Marichuy, deja huella en la campaña presidencial mexicana

La candidata Marichuy no reunió las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, pero dio impulso a la campaña de un movimiento indígena nuevo, que aspira a obtener representación política.

Marichuy

Mitin de Marichuy, Noviembre de 2017 (EneasMx/Wikimedia Commons)

>Por Laura Dowley

‘México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!’  dijo María de Jesús Patricio en un mitin político el 11 de Febrero. Sus seguidores llenaron la plaza del Palacio de Bellas Artes – un símbolo cultural en el corazón de la Ciudad de México- para escuchar a la mujer que esperan traiga consigo un cambio radical para la sociedad civil mexicana.

Marichuy, o Patricio como es comúnmente conocida, es una curandera indígena de Nagua, del estado de Jalisco al oeste de México. Fue nominada por el Congreso Nacional de Indígenas (CNI), una coalición de 58 grupos indígenas, para ser su portavoz en las campañas presidenciales de este año.

Aunque no tuvo éxito en reunir las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, previstas para el día 1 de julio, el CNI matizó que no se detendrá: ‘ “Después de las elecciones de 2018 vienen muchas más, y vamos a seguir resistiendo”, aclaró la concejala Yamili Chan Dzul, del Yucatán, al  sur de México, en una comparecencia en Febrero: ‘Vamos a seguir caminando. Esta es una llamada para despertarnos la concienciahacia delante.’

Juntar las 866.593 firmas – que supone el 1% de la media de votantes registrados en cada estado- que los candidatos independientes necesitan para optar a la presidencia resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña en pos de la candidatura de Marichuy, el congreso argumentó que el mecanismo para reunir firmas es discriminatorio para las comunidades indígenas, lo cual constituye el núcleo de su apoyo electoral.

Las firmas se recogen mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, siendo esta recogida solo posible mediante aparatos con acceso a internet, muchos habitantes de estas comunidades indígenas ni siquiera están en posesión de teléfonos móviles. En México, los usuarios de internet son alrededor del 60% de la población, según datos del Banco Mundial.

Marichuy fue la primera mujer indígena en intentar postularse candidata a la presidencia, apoyada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Este movimiento indígena, radical y de izquierdas, es famoso por haber llevado a cabo un levantamiento en el sur del país, que comenzó el 1 de Enero de 1994, día en el que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá entró en vigor, argumentando que dicho acuerdo y el liberalismo económico que conllevaba tendría un impacto muy negativo en las comunidades indígenas del país.

En el escenario de Febrero, Marichuy fue flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación, exclusivamente de mujeres, fue más que notable en un país en el que el sexismo está ampliamente extendido.

“Me agrada que (el CNI) haya designado a una mujer”, me dice Rosario, propietaria de un pequeño negocio en el Estado de México, justo a las afueras de Ciudad de México. Rosario comentó: “Estas comunidades saben que la mujer tiene una posición muy importante, y que tiene la capacidad de organización”.

La defensa de los derechos de las mujeres es una prioridad para el CNI: ‘Cuando una mujer se levanta y exige sus derechos, exige ser respetada, para ellos (el gobierno) es una amenaza y la desaparecen,” dice la concejala Guadalupe Vásquez Luna desde Chiapas, el estado más pobre de México: ‘Nos asesinan. Nos violan. Nos desaparecen’.

En el mitin que tuvo lugar en Febrero, hubo un sentimiento fuerte de orgullo indígena ya que cada una de las concejalas iba ataviada con las vestimentas típicas de sus comunidades e iniciaron los discursos en sus respectivas lenguas.

A diferencia de otros mítines a lo largo del país en los últimos meses, la mayoría de asistentes eran hispanoparlantes que no tenían ninguna raíz indígena. Sin embargo, como señal de respeto, aplaudieron a las ponentes cuando empezaron a hablar aunque no las entendiesen.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, en México el 21,5% de la población se auto identifica como indígena. Muchas de estas comunidades estas profundamente insatisfechas con el actual sistema político y económico del país, y ven a las élites minoritarias del país como claras beneficiarias de ese sistema. Como respuesta, el CNI está proponiendo un nuevo sistema anti-capitalista.

El CNI acusa al sector privado de robar: ‘Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas’ dijo la concejala Reyna Cruz López en el mitin. Reyna es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, después de Chiapas.

Un informe del 2017 de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma las violaciones de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería a gran escala, energía, construcción y promociones de turismo en México.

Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno mexicano y compañías privadas no cumplieron con su obligación de asegurar la participación de comunidades indígenas en proyectos que les afectan. El informe menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el estado de México en 2012 para construir una autopista a lo largo de tierras ancestrales, sin que fuera llevada a cabo la preceptiva consulta previa a la comunidad.

Los defensores no indígenas del CNI comparten esta frustración frente al capitalismo: ‘No creemos que el capitalismo puede reformarse’, decía Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también dijo, en el mitin de Febrero: ¡Queremos un cambio profundo!

El CNI se centra a menudo en el abuso de los derechos humanos sufrido por las comunidades indígenas. ‘Nos quitaron nuestra lengua. Nos quitaron nuestro traje. Nos quitan nuestras tierras’, dijo Vásquez, de Chiapas, a la multitud, ‘Pero yo ya no estoy dispuesta a ser humillada. Ya no estoy dispuesta a dejar que me quiten lo que es mío’.

También se refirió a la Masacre de Acteal de 1997, en la que perdió a nueve familiares. Tenía tan solo diez años cuando un grupo de paramilitares asaltó la iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles, miembros de un partido político pacifista.

La concejala Magdalena García Durán también habló de su experiencia personal. En 2006, fue una de las 207 personas arrestadas en el pueblo de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de la Ciudad de México, durante un protesta contra la expropiación de tierras indígenas: ‘Nos pegaron, nos encarcelaron y nos fabricaron delitos’, le dijo a la muchedumbre que abarrotaba el mitin. García fue puesta en libertad 18 meses después, siguiendo un dictamen de la corte federal que sentenciaba la falta de evidencias que justificara su detención.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos encontró después, en relación con el caso de San Salvador Atenco, que el gobierno Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, también de no asegurar las garantías judiciales a los detenidos, así como de numerosos casos de tortura y de violación.

El CNI propone un gobierno con mayor participación ciudadana y que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. ‘Anhelamos y pensamos que puede haber formas de construir el poder desde abajo. Un poder conjunto e inclusivo en donde quepan todos’, dice Marichuy.

Aida trabaja en proyectos de índole cultural con comunidades indígenas en Ciudad de México: ‘Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente’.

La mayoría de comunidades indígenas vive en áreas rurales, pero las concejalas parecían dispuestas a hacerse notar entre las audiencias urbanas, insistiendo en la relación fundamental entre la ciudad y el campo. ‘Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, el gobierno moriría de hambre’, afirma Francisca Álvarez Ortiz del Estado de México.

Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, asentía: ‘Las pueblos indígenas son los que nos alimentan’.

Pero el clamor de Álvarez oculta una verdad incómoda. En 2016, el 65% del consumo de maíz en México vino de importaciones, mayormente de los Estados Unidos, y la producción interna en México está dominada por dos grandes compañías: Gruma y Minsa.

Como bien predijeron los Zapatistas, los granjeros de pequeñas tierras han sufrido el resultado del NAFTA. Han sido incapaces de competir con las subsidiadas empresas productoras de maíz en Estados Unidos en términos de precios, y diez años después de la firma del acuerdo del NAFTA, las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado en un 323%.

La corrupción es otro asunto importante para el CNI. Transparencia Internacional, en su informe anual de 2017 que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países diferentes, sitúa a México en el puesto número 45 con una puntuación idéntica a países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

‘Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser tan corruptos como los demás, no como los políticos que pretenden representarnos’, dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que también habló en dicho mitin, junto a las concejalas

Mientras que las concejalas articularon exitosamente las discrepancias de las comunidades indígenas, el CNI no lanzó ninguna propuesta política, y sus campañas no han estado exentas de contratiempos.

Aunque Marichuy está ahora mismo fuera de la carrera hacia la presidencia, su campaña ha inspirado a todos sus defensores. ‘Hay un mensaje detrás de las firmas’, Aida me dijo ‘Aunque no figure en la papeleta electoral, nosotros, el pueblo, vamos a seguir organizándonos’.

 

DEMOCRACIA ABIERTA

Juego de sillas en el Gobierno estadounidense: Trump y el Deep State

Gabinete Estados Unidos

 

>Por Silvina M. Romano y Arantxa Tirado

En las últimas semanas, el Gobierno de Donald Trump ha cambiado de Secretario de Estado y amenaza con destituir al Consejero de Seguridad Nacional. Esto se suma a los numerosos cambios realizados desde inicio de la gestión, destacando: la renuncia previa del antecesor de McMaster, Michael Flynn (en el marco de la supuesta injerencia rusa en elecciones presidenciales estadounidenses); cambio del Jefe de Gabinete (Reince Priebus por John F. Kelly, que hasta entonces se desempeñaba como Secretario de Seguridad Nacional); la renuncia del Secretario de Salud, Tom Price; el reemplazo del Secretario de Estado Rex Tillerson por el exdirector de la CIA, Mike Pompeo; así como la destitución del Consejero principal del presidente -todavía sin candidato o candidata a sustituirlo- Steve Bannon.

La rotación en el equipo de Trump, tanto en lo que algunos analistas llaman el “Equipo A” del presidente (miembros de su oficina ejecutiva, su círculo más cercano), como en el gabinete, seguida en detalle por los analistas. Se informa que, sólo en el primer año de mandato, Donald Trump atesora unas tasas de rotación dentro de su “Equipo A” del 34 % (frente al 9 % de Barack Obama para el mismo periodo o el 6 % de George W. Bush).[1] En lo que respecta al gabinete, han salido en su primer año tres miembros, cifra que contrasta con las 0 salidas de sus predecesores. Algunos lo califican como el gabinete “menos estable” en su primer año de gobierno desde 1977,[2] generando “preocupación” y voces de alerta ante esta característica (¿hábito?) del gobierno de Trump. Hay quienes advierten que se trata de un resultado de la conducta impulsiva y cambiante, sumado a su ineptitud.[3] Otros consideran que Trump se ha ido deshaciendo de todos los que no aguantaron su “volatilidad” y que no concuerdan con el presidente en diversos temas, de modo que el mandatario estaría procurando rodearse de gente que “piense como él y que apoyen todo lo que él proponga”.[4]

El cambio más sugerente es, sin duda, el de Rex Tillerson por Mike Pompeo. Esto se da en el marco de las tensiones y estrategias de negociación con Corea del Norte (presión para su desnuclearización) e Irán, y en el contexto de las denuncias de intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016.[5] La prensa hegemónica reproduce la siguiente interpretación: “El nuevo cambio efectuado en el gabinete de Donald Trump llega en un momento de profunda crisis en el Departamento de Estado. Este cuenta con miembros que fueron entrenados para apostarle a la diplomacia y los consensos, por encima de los acuerdos arbitrarios y retóricas incendiarias”.[6]

Esta afirmación, podría ser extendida al vínculo de la Casa Blanca con el resto de las agencias del Gobierno, y abre el interrogante de hasta qué punto este nuevo presidente (inepto, volátil e impulsivo, según lo califican los especialistas) está desafiando a parte del establishment, que lo vería como un “obstáculo” para objetivos de mediano plazo previamente pautados, en particular los de política exterior. Parece que Trump busca imponerse y que se niega a seguir ciertos libretos preestablecidos, despertando cada vez más preocupación entre un sector del establishment (que percibe que Trump será difícil de “controlar”) entre el que se encuentra el “Deep State” burocrático de Washington. Una curiosidad es que tensiones similares experimento John F. Kennedy frente al establishment (en particular con el FBI), aunque en un contexto muy diferente y por convicciones probablemente opuestas a las atesoradas por Trump.

Además, debe recordarse que desde su asunción como presidente, Trump fue acusado de incapacidad mental, de complotar con Rusia para ganar elecciones, de censurar a la prensa, etc. Estas acusaciones han allanado el camino para eventualmente solicitar un impeachment. La reciente denuncia sobre el vínculo entre Cambridge Analítica-Facebook, que participó en la campaña presidencial de Trump[7], se suma a este escenario y desencadena un nuevo escándalo que podría añadirse como argumento para el juicio político.

Pero la injerencia rusa es hasta ahora el problema más incómodo para la gestión Trump. En efecto, tal vez uno de los próximos destituidos sea McMaster, Consejero de Seguridad Nacional, que recientemente acusó al Gobierno ruso de haber iniciado una campaña de “desinformación, subversión y espionaje”.[8] Unas declaraciones realizadas frente a altos funcionarios de seguridad rusos justo unas horas después de que el Departamento del Tesoro anunciara la sanción a tres entidades y trece ciudadanos rusos por supuestos ciberataques en las elecciones.[9] Trump, que niega esta injerencia[10] y desde el inicio adujo que se trató de una serie de noticias falsas para deslegitimar su campaña y triunfo, publicó en su cuenta de Twitter el mes pasado: “El general McMaster olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y Crooked Hillary, el DNC y los demócratas”.[11] Con ello sacaba a la luz pública las diferencias existentes entre el Consejero de Seguridad Nacional y el presidente en un asunto que compromete nada más y nada menos que la soberanía nacional del país.

Pero el affaire con los rusos parece tener un alcance aún mayor. El fiscal Robert Mueller, uno de los que está a cargo de la investigación, en lugar de encontrar información que comprobara un complot entre Rusia y Trump para derrotar a Hillary, destapó en febrero pasado la existencia de una fábrica rusa de fake news. Acusó a ciudadanos y empresas rusas de interferir en las elecciones de 2016, ocupados en una “intensa campaña de intoxicación política en EE. UU.” una “guerra de información” encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general.[12] De este modo, las limitaciones de la democracia liberal de EE. UU., cuestionada por su escasa representatividad en términos procedimentales, las dudas sobre el modo en que se financian campañas electorales millonarias y las críticas sobre las élites que se sostienen en la cúpula del sistema político-empresarial de EE. UU., son dejadas de lado en virtud de una amenaza “externa”. Mientras se habla de la “injerencia rusa” y de la “inestabilidad mental” del presidente, se relega a un segundo plano un análisis serio sobre los cambios y continuidades en la sociedad estadounidense, que han derivado en que un personaje como Donald Trump haya podido conectar con millones de ciudadanos que no han encontrado una mejor manera de canalizar su descontento que votando al candidato aparentemente outsider.

El juego de sillas en la administración Trump apunta a una pugna soterrada por el control del Estado que parece librarse entre el presidente, secundado por su círculo menguante de incondicionales, y una mayoría aparente del “Deep State” que teme perder la última palabra sobre “cómo y cuándo se hacen las cosas”. En esta batalla, será crucial estar atento a las voluntades que logren imponerse, pues implicará (o no) la redefinición de la política exterior, con consecuencias importantes para América Latina.

 

[1] https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-trump-administration/

[2] https://fivethirtyeight.com/features/the-incredibly-and-historically-unstable-first-year-of-trumps-cabinet/

[3] https://rantt.com/donald-trump-is-unstable-and-he-could-be-removed-from-office-129f5c3ef1e0

[4] https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/donald-trump-bromea-sobre-los-cambios-en-su-gabinete-904644/

[5] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[6] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[7] https://www.cnet.com/es/noticias/facebook-cambridge-analytica-trump-lo-que-debes-saber/

[8] https://www.nytimes.com/2018/02/17/world/europe/russia-meddling-mcmaster.html

[9] https://translations.state.gov/2018/03/15/el-tesoro-sanciona-a-los-ciber-actores-rusos-por-la-interferencia-con-las-elecciones-estadounidenses-de-2016-y-los-ciberataques-maliciosos/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[10] https://www.efe.com/efe/usa/portada/putin-y-trump-niegan-injerencia-rusa-en-ee-uu-abogan-por-mejorar-las-relaciones/50000064-3435274

[11] https://mundohispanico.com/noticias/trump-continua-con-cambios-en-su-gabinete-y-sustituira-a-h-r-mcmaster-como-asesor-de-seguridad-nacional

[12] https://elpais.com/internacional/2018/02/16/estados_unidos/1518805614_412828.html

 

CELAG

¿Qué pasa ahora tras la renuncia de PPK a la presidencia de Perú? 5 posibles escenarios

PPK

 

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llega a su fin 20 meses después de su comienzo.

El presidente peruano renunció este miércoles al cargo tras el escándalo de corrupción y compra de votos de parlamentarios que sacude el país.

Es el punto culminante de una larga sucesión de acusaciones que tuvo uno de sus capítulos principales en diciembre pasado, cuando el Congreso peruano votó en contra de su destitución.

En esa ocasión Kuczynski se salvó de perder su cargo pero otra votación de vacancia le esperaba este jueves, algo que probablemente no se producirá dada su renuncia.

Esta se produjo después de que el martes el partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, publicara unos videos y audios que mostraban a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando supuestamente comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario en el Congreso.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, anunció Kuczynski este miércoles en una alocución televisada.

Además de este supuesto intento de compra de votos, en el centro de las acusaciones contra Kuczynski están los supuestos pagos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski envió este miércoles su carta de dimisión al Congreso que, tras recibirla, deberá votar el jueves su aceptación o procederá finalmente a considerar la presidencia vacante por “incapacidad moral” del mandatario.

Este mismo miércoles, la Fiscalía peruana pidió a la Justicia que no se deje salir del país al mandatario en el marco de la investigación que sigue por los pagos que realizó la empresa Odebrecht.

Aquí te mostramos los 5 posibles escenarios que pueden darse tras la renuncia del presidente de Perú.

1-El Congreso acepta la renuncia y se nombra al nuevo presidente

Es el escenario más probable, luego de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que los partidos políticos habían acordado aprobar la renuncia durante la sesión plenaria del jueves.

De acuerdo con la Constitución peruana, en casos como este, el jefe de Estado debe enviar la carta de su dimisión al Parlamento en la que explique los motivos que lo llevaron a esto.

Una vez recibida la carta, la Junta de Portavoces acepta tramitarla.

El Congreso entonces, en una reunión plenaria, debe debatir y votar si la acepta o no.

2-El Congreso no acepta la renuncia y vota la destitución presidencial

Ocurrió ya una vez cuando el entonces presidente Alberto Fujimori presentó su renuncia por fax al Congreso ante el temor de ser destituido.

Los parlamentarios no la aceptaron y procedieron a votar su vacancia.

Se considera un método más deshonroso de salida del gobierno y el presidente pierde todo los privilegios que reconoce el Estado peruano para los funcionarios públicos de ese alto cargo.

Tiene lugar cuando la mayoría del Congreso considera que los motivos de la renuncia que alega el mandatario no resultan convincentes o entiendan que el mandatario asumió una actitud o protagonizó hechos que no se corresponden con su cargo.

En cualquiera de las dos variantes anteriores, la Constitución establece que sea el vicepresidente quien asuma la jefatura del gobierno hasta el próximo periodo electoral.

3-El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asume la presidencia

De acuerdo con la Constitución de Perú, el vicepresidente, Martin Vizcarra, que ejerce actualmente además como embajador en Canadá, sería quien asumiera la jefatura una vez se consumara la salida de PPK.

Aunque Vizcarra amenazó con renunciar también en diciembre pasado si Kuczynski era destituido, esta vez ha esquivado los llamados de quienes le reclamaban que aclarara qué decisión tomaría.

Los medios peruanos han interpretado su silencio como un indicio de que está dispuesto a tomar el timón e informaron que se es esperaba su llegada al país en las próximas horas.

Esta semana, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, dijo al periódico peruano Trome —el de mayor circulación— que Vizcarra haría un mejor trabajo que PPK en el gobierno.

Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, una región en el sur de Perú que obtuvo buenos resultados en Educación durante su gestión.

Antes de irse como diplomático, fue ministro de Transportes, pero duró menos de un año en el cargo.

En mayo de 2017 renunció al ministerio antes de que el Congreso lo censure por firmar una adenda de un contrato para construir un aeropuerto en Cusco, y que la Contraloría consideró irregular.

Vizcarra podría renunciar también a la presidencia de Perú y el Congreso tendría que aceptar o rechazar la dimisión.

De aprobarla, ocurriría el siguiente escenario.

4-Renuncia Martín Vizcarra y asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz

Si asumiera el cargo, la vicepresidenta segunda se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú.

Pero ese supuesto parece muy improbable.

Todo indica que Vizcarra aceptará la presidencia. Y la propia Aráoz ha dejado claro que si Kuczynski sale del poder, ella también abandonará.

Antes de ser vicepresidenta, Aráoz fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, cargo en el que afrontó muchas críticas por su gestión del episodio conocido como el Baguazo, como se conoció al enfrentamiento entre la policía y las etnias wampis y awajún de la selva de Perú a causa de unos decretos sobre el uso de recursos naturales.

El enfrentamiento, ocurrido en 2009, causó la muerte de 23 agentes y 10 indígenas, y la desaparición de un policía.

Aráoz fue una de los funcionarias del gobierno de Alan García (2006-2011) que se negaron a derogar los decretos por los que estalló la protesta.

Si tanto Vizcarra como ella rechazan la presidencia, aún quedaría otra posibilidad.

5-Renuncian ambos vicepresidentes y asume Luis Galarreta, actual presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular

Esta sería la última opción y también la más provisional.

Luis Galarreta, o el presidente que el Congreso designe, asumiría la presidencia de manera interina, ya que tendría que convocar inmediatamente a “elecciones”. La Constitución no especifica si estas serían solo presidenciales o elecciones presidenciales y parlamentarias (algunos analistas dicen que serían ambas).

Al haber elecciones de nuevos congresistas, es posible que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, perdería la mayoría que tienen ahora.

Organizar una campaña presidencial ahora o en pocos meses resultaría caótico porque en octubre de 2018 hay elecciones municipales y regionales, o sea las campañas se superpondrían unas a otras. Peor aún si también hay elecciones al Congreso.

 

BBC MUNDO

Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO

Libros: Empleo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2006-2017

Empleo

Desde la publicación del documento La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, en 2010, la CEPAL ha subrayado que la desigualdad representa un obstáculo fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Ha señalado también que el trabajo es la “llave maestra” para la reducción de esa desigualdad y, por lo tanto, una de las variables clave para el análisis del desarrollo económico y social.
La importancia del empleo se ha subrayado explícitamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orientan los esfuerzos de la comunidad internacional. En el ODS 8 se acordó “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a grandes desafíos para poder cumplir con este Objetivo. Tras producirse avances significativos a partir de la primera mitad de la década de 2000, en los últimos años la situación en los mercados laborales de muchos países de la región se ha deteriorado y los ha alejado del cumplimiento de las metas establecidas en el ODS 8.

 

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Compilador: Jürgen Weller
Editorial: CEPAL
Tipo: Páginas Selectas de la CEPAL
Colección: Libros y Monografías

El Sistema Bancario en América Latina: spread y nivel de actividad

Bancario

>Por Pablo Wahren y Lucía Converti

La intermediación de fondos es una de las actividades más tradicionales y más importantes de los bancos. En el negocio de la intermediación financiera, la principal variable para observar es el spread bancario. Esto es la diferencia entre lo que cobran los bancos en concepto de intereses por los préstamos (tasa activa) y lo que pagan bajo este mismo concepto por los depósitos (tasa pasiva). Esta diferencia está compuesta por los gastos operativos, los requerimientos de provisiones, los costos regulatorios (encajes) y la rentabilidad del banco. Sin embargo, influyen en ella –entre otras cosas y como en todos los negocios- los grados de concentración del sistema bancario, la liquidez disponible, el apalancamiento, el riesgo de devaluación, la inflación y el nivel de actividad. [1]

Considerando que la intermediación de fondos no es un negocio más sino que interviene en la distribución de recursos e influye fuertemente en la posibilidad de crecimiento y desarrollo de las naciones, resulta de interés analizar el comportamiento de esta variable en la región en comparación con el resto del mundo y determinar así las posibilidades que brinda hoy el sistema bancario local para el desarrollo regional.

Análisis comparativo

Según el Banco Mundial el spread bancario en América Latina y el Caribe es de casi el doble que lo registrado por los países de altos ingresos. Nuestra región presenta una brecha de 7,54 mientras que el grupo de los países de mayores ingresos lo hace en 4,0.

Gráfico 1: Spread bancario por agregados

Fuente: Banco Mundial

 

Al desagregar por países al interior de la región se observa un comportamiento heterogéneo. Brasil presenta el mayor spread bancario (45,34), seguido por México con un guarismo de 23,02. Es decir que las dos economías latinoamericanas de mayor tamaño son las que cuentan con los mayores spread. El podio de los primeros cinco es completado por Jamaica (15,1), Haití (15,0) y Perú (13,9). Del otro lado, los cinco países que presentan menor brecha entre tasas son El Salvador (2,0), Ecuador (3,0), Suriname (5,4), Panamá (5,5) y Bolivia (5,7).

Al comparar la evolución durante 2016 se observa que Argentina registró el mayor incremento en el spread de toda la región. Esto es producto de la política del nuevo gobierno de desregular las tasas de interés (cuya brecha entre activas y pasivas antes tenía un límite): el spread bancario se incrementó un 37% pasando de 6,49 en 2015 a 8,94 en 2016. Otros países que registraron incrementos en el spread fueron Brasil (+9,4%), Venezuela (29,9%) y Paraguay (27,4%). Por el contrario, las mayores reducciones se vieron en República Dominicana (-4,7%), Honduras (-4,1%) y Ecuador (-3,3%).

Gráfico 2: Spread bancario intrarregional

Fuente: CEPAL

Evolución de los spreads

La visión económica tradicional, entre otros argumentos, afirma que el mayor spread en economías de menor desarrollo relativo se debe al mayor riesgo que presentarían estos países. El argumento radica en que al existir una mayor volatilidad macroeconómica el riesgo de impago por parte de los clientes es más elevado. Sin embargo, a la luz de los datos esta explicación resulta insuficiente e imprecisa para explicar la evolución de los spreads durante los últimos quince años y las diferencias intrarregionales.

Entre 2000 y 2016 América Latina acumuló un crecimiento del PIB de 54,5% mientras que los países de altos ingresos lo hicieron en 30,2%, poco más de la mitad. A contramano de la visión tradicional en estos años el spread bancario se redujo más en el segundo grupo de países que en el primero, con una variación de -10,6% y -9,5% respectivamente.

A continuación se evaluará la relación de estas variables en dos países de la región. En el caso de Brasil entre 2011 y Junio de 2016, mientras el PIB es estable el spread cae, cuando empieza a caer el PIB, aumenta el spread y cuando se recupera el crecimiento el spread sigue creciendo.

Gráfico 3. Variación de PIB y Spread Bancarios Brasil (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia. Datos: PIB en Millones de USD, FELABAN. Spread CEPAL

Gráfico 4. Variación de PIB y Spread Bancarios Uruguay (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia. Datos: PIB en Millones de USD, FELABAN. Spread CEPAL

El caso de Uruguay muestra un spread en continuo crecimiento mientras aumenta el PIB y un estancamiento a partir de la caída del PIB. En ambos casos, el spread aumenta aun cuando el PIB crece y cae el riesgo de morosidad.

Asimismo el diferencial de spreads entre los países tampoco parece estar asociado al tamaño de las economías ni al nivel de ingresos de la población. Por ejemplo, si miramos los extremos encontramos que Brasil siendo un país considerado como de Ingreso Medio Alto tiene el mayor spread de la región, mientras que El Salvador, catalogado como país de Ingreso Medio Bajo, presenta el menor.

Gráfico 5. Variación de PIB y Spread Bancarios (2000-2016)

Conclusiones

El spread bancario constituye una variable fundamental en el negocio financiero y condiciona el desarrollo de las economías al influir en cómo y a qué costo se distribuyen los fondos. En América Latina el spread bancario prácticamente duplica al de los países de altos ingresos. Esto genera un perjuicio ya que encarece los préstamos que podrían ser volcados a la actividad productiva.

A pesar de que en los últimos quince años el desempeño macroeconómico de las economías latinoamericanas fue muy superior al del grupo de países de altos ingresos la diferencia entre spreads no se redujo y puede evidenciarse en los casos de Brasil y Uruguay como el mismo de hecho aumentó. Esta cuestión expone que existen otras variables no vinculadas al desempeño de los mercados que pueden explicar las diferencias en el nivel de spread. En este sentido, en el próximo informe abordaremos las diferencias en el grado de concentración bancaria entre países para entender cómo juega esta variable en la determinación de los spreads.

 

[1] El spread bancario en Argentina. Un análisis de su composición y evolución. Federico Grasso y Alejandro Banzas (2006).

 

Publicado en: CELAG

Agenda: Simposio Internacional de Participación Política y TIC

El próximo lunes 4 de diciembre se desarrollará un Simposio Internacional de Participación Política y TIC en el Auditorio de Ingeniería – Universidad de Ibagué, Colombia. El objetivo de éste imperdible encuentro es analizar nuevas vías para la formación en el ámbito de la cultura y el liderazgo, mediante la colaboración con los entornos informales donde los jóvenes están creando y experimentando nuevas formas de participación democrática.

Toda la información del evento en su SITIO WEB.

Las tácticas y ciberataques con los que se influenciaron las elecciones en 18 países, según la organización Freedom House

Redes Sociales

Estados Unidos es el país del que más se habló, pero se dio en otras 17 naciones.

Y es que las votaciones que se celebraron en 18 países en el último año fueron influenciadas por desinformación divulgada a través de internet, según señaló en un informe Freedom House.

El reporte anual de la organización no gubernamental dedicada a la defensa de las libertades, con sede en EE.UU., analizó el nivel de libertad en internet que hubo en 65 países, los cuales representan el 87% del tráfico en la red a nivel mundial.

En total, 30 gobiernos estuvieron involucrados activamente en el uso de redes sociales para atacar a sus opositores, según el informe.

Desde Freedom House aseguran que en 18 en los que que hubo elecciones, existió algún tipo de manipulación en internet para tratar de influir en la opinión pública y minar a la oposición.

Además de las presidenciales en Estados Unidos y Ecuador o el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, Freedom House encontró también algún tipo de interferencia en, por ejemplo, la votación sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea o en la elección presidencial de Francia.

También en votaciones que se llevaron a cabo en Alemania, Italia, Turquía, Corea del Sur, Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Kenia, Ruanda, Tailandia, Gambia y Zambia.

Las tácticas

Por séptimo año consecutivo, Freedom House detectó que la libertad para los usuarios de la web está a la baja en la mayoría de las naciones.

Esto se debe principalmente a los esfuerzos de los gobiernos por controlar la opinión de los ciudadanos, según el reporte.

Para ello, emplean diversas tácticas como:

  • Usar bots informáticos que replican mensajes del oficialismo.
  • Emplear grupos de comentaristas para difundir posturas progubernamentales en los debates.
  • Crear sitios de noticias falsas para difundir información engañosa
  • Usar a troles para quitar tiempo a los críticos de los gobiernos mediante ataques personales.

La manipulación de las redes sociales se ha convertido en una herramienta clave para los regímenes represivos, según la ONG.

“En Kenia, los usuarios compartieron fácilmente noticias y videos falsos con logos de medios de comunicación que usualmente son confiables, como CNN, BBC y NTV Kenya”, documentó Freedom House.

Eso se suma a los controles técnicos como los cortafuegos (firewalls), los filtradores de contenidos y herramientas de bloqueo de las redes privadas (VPN), que algunos gobiernos implementan desde hace un tiempo.

América Latina

En el caso de América Latina, Freedom House indicó que en Colombia fue documentada la presencia de estas tácticas de influencia en la opinión pública en el plebiscito del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Sobre las campañas presidenciales en Ecuador, la ONG denuncia que el entonces presidente Rafael Correa lanzó un sitio que identificaba a usuarios de redes sociales que realizaban críticas al gobierno.

“Eso permitía que los analistas progubernamentales señalaran colectivamente a los disidentes políticos”, dice Freedom House.

México no está entre los 18 países en los que Freedom House encontró algún tipo de interferencia en sus votaciones.

Sin embargo, el informe “Libertad en la Red 2017” señala que en ese país fueron detectadas unas 75.000 cuentas en Twitter que son usadas por bots.

“Cuando surge un nuevo hashtag para crear conciencia sobre un escándalo, los partidarios del gobierno emplean dos métodos para jugar con el sistema a favor del presidente”, señala Freedom House.

“Los bots promueven hashtags alternativos que apartan a los originales de la lista de los 10 principales. En otro método conocido como ‘intoxicación con hashtag’, los bots inundan los hashtags antigubernamentales con publicaciones irrelevantes para enterrar cualquier información útil”, detalla.

En Venezuela también hubo influencia en las redes sociales en la larga disputa política entre el gobierno y la oposición, según la ONG.

La investigación determinó que menos del 25% de los internautas a nivel mundial vivían en países donde el acceso a la red es considerado libre. Son aquellos donde:

  • No hay obstáculos importantes para acceder a internet.
  • Hay pocas restricciones en lo que pueda ser visto o compartido.
  • La vigilancia a las actividades de los usuarios está limitada.
  • No hay repercusiones significativas para las personas que ejercen su libertad de expresión.

Fenómeno global

Sanja Kelly, del proyecto “Libertad en la red”, señala a China y Rusia como los “pioneros” en el control de internet, pero dice que el fenómeno se ha vuelto global.

Ahora naciones como Turquía, Filipinas, Siria y Etiopía ya emplean estas tácticas de forma masiva.

“Los efectos de esta rápida expansión de técnicas contra la democracia y el activismo cívico son potencialmente devastadores”, consideró por su parte Sanja Kelly.

Esto ha hecho visible la necesidad de la educación de los usuarios de internet, enseñándoles a identificar las noticias falsas.

Otra tarea recae en las firmas tecnológicas, en especial las redes sociales, que tienen que combatir activamente la manipulación de información en sus canales.

Otra preocupación a ojos de la organización es el intento por parte de algunos países de influir fuera de las propias fronteras.

La ONG afirma que está “bien documentado” cómo desde Moscú hubo esfuerzos significativos para influir en la elección presidencial de Estados Unidos del año pasado.

Y, según su investigación, esa tendencia está al alza: cada vez más los gobiernos buscan influir mediante redes sociales en el debate en otros países.

AQUÍ EL INFORME COMPLETO

 

 

BBC MUNDO