La puja por el poder en Colombia

Discursos y propuestas en un escenario de polarización

La polarización entre derecha e izquierda caracteriza la campaña electoral colombiana. Las propuestas y discursos de los candidatos son marcadamente antagónicas. Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe, pretende modificar aspectos importantes de los acuerdos de paz. Aunque se autodefine como un candidato de centro, recibe apoyo de los sectores más conservadores. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, lo secunda en las encuestas. Su programa plantea modificaciones en el modelo económico para superar el extractivismo y lograr la transición hacia energías sustentables. Desde la derecha se lo acusa de ser un «castrochavista». A este escenario polarizado se suman otros candidatos. Aquí se exhiben los principales rasgos de sus programas y de sus discursos electorales.

Colombia

>Por María Fernanda González

Las campañas electorales suelen ser extensas en el tiempo. Y el caso colombiano parece demostrarlo a la perfección. La contienda electoral comenzó con el debate sobre los acuerdos de paz en octubre de 2016, cuando Juan Manuel Santos abrió la puerta para que la población ratificara lo negociado en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Los actores centrales en el debate sobre la aprobación o el rechazo a dichos acuerdos han sido también los principales contendientes en la carrera presidencial. En el país, asediado hoy por una lógica binaria, se ha establecido una coyuntura de polarización. Por una parte, la Colombia conservadora, patriarcal y tradicionalista, añora el retorno del proyecto del ex presidente Álvaro Uribe. Este sector ha sido, evidentemente, muy crítico del gobierno actual. Por otro lado, una serie de proyectos más liberales y progresistas compiten por la sucesión de Juan Manuel Santos sin buscar reconsiderar los acuerdos de paz sino, más bien, buscando plantear un proceso de consolidación de los mismos para alcanzar la reconciliación entre los colombianos.

En la carrera a la presidencia también tuvieron un papel importante las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo. Si bien todos los partidos reivindicaron como positivos los resultados, las fuerzas ganadoras fueron aquellas que ubicadas en el centro del espectro político, tanto las que se escoran más hacia la izquierda como las que miran más hacia la derecha. El nuevo congreso es el reflejo, no solo de las maquinarias políticas tradicionales, sino de una avanzada del voto de opinión a través de figuras alejadas de la política tradicional. Se trata de un Congreso más joven, con más representantes de la sociedad civil y en favor de la reconciliación.

¿Cómo entender el discurso de la campaña electoral? ¿Es posible encontrar diferencias entre las visiones de los candidatos? ¿El debate refleja la ruptura ideológica tradicional entre izquierda y derecha? ¿Cuáles son los temas de mayor interés de los candidatos?

Un análisis de estadística textual de los discursos de los candidatos desde octubre de 2016 hasta hoy, da cuenta de las preferencias temáticas de cada uno en la campaña. Si bien los debates han mostrado coincidencias en la necesidad de reformar el sistema tributario, invertir en la primera infancia, proteger el medio ambiente, realizar las necesarias reformas en el sector de la salud, y lograr la educación gratuita para el ámbito universitario, las palabras más queridas de cada uno describen el inconsciente ideológico y presentan la visión de país de los pretendientes a la Casa de Nariño.

En la derecha, los temas económicos y la infraestructura los más apremiantes

Iván Duque, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) es quien lidera las encuestas. En varias oportunidades ha afirmado que realizará «un cambio estructural de los acuerdos». Sin dudas, sus principales críticas a la impunidad y la falta de justicia en una sociedad que sufrió por más de cincuenta años la violencia tanto de las guerrillas como de los paramilitares, constituyen, no sin razón, un discurso de mucho peso en la población colombiana posicionada, de manera general, en el espectro de derecha. En una entrevista Duque afirmaba: «Nuestra crítica no es que exista un proceso de negociación para la desmovilización, el desarme y la reinserción. La discrepancia está en los beneficios que se le han entregado a las FARC. Las discrepancias están en haber relativizado la justicia en función de una ideología de los victimarios. La discrepancia está en igualar ante la justicia a quienes han defendido la paz como un principio constitucional para defender la vida y honra de los colombianos, las discrepancias están en que ellos crearon una justicia a la medida de sus pretensiones de impunidad»1.

Este candidato de tan solo 41 años representa la renovación del uribismo y se erige como una figura nueva y carismática. Lejos de la radicalidad de una parte de su partido, evita utilizar los eslóganes huecos de campaña como el «castrochavismo», con el cual se busca generar el miedo de una posible «venezolanización» del país si llegara a triunfar el candidato de la izquierda. Duque, que se autodefine como de centro pero que tiene importantes apoyos de un conservatismo profundo, desea conquistar el corazón de los indecisos y los abstencionistas con un discurso sin estigmatizaciones ni odios y a través de una apuesta por la «legalidad, el emprendimiento y la equidad». Insiste, como el presidente francés Emmanuel Macron, que es importante dejar de lado la ruptura y el viejo debate de izquierda y derecha. En su espacio ideológico defiende, sobre todo, una economía de mercado y el apoyo a los más vulnerables. Este líder ha venido construyendo su propia figura a pesar del gran patriarca, el expresidente Álvaro Uribe. Los temas más queridos por este candidato son los económicos y la crítica al proceso de paz. Los ejes más repetidos en el campo económico son: la creación de empleos y su formalización, la lucha contra la informalidad, el apoyo a la inversión, el ahorro y la revisión de un sistema tributario ineficiente.

En el espectro de la derecha se encuentra también Germán Vargas Lleras, el consentido del establishment. Miembro de una familia tradicional de la política colombiana, Vargas Lleras ha vivido para la política. Fue concejal, senador, ministro y vicepresidente. Fue el ministro estrella del gobierno de Juan Manuel Santos, dada su capacidad para modernizar la infraestructura del país y realizar una importantísima obra de vivienda de interés social. Sus palabras lo delatan: viviendas, acueducto, inversión, aeropuerto, construcción, obra, hospitales, ejecución, alcantarillado, cobertura, agua potable. Tiene el discurso más técnico de los candidatos, no menciona el proceso de paz y podría afirmarse que fue el que mejor preparó la propuesta programática. En una entrevista para la revista Bocas, confesó que fue él quien redactó los documentos de políticas públicas que definirán la guía de su gobierno, un documento de alrededor de 1500 páginas apoyado por un grupo de expertos. Es el candidato «perfecto» para la política tradicional de Colombia: buen orador, nacido en una familia aristocrática y de derecha. Sin embargo, las encuestas no lo favorecen. A pesar de las buenas calificaciones, es un líder con carisma y poder de seducción limitado y representa la continuidad del santismo. En un momento de cambio en el que la transparencia, los valores y la llegada al poder de nuevos referentes tienen peso, su candidatura peligra y podría ser dejada de lado desde la primera vuelta por fomentar su capital político con la política tradicional, basada en las maquinarias, que hoy es fuertemente discutida.

La izquierda a fondo por la reconciliación

En la izquierda, Gustavo Petro lidera el segundo puesto en las encuestas. Este exguerrillero del M19, senador y ex alcalde de Bogotá, es amado con pasión en los sectores populares y temido por las élites. Petro ha logrado conquistar el corazón del pueblo desde joven ayudando a los sin techo a construir barrios populares. Su discurso expone con agudeza los desafíos del cambio climático y la industrialización. En su corpus ideológico no aparecen ni el comunismo ni la Venezuela de Chávez como sus referentes. Pero sus críticos pretenden encasillarlo allí, dirigiendo sus dardos hacia su pasado como revolucionario. Su retórica rebelde lo posiciona en la izquierda radical. Amante de las lecturas de Michel Foucault y de Toni Negri, apuesta a la reconciliación de los colombianos pero, sobre todo, a darle una voz y un lugar en el poder a los más humildes. Retomando las palabras del asistente de Michel Foucault en el Collège de France, François Ewald, se podría atribuir a Petro lo que este intelectual afirmaba de Foucault: «El verdadero aporte de su pensamiento no es el de entender a qué poder obedecer sino crear más bien las condiciones y la capacidad de construirse como sujeto y tener una palabra propia»2. Ha realizado una campaña sin equívocos a pesar de un volumen importante de fake news sobre su candidatura y proyecto político. Tiene la virtud de conectar fácilmente con los auditorios, por su inteligencia y carisma. Se trata de un buen orador en la plaza pública que ha sabido conectar con los nuevos tiempos.La utilización personal de la red social Twitter le ha habilitado conseguir una audiencia joven y militante que conecta con sus propuestas, basadas fundamentalmente en modificaciones en el modelo económico para superar el extractivismo y lograr la transición hacia energías sustentables.

El outsider de la campaña

En el espectro ideológico de los progresistas aparece en las encuestas en tercer lugar el candidato Sergio Fajardo. Profesor de lógica matemática, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, se define ante todo como un científico y como el «hombre del cambio». Su autopercepción es la de una figura novedosa que representa la nueva política, que está lejos de las maquinarias, las componendas burocráticas y la compra de votos. Su propuesta central de lucha contra la corrupción es en realidad una verdadera revolución de los valores con la que se busca romper no solo con la política tradicional colombiana, sino generar un verdadero cambio en la mentalidad de los ciudadanos. Los valores pregonados por Antanas Mockus, el segundo congresista más votado el 11 de marzo, como la honestidad y la confianza son el estandarte de su propuesta política. Sergio Fajardo es el outsider de la campaña. Su discurso se centra en primer lugar en una vasta descripción de su recorrido. Las palabras así lo demuestran: «yo», «nosotros», «Medellín», «profesor», «alcalde», «gobernador». Sus ejes temáticos le dan una gran prioridad al mundo educativo y a la necesidad de reconstruir el tejido social colombiano a partir de los valores: la transparencia y la ética. Sergio Fajardo no es de discursos con grandes manifestaciones. Hace su trabajo saliendo a caminar, entregando volantes de su programa, hablando con los ciudadanos y generando confianza. Su campaña se parece más a una clase deuniversidad que a la lógica de la política tradicional. ¿Cómo ha hecho la campaña?: «Sin comprar un solo voto, explicándole a la gente (…) salimos a caminar, a buscar a la gente en los espacios públicos. Está lejos de los manuales o los programas técnicos»3.

El liberalismo, la apuesta a la reconciliación

El liberal Humberto de la Calle es el último de los candidatos. Jefe negociador de la paz y reconocido como estadista, es un abogado que ha tenido importantes cargos a lo largo de las últimas décadas. De la Calle, el mayor del grupo, es en realidad el más experimentado por su largo e importante recorrido en la actividad pública y privada. Las encuestas lo favorecen muy poco y puede ser por el costo de un proceso de paz que ha sido visceralmente criticado por el ex presidente Álvaro Uribe, generando incredulidad y temor en buena parte de la población. Su corpus ideológico pasa indefectiblemente por el apoyo irrestricto a la paz, saldar la deuda social con los más desfavorecidos y mantener la palabra empeñada en los acuerdos de La Habana. Carismático, inteligente expone con claridad sus propuestas y visión de país. Su principal característica es la de construir un discurso a través de la razón y la reflexión.

¿Qué sucederá?

Hasta ahora, resulta imposible saber que sucederá en las elecciones. Sin lugar a dudas, cada uno de los candidatos ha expuesto sus propuestas programáticas y, casi todas ellas, coinciden en la necesidad de luchar contra la corrupción y lograr mayores beneficios para los ciudadanos en materia de empleo, salud y educación. Cada uno de ellos manifiesta, sin embargo, diferentes formas de encarar esas propuestas, y esto es algo que solo podrémos saber con el rodaje gubernamental.

El verdadero desafío, sin embargo, parece ser el de darle vida y espacio a un proyecto equilibrado que permita superar la potente polarización existente entre derechas e izquierdas. Los colombianos darán el veredicto el próximo 27 de mayo. Entonces, se verificará si esto ha sido posible.

Notas:

 

1.MF. González: Los Pretendientes de la Casa de Nariño, Intermedio Editores, Bogotá, 2018.
2.Íbid
3.Íbid

 

 

NUSO

Cómo lo hace Costa Rica

Costa Rica como lo hace

Jóvenes manifestándose en Costa Rica – EZEQUIEL BECERRA (AFP/Getty Images)

>Por Joseph Stiglitz

En un momento en que el autoritarismo y el protofascismo están en alza en tantas partes del mundo, es alentador ver un país cuyos ciudadanos siguen profundamente comprometidos con los principios democráticos. Un pueblo que ahora mismo está intentando redefinir su política para el siglo XXI.

Hace años que el liderazgo progresista de Costa Rica (un país con menos de cinco millones de habitantes) llama la atención en todo el mundo. En 1948, tras una corta guerra civil, el presidente José Figueres Ferrer abolió el ejército. Desde entonces, Costa Rica se convirtió en un centro para el estudio de la resolución y la prevención de conflictos, y es sede de la Universidad para la Paz, una institución creada por Naciones Unidas. Con su rica biodiversidad, Costa Rica también hizo una demostración de liderazgo ambiental previsor, al promover la reforestación, convertir un tercio del país en reservas naturales protegidas y generar casi toda la electricidad que consume a partir de energía hídrica no contaminante.

Los costarricenses no muestran señales de querer abandonar esta tradición progresista. En la última elección presidencial, con gran participación de votantes, Carlos Alvarado Quesada obtuvo la victoria con más del 60% de los votos, contra un rival que con la prohibición del matrimonio homosexual hubiera revertido el antiguo compromiso del país con los derechos humanos.

Costa Rica se sumó a un pequeño grupo de países en la denominada Alianza del Bienestar, que trabaja en la implementación de ideas (planteadas por la Comisión Internacional sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social) para la creación de indicadores de bienestar mejorados. Los miembros de la Alianza, conscientes de las falencias del PIB, que la Comisión ha destacado, propugnan una política pública que impulse el bienestar de los ciudadanos en el sentido más amplio, mediante la promoción de la democracia, la sustentabilidad y el crecimiento inclusivo.

Una parte importante de esta búsqueda ha sido ampliar el campo de acción de las cooperativas y empresas sociales del país, que ya es grande, puesto que incluyen de uno u otro modo a un quinto de la población. Estas instituciones representan una alternativa viable a extremos del capitalismo que han dado lugar a prácticas éticamente reprobables, como el crédito predatorio, la manipulación de los mercados financieros, el abuso de datos personales por empresas tecnológicas, el ocultamiento de emisiones de la industria automotriz, etcétera. Las instituciones alternativas se basan en promover la confianza y la cooperación, y en la convicción de que promover el bienestar de sus miembros también aumenta la productividad.

Igual que los ciudadanos de otros pocos países, los costarricenses han demostrado que la desigualdad es una elección, y que las políticas públicas pueden garantizar más igualdad económica y de oportunidades que el mercado librado a sí mismo. Pese a las limitaciones de recursos, los costarricences pueden alardear de la calidad de sus sistemas de educación y atención de la salud, públicos y gratuitos. La expectativa de vida en Costa Rica ya supera a la de Estados Unidos, y va en aumento, mientras los estadounidenses, que eligieron no tomar las medidas necesarias para mejorar el bienestar del ciudadano de a pie, se mueren más jóvenes.

Pero a pesar de todos sus éxitos, Costa Rica enfrenta dos problemas críticos: la persistencia de un déficit fiscal estructural y la parálisis del sistema político. El aspecto económico de la solución del déficit fiscal es sencillo: o se estimula el crecimiento, o se aumentan los impuestos, o se baja el gasto. Pero el aspecto político no lo es: cualquier gobernante elegiría la solución del crecimiento, pero no hay una fórmula mágica para lograrlo, y las otras dos opciones no las quiere nadie.

En estas circunstancias, la elección de la mayoría de los gobiernos es recortar gastos; por ejemplo, en infraestructura, ya que el costo de hacerlo permanecerá oculto por décadas. Pero eso sería un error particularmente grave para Costa Rica, ya que sus infraestructuras no han acompañado el crecimiento económico, y su mejora puede ser importante para promoverlo. Es verdad que la eficiencia del Estado siempre se puede aumentar, pero tras años de retirada, poco puede esperarse de una mayor racionalización. Todo indica que la mejor salida sería aumentar los impuestos.

Para que el sistema impositivo sea compatible con una estrategia económica general que busque maximizar el bienestar de todos los ciudadanos, hay que seguir tres principios centrales: gravar lo malo (por ejemplo, la contaminación) en vez de lo bueno (por ejemplo, el trabajo); diseñar los impuestos de modo de causar la menor distorsión posible en la economía; y que la estructura de alícuotas sea progresiva, de modo que las personas más ricas paguen una proporción mayor de sus ingresos.

Costa Rica ya es un país muy ecológico, así que un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono no recaudará tanto como en otros lugares; pero como el país genera casi toda la electricidad a partir de fuentes limpias, la adopción del auto eléctrico puede generar más reducción de emisiones. Dicho impuesto puede ayudar a que Costa Rica se convierta en el primer país donde predominen los autos eléctricos, y acercarla así al objetivo de lograr una economía sin emisión neta de dióxido de carbono.

Puesto que el problema de la desigualdad persiste (aunque ni por asomo es tan grave como en otros lugares de América Latina), es esencial la aplicación de impuestos más progresivos y abarcadores a los ingresos, las plusvalías y las propiedades. Los ricos obtienen de las plusvalías una proporción exagerada de sus ingresos, de modo que aplicarles alícuotas inferiores a las de otras fuentes de ingreso agrava la desigualdad y provoca distorsiones. Los economistas disienten en muchos temas, pero algo en lo que coincidirán es que si se gravan los ingresos o las plusvalías derivados de la tierra en Costa Rica, la tierra no se va a ir a otra parte. Esa es una de las razones por las que el gran economista decimonónico Henry George sostuvo que los mejores impuestos son los impuestos a la tierra.

Los mayores desafíos son políticos: un sistema presidencialista como el de Costa Rica funciona bien en un contexto de bipartidismo con reglas que aseguren la representación de la minoría. Pero puede caer rápidamente en la parálisis política cuando el electorado está más fragmentado. Y en un mundo de cambio acelerado, esa parálisis puede ser costosa, al llevar, por ejemplo, a un crecimiento irresoluble del déficit y de la deuda.

Con sus apenas 38 años, Alvarado está tratando de crear un nuevo modelo presidencial para Costa Rica, sin cambiar la constitución, mediante la designación de ministros venidos de diferentes partidos. Ojalá el espíritu colaborativo alentado por el movimiento cooperativo, tan integrado a la cultura costarricense, lo haga funcionar. De ser así, Costa Rica, pese a su reducido tamaño, será un faro de esperanza para el futuro, que muestre que es posible otro mundo, uno en el que los valores de la Ilustración (la razón, el discurso racional, la ciencia y la libertad) florezcan en beneficio de todos.

 

 

P.S.

Jóvenes y elecciones: entre el desencanto, la crítica y la movilización

Jovenes y elecciones

>Por Camila Vollenweider y Ava Gómez

El auge de los medios digitales y de las redes sociales ha puesto de manifiesto no sólo la visible preponderancia de los más jóvenes en el ciberespacio, sino también las capacidades inusitadas de la interactividad en la movilización colectiva de la juventud latinoamericana.

A lo largo de la década del 2000 la región fue testigo de diferentes movilizaciones juveniles orientadas por objetivos específicos, que posteriormente se fueron ampliando al conjunto de las sociedades y se convirtieron en acontecimientos políticos y culturales que impactaron a lo largo y ancho del continente.

Los nuevos repertorios de la movilización colectiva se orientaron por demandas puntuales en torno a la educación, como fue el caso de las manifestaciones de “Los Pingüinos” en 2011 en Chile, en las que los jóvenes reclamaban amplias mejoras en el sistema educativo; o las manifestaciones convocadas el mismo año en Colombia por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en la que estudiantes universitarios se organizaron para luchar en contra de la reforma a la Ley 30, que consideraban una profundización en el deterioro de la educación pública.

Más recientemente, en 2016, un grupo de jóvenes universitarios se organizó a través de redes sociales para movilizarse a favor de la paz, una vez se conocieron los resultados del plebiscito en Colombia. En una manifestación multitudinaria los jóvenes se convirtieron en un revulsivo del cambio a favor de los Acuerdos de Paz, expresando una posición contraria a los resultados de las urnas.

Estas movilizaciones tuvieron como resultado la interpelación a la política tradicional de los países en donde tuvieron lugar y fueron movimientos construidos desde la autonomía, la horizontalidad y la distancia de las formaciones políticas tradicionales. Pero no implicaron a posteriori la formulación de movimientos o partidos integrados institucionalmente para disputar procesos electorales. De los mencionados, fue quizá el movimiento estudiantil chileno el que se acercó más a la constitución efectiva de una formación política a través de Juventud Rebelde, si bien su impacto en la disputa política sigue siendo marginal.

Masivo y visible

Los jóvenes son el grupo poblacional con una mayor presencia en la región, un fenómeno que algunos países han acertado en denominar “bono demográfico” o “dividendo demográfico” y que, se estima, comienza su decadencia conforme avanza la segunda veintena del siglo XXI. Ellos también han sido protagonistas en los procesos electorales más recientes.

Estimación poblacional América Latina 15 -29 años 2000-2018

Jovenes 2000-2018

*Fuente: CELADE / CEPAL[i]

Estimación poblacional América Latina 15 -29 años 2018-2020

Jovenes 2018-2020

*Fuente: CELADE / CEPAL[ii]

En Costa Rica los jóvenes entre 17 y 35 años fueron la población con mayor peso en el padrón electoral (1.383.498, representando un 40%). Después de las pasadas elecciones, el 33% de las nuevas curules en el Congreso estarán ocupadas por políticos menores de 40 años, mientras que la edad promedio pasará de 50 a 46 años. Además, su participación se visibilizó en la primera y la segunda vuelta electoral, los principales votantes de Carlos Alvarado fueron jóvenes, mujeres y personas con grado universitario[iii] [iv].

En el caso de Honduras, el 70% de la población es menor a los 40 años y 691,781 fueron nuevos votantes, una cifra equivalente al 13% del Censo Nacional definitivo Electoral, con un total de 1,497,290 son jóvenes electores, comprendidos entre los 18 y 25 años, representando el 24.7 % del CNDE.

Para el caso de Paraguay fueron 1.841.832 los jóvenes entre 18 a 34 años que estaban habilitados para votar, de ellos 884.927 tenían entre 18 a 24 años. Y, a pesar de que la tendencia fue el incremento de la participación en las elecciones generales (con 62,28% en 2003; 65,41% en 2008; y 68,56% en 2013), al comparar por grupos de edad el nivel de intervención más alto corresponde a los ciudadanos de 40 años para arriba (más del 70%); en tanto, el segmento de 18 a 24 años tuvo el menor nivel (inferior al 63%). En el caso de los pasados comicios del 22 de abril se estima que la participación de los más jóvenes se mantuvo a tendencia histórica de participación.

2018: juventud y nuevo progresismo

En los casos de Colombia y México hay dos candidaturas que están moviendo fuertemente al electorado joven. En el caso colombiano, Gustavo Petro hoy aglutina el mayor porcentaje de intención de voto en una primera vuelta entre los jóvenes de entre 18 y 24 años con el 43,7%, seguido de Iván Duque (35,3%) y, bastante por detrás, Germán Vargas lleras con 13,3%. En una eventual segunda vuelta, el candidato de Colombia Humana también recoge la mayoría del apoyo joven: el 60,5% de los jóvenes encuestados lo apoya, mientras que Duque recoge el 37,3%[v].

En el haber de Petro se encuentran no sólo un universo discursivo que abarca temáticas que atraen a los jóvenes –como el medioambiente, minorías, etc.- y programas específicos en educación y empleo, sino que se ha erigido entre buena parte de ellos como una alternativa de cambio al establecimiento.

Algo similar ocurre con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por MORENA. En un país con 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales 7.5 millones no estudian ni trabajan y el 60,6% de los que trabajan lo hacen en la informalidad, AMLO se lleva las preferencias juveniles. Según la tercera edición de la encuesta Voto Millenial de Nación 321, el 51% de los jóvenes votaría por AMLO –sin considerar el 29% de indecisos-, mientras que Ricardo Anaya, más próximo generacionalmente con sus 38 años, se lleva el 29% de la intención de voto[vi].

A nivel programático, López Obrador ha propuesto un ambicioso programa de becas de estudio y de formación laboral para jóvenes con pocos recursos, cupos para todos los jóvenes que quieran estudiar y representación de este segmento de edad en su futuro gabinete. Pero más allá de las propuestas, AMLO atrae a este grupo etario por su imagen de incorruptible, combativo con el decadente sistema político mexicano representado por el PRI y de figura política coherente. Un dato no menor al respecto es que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de los más de 90 millones de ciudadanos habilitados para votar, 36.156.742 (36%) son jóvenes de 18 a 34 años.

Jóvenes: un electorado fundamental, crítico y reacio a la política tradicional

2018 es un año en el que discurren diversas campañas electorales, que han sido permeadas por la preponderancia del voto joven. Movilizarlo ha sido el leitmotiv de buena parte de los equipos de campaña que, con mayor o menor éxito, han articulado discursos, actividades, programas y formas de comunicar con el estilo y los códigos de esta parte del electorado. Dado su peso en los padrones electorales, atraerlos a las urnas y a los candidatos en las últimas elecciones regionales fue una necesidad constante. Sin embargo, fueron y son pocas las propuestas que logran generar conexiones robustas dado que los jóvenes, aunque participan masivamente a través de redes sociales, tienen escasa presencia en los comicios. Y, aunque ocupan las calles de forma masiva y con diversas formas de protesta, encuentran escasamente seductoras las propuestas de los candidatos.

El nuevo progresismo latinoamericano parece haber identificado fórmulas concretas que pueden reflotar las relaciones entre los jóvenes y la política tradicional, aunque todavía es pronto para afirmar que van a poner fin al abstencionismo juvenil. Comenzar por propuestas claras y específicas, pero, sobre todo, viables, parece ser un primer paso hacia un acompañamiento definitivo.

[i] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[ii] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[iii] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaFebrero2018/Informe-encuesta-FEBRERO-14.pdf

[iv] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaAbril2018/Informe-encuesta-ABRIL-25.pdf

[v] https://es.scribd.com/document/377558353/Resultados-de-la-Gran-Encuesta-Caracol-television-Blu-Radio-y-Semana-27-de-abril#from_embed

[vi] http://www.nacion321.com/voto-millennial/encuesta-millennials-lo-tienen-claro-51-votaria-por-amlo-para-presidente1

 

CELAG

La campaña mexicana se prepara para la guerra sucia digital

Campaña Mexicana AMLO

Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas de cara a la elección presidencial mexicana – Daniel Becerril (Reuters)

El mensaje comenzó a circular a principios de año y encendió alarmas en Facebook, Twitter, WhatsApp y otras plataformas: millones de mexicanos tenían apenas unos días para volver a registrarse o retramitar su credencial de electores si querían votar para presidente.

Excepto que no era verdad.

No queda claro cuál fue el origen del rumor. Pero, más allá de si se trataba de un intento de socavar al sistema electoral o tan solo un esfuerzo erróneo de compartir información de interés, el enojo y la incertidumbre que generó el mensaje fueron apenas una primera muestra de una batalla de desinformación que ha afectado la disputa electoral en México.

“Sí va a ser decisivo lo que van a hacer en redes las campañas, en todos los niveles”, dijo Carlos Merlo, socio directivo de Victory Lab, empresa de publicidad y mercadotecnia que ha creado plataformas para esparcir noticias falsas o viralizar temas. Según Merlo, la estrategia digital influirá enormemente en el resultado electoral, tanto al dar a conocer y promover a candidatos como a modo de herramienta ante la desinformación.

Hay mucho en juego en la votación del 1 de julio: más de 3400 cargos electivos a niveles local, estatal y federal, que la convierte en la elección más grande en la historia del país. La joya de la corona es la presidencia, disputada por cinco candidatos que buscan remplazar al presidente Enrique Peña Nieto para el próximo mandato de seis años.

Y las noticias falsas se han esparcido con rapidez. Los aspirantes al cargo han hecho acusaciones cruzadas en las que señalaron a los demás de contratar a provocadores en línea o de usar herramientas de promoción automatizada, como bots, para inundar las redes sociales con mensajes que buscan influenciar a los votantes o engañarlos.

Además, en momentos en que el tema sigue siendo investigado en Estados Unidos por la campaña presidencial de 2016, han surgido acusaciones de interferencia rusa en la contienda mexicana.

El entonces asesor de seguridad nacional estadounidense, H. R. McMaster, declaró en diciembre que había “primeros indicios” de que el gobierno en Moscú quería influenciar en el voto mexicano, pero no dio detalles.

Los funcionarios mexicanos dicen que no han encontrado señales de esta intervención ni han recibido pruebas de sus contrapartes estadounidenses, mientras que las autoridades rusas han negado actividades de este tipo.

Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral, dijo que el organismo estaba atento al hecho de una posible interferencia. “Sí pensamos que está latente la posibilidad y estamos preparándonos para que no afecte el desarrollo del proceso”, dijo.

Algunos analistas opinan que, si existiera una injerencia rusa, estaría orientada a tratar de polarizar más al electorado. Afirman que el Kremlin ve en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas con la coalición Juntos Haremos Historia y quien tiene un tono más antagónico hacia Estados Unidos, una figura clave para esas pretensiones.

Manuel Cossío Ramos, quien se dedica a hacer estrategia e inteligencia política digital, asegura haber encontrado huellas rusas en intentos de dirigir el tráfico en redes con respecto a temas electorales, con López Obrador como el tema principal. Cossío Ramos no está afiliado a ninguna campaña, pero reconoce que no tiene particular simpatía por López Obrador.

Cossío Ramos afirma que, con una herramienta de análisis digital llamada NetBase, encontró en abril 4,8 millones de entradas sobre López Obrador que fueron publicadas en redes o en sitios de noticias por usuarios ubicados fuera de México. Según su análisis, cerca de un 63 por ciento de los artículos revisados serían provenientes de Rusia y el 20 por ciento de Ucrania.

Al hacer búsquedas similares para los otros candidatos, Ricardo Anaya (de la coalición Por México al Frente) y José Antonio Meade (de la coalición Todos por México), Cossío Ramos sostiene que encontró que la gran mayoría de las discusiones sobre ellos provenientes del extranjero tenía su origen en Estados Unidos y solo el 4 por ciento en Rusia.

Sin embargo, otros consultores digitales con distintas herramientas afirman que no encontraron evidencia de actividad similar en redes sociales por parte de Rusia y no fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones de Cossío Ramos.

Integrantes de la campaña de López Obrador han desestimado las aseveraciones hechas por Cossío Ramos debido a sus tendencias políticas y también han descartado las denuncias de interferencia rusa.

El mismo López Obrador ha recurrido a la sátira y la burla ante tales acusaciones. Publicó un video en el que aparece en un puerto del estado de Veracruz en espera de, según dice, “el submarino ruso” con “el oro de Moscú” y en el que anuncia que su nombre ahora es “Andrés Manuelovich”.

Entre otras noticias falsas que han ganado cierta relevancia desde el inicio de la campaña está la afirmación de que el papa Francisco se pronunció en contra de López Obrador y criticó su ideología. Se trata de una invención: fue desmentido por Verificado 2018, proyecto dedicado a denunciar e investigar noticias falsas y el uso engañoso de información durante las campañas.

Otra afirmación, también desmentida por Verificado, decía que Anaya —segundo en las encuestas— tenía vínculos familiares estrechos con el gabinete de Peña Nieto y con un expresidente del partido gobernante y, por lo tanto, estaba confabulado con el gobierno actual.

Una reforma electoral aprobada en 2007 estableció mayores regulaciones para la compra de espacios publicitarios de campaña y, según analistas, con ello propició que gran parte de la pulseada política más agresiva se trasladara a las redes. Esa batalla se vio con fuerza en la elección de 2012.

Un desarrollador web, Iván Santiesteban, halló que se usaron 20.000 bots en el mes y medio previo a la jornada electoral, con el fin de crear conversaciones en línea favorables al eventual ganador, Peña Nieto. (Algunos incluso los apodaron Peñabots).

El coordinador de mercadotecnia de esa campaña, Aurelio Nuño —después secretario de Educación y actualmente coordinador de campaña de Meade— llegó a admitir en ese entonces que sí hubo “voluntarios organizados para apoyar la campaña” y que su estrategia estaba abocada a “combatir comentarios negativos en las redes y con ello posicionar los positivos”.

Desde 2012 el público mexicano en línea no ha hecho más que crecer. El último censo señala que hay unos 71,3 millones de usuarios de internet, en comparación a los 40,9 millones en 2012. Al mismo tiempo, las campañas se han volcado mucho más al mundo digital.

“De aquí en fuera la batalla va a ser en redes sociales”, indicó Javier Murillo, cofundador y director de la consultora digital Metrics.

Con el uso de herramientas algorítmicas propias, Murillo dijo que encontró que un 27 por ciento de las publicaciones sobre la elección en Facebook y Twitter en el plazo de un mes fueron generadas por troles y bots.

Los consultores digitales que dirigen o trabajan con las campañas de los tres principales candidatos —López Obrador, Anaya y Meade— negaron estar utilizando estos métodos o compartiendo noticias falsas.

“La estrategia digital y las redes sociales ya son una parte central de los cuartos de guerra”, dijo Juan Pablo Adame Alemán, exdiputado y coordinador de redes para Anaya. “Pero no vemos beneficios de inflar temas o de querer siempre posicionar etiquetas” con bots o troles.

Juan Pablo Espinosa de los Monteros, quien trabajó en la estrategia digital de la coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, dijo que quien dedique “dinero, recursos y esfuerzos” para bots o troles no hace más que malgastar. Y Alejandra Lagunes, encargada de la estrategia digital de la campaña de Meade, sugirió que no cumplen con propósito alguno, pues en vez de ayudar “hacen más difícil conocer las verdaderas opiniones de las personas”.

Como parte de un intento de adelantarse a los efectos que puedan tener estas cuestiones durante la jornada electoral del 1 de julio, las autoridades electorales mexicanas hicieron un arreglo con Facebook, Twitter y Google para contrarrestar las noticias falsas y, en cambio, volver virales los datos verídicos. Facebook, como parte de este acuerdo, ha publicado desplegados en los principales periódicos con diez consejos para detectar noticias falsas.

Una preocupación particular para los funcionarios es que los rumores podrían generar dudas sobre el sistema, como sucedió con la noticia falsa acerca del registro de votantes.

“Es la que más nos ha preocupado”, dijo Andrade, del Instituto Nacional Electoral, “pero apenas nos estamos acercando a la parte más delicada de la campaña, hacia la jornada”.

 

 

NYT

Mundo troll: el detrás de escena de las fábricas de insultos en las redes sociales

Troll en argentina

Fuente: LA NACION – Crédito: Alfredo Sabat

>Por Brenda Struminger

¿Una oficina repleta de personas que escriben insultos? ¿Un operario que presiona un botón? ¿Programas automáticos? ¿Una jefa que decide el próximo “Trending Topic”? ¿Reuniones con dirigentes políticos? ¿Dinero en negro? Un poco de todo. Los “ejércitos” de trolls y bots en redes sociales funcionan en el mundo virtual, pero están montados sobre una estructura humana. Implican inversión, contratación de personal y adquisición de programas y cuentas falsas, muchas veces en el exterior.

Siete comunicadores, publicistas y técnicos informáticos que trabajaron en campañas de trolls o las coordinaron brindaron detalles sobre su funcionamiento, con la condición de que no se publiquen sus identidades ni los nombres de sus agencias.

Fueron contratados por dirigentes y partidos políticos, a través de sus consultoras y agencias publicitarias, para brindarles servicios de trolls y bots (cuentas apócrifas y automáticas destinadas a agredir, cambiar el foco de una conversación pública o instalar temas).

Las principales fuerzas también tienen sus propias agencias, montadas, o bien en sus locales partidarios, o en oficinas. Todo depende del presupuesto. Suelen instalarse en el Distrito Audiovisual (que comprende áreas de Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales y Paternal), por los beneficios impositivos.

“Monitos”

Un equipo de trolls se divide en tres áreas: una persona o grupo que decide la estrategia (a quién hay que hablarle, a quién hay que atacar, y cómo); un equipo audiovisual que diseña las piezas que se difunden (videos, imágenes, flyers); y uno de empleados junior, que llevan a cabo las campañas. A estos últimos suelen llamarlos “monitos”.

Los operarios no firman contrato, se les paga en negro y se les pide discreción a la hora de referirse a su trabajo. Son estudiantes o licenciados en Comunicación o Informática. Tienen entre 20 y 35 años. Algunos tienen horarios fijos y asisten a una oficina; otros trabajan desde sus casas y envían a sus jefes capturas de pantalla de cada operación. Cobran entre 10 y 15 mil pesos por mes. Los mejor pagos son los que están disponibles a toda hora, cualquier día.

“En el mundo de la comunicación política hay incendios. Un buen equipo de trolls sale a apagarlos en tiempo real, cambia el foco de la discusión cuando se necesita”, sostuvo un consultor que lleva 10 años en el negocio de la propaganda política.

Una licenciada en Comunicación de 28 años y un técnico en Periodismo de 42 revelaron a LA NACION que trabajaron más de un año en agencias de trolleo. Cobraban en efectivo, que les entregaban en sobres por mes.

Una hacía campaña para el presidente de un país centroamericano; el otro para un intendente del PJ bonaerense. Ambos asistían a oficinas, respectivamente, en Vicente López y en Palermo, donde trabajaban con otros comunicadores. Sus tareas se dividían entre ataques por redes e instalación de ciertas palabras o frases en las listas de tendencias de las redes, llamados Trending Topic. Un “TT”, según la agenda del día, puede lograrse con 300 cuentas que tuiteen sobre el mismo tema al mismo tiempo.

Costos

Los gastos para realizar una campaña ilegítima en redes sociales son destinados principalmente a la compra de cuentas y software y al pago de sueldos de operarios y diseñadores. El monto total varía según la calidad y tipo de cuentas, la cantidad de empleados y su disponibilidad. Pero los dueños de las agencias admitieron que el precio se decide de acuerdo a la billetera del cliente.

Las agencias compran cuentas “truchas” en redes sociales a través de internet. Entre 2008 y 2009, cuando empezaron a utilizarse en el país, solo podían adquirirse en la deep web (“internet profunda”, un área de la red que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales) o en páginas del exterior. Un consultor pionero en la coordinación de “granjas de trolls” conseguía, en 2014, cuentas falsas creadas en Vietnam; otro en Polonia, otro en India, otro en Pakistán. Hoy también están disponibles en páginas argentinas.

Una cuenta validada (asociada a una línea telefónica, que permite crear perfiles en varias redes) sale entre 20 y 50 dólares. Se calculan unos 100 dólares para lograr interacciones (por ejemplo, likes) para 3000 cuentas apócrifas. Y un programa para manejar bots cuesta unos 1000 dólares.

También hay programadores independientes que trabajan free lance. Un experto en informática, por ejemplo, se dedica a “incubar” perfiles en redes sociales. Los crea, por ejemplo, en Instagram, y durante varios meses emite mensajes, sigue a otros usuarios y logra que lo sigan. Cuando la cuenta se transforma en un perfil creíble, lo vende a 50 dólares.

Los trolls y la política

Los directivos de agencias consultados aseguraron que los partidos de todo el arco político usaron trolls alguna vez. La actividad aumenta en épocas de campaña, pero entre los principales partidos está vigente todo el año.

Algunos dirigentes contratan consultoras externas, otros tienen agencias propias. O como se los llama en la jerga, “call centers”. “Que existen, existen y se usan”, dijo una fuente del oficialismo que trabaja en el área de comunicación digital. “Pero hay que desmitificar que son miles de monos escribiendo insultos todos los días todo el tiempo”.

Las fuerzas políticas, además de contratar operarios profesionales a través de agencias, convocan a sus seguidores para que “militen las redes sociales” difundiendo mensajes o cuestionando a quienes publican ideas contrarias. También les piden, por mail o mensaje privado, que “cedan” sus cuentas. Así, la central de operaciones del partido tiene a su disposición centenares de cuentas con perfiles “reales” para realizar campañas en redes sociales, lo cual le aporta mayores interacciones.

Además, reduce los “castigos” que imponen las empresas de redes sociales a las cuentas falsas. Tanto Twitter como Facebook e Instagram utilizan mecanismos para detectar este tipo de cuentas y desestimarlas en las búsquedas de los usuarios o eliminarlas.

El bloggero y experto en uso de redes, Fabio Baccaglioni, trabaja hace años con un software que releva conversaciones y usuarios y los vierte en una base de datos. Su sistema le permite detectar cuentas falsas y bots y distribuirlos en listas por afinidad política. Asegura que detecta, a diario, unos 20 mil usuarios falsos. “De esos, unos 10 mil son kirchneristas y otros tantos son del Pro. Pero sé que son más. Estos son los que tengo asegurados como trolls y bots. Soy exigente a la hora de categorizarlos”.

Muchas veces los trolls y bots se usan para desviar o modificar los focos de las conversaciones en Twitter, Facebook e Instagram sobre determinados temas. Un ejemplo reciente lo provee Baccaglioni: detectó que la mayor parte de los mensajes en Twitter el día después del asesinato de un colectivero en Tristán Suárez cuestionaban al gobierno provincial. Alrededor del mediodía, hubo un cambio drástico. La mayoría de las conversaciones criticaba a la intendencia de La Matanza. Rastreó el tipo de tuits emitidos en ese rango horario y descubrió que habían aumentado exponencialmente, y que las cuentas que tuiteaban eran falsas. Poco después, uno de las tendencias en Twitter era #RenunciaMagario.

“Cuentas robustas”

Los trolls perfeccionan cada año sus estrategias para parecer reales. Por ejemplo, publican textos con errores de ortografía o imágenes de elaboración no profesional. “Si quiero aparentar que soy alguien real, pero escribo perfecto o publico una pieza visual con buen diseño, tendré una apariencia sospechosa”, dijo un exempleado de una fábrica de trolls del PJ. “En general se prefiere difundir piezas con defectos, que hacen a las cuentas más humanas”.

Los expertos remarcan que los servicios se perfeccionaron en los últimos años. “Hay un gris muy grande en la detección, porque muchos dejaron de funcionar exclusivamente de forma automática. Ahora las cuentas intercalan sus publicaciones con posts manuales, mensajes más elaborados. Así logran camuflarse para simular que la cuenta parezca real”, dice el experto informático.

Los perfiles y sus alcances son estudiados minuciosamente por las agencias, que crean cuentas de acuerdo a esas mediciones: las cuentas de mujeres rinden mejor que las masculinas; las de usuarios jóvenes “miden” más que las de los mayores.

“Un perfil muy rendidor y usado como troll es el de una supuesta mujer que publica fotos de su cuerpo. Por eso es común encontrar cuentas de chicas jóvenes en poses sexy que también tuitean sobre política”, dijo a LA NACION un especialista en posicionamiento en redes sociales que tiene su propia agencia de influencers y trabajó con trolls pero los dejó hace tres años.

No sólo los usan políticos. También empresarios o figuras del espectáculo que quieren levantar sus perfiles públicos o limpiar sus imágenes. Un especialista relató que recibió una oferta para trabajar con las redes de un importante actor que había sido denunciado por violencia de género.

Glosario

Troll: cuenta de una red social que puede tener o no una identidad real que la respalde. En general se usan para agredir, pero también para instalar trending topic. Una sola persona puede manejar entre 10 y 20 cuentas. Según la atención que le preste a cada una (calidad de los mensajes) puede lograr tener un perfil más creíble. Mientras más verosímil es, mejor posicionados estarán sus mensajes.

Bot: son cuentas poco elaboradas que se manejan automáticamente con un software. Una persona, con un programa adecuado, puede manejar miles de cuentas de bots. Sirven para instalar temas en la lista de tendencias de la red social o para aumentar la cantidad de seguidores de un usuario. Son más fáciles de detectar que los trolls porque sus perfiles son básicos y reproducen mensajes en masa, al mismo tiempo.

Campaña sucia en redes: el objetivo de una campaña de trolls y/o bots es modificar la opinión pública creando conversaciones o Trending Topics. El logro máximo es transformarse en noticia en los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, que un canal de televisión reproduzca tuits falsos o un diario mencione un trending topic impulsado por robots. La diferencia principal con una campaña legítima es que los trolls publican contenidos falsos a través de usuarios falsos. Es decir que no hay identidades reales detrás de cada cuenta. Un operario suele manejar entre diez y veinte trolls al mismo tiempo. Y una sola persona puede mantener operativos, a través de un software, a miles de bots.

 

La Nación

Marichuy, deja huella en la campaña presidencial mexicana

La candidata Marichuy no reunió las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, pero dio impulso a la campaña de un movimiento indígena nuevo, que aspira a obtener representación política.

Marichuy

Mitin de Marichuy, Noviembre de 2017 (EneasMx/Wikimedia Commons)

>Por Laura Dowley

‘México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!’  dijo María de Jesús Patricio en un mitin político el 11 de Febrero. Sus seguidores llenaron la plaza del Palacio de Bellas Artes – un símbolo cultural en el corazón de la Ciudad de México- para escuchar a la mujer que esperan traiga consigo un cambio radical para la sociedad civil mexicana.

Marichuy, o Patricio como es comúnmente conocida, es una curandera indígena de Nagua, del estado de Jalisco al oeste de México. Fue nominada por el Congreso Nacional de Indígenas (CNI), una coalición de 58 grupos indígenas, para ser su portavoz en las campañas presidenciales de este año.

Aunque no tuvo éxito en reunir las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, previstas para el día 1 de julio, el CNI matizó que no se detendrá: ‘ “Después de las elecciones de 2018 vienen muchas más, y vamos a seguir resistiendo”, aclaró la concejala Yamili Chan Dzul, del Yucatán, al  sur de México, en una comparecencia en Febrero: ‘Vamos a seguir caminando. Esta es una llamada para despertarnos la concienciahacia delante.’

Juntar las 866.593 firmas – que supone el 1% de la media de votantes registrados en cada estado- que los candidatos independientes necesitan para optar a la presidencia resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña en pos de la candidatura de Marichuy, el congreso argumentó que el mecanismo para reunir firmas es discriminatorio para las comunidades indígenas, lo cual constituye el núcleo de su apoyo electoral.

Las firmas se recogen mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, siendo esta recogida solo posible mediante aparatos con acceso a internet, muchos habitantes de estas comunidades indígenas ni siquiera están en posesión de teléfonos móviles. En México, los usuarios de internet son alrededor del 60% de la población, según datos del Banco Mundial.

Marichuy fue la primera mujer indígena en intentar postularse candidata a la presidencia, apoyada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Este movimiento indígena, radical y de izquierdas, es famoso por haber llevado a cabo un levantamiento en el sur del país, que comenzó el 1 de Enero de 1994, día en el que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá entró en vigor, argumentando que dicho acuerdo y el liberalismo económico que conllevaba tendría un impacto muy negativo en las comunidades indígenas del país.

En el escenario de Febrero, Marichuy fue flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación, exclusivamente de mujeres, fue más que notable en un país en el que el sexismo está ampliamente extendido.

“Me agrada que (el CNI) haya designado a una mujer”, me dice Rosario, propietaria de un pequeño negocio en el Estado de México, justo a las afueras de Ciudad de México. Rosario comentó: “Estas comunidades saben que la mujer tiene una posición muy importante, y que tiene la capacidad de organización”.

La defensa de los derechos de las mujeres es una prioridad para el CNI: ‘Cuando una mujer se levanta y exige sus derechos, exige ser respetada, para ellos (el gobierno) es una amenaza y la desaparecen,” dice la concejala Guadalupe Vásquez Luna desde Chiapas, el estado más pobre de México: ‘Nos asesinan. Nos violan. Nos desaparecen’.

En el mitin que tuvo lugar en Febrero, hubo un sentimiento fuerte de orgullo indígena ya que cada una de las concejalas iba ataviada con las vestimentas típicas de sus comunidades e iniciaron los discursos en sus respectivas lenguas.

A diferencia de otros mítines a lo largo del país en los últimos meses, la mayoría de asistentes eran hispanoparlantes que no tenían ninguna raíz indígena. Sin embargo, como señal de respeto, aplaudieron a las ponentes cuando empezaron a hablar aunque no las entendiesen.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, en México el 21,5% de la población se auto identifica como indígena. Muchas de estas comunidades estas profundamente insatisfechas con el actual sistema político y económico del país, y ven a las élites minoritarias del país como claras beneficiarias de ese sistema. Como respuesta, el CNI está proponiendo un nuevo sistema anti-capitalista.

El CNI acusa al sector privado de robar: ‘Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas’ dijo la concejala Reyna Cruz López en el mitin. Reyna es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, después de Chiapas.

Un informe del 2017 de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma las violaciones de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería a gran escala, energía, construcción y promociones de turismo en México.

Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno mexicano y compañías privadas no cumplieron con su obligación de asegurar la participación de comunidades indígenas en proyectos que les afectan. El informe menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el estado de México en 2012 para construir una autopista a lo largo de tierras ancestrales, sin que fuera llevada a cabo la preceptiva consulta previa a la comunidad.

Los defensores no indígenas del CNI comparten esta frustración frente al capitalismo: ‘No creemos que el capitalismo puede reformarse’, decía Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también dijo, en el mitin de Febrero: ¡Queremos un cambio profundo!

El CNI se centra a menudo en el abuso de los derechos humanos sufrido por las comunidades indígenas. ‘Nos quitaron nuestra lengua. Nos quitaron nuestro traje. Nos quitan nuestras tierras’, dijo Vásquez, de Chiapas, a la multitud, ‘Pero yo ya no estoy dispuesta a ser humillada. Ya no estoy dispuesta a dejar que me quiten lo que es mío’.

También se refirió a la Masacre de Acteal de 1997, en la que perdió a nueve familiares. Tenía tan solo diez años cuando un grupo de paramilitares asaltó la iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles, miembros de un partido político pacifista.

La concejala Magdalena García Durán también habló de su experiencia personal. En 2006, fue una de las 207 personas arrestadas en el pueblo de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de la Ciudad de México, durante un protesta contra la expropiación de tierras indígenas: ‘Nos pegaron, nos encarcelaron y nos fabricaron delitos’, le dijo a la muchedumbre que abarrotaba el mitin. García fue puesta en libertad 18 meses después, siguiendo un dictamen de la corte federal que sentenciaba la falta de evidencias que justificara su detención.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos encontró después, en relación con el caso de San Salvador Atenco, que el gobierno Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, también de no asegurar las garantías judiciales a los detenidos, así como de numerosos casos de tortura y de violación.

El CNI propone un gobierno con mayor participación ciudadana y que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. ‘Anhelamos y pensamos que puede haber formas de construir el poder desde abajo. Un poder conjunto e inclusivo en donde quepan todos’, dice Marichuy.

Aida trabaja en proyectos de índole cultural con comunidades indígenas en Ciudad de México: ‘Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente’.

La mayoría de comunidades indígenas vive en áreas rurales, pero las concejalas parecían dispuestas a hacerse notar entre las audiencias urbanas, insistiendo en la relación fundamental entre la ciudad y el campo. ‘Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, el gobierno moriría de hambre’, afirma Francisca Álvarez Ortiz del Estado de México.

Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, asentía: ‘Las pueblos indígenas son los que nos alimentan’.

Pero el clamor de Álvarez oculta una verdad incómoda. En 2016, el 65% del consumo de maíz en México vino de importaciones, mayormente de los Estados Unidos, y la producción interna en México está dominada por dos grandes compañías: Gruma y Minsa.

Como bien predijeron los Zapatistas, los granjeros de pequeñas tierras han sufrido el resultado del NAFTA. Han sido incapaces de competir con las subsidiadas empresas productoras de maíz en Estados Unidos en términos de precios, y diez años después de la firma del acuerdo del NAFTA, las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado en un 323%.

La corrupción es otro asunto importante para el CNI. Transparencia Internacional, en su informe anual de 2017 que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países diferentes, sitúa a México en el puesto número 45 con una puntuación idéntica a países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

‘Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser tan corruptos como los demás, no como los políticos que pretenden representarnos’, dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que también habló en dicho mitin, junto a las concejalas

Mientras que las concejalas articularon exitosamente las discrepancias de las comunidades indígenas, el CNI no lanzó ninguna propuesta política, y sus campañas no han estado exentas de contratiempos.

Aunque Marichuy está ahora mismo fuera de la carrera hacia la presidencia, su campaña ha inspirado a todos sus defensores. ‘Hay un mensaje detrás de las firmas’, Aida me dijo ‘Aunque no figure en la papeleta electoral, nosotros, el pueblo, vamos a seguir organizándonos’.

 

DEMOCRACIA ABIERTA

¿La democracia de Google, Facebook y YouTube?

 Apuntes sobre el sesgo ideológico de los motores de búsqueda

Si los motores de búsqueda de Internet pueden ser calibrados con sesgos ideológicos, la neutralidad de la red es un deseo pero no una realidad. La política de las grandes empresas de la red, así como su vinculación con gobiernos y grupos poderosos, no contribuye a la libre elección de los contenidos digitales por parte de los ciudadanos.

Redes Sociales

>Por Lucas Malaspina

Cuando Mark Zuckerberg decidió ofrecer a las naciones emergentes Internet.org, la rabia no tardó en estallar. Como explica acertadamente Daniel Leisegang en «Facebook salvará al mundo», este proyecto surgido en 2013 tenía una mascarada humanitaria: permitir acceso a Internet a una enorme cantidad de ciudadanos del Tercer Mundo que aún están fuera de la aldea global. Por supuesto, la idea era romper las barreras que impiden, por ejemplo, que dos tercios de la población india se puedan unir a Facebook.

Además de la India, el proyecto aspiraba a un total de 100 naciones más. Acusada de violar la neutralidad de la red, Facebook tuvo que cambiarle el nombre: de Internet.org pasó a llamarse Free Basics y de la India debió irse en 2015 debido a la gran cantidad de críticas que recibió. ¿Por qué? Porque Facebook no estaba ofreciendo Internet a secas, sino que se trataba de una aplicación para teléfonos móviles a través de la cual los sectores de menores recursos de ese país podían acceder a una versión recortada de Internet. La idea, originalmente impulsada con el espíritu de que «la conectividad es un derecho humano», terminó exhibiendo que lo que se proponía Zuckerberg es apropiarse de la gigantesca masa de datos de una significativa cantidad de los pobres del mundo (para monetizarlos).

¿Quién decidía qué servicios están disponibles en la aplicación? Según Chris Daniels, el vicepresidente de la compañía, la decisión la toman Facebook, el gobierno de cada país y el operador de telecomunicaciones asociado. Con razón, podríamos afirmar que si «Internet es un derecho humano», con Free Basics Facebook sólo aspira a regular los «derechos humanos recortados» de la mitad de la población mundial (la que no tiene acceso a Internet). Estas políticas que agrandan la brecha digital poco tienen que envidiarle al modelo de Corea del Norte, donde la mayoría sólo tiene a acceso a una modesta Intranet local que apenas tiene 28 páginas webs disponibles con contenidos fiscalizados por el gobierno de Kim Jong Un (la excepción la constituye, como es obvio, la élite gobernante). Free Basics, que se encuentra en una fase muy embrionaria, sumaba en noviembre de 2016 unos 40 millones de usuarios.

En América Latina, Free Basics ya ha sido implementado en 3 países (sobre veintitrés a nivel mundial que se han unido): Colombia, Guatemala y también Bolivia, cuya inclusión en este programa pone de relieve la insuficiente discusión de los problemas del monopolio de la información en la era digital por parte del populismo continental (o en este caso, su colaboración/subordinación con esos monopolios).

Free Basics no permite ingresar a Google, el buscador más popular de todo el mundo, sino a Bing (el buscador de la competencia, Microsoft, que posee acciones en Facebook). Ahora bien, ¿qué ocurre con el 49,6% (3700 millones de personas) que sí tenemos acceso a Internet a secas, sin (aparentes) restricciones, y del cual más del 90% somos usuarios de Google? ¿Podemos realmente jactarnos de utilizar un Internet realmente libre y «neutral»?

Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda

La expresión «Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda» (Seme, por sus siglas en inglés), fue utilizada en agosto de 2015 por Robert Epstein y Ronald E. Robertson, dos académicos de estadounidenses que demostraron que se podía decantar el voto de un 20% o más de indecisos en función de los resultados que ofreciera Google. En varios artículos y entrevistas, Epstein se refiere a su estudio y afirma que «en algunos grupos demográficos, hasta un 80% de los votantes» pueden llegar a cambiar sus preferencias electorales según los resultados que ofrece Google. En febrero de 2016, los medios ingleses fueron el terreno de una polémica sobre la injerencia del buscador en las elecciones de los votantes.

Este no es solamente un problema de la democracia occidental. Según la intelectual francesa Barbara Cassin, autora de «Googléame: la segunda misión de los Estados Unidos», Google habría cedido al gobierno de China perfiles de sus usuarios en ese país, «lo cual permitió identificar e incluso arrestar a disidentes». Para ilustrar el sesgo ideológico de los motores de búsqueda de manera clara, Cassin afirma que «si, en un país que no sea China, uno escribe en el Google Tiananmen, obtendrá datos sobre la represión a manifestantes en esa plaza de Beijing, en 1989, que dejó centenares de muertos: pero, si lo escribe en China, no obtendrá más que pacíficas referencias urbanísticas a la plaza».

Por supuesto, Google no admite este sesgo ideológico implícito en su sistema, pero las recientes políticas de la empresa para ayudar a «combatir el terrorismo» en general y al Estado Islámico (ISIS) en particular, exhiben concretamente el modo en que funciona su poder sobre las decisiones de las personas en la actualidad. Es el caso de Jigsaw, un programa piloto de Google basado en su sistema de publicidad personalizada, pero con un objetivo cero comercial, sino político. El plan es localizar usuarios proclives al mensaje del ISIS y ofrecerles una serie de anuncios específicos para ellos, a través de los cuales se los redirige disimuladamente a contenidos que refutan las tesis del ISIS y que podrían ayudar a quitarles de la cabeza la idea de unirse al ‘Califato’. Pocos podrían objetar que Google convenza a las personas de rechazar a ISIS, pero es evidente que esto revela que Google está lejos de ser «neutral» u «objetivo» y, por el contrario, llama la atención sobre las posibilidades de manipulación sobre el usuario.

¿Batalla contra las «fake news» o censura 2.0?

Los tiempos han cambiado, y con ellos también lo que hallamos en internet. En 2010, al buscar sobre política en Google, solo un 40% de los resultados los proveían medios de comunicación. Ya en 2016, ese porcentaje rozaba el 70%. El 25 de abril de 2017, Google anunció que había implementado cambios en su servicio de búsqueda para dificultar el acceso de los usuarios a lo que llamaron información de «baja calidad» como «teorías de conspiración» y «noticias falsas» (fake news). Facebook también aplicó una política similar.

Google aseguró que el propósito central del cambio en su algoritmo de búsqueda era proporcionar un mayor control en la identificación de contenido considerado objetable. Ben Gomes, a título de la compañía, declaró que había «mejorado nuestros métodos de evaluación e hizo actualizaciones algorítmicas» para «hacer emerger contenido más autorizado». Google continuó: «actualizamos nuestras directrices para evaluar la calidad de búsqueda para proporcionar ejemplos más detallados de páginas web de baja calidad para que los evaluadores marquen adecuadamente». Estos moderadores tienen instrucciones de marcar «experiencias molestas para el usuario», incluidas páginas que presentan «teorías de conspiración». Según Google, estos cambios rigen a menos que «la consulta indique claramente que el usuario está buscando un punto de vista alternativo».

Desde que Google implementó los cambios en su motor de búsqueda, menos personas han accedido a sitios de noticias de izquierdas, progresistas, u opositoras a la guerra. Con base en la información disponible en análisis de Alexa, algunos de los sitios que han experimentado bajas en el ranking incluyen WikiLeaks, Truthout, Alternet, Counterpunch, Global Research, Consortium News, WSWS, la American Civil Liberties Union y hasta Amnistía Internacional. También en el caso de Facebook, el editor de KRIK, un medio independiente serbio, publicó sus quejas en The New York Times, explicando como cambios para combatir (aparentemente) las fake news, los perjudicaron seriamente.

Llamativamente, poco antes de esa decisión de Google, The Washington Post había publicado un artículo, «Los esfuerzos de propaganda rusos ayudaron a difundir noticias falsas durante las elecciones». Allí se citaba a un grupo anónimo conocido como PropOrNot que compiló una lista de sitios de noticias falsas difundiendo «propaganda rusa». El 7 de abril de 2017, Bloomberg News informó que Google estaba trabajando directamente con The Washington Post para «verificar» los artículos y eliminar las «fake news». Esto fue seguido por la nueva metodología de búsqueda de Google: de los 17 sitios declarados como «noticias falsas» por la lista negra del Washington Post, 14 cayeron en su clasificación mundial. La disminución promedio del alcance global de todos estos sitios es del 25 por ciento, y algunos sitios vieron caerlo hasta un 60 por ciento. La sospecha de que Google se haya aliado con estos medios tradicionales potentes para discriminar a medios alternativos e independientes cobra fuerza al hilar estos hechos.

Además de su propio buscador, Google posee el control de YouTube, empresa que compraron en 2006 (un año después de su fundación). YouTube paga a los productores de videos a partir de una cierta cantidad de visualizaciones por colocar anuncios (ads) sobre ellos, actuando de intermediario entre las grandes empresas y ellos. El cambio más serio de YouTube se produjo a raíz de informes como el de The Wall Street Journal de que los anuncios aparecían en los videos de YouTube que mostraban extremismo y odio. Cuando grandes anunciantes como AT&T y Johnson&Johnson retiraron sus anuncios, YouTube anunció que trataría de hacer que el sitio sea más aceptable para los anunciantes al «adoptar una postura más dura respecto del contenido ofensivo, ofensivo y despectivo». Con estos nuevos algoritmos, Google perjudicó a productores de videos progresistas e independientes, provocando lo que estos denominaron the adpocalypse (apocalipsis de los anuncios). Básicamente, el mecanismo implementado terminó por condenar aquellos contenidos alternativos y empuja a los productores de videos a evitar opiniones o puntos de vista objetables… según los estándares políticos de Google/YouTube.

Basado en su estudio, Epstein había cuestionado que Google y Facebook decidan que noticias son falsas y cuales. Considera que su posición monopólica los transforma en un super-editor periodístico mundial. Las prácticas de Google en relación a los algoritmos que regulan los motores de búsqueda no sólo tuvieron implicancias políticas sino también fines comerciales. En el marco de su regulación anti-trust, la Comisión Europea multó a Google con $ 2.7 mil millones por manipularlos para dirigir a los usuarios a su propio servicio de compras, Google Shopping, haciendo uso de su posición dominante.

La oscuridad de los algoritmos: problema democrático elemental

Cathy O’Neil, cientista de datos y autora del libro «Armas matemáticas de destrucción», alerta sobre la «confianza ciega» depositada en los algoritmos para obtener resultados objetivos. La arquitectura de internet tiene una influencia tremenda sobre lo que se hace y lo que se ve; los algoritmos influyen sobre qué contenido se extiende más en Facebook y cual aparece encima de las búsquedas de Google. Sin embargo, los usuarios no están prevenidos de esto ni capacitados para entender el modo en que se recolectan los datos y el modo en que estos se clasifican. Si Free Basics fue criticado por intentar que los desconectados del Tercer Mundo accedan a una conexión de segunda clase creyendo que Internet es igual a Facebook, no puede negarse que para la ciudadanía digital «de primera clase» Google es prácticamente lo mismo que Internet, pues es la que nos posibilita acceder organizadamente a los contenidos de ella. De este modo, la oscuridad de los algoritmos se constituye en un problema democrático elemental. Tras un decenio de gobiernos populistas o progresistas en América Latina, no se han tomado medidas que controlen el poder de estos monopolios de la información, en tanto que la discusión sobre este tópico se encuentra completamente atrasada. Incluso la izquierda de las naciones desarrollados no ha llegado a proponer un programa de conjunto. Quizás, una de las tareas más urgente consista en politizar esta cuestión.

 

NUEVA SOCIEDAD

Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO

Libros: Empleo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2006-2017

Empleo

Desde la publicación del documento La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, en 2010, la CEPAL ha subrayado que la desigualdad representa un obstáculo fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Ha señalado también que el trabajo es la “llave maestra” para la reducción de esa desigualdad y, por lo tanto, una de las variables clave para el análisis del desarrollo económico y social.
La importancia del empleo se ha subrayado explícitamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orientan los esfuerzos de la comunidad internacional. En el ODS 8 se acordó “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a grandes desafíos para poder cumplir con este Objetivo. Tras producirse avances significativos a partir de la primera mitad de la década de 2000, en los últimos años la situación en los mercados laborales de muchos países de la región se ha deteriorado y los ha alejado del cumplimiento de las metas establecidas en el ODS 8.

 

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Compilador: Jürgen Weller
Editorial: CEPAL
Tipo: Páginas Selectas de la CEPAL
Colección: Libros y Monografías