mención es un concepto tan amplio que, por supuesto, no pretendo abordar aquí en toda su complejidad. Pero sí decir que parte de nuestra demanda debe estar dirigida a que como sociedad toda asumamos conductas proactivas. El Estado, como ese titular monopólico del que hablaba antes, debe asumir de oficio -o a nuestras instancias- el rol que le toca. Se me ocurre que esto, entre muchas otras cuestiones, implica diseñar políticas criminales capaces de “reconocer, identificar y modificar ciertas regularidades sociales”, en palabras de Alberto Binder. ¿Necesitamos una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado?¿Necesitamos relevamientos conscientes y contextualizados que nos permitan una fotografía realista de lo que vivimos, de las necesidades más rudimentales insatisfechas, de los grupos sociales en riesgo? ¿Una mirada crítica de los componentes de aquél catálogo que se acercan más a una utopía que a la realidad? ¿Sería útil una redistribución de recursos que tenga como disparador estudios estadísticos confiables? Yo creo que sí. Allí, podemos exigir transparencia, honestidad y los mecanismos jurídicos propicios para que la información que oriente el devenir de las políticas públicas en la materia sea contenido de todos y producto de un abordaje interdisciplinario prudente, y también las vías para exponer las conductas corruptas y cómplices de la criminalidad, favoreciendo a que no sean moneda corriente y auxilien al fortalecimiento de la misma.

Entiendo que resulta gravitante que demandemos- y que en ello participemos activamente- la cercanía al conflicto que el Estado necesita para aumentar la efectividad y eficacia de la prevención. Esta inmediatez que lo coloca en una mejor posición para detectar las situaciones de riesgo y actuar sobre ellas, tal vez viabilizando y operativizando ciertas instituciones intermedias que gozan de aquella cercanía y constituyen vías para la inclusión, siempre y cuando la coordinación y el acompañamiento sean la muestra más fieles de buena fe. ¿Es necesario sustituir el perfil coercitivo y reaccionario de la policía actual intentando incorporarla como otro engranaje de esta modificación que demandaríamos como sociedad civil? Entiendo que sí, y que para ello la capacitación y formación de los cuerpos policiales debería ser profundamente alterada; ésta excedería de forma notoria la preparación física y técnica vinculada a su labor represivo, para incursionar en una preparación que dote a esta histórica institución de un perfil de naturaleza social, orientando su capacitación a que asuman una actitud proactiva hacia la sociedad, proveyéndoles herramientas para que puedan detectar conductas generadoras de riesgo, de delitos, etc. Resulta vital generar un reciproco sentido de pertenencia; todo con el objetivo de que la policía no actúe detrás de los hechos sino que se centre fundamentalmente en la conexión con la sociedad y en la prevención.

Estas son algunas cuestiones que se me ocurre podríamos demandar a los fines de su profundización, pero ampliar la lista y construir las rutas para concretarlo es tarea de cada uno. Pero entiendo que bajo ningún concepto podemos reducirnos a un estado primitivo y ajurídico. Tal como supo decir Juan Bautista Alberdi  en El crimen de la guerra: “que el crimen sea cometido por uno o por mil, contra uno contra mil, el crimen en sí mismo es siempre un crimen”.  Si temerariamente sustituimos a la Justicia por hombres y mujeres inyectados de venganza, el resultado puede ser peligroso. Vivimos atravesados por relaciones intersubjetivas que, en la medida que alcanzan a terceros, resultan jurídicas y ningún antecedente, por más difícil de sobrellevar que sea, hará variar esa circunstancia. El rótulo jurídico puede ser variado, la venganza podrá proyectarse en homicidios, homicidios calificados por alevosía o premeditación, en tentativas o distintos tipos de lesiones, excepcionalmente y bajo determinados requisitos en un exceso de legítima de defensa, etc. Es decir, las previsiones legales para que el uso de la violencia resulte legítimo son escazas, y esto es sencillamente porque la regla es que se respete el derecho de toda persona a tener su respectivo proceso ante un juez imparcial y natural, y su consecuente defensa, garantía esencial del artículo 18 de la Constitución y numerosos Tratados Internacionales que hoy forman parte de nuestro bloque jurídico.

Y decía unos párrafos atrás, que creo que debemos contribuir. Podemos hacerlo en una eventual necesidad de concretar esa Justicia que se nos escapa, proyectando nuestra sabiduría y humanidad o siendo nosotros mismos el vehículo para que nuestra voz se escuche más fuerte, aquella que tal vez nadie quiso oír. Buscando y permitiéndonos encontrar las vías para canalizar aquello que con fervor nos hirió. Investigan y trabajando en pos de una reforma quizás, una superación desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Pero, fundamentalmente, eligiendo no ser aquello por lo que en algún momento sentimos ofensa, optando por respetar las reglas de juego que supimos incorporar y asumiendo la innegable verdad de que nuestra propia mano no hace Justicia, sino que nos aleja de aquello que defendimos, nos aliena y lastima aún más.

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Para finalizar esta reflexión, sólo digo que debemos trabajar para que ni la maldad, ni el egoísmo, ni la impunidad de algún otro, pueden deshumanizarnos y quitarnos eso que aún tenemos: la fortaleza o entereza para decidir. Porque crecer como sociedad nos exige a nosotros mismos tomar consciencia de que formamos parte de ella, que no somos personas aisladas, totalmente ajenas a la alteridad, y asumir el compromiso que ello implica. Como alguien alguna vez dijo, “la violencia engendra más violencia”, lejos está de darnos paz.

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