La puja por el poder en Colombia

Discursos y propuestas en un escenario de polarización

La polarización entre derecha e izquierda caracteriza la campaña electoral colombiana. Las propuestas y discursos de los candidatos son marcadamente antagónicas. Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe, pretende modificar aspectos importantes de los acuerdos de paz. Aunque se autodefine como un candidato de centro, recibe apoyo de los sectores más conservadores. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, lo secunda en las encuestas. Su programa plantea modificaciones en el modelo económico para superar el extractivismo y lograr la transición hacia energías sustentables. Desde la derecha se lo acusa de ser un «castrochavista». A este escenario polarizado se suman otros candidatos. Aquí se exhiben los principales rasgos de sus programas y de sus discursos electorales.

Colombia

>Por María Fernanda González

Las campañas electorales suelen ser extensas en el tiempo. Y el caso colombiano parece demostrarlo a la perfección. La contienda electoral comenzó con el debate sobre los acuerdos de paz en octubre de 2016, cuando Juan Manuel Santos abrió la puerta para que la población ratificara lo negociado en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Los actores centrales en el debate sobre la aprobación o el rechazo a dichos acuerdos han sido también los principales contendientes en la carrera presidencial. En el país, asediado hoy por una lógica binaria, se ha establecido una coyuntura de polarización. Por una parte, la Colombia conservadora, patriarcal y tradicionalista, añora el retorno del proyecto del ex presidente Álvaro Uribe. Este sector ha sido, evidentemente, muy crítico del gobierno actual. Por otro lado, una serie de proyectos más liberales y progresistas compiten por la sucesión de Juan Manuel Santos sin buscar reconsiderar los acuerdos de paz sino, más bien, buscando plantear un proceso de consolidación de los mismos para alcanzar la reconciliación entre los colombianos.

En la carrera a la presidencia también tuvieron un papel importante las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo. Si bien todos los partidos reivindicaron como positivos los resultados, las fuerzas ganadoras fueron aquellas que ubicadas en el centro del espectro político, tanto las que se escoran más hacia la izquierda como las que miran más hacia la derecha. El nuevo congreso es el reflejo, no solo de las maquinarias políticas tradicionales, sino de una avanzada del voto de opinión a través de figuras alejadas de la política tradicional. Se trata de un Congreso más joven, con más representantes de la sociedad civil y en favor de la reconciliación.

¿Cómo entender el discurso de la campaña electoral? ¿Es posible encontrar diferencias entre las visiones de los candidatos? ¿El debate refleja la ruptura ideológica tradicional entre izquierda y derecha? ¿Cuáles son los temas de mayor interés de los candidatos?

Un análisis de estadística textual de los discursos de los candidatos desde octubre de 2016 hasta hoy, da cuenta de las preferencias temáticas de cada uno en la campaña. Si bien los debates han mostrado coincidencias en la necesidad de reformar el sistema tributario, invertir en la primera infancia, proteger el medio ambiente, realizar las necesarias reformas en el sector de la salud, y lograr la educación gratuita para el ámbito universitario, las palabras más queridas de cada uno describen el inconsciente ideológico y presentan la visión de país de los pretendientes a la Casa de Nariño.

En la derecha, los temas económicos y la infraestructura los más apremiantes

Iván Duque, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) es quien lidera las encuestas. En varias oportunidades ha afirmado que realizará «un cambio estructural de los acuerdos». Sin dudas, sus principales críticas a la impunidad y la falta de justicia en una sociedad que sufrió por más de cincuenta años la violencia tanto de las guerrillas como de los paramilitares, constituyen, no sin razón, un discurso de mucho peso en la población colombiana posicionada, de manera general, en el espectro de derecha. En una entrevista Duque afirmaba: «Nuestra crítica no es que exista un proceso de negociación para la desmovilización, el desarme y la reinserción. La discrepancia está en los beneficios que se le han entregado a las FARC. Las discrepancias están en haber relativizado la justicia en función de una ideología de los victimarios. La discrepancia está en igualar ante la justicia a quienes han defendido la paz como un principio constitucional para defender la vida y honra de los colombianos, las discrepancias están en que ellos crearon una justicia a la medida de sus pretensiones de impunidad»1.

Este candidato de tan solo 41 años representa la renovación del uribismo y se erige como una figura nueva y carismática. Lejos de la radicalidad de una parte de su partido, evita utilizar los eslóganes huecos de campaña como el «castrochavismo», con el cual se busca generar el miedo de una posible «venezolanización» del país si llegara a triunfar el candidato de la izquierda. Duque, que se autodefine como de centro pero que tiene importantes apoyos de un conservatismo profundo, desea conquistar el corazón de los indecisos y los abstencionistas con un discurso sin estigmatizaciones ni odios y a través de una apuesta por la «legalidad, el emprendimiento y la equidad». Insiste, como el presidente francés Emmanuel Macron, que es importante dejar de lado la ruptura y el viejo debate de izquierda y derecha. En su espacio ideológico defiende, sobre todo, una economía de mercado y el apoyo a los más vulnerables. Este líder ha venido construyendo su propia figura a pesar del gran patriarca, el expresidente Álvaro Uribe. Los temas más queridos por este candidato son los económicos y la crítica al proceso de paz. Los ejes más repetidos en el campo económico son: la creación de empleos y su formalización, la lucha contra la informalidad, el apoyo a la inversión, el ahorro y la revisión de un sistema tributario ineficiente.

En el espectro de la derecha se encuentra también Germán Vargas Lleras, el consentido del establishment. Miembro de una familia tradicional de la política colombiana, Vargas Lleras ha vivido para la política. Fue concejal, senador, ministro y vicepresidente. Fue el ministro estrella del gobierno de Juan Manuel Santos, dada su capacidad para modernizar la infraestructura del país y realizar una importantísima obra de vivienda de interés social. Sus palabras lo delatan: viviendas, acueducto, inversión, aeropuerto, construcción, obra, hospitales, ejecución, alcantarillado, cobertura, agua potable. Tiene el discurso más técnico de los candidatos, no menciona el proceso de paz y podría afirmarse que fue el que mejor preparó la propuesta programática. En una entrevista para la revista Bocas, confesó que fue él quien redactó los documentos de políticas públicas que definirán la guía de su gobierno, un documento de alrededor de 1500 páginas apoyado por un grupo de expertos. Es el candidato «perfecto» para la política tradicional de Colombia: buen orador, nacido en una familia aristocrática y de derecha. Sin embargo, las encuestas no lo favorecen. A pesar de las buenas calificaciones, es un líder con carisma y poder de seducción limitado y representa la continuidad del santismo. En un momento de cambio en el que la transparencia, los valores y la llegada al poder de nuevos referentes tienen peso, su candidatura peligra y podría ser dejada de lado desde la primera vuelta por fomentar su capital político con la política tradicional, basada en las maquinarias, que hoy es fuertemente discutida.

La izquierda a fondo por la reconciliación

En la izquierda, Gustavo Petro lidera el segundo puesto en las encuestas. Este exguerrillero del M19, senador y ex alcalde de Bogotá, es amado con pasión en los sectores populares y temido por las élites. Petro ha logrado conquistar el corazón del pueblo desde joven ayudando a los sin techo a construir barrios populares. Su discurso expone con agudeza los desafíos del cambio climático y la industrialización. En su corpus ideológico no aparecen ni el comunismo ni la Venezuela de Chávez como sus referentes. Pero sus críticos pretenden encasillarlo allí, dirigiendo sus dardos hacia su pasado como revolucionario. Su retórica rebelde lo posiciona en la izquierda radical. Amante de las lecturas de Michel Foucault y de Toni Negri, apuesta a la reconciliación de los colombianos pero, sobre todo, a darle una voz y un lugar en el poder a los más humildes. Retomando las palabras del asistente de Michel Foucault en el Collège de France, François Ewald, se podría atribuir a Petro lo que este intelectual afirmaba de Foucault: «El verdadero aporte de su pensamiento no es el de entender a qué poder obedecer sino crear más bien las condiciones y la capacidad de construirse como sujeto y tener una palabra propia»2. Ha realizado una campaña sin equívocos a pesar de un volumen importante de fake news sobre su candidatura y proyecto político. Tiene la virtud de conectar fácilmente con los auditorios, por su inteligencia y carisma. Se trata de un buen orador en la plaza pública que ha sabido conectar con los nuevos tiempos.La utilización personal de la red social Twitter le ha habilitado conseguir una audiencia joven y militante que conecta con sus propuestas, basadas fundamentalmente en modificaciones en el modelo económico para superar el extractivismo y lograr la transición hacia energías sustentables.

El outsider de la campaña

En el espectro ideológico de los progresistas aparece en las encuestas en tercer lugar el candidato Sergio Fajardo. Profesor de lógica matemática, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, se define ante todo como un científico y como el «hombre del cambio». Su autopercepción es la de una figura novedosa que representa la nueva política, que está lejos de las maquinarias, las componendas burocráticas y la compra de votos. Su propuesta central de lucha contra la corrupción es en realidad una verdadera revolución de los valores con la que se busca romper no solo con la política tradicional colombiana, sino generar un verdadero cambio en la mentalidad de los ciudadanos. Los valores pregonados por Antanas Mockus, el segundo congresista más votado el 11 de marzo, como la honestidad y la confianza son el estandarte de su propuesta política. Sergio Fajardo es el outsider de la campaña. Su discurso se centra en primer lugar en una vasta descripción de su recorrido. Las palabras así lo demuestran: «yo», «nosotros», «Medellín», «profesor», «alcalde», «gobernador». Sus ejes temáticos le dan una gran prioridad al mundo educativo y a la necesidad de reconstruir el tejido social colombiano a partir de los valores: la transparencia y la ética. Sergio Fajardo no es de discursos con grandes manifestaciones. Hace su trabajo saliendo a caminar, entregando volantes de su programa, hablando con los ciudadanos y generando confianza. Su campaña se parece más a una clase deuniversidad que a la lógica de la política tradicional. ¿Cómo ha hecho la campaña?: «Sin comprar un solo voto, explicándole a la gente (…) salimos a caminar, a buscar a la gente en los espacios públicos. Está lejos de los manuales o los programas técnicos»3.

El liberalismo, la apuesta a la reconciliación

El liberal Humberto de la Calle es el último de los candidatos. Jefe negociador de la paz y reconocido como estadista, es un abogado que ha tenido importantes cargos a lo largo de las últimas décadas. De la Calle, el mayor del grupo, es en realidad el más experimentado por su largo e importante recorrido en la actividad pública y privada. Las encuestas lo favorecen muy poco y puede ser por el costo de un proceso de paz que ha sido visceralmente criticado por el ex presidente Álvaro Uribe, generando incredulidad y temor en buena parte de la población. Su corpus ideológico pasa indefectiblemente por el apoyo irrestricto a la paz, saldar la deuda social con los más desfavorecidos y mantener la palabra empeñada en los acuerdos de La Habana. Carismático, inteligente expone con claridad sus propuestas y visión de país. Su principal característica es la de construir un discurso a través de la razón y la reflexión.

¿Qué sucederá?

Hasta ahora, resulta imposible saber que sucederá en las elecciones. Sin lugar a dudas, cada uno de los candidatos ha expuesto sus propuestas programáticas y, casi todas ellas, coinciden en la necesidad de luchar contra la corrupción y lograr mayores beneficios para los ciudadanos en materia de empleo, salud y educación. Cada uno de ellos manifiesta, sin embargo, diferentes formas de encarar esas propuestas, y esto es algo que solo podrémos saber con el rodaje gubernamental.

El verdadero desafío, sin embargo, parece ser el de darle vida y espacio a un proyecto equilibrado que permita superar la potente polarización existente entre derechas e izquierdas. Los colombianos darán el veredicto el próximo 27 de mayo. Entonces, se verificará si esto ha sido posible.

Notas:

 

1.MF. González: Los Pretendientes de la Casa de Nariño, Intermedio Editores, Bogotá, 2018.
2.Íbid
3.Íbid

 

 

NUSO

Cómo lo hace Costa Rica

Costa Rica como lo hace

Jóvenes manifestándose en Costa Rica – EZEQUIEL BECERRA (AFP/Getty Images)

>Por Joseph Stiglitz

En un momento en que el autoritarismo y el protofascismo están en alza en tantas partes del mundo, es alentador ver un país cuyos ciudadanos siguen profundamente comprometidos con los principios democráticos. Un pueblo que ahora mismo está intentando redefinir su política para el siglo XXI.

Hace años que el liderazgo progresista de Costa Rica (un país con menos de cinco millones de habitantes) llama la atención en todo el mundo. En 1948, tras una corta guerra civil, el presidente José Figueres Ferrer abolió el ejército. Desde entonces, Costa Rica se convirtió en un centro para el estudio de la resolución y la prevención de conflictos, y es sede de la Universidad para la Paz, una institución creada por Naciones Unidas. Con su rica biodiversidad, Costa Rica también hizo una demostración de liderazgo ambiental previsor, al promover la reforestación, convertir un tercio del país en reservas naturales protegidas y generar casi toda la electricidad que consume a partir de energía hídrica no contaminante.

Los costarricenses no muestran señales de querer abandonar esta tradición progresista. En la última elección presidencial, con gran participación de votantes, Carlos Alvarado Quesada obtuvo la victoria con más del 60% de los votos, contra un rival que con la prohibición del matrimonio homosexual hubiera revertido el antiguo compromiso del país con los derechos humanos.

Costa Rica se sumó a un pequeño grupo de países en la denominada Alianza del Bienestar, que trabaja en la implementación de ideas (planteadas por la Comisión Internacional sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social) para la creación de indicadores de bienestar mejorados. Los miembros de la Alianza, conscientes de las falencias del PIB, que la Comisión ha destacado, propugnan una política pública que impulse el bienestar de los ciudadanos en el sentido más amplio, mediante la promoción de la democracia, la sustentabilidad y el crecimiento inclusivo.

Una parte importante de esta búsqueda ha sido ampliar el campo de acción de las cooperativas y empresas sociales del país, que ya es grande, puesto que incluyen de uno u otro modo a un quinto de la población. Estas instituciones representan una alternativa viable a extremos del capitalismo que han dado lugar a prácticas éticamente reprobables, como el crédito predatorio, la manipulación de los mercados financieros, el abuso de datos personales por empresas tecnológicas, el ocultamiento de emisiones de la industria automotriz, etcétera. Las instituciones alternativas se basan en promover la confianza y la cooperación, y en la convicción de que promover el bienestar de sus miembros también aumenta la productividad.

Igual que los ciudadanos de otros pocos países, los costarricenses han demostrado que la desigualdad es una elección, y que las políticas públicas pueden garantizar más igualdad económica y de oportunidades que el mercado librado a sí mismo. Pese a las limitaciones de recursos, los costarricences pueden alardear de la calidad de sus sistemas de educación y atención de la salud, públicos y gratuitos. La expectativa de vida en Costa Rica ya supera a la de Estados Unidos, y va en aumento, mientras los estadounidenses, que eligieron no tomar las medidas necesarias para mejorar el bienestar del ciudadano de a pie, se mueren más jóvenes.

Pero a pesar de todos sus éxitos, Costa Rica enfrenta dos problemas críticos: la persistencia de un déficit fiscal estructural y la parálisis del sistema político. El aspecto económico de la solución del déficit fiscal es sencillo: o se estimula el crecimiento, o se aumentan los impuestos, o se baja el gasto. Pero el aspecto político no lo es: cualquier gobernante elegiría la solución del crecimiento, pero no hay una fórmula mágica para lograrlo, y las otras dos opciones no las quiere nadie.

En estas circunstancias, la elección de la mayoría de los gobiernos es recortar gastos; por ejemplo, en infraestructura, ya que el costo de hacerlo permanecerá oculto por décadas. Pero eso sería un error particularmente grave para Costa Rica, ya que sus infraestructuras no han acompañado el crecimiento económico, y su mejora puede ser importante para promoverlo. Es verdad que la eficiencia del Estado siempre se puede aumentar, pero tras años de retirada, poco puede esperarse de una mayor racionalización. Todo indica que la mejor salida sería aumentar los impuestos.

Para que el sistema impositivo sea compatible con una estrategia económica general que busque maximizar el bienestar de todos los ciudadanos, hay que seguir tres principios centrales: gravar lo malo (por ejemplo, la contaminación) en vez de lo bueno (por ejemplo, el trabajo); diseñar los impuestos de modo de causar la menor distorsión posible en la economía; y que la estructura de alícuotas sea progresiva, de modo que las personas más ricas paguen una proporción mayor de sus ingresos.

Costa Rica ya es un país muy ecológico, así que un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono no recaudará tanto como en otros lugares; pero como el país genera casi toda la electricidad a partir de fuentes limpias, la adopción del auto eléctrico puede generar más reducción de emisiones. Dicho impuesto puede ayudar a que Costa Rica se convierta en el primer país donde predominen los autos eléctricos, y acercarla así al objetivo de lograr una economía sin emisión neta de dióxido de carbono.

Puesto que el problema de la desigualdad persiste (aunque ni por asomo es tan grave como en otros lugares de América Latina), es esencial la aplicación de impuestos más progresivos y abarcadores a los ingresos, las plusvalías y las propiedades. Los ricos obtienen de las plusvalías una proporción exagerada de sus ingresos, de modo que aplicarles alícuotas inferiores a las de otras fuentes de ingreso agrava la desigualdad y provoca distorsiones. Los economistas disienten en muchos temas, pero algo en lo que coincidirán es que si se gravan los ingresos o las plusvalías derivados de la tierra en Costa Rica, la tierra no se va a ir a otra parte. Esa es una de las razones por las que el gran economista decimonónico Henry George sostuvo que los mejores impuestos son los impuestos a la tierra.

Los mayores desafíos son políticos: un sistema presidencialista como el de Costa Rica funciona bien en un contexto de bipartidismo con reglas que aseguren la representación de la minoría. Pero puede caer rápidamente en la parálisis política cuando el electorado está más fragmentado. Y en un mundo de cambio acelerado, esa parálisis puede ser costosa, al llevar, por ejemplo, a un crecimiento irresoluble del déficit y de la deuda.

Con sus apenas 38 años, Alvarado está tratando de crear un nuevo modelo presidencial para Costa Rica, sin cambiar la constitución, mediante la designación de ministros venidos de diferentes partidos. Ojalá el espíritu colaborativo alentado por el movimiento cooperativo, tan integrado a la cultura costarricense, lo haga funcionar. De ser así, Costa Rica, pese a su reducido tamaño, será un faro de esperanza para el futuro, que muestre que es posible otro mundo, uno en el que los valores de la Ilustración (la razón, el discurso racional, la ciencia y la libertad) florezcan en beneficio de todos.

 

 

P.S.

La Argentina otra vez de nuevo

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció a la nación el 8 de mayo el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de crédito. (Credit Agence France-Presse — Getty Images)

>Por Martín Caparrós

La Argentina otra vez en su tormenta. Crecen las olas, el viento ruge, el mar se encrespa y ahora, entre las olas, hay un monstruo, ese que los argentinos nos acostumbramos a pensar como la fuente de todas las desgracias: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de doce años sin Fondo, el FMI vuelve a la política argentina llamado por un gobierno que muchos acusaban de trabajar para ese tipo de instituciones y que se pasó dos años intentando desmentirlo, antes de caer en su propia caricatura.

El monstruo está en la superficie. Lo bueno sería saber qué hay bajo del agua. O, dicho de otra manera: por qué el gobierno de Mauricio Macri decidió despilfarrar tanto capital político pidiendo alrededor de 30.000 millones de dólares al FMI; por qué supuso que no tenía otra salida.

Hace solo dos semanas parecía que la Argentina estaba bajo control, pero eso es una contradicción en términos. En aquel país de abril los precios básicos estaban altos, los servicios públicos subían, cada vez más personas temían no llegar a fin de mes y el gobierno insistía en que no había que preocuparse, que todo se iba arreglando hasta que, hace unos días, estalló. El dólar, el eterno refugio y amenaza de los argentinos, se salió de control.

No hay muchos países con moneda propia donde otra moneda sea tan importante. En la Argentina el dólar importa porque los montos decisivos —una casa, un coche, una deuda— siempre están en dólares; importa porque nadie ahorra en pesos; importa porque cuando el dólar sube todo sube; importa porque, ante cualquier temor, los argentinos que pueden corren a comprarlos. Ya en 1962 un humorista genial, Tato Bores, lo burlaba en un sketch:

 

 

Así que cuando el dólar se escapó cundió el pánico: millones de personas asustadas, hastiadas por la vuelta de siempre lo mismo. Cuando asumió, el presidente Macri decidió no tener un ministro de Economía que opacara su poder y repartió el cargo entre varios funcionarios. Entre todos fueron anunciando, en estos días, sus medidas: básicamente, la reducción del gasto público y el aumento de las tasas de interés del Banco Central argentino al 40 por ciento. Las dos son pura recesión: bajar el gasto público frena la economía porque reduce las obras públicas que proveen empleos y dineros; pagar semejantes intereses frena la economía porque elimina toda tentación de invertir en cualquier cosa que no sea esa especulación tan rentable.

Las medidas no parecieron funcionar: el dólar siguió subiendo, las acciones argentinas en Wall Street cayeron en picada, los porteños empezaron a retirar sus depósitos bancarios.

Hoy a esta hora —la situación cambia por momentos— muchos creen que la caja de Pandora volvió a abrirse: que otra vez de nuevo. Imagino a la Argentina como una caja de Pandora enorme, tan grande como el territorio nacional, y millones de personas sentadas encima, haciendo fuerza, presionando con puños y glúteos para intentar que no se abra; al final, la caja siempre vuelve a abrirse y todos saltamos por los aires y después, tiempo después, con gran esfuerzo y renovadas esperanzas —alguien que nos convence— volvemos a subirnos, nos sentamos encima, hacemos fuerza, presionamos con puños y…

La sensación de déjà vu creció cuando el gobierno anunció que se había lanzado a los brazos del oso. No hay entidad más odiada en la Argentina que el Fondo Monetario Internacional: la mayoría de los ciudadanos está convencida —con buenos argumentos— de que tiene la culpa de las peores crisis. Uno de los grandes momentos del gobierno anterior llegó el 3 de enero de 2006, cuando el presidente Néstor Kirchner pagó los 9.810 millones de dólares que la Argentina le debía al FMI “para construir nuestra autonomía”; y se los recibió, en nombre del Fondo, su entonces director Rodrigo Rato, español procesado por diversos fraudes.

Ahora el gobierno arguye que la intervención del FMI lo respalda en los mercados internacionales y que su dinero es más barato que cualquier otro. Lo es, quizás, en términos económicos, pero suele ser muy caro en términos políticos: impone decisiones al Estado. Y un rechazo interno brutal.

Así que los efectos políticos de la corrida del dólar y la llegada del Fondo son tan incalculables como sus efectos económicos. Hace dos o tres semanas Mauricio Macri creía que su reelección en 2019 era casi segura. Su partido, Propuesta Republicana, hizo una buena elección el año pasado y, sobre todo, no tiene oposición: grupos dispersos, descabezados, sin candidata/os, sin proyecto. Ahora, de pronto, le surgió un enemigo feroz: la realidad. No hay ninguno mejor para alumbrar opciones, despertar líderes, acabar con tantos sueños de grandeza; que, en la Argentina, suelen volverse pesadillas chiquitas.

Así que es probable que, en poco tiempo, aparezca una oposición más consolidada. Esta crisis le ofrece lo más difícil: un eje discursivo. A partir de ahora el FMI y los que lo llamaron pasarán a ser la razón de todos los males argentinos.

Y males tiene: la Argentina lleva décadas de crisis periódicas que la convirtieron en ese país calesita —o tiovivo o carrusel— que parece dar vueltas sobre sí mismo, volver siempre adonde estaba.

El tema de fondo son los fondos, o la falta de ellos. Lo llaman déficit fiscal: el Estado argentino gasta mucho más que lo que tiene y aun así no cumple con sus obligaciones. No provee, como debería, buena salud, educación, seguridad, infraestructuras. Los que pueden se las pagan privadas; los que no, sufren su calidad tan pobre. El Estado argentino solo funciona como un sistema de reparto de prebendas y limosnas. En 2001, los argentinos que vivían directamente del Estado —trabajando para él o recibiendo sus subsidios— no llegaban al 20 por ciento de la población; en 2015, era el doble. Pero ese aumento estatal no consiguió ninguna mejora importante: poco más de un cuarto de los argentinos sigue siendo pobre.

El sistema es perfectamente ineficaz para reducir en serio la pobreza, para integrar a los más marginales y crear empleo para que los más pobres dejen de serlo, se ganen la vida. El sistema es muy bueno, en cambio, para mantenerlos apenas a flote, pero siempre dependientes del poder político de turno vía empleos inútiles o ayudas escasas: el perfecto sometimiento clientelar.

Saqueos en Buenos Aires Argentina 2001

Saqueos en Buenos Aires en diciembre de 2001, durante la crisis económica (Daniel Luna/Associated Press)

El Estado argentino tiene un déficit sistemático y dos respuestas clásicas, repetidas década tras década: se endeuda y/o emite moneda. Es pan duro para hoy, hambre para mañana: al cabo de unos años, la deuda o la inflación, o ambas, terminan por provocar la enésima crisis. El déficit no tiene que ver con que no cobre impuestos: la presión fiscal argentina está alrededor del 35 por ciento de los ingresos, muy por encima de los demás países latinoamericanos; al mismo nivel de los países europeos, pero sin los servicios que ofrecen sus Estados.

Para enfrentar ese déficit, los economistas clásicos —los más cercanos al gobierno actual— siempre proponen recortar el gasto público. Lo dice, literal, el Directorio del Fondo Monetario en su publicación más reciente sobre Argentina: “Es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular: salarios, pensiones y transferencias sociales”.

En cambio, no suelen proponer la opción simétrica: aumentar los ingresos recaudando mejor. La estructura fiscal argentina es un antiguo error. Muchos impuestos son injustos —el Impuesto al Valor Agregado, el más regresivo de todos, aporta casi un tercio de la recaudación— y, además, hay dos sectores decisivos que tributan poco: las grandes empresas, por supuesto, con sus batallones de abogados y contadores para evadir todo lo posible, y ese 30 por ciento de la economía que sigue siendo informal.

Así que la Argentina es, todavía, un país rico lleno de pobres, un país pobre lleno de ricos, una sociedad fallida donde algunos viven por encima de nuestras posibilidades y tantos por debajo. Y donde ninguno de los partidos grandes se atreve a decir que es preciso hacer ciertos sacrificios y, sobre todo, quién tiene que hacerlos, para qué.

Como escribía hace unos días un gran articulista, Alejandro Borensztein, el hijo de aquel humorista de la década de los sesenta, en su columna de supuesto humor del diario Clarín: “Alguien tiene que salir a explicar que nadie tiene derecho a pedir más nada. Salvo el 30 por ciento de pobres. No es que ellos sean la prioridad. Son la única prioridad. A los demás solo les cabe poner. Empresarios, sindicalistas, industriales, legisladores, gobernadores, jueces, ministros, constructores, agroganaderos, empleados, profesionales, monotributistas, exportadores, importadores, banqueros, periodistas, artesanos, textiles y funcionarios de todo tipo. Nadie más pide más nada. Todos ponen, en la medida de cada uno. Salvo el 30 por ciento al que hay que ir a rescatar”.

FMI y Argentina

El 9 de mayo de 2018, un día después del anuncio del presidente Macri sobre el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se organizó una protesta frente al Congreso en Buenos Aires. (Marcos Brindicci/Reuters)

Pero nadie puede pedir sacrificios si no ofrece un plan que le dé sentido. Y ese sentido —la idea de construcción, el proyecto de un país— es lo que falta en la Argentina. Habría que buscarlo: lanzar un gran debate nacional —por encima o el costado o detrás de los que ahora tienen el monopolio de la palabra, más allá y más acá de políticos, periodistas, curas, cocineros, jueces, grandes empresarios— que permita conversar en serio, el tiempo que sea necesario, hasta encontrar una síntesis que convenza a muchos sobre cómo empezar a construir un país. Lo que debería hacer la política si la política no fuera esa tontería que ahora hacen los políticos.

Porque si no nos decidimos a pensarnos de nuevo, a refundarnos, todo va a seguir igual. ¿Cuánto más aceptaremos dar vueltas en esta calesita? ¿Cuánto más soportaremos vivir sabiendo que nada se construye, que todo se deshace, que repetimos una y otra vez los mismos errores, que tropezamos una vez y otra con las mismas piedras, que seguimos fracasando una y mil veces?

 

 

 

NYT

Jóvenes y elecciones: entre el desencanto, la crítica y la movilización

Jovenes y elecciones

>Por Camila Vollenweider y Ava Gómez

El auge de los medios digitales y de las redes sociales ha puesto de manifiesto no sólo la visible preponderancia de los más jóvenes en el ciberespacio, sino también las capacidades inusitadas de la interactividad en la movilización colectiva de la juventud latinoamericana.

A lo largo de la década del 2000 la región fue testigo de diferentes movilizaciones juveniles orientadas por objetivos específicos, que posteriormente se fueron ampliando al conjunto de las sociedades y se convirtieron en acontecimientos políticos y culturales que impactaron a lo largo y ancho del continente.

Los nuevos repertorios de la movilización colectiva se orientaron por demandas puntuales en torno a la educación, como fue el caso de las manifestaciones de “Los Pingüinos” en 2011 en Chile, en las que los jóvenes reclamaban amplias mejoras en el sistema educativo; o las manifestaciones convocadas el mismo año en Colombia por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en la que estudiantes universitarios se organizaron para luchar en contra de la reforma a la Ley 30, que consideraban una profundización en el deterioro de la educación pública.

Más recientemente, en 2016, un grupo de jóvenes universitarios se organizó a través de redes sociales para movilizarse a favor de la paz, una vez se conocieron los resultados del plebiscito en Colombia. En una manifestación multitudinaria los jóvenes se convirtieron en un revulsivo del cambio a favor de los Acuerdos de Paz, expresando una posición contraria a los resultados de las urnas.

Estas movilizaciones tuvieron como resultado la interpelación a la política tradicional de los países en donde tuvieron lugar y fueron movimientos construidos desde la autonomía, la horizontalidad y la distancia de las formaciones políticas tradicionales. Pero no implicaron a posteriori la formulación de movimientos o partidos integrados institucionalmente para disputar procesos electorales. De los mencionados, fue quizá el movimiento estudiantil chileno el que se acercó más a la constitución efectiva de una formación política a través de Juventud Rebelde, si bien su impacto en la disputa política sigue siendo marginal.

Masivo y visible

Los jóvenes son el grupo poblacional con una mayor presencia en la región, un fenómeno que algunos países han acertado en denominar “bono demográfico” o “dividendo demográfico” y que, se estima, comienza su decadencia conforme avanza la segunda veintena del siglo XXI. Ellos también han sido protagonistas en los procesos electorales más recientes.

Estimación poblacional América Latina 15 -29 años 2000-2018

Jovenes 2000-2018

*Fuente: CELADE / CEPAL[i]

Estimación poblacional América Latina 15 -29 años 2018-2020

Jovenes 2018-2020

*Fuente: CELADE / CEPAL[ii]

En Costa Rica los jóvenes entre 17 y 35 años fueron la población con mayor peso en el padrón electoral (1.383.498, representando un 40%). Después de las pasadas elecciones, el 33% de las nuevas curules en el Congreso estarán ocupadas por políticos menores de 40 años, mientras que la edad promedio pasará de 50 a 46 años. Además, su participación se visibilizó en la primera y la segunda vuelta electoral, los principales votantes de Carlos Alvarado fueron jóvenes, mujeres y personas con grado universitario[iii] [iv].

En el caso de Honduras, el 70% de la población es menor a los 40 años y 691,781 fueron nuevos votantes, una cifra equivalente al 13% del Censo Nacional definitivo Electoral, con un total de 1,497,290 son jóvenes electores, comprendidos entre los 18 y 25 años, representando el 24.7 % del CNDE.

Para el caso de Paraguay fueron 1.841.832 los jóvenes entre 18 a 34 años que estaban habilitados para votar, de ellos 884.927 tenían entre 18 a 24 años. Y, a pesar de que la tendencia fue el incremento de la participación en las elecciones generales (con 62,28% en 2003; 65,41% en 2008; y 68,56% en 2013), al comparar por grupos de edad el nivel de intervención más alto corresponde a los ciudadanos de 40 años para arriba (más del 70%); en tanto, el segmento de 18 a 24 años tuvo el menor nivel (inferior al 63%). En el caso de los pasados comicios del 22 de abril se estima que la participación de los más jóvenes se mantuvo a tendencia histórica de participación.

2018: juventud y nuevo progresismo

En los casos de Colombia y México hay dos candidaturas que están moviendo fuertemente al electorado joven. En el caso colombiano, Gustavo Petro hoy aglutina el mayor porcentaje de intención de voto en una primera vuelta entre los jóvenes de entre 18 y 24 años con el 43,7%, seguido de Iván Duque (35,3%) y, bastante por detrás, Germán Vargas lleras con 13,3%. En una eventual segunda vuelta, el candidato de Colombia Humana también recoge la mayoría del apoyo joven: el 60,5% de los jóvenes encuestados lo apoya, mientras que Duque recoge el 37,3%[v].

En el haber de Petro se encuentran no sólo un universo discursivo que abarca temáticas que atraen a los jóvenes –como el medioambiente, minorías, etc.- y programas específicos en educación y empleo, sino que se ha erigido entre buena parte de ellos como una alternativa de cambio al establecimiento.

Algo similar ocurre con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por MORENA. En un país con 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales 7.5 millones no estudian ni trabajan y el 60,6% de los que trabajan lo hacen en la informalidad, AMLO se lleva las preferencias juveniles. Según la tercera edición de la encuesta Voto Millenial de Nación 321, el 51% de los jóvenes votaría por AMLO –sin considerar el 29% de indecisos-, mientras que Ricardo Anaya, más próximo generacionalmente con sus 38 años, se lleva el 29% de la intención de voto[vi].

A nivel programático, López Obrador ha propuesto un ambicioso programa de becas de estudio y de formación laboral para jóvenes con pocos recursos, cupos para todos los jóvenes que quieran estudiar y representación de este segmento de edad en su futuro gabinete. Pero más allá de las propuestas, AMLO atrae a este grupo etario por su imagen de incorruptible, combativo con el decadente sistema político mexicano representado por el PRI y de figura política coherente. Un dato no menor al respecto es que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de los más de 90 millones de ciudadanos habilitados para votar, 36.156.742 (36%) son jóvenes de 18 a 34 años.

Jóvenes: un electorado fundamental, crítico y reacio a la política tradicional

2018 es un año en el que discurren diversas campañas electorales, que han sido permeadas por la preponderancia del voto joven. Movilizarlo ha sido el leitmotiv de buena parte de los equipos de campaña que, con mayor o menor éxito, han articulado discursos, actividades, programas y formas de comunicar con el estilo y los códigos de esta parte del electorado. Dado su peso en los padrones electorales, atraerlos a las urnas y a los candidatos en las últimas elecciones regionales fue una necesidad constante. Sin embargo, fueron y son pocas las propuestas que logran generar conexiones robustas dado que los jóvenes, aunque participan masivamente a través de redes sociales, tienen escasa presencia en los comicios. Y, aunque ocupan las calles de forma masiva y con diversas formas de protesta, encuentran escasamente seductoras las propuestas de los candidatos.

El nuevo progresismo latinoamericano parece haber identificado fórmulas concretas que pueden reflotar las relaciones entre los jóvenes y la política tradicional, aunque todavía es pronto para afirmar que van a poner fin al abstencionismo juvenil. Comenzar por propuestas claras y específicas, pero, sobre todo, viables, parece ser un primer paso hacia un acompañamiento definitivo.

[i] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[ii] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[iii] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaFebrero2018/Informe-encuesta-FEBRERO-14.pdf

[iv] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaAbril2018/Informe-encuesta-ABRIL-25.pdf

[v] https://es.scribd.com/document/377558353/Resultados-de-la-Gran-Encuesta-Caracol-television-Blu-Radio-y-Semana-27-de-abril#from_embed

[vi] http://www.nacion321.com/voto-millennial/encuesta-millennials-lo-tienen-claro-51-votaria-por-amlo-para-presidente1

 

CELAG

Marichuy, deja huella en la campaña presidencial mexicana

La candidata Marichuy no reunió las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, pero dio impulso a la campaña de un movimiento indígena nuevo, que aspira a obtener representación política.

Marichuy

Mitin de Marichuy, Noviembre de 2017 (EneasMx/Wikimedia Commons)

>Por Laura Dowley

‘México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!’  dijo María de Jesús Patricio en un mitin político el 11 de Febrero. Sus seguidores llenaron la plaza del Palacio de Bellas Artes – un símbolo cultural en el corazón de la Ciudad de México- para escuchar a la mujer que esperan traiga consigo un cambio radical para la sociedad civil mexicana.

Marichuy, o Patricio como es comúnmente conocida, es una curandera indígena de Nagua, del estado de Jalisco al oeste de México. Fue nominada por el Congreso Nacional de Indígenas (CNI), una coalición de 58 grupos indígenas, para ser su portavoz en las campañas presidenciales de este año.

Aunque no tuvo éxito en reunir las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, previstas para el día 1 de julio, el CNI matizó que no se detendrá: ‘ “Después de las elecciones de 2018 vienen muchas más, y vamos a seguir resistiendo”, aclaró la concejala Yamili Chan Dzul, del Yucatán, al  sur de México, en una comparecencia en Febrero: ‘Vamos a seguir caminando. Esta es una llamada para despertarnos la concienciahacia delante.’

Juntar las 866.593 firmas – que supone el 1% de la media de votantes registrados en cada estado- que los candidatos independientes necesitan para optar a la presidencia resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña en pos de la candidatura de Marichuy, el congreso argumentó que el mecanismo para reunir firmas es discriminatorio para las comunidades indígenas, lo cual constituye el núcleo de su apoyo electoral.

Las firmas se recogen mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, siendo esta recogida solo posible mediante aparatos con acceso a internet, muchos habitantes de estas comunidades indígenas ni siquiera están en posesión de teléfonos móviles. En México, los usuarios de internet son alrededor del 60% de la población, según datos del Banco Mundial.

Marichuy fue la primera mujer indígena en intentar postularse candidata a la presidencia, apoyada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Este movimiento indígena, radical y de izquierdas, es famoso por haber llevado a cabo un levantamiento en el sur del país, que comenzó el 1 de Enero de 1994, día en el que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá entró en vigor, argumentando que dicho acuerdo y el liberalismo económico que conllevaba tendría un impacto muy negativo en las comunidades indígenas del país.

En el escenario de Febrero, Marichuy fue flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación, exclusivamente de mujeres, fue más que notable en un país en el que el sexismo está ampliamente extendido.

“Me agrada que (el CNI) haya designado a una mujer”, me dice Rosario, propietaria de un pequeño negocio en el Estado de México, justo a las afueras de Ciudad de México. Rosario comentó: “Estas comunidades saben que la mujer tiene una posición muy importante, y que tiene la capacidad de organización”.

La defensa de los derechos de las mujeres es una prioridad para el CNI: ‘Cuando una mujer se levanta y exige sus derechos, exige ser respetada, para ellos (el gobierno) es una amenaza y la desaparecen,” dice la concejala Guadalupe Vásquez Luna desde Chiapas, el estado más pobre de México: ‘Nos asesinan. Nos violan. Nos desaparecen’.

En el mitin que tuvo lugar en Febrero, hubo un sentimiento fuerte de orgullo indígena ya que cada una de las concejalas iba ataviada con las vestimentas típicas de sus comunidades e iniciaron los discursos en sus respectivas lenguas.

A diferencia de otros mítines a lo largo del país en los últimos meses, la mayoría de asistentes eran hispanoparlantes que no tenían ninguna raíz indígena. Sin embargo, como señal de respeto, aplaudieron a las ponentes cuando empezaron a hablar aunque no las entendiesen.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, en México el 21,5% de la población se auto identifica como indígena. Muchas de estas comunidades estas profundamente insatisfechas con el actual sistema político y económico del país, y ven a las élites minoritarias del país como claras beneficiarias de ese sistema. Como respuesta, el CNI está proponiendo un nuevo sistema anti-capitalista.

El CNI acusa al sector privado de robar: ‘Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas’ dijo la concejala Reyna Cruz López en el mitin. Reyna es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, después de Chiapas.

Un informe del 2017 de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma las violaciones de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería a gran escala, energía, construcción y promociones de turismo en México.

Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno mexicano y compañías privadas no cumplieron con su obligación de asegurar la participación de comunidades indígenas en proyectos que les afectan. El informe menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el estado de México en 2012 para construir una autopista a lo largo de tierras ancestrales, sin que fuera llevada a cabo la preceptiva consulta previa a la comunidad.

Los defensores no indígenas del CNI comparten esta frustración frente al capitalismo: ‘No creemos que el capitalismo puede reformarse’, decía Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también dijo, en el mitin de Febrero: ¡Queremos un cambio profundo!

El CNI se centra a menudo en el abuso de los derechos humanos sufrido por las comunidades indígenas. ‘Nos quitaron nuestra lengua. Nos quitaron nuestro traje. Nos quitan nuestras tierras’, dijo Vásquez, de Chiapas, a la multitud, ‘Pero yo ya no estoy dispuesta a ser humillada. Ya no estoy dispuesta a dejar que me quiten lo que es mío’.

También se refirió a la Masacre de Acteal de 1997, en la que perdió a nueve familiares. Tenía tan solo diez años cuando un grupo de paramilitares asaltó la iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles, miembros de un partido político pacifista.

La concejala Magdalena García Durán también habló de su experiencia personal. En 2006, fue una de las 207 personas arrestadas en el pueblo de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de la Ciudad de México, durante un protesta contra la expropiación de tierras indígenas: ‘Nos pegaron, nos encarcelaron y nos fabricaron delitos’, le dijo a la muchedumbre que abarrotaba el mitin. García fue puesta en libertad 18 meses después, siguiendo un dictamen de la corte federal que sentenciaba la falta de evidencias que justificara su detención.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos encontró después, en relación con el caso de San Salvador Atenco, que el gobierno Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, también de no asegurar las garantías judiciales a los detenidos, así como de numerosos casos de tortura y de violación.

El CNI propone un gobierno con mayor participación ciudadana y que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. ‘Anhelamos y pensamos que puede haber formas de construir el poder desde abajo. Un poder conjunto e inclusivo en donde quepan todos’, dice Marichuy.

Aida trabaja en proyectos de índole cultural con comunidades indígenas en Ciudad de México: ‘Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente’.

La mayoría de comunidades indígenas vive en áreas rurales, pero las concejalas parecían dispuestas a hacerse notar entre las audiencias urbanas, insistiendo en la relación fundamental entre la ciudad y el campo. ‘Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, el gobierno moriría de hambre’, afirma Francisca Álvarez Ortiz del Estado de México.

Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, asentía: ‘Las pueblos indígenas son los que nos alimentan’.

Pero el clamor de Álvarez oculta una verdad incómoda. En 2016, el 65% del consumo de maíz en México vino de importaciones, mayormente de los Estados Unidos, y la producción interna en México está dominada por dos grandes compañías: Gruma y Minsa.

Como bien predijeron los Zapatistas, los granjeros de pequeñas tierras han sufrido el resultado del NAFTA. Han sido incapaces de competir con las subsidiadas empresas productoras de maíz en Estados Unidos en términos de precios, y diez años después de la firma del acuerdo del NAFTA, las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado en un 323%.

La corrupción es otro asunto importante para el CNI. Transparencia Internacional, en su informe anual de 2017 que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países diferentes, sitúa a México en el puesto número 45 con una puntuación idéntica a países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

‘Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser tan corruptos como los demás, no como los políticos que pretenden representarnos’, dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que también habló en dicho mitin, junto a las concejalas

Mientras que las concejalas articularon exitosamente las discrepancias de las comunidades indígenas, el CNI no lanzó ninguna propuesta política, y sus campañas no han estado exentas de contratiempos.

Aunque Marichuy está ahora mismo fuera de la carrera hacia la presidencia, su campaña ha inspirado a todos sus defensores. ‘Hay un mensaje detrás de las firmas’, Aida me dijo ‘Aunque no figure en la papeleta electoral, nosotros, el pueblo, vamos a seguir organizándonos’.

 

DEMOCRACIA ABIERTA

Juego de sillas en el Gobierno estadounidense: Trump y el Deep State

Gabinete Estados Unidos

 

>Por Silvina M. Romano y Arantxa Tirado

En las últimas semanas, el Gobierno de Donald Trump ha cambiado de Secretario de Estado y amenaza con destituir al Consejero de Seguridad Nacional. Esto se suma a los numerosos cambios realizados desde inicio de la gestión, destacando: la renuncia previa del antecesor de McMaster, Michael Flynn (en el marco de la supuesta injerencia rusa en elecciones presidenciales estadounidenses); cambio del Jefe de Gabinete (Reince Priebus por John F. Kelly, que hasta entonces se desempeñaba como Secretario de Seguridad Nacional); la renuncia del Secretario de Salud, Tom Price; el reemplazo del Secretario de Estado Rex Tillerson por el exdirector de la CIA, Mike Pompeo; así como la destitución del Consejero principal del presidente -todavía sin candidato o candidata a sustituirlo- Steve Bannon.

La rotación en el equipo de Trump, tanto en lo que algunos analistas llaman el “Equipo A” del presidente (miembros de su oficina ejecutiva, su círculo más cercano), como en el gabinete, seguida en detalle por los analistas. Se informa que, sólo en el primer año de mandato, Donald Trump atesora unas tasas de rotación dentro de su “Equipo A” del 34 % (frente al 9 % de Barack Obama para el mismo periodo o el 6 % de George W. Bush).[1] En lo que respecta al gabinete, han salido en su primer año tres miembros, cifra que contrasta con las 0 salidas de sus predecesores. Algunos lo califican como el gabinete “menos estable” en su primer año de gobierno desde 1977,[2] generando “preocupación” y voces de alerta ante esta característica (¿hábito?) del gobierno de Trump. Hay quienes advierten que se trata de un resultado de la conducta impulsiva y cambiante, sumado a su ineptitud.[3] Otros consideran que Trump se ha ido deshaciendo de todos los que no aguantaron su “volatilidad” y que no concuerdan con el presidente en diversos temas, de modo que el mandatario estaría procurando rodearse de gente que “piense como él y que apoyen todo lo que él proponga”.[4]

El cambio más sugerente es, sin duda, el de Rex Tillerson por Mike Pompeo. Esto se da en el marco de las tensiones y estrategias de negociación con Corea del Norte (presión para su desnuclearización) e Irán, y en el contexto de las denuncias de intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016.[5] La prensa hegemónica reproduce la siguiente interpretación: “El nuevo cambio efectuado en el gabinete de Donald Trump llega en un momento de profunda crisis en el Departamento de Estado. Este cuenta con miembros que fueron entrenados para apostarle a la diplomacia y los consensos, por encima de los acuerdos arbitrarios y retóricas incendiarias”.[6]

Esta afirmación, podría ser extendida al vínculo de la Casa Blanca con el resto de las agencias del Gobierno, y abre el interrogante de hasta qué punto este nuevo presidente (inepto, volátil e impulsivo, según lo califican los especialistas) está desafiando a parte del establishment, que lo vería como un “obstáculo” para objetivos de mediano plazo previamente pautados, en particular los de política exterior. Parece que Trump busca imponerse y que se niega a seguir ciertos libretos preestablecidos, despertando cada vez más preocupación entre un sector del establishment (que percibe que Trump será difícil de “controlar”) entre el que se encuentra el “Deep State” burocrático de Washington. Una curiosidad es que tensiones similares experimento John F. Kennedy frente al establishment (en particular con el FBI), aunque en un contexto muy diferente y por convicciones probablemente opuestas a las atesoradas por Trump.

Además, debe recordarse que desde su asunción como presidente, Trump fue acusado de incapacidad mental, de complotar con Rusia para ganar elecciones, de censurar a la prensa, etc. Estas acusaciones han allanado el camino para eventualmente solicitar un impeachment. La reciente denuncia sobre el vínculo entre Cambridge Analítica-Facebook, que participó en la campaña presidencial de Trump[7], se suma a este escenario y desencadena un nuevo escándalo que podría añadirse como argumento para el juicio político.

Pero la injerencia rusa es hasta ahora el problema más incómodo para la gestión Trump. En efecto, tal vez uno de los próximos destituidos sea McMaster, Consejero de Seguridad Nacional, que recientemente acusó al Gobierno ruso de haber iniciado una campaña de “desinformación, subversión y espionaje”.[8] Unas declaraciones realizadas frente a altos funcionarios de seguridad rusos justo unas horas después de que el Departamento del Tesoro anunciara la sanción a tres entidades y trece ciudadanos rusos por supuestos ciberataques en las elecciones.[9] Trump, que niega esta injerencia[10] y desde el inicio adujo que se trató de una serie de noticias falsas para deslegitimar su campaña y triunfo, publicó en su cuenta de Twitter el mes pasado: “El general McMaster olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y Crooked Hillary, el DNC y los demócratas”.[11] Con ello sacaba a la luz pública las diferencias existentes entre el Consejero de Seguridad Nacional y el presidente en un asunto que compromete nada más y nada menos que la soberanía nacional del país.

Pero el affaire con los rusos parece tener un alcance aún mayor. El fiscal Robert Mueller, uno de los que está a cargo de la investigación, en lugar de encontrar información que comprobara un complot entre Rusia y Trump para derrotar a Hillary, destapó en febrero pasado la existencia de una fábrica rusa de fake news. Acusó a ciudadanos y empresas rusas de interferir en las elecciones de 2016, ocupados en una “intensa campaña de intoxicación política en EE. UU.” una “guerra de información” encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general.[12] De este modo, las limitaciones de la democracia liberal de EE. UU., cuestionada por su escasa representatividad en términos procedimentales, las dudas sobre el modo en que se financian campañas electorales millonarias y las críticas sobre las élites que se sostienen en la cúpula del sistema político-empresarial de EE. UU., son dejadas de lado en virtud de una amenaza “externa”. Mientras se habla de la “injerencia rusa” y de la “inestabilidad mental” del presidente, se relega a un segundo plano un análisis serio sobre los cambios y continuidades en la sociedad estadounidense, que han derivado en que un personaje como Donald Trump haya podido conectar con millones de ciudadanos que no han encontrado una mejor manera de canalizar su descontento que votando al candidato aparentemente outsider.

El juego de sillas en la administración Trump apunta a una pugna soterrada por el control del Estado que parece librarse entre el presidente, secundado por su círculo menguante de incondicionales, y una mayoría aparente del “Deep State” que teme perder la última palabra sobre “cómo y cuándo se hacen las cosas”. En esta batalla, será crucial estar atento a las voluntades que logren imponerse, pues implicará (o no) la redefinición de la política exterior, con consecuencias importantes para América Latina.

 

[1] https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-trump-administration/

[2] https://fivethirtyeight.com/features/the-incredibly-and-historically-unstable-first-year-of-trumps-cabinet/

[3] https://rantt.com/donald-trump-is-unstable-and-he-could-be-removed-from-office-129f5c3ef1e0

[4] https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/donald-trump-bromea-sobre-los-cambios-en-su-gabinete-904644/

[5] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[6] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[7] https://www.cnet.com/es/noticias/facebook-cambridge-analytica-trump-lo-que-debes-saber/

[8] https://www.nytimes.com/2018/02/17/world/europe/russia-meddling-mcmaster.html

[9] https://translations.state.gov/2018/03/15/el-tesoro-sanciona-a-los-ciber-actores-rusos-por-la-interferencia-con-las-elecciones-estadounidenses-de-2016-y-los-ciberataques-maliciosos/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[10] https://www.efe.com/efe/usa/portada/putin-y-trump-niegan-injerencia-rusa-en-ee-uu-abogan-por-mejorar-las-relaciones/50000064-3435274

[11] https://mundohispanico.com/noticias/trump-continua-con-cambios-en-su-gabinete-y-sustituira-a-h-r-mcmaster-como-asesor-de-seguridad-nacional

[12] https://elpais.com/internacional/2018/02/16/estados_unidos/1518805614_412828.html

 

CELAG

¿Qué pasa ahora tras la renuncia de PPK a la presidencia de Perú? 5 posibles escenarios

PPK

 

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llega a su fin 20 meses después de su comienzo.

El presidente peruano renunció este miércoles al cargo tras el escándalo de corrupción y compra de votos de parlamentarios que sacude el país.

Es el punto culminante de una larga sucesión de acusaciones que tuvo uno de sus capítulos principales en diciembre pasado, cuando el Congreso peruano votó en contra de su destitución.

En esa ocasión Kuczynski se salvó de perder su cargo pero otra votación de vacancia le esperaba este jueves, algo que probablemente no se producirá dada su renuncia.

Esta se produjo después de que el martes el partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, publicara unos videos y audios que mostraban a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando supuestamente comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario en el Congreso.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, anunció Kuczynski este miércoles en una alocución televisada.

Además de este supuesto intento de compra de votos, en el centro de las acusaciones contra Kuczynski están los supuestos pagos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski envió este miércoles su carta de dimisión al Congreso que, tras recibirla, deberá votar el jueves su aceptación o procederá finalmente a considerar la presidencia vacante por “incapacidad moral” del mandatario.

Este mismo miércoles, la Fiscalía peruana pidió a la Justicia que no se deje salir del país al mandatario en el marco de la investigación que sigue por los pagos que realizó la empresa Odebrecht.

Aquí te mostramos los 5 posibles escenarios que pueden darse tras la renuncia del presidente de Perú.

1-El Congreso acepta la renuncia y se nombra al nuevo presidente

Es el escenario más probable, luego de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que los partidos políticos habían acordado aprobar la renuncia durante la sesión plenaria del jueves.

De acuerdo con la Constitución peruana, en casos como este, el jefe de Estado debe enviar la carta de su dimisión al Parlamento en la que explique los motivos que lo llevaron a esto.

Una vez recibida la carta, la Junta de Portavoces acepta tramitarla.

El Congreso entonces, en una reunión plenaria, debe debatir y votar si la acepta o no.

2-El Congreso no acepta la renuncia y vota la destitución presidencial

Ocurrió ya una vez cuando el entonces presidente Alberto Fujimori presentó su renuncia por fax al Congreso ante el temor de ser destituido.

Los parlamentarios no la aceptaron y procedieron a votar su vacancia.

Se considera un método más deshonroso de salida del gobierno y el presidente pierde todo los privilegios que reconoce el Estado peruano para los funcionarios públicos de ese alto cargo.

Tiene lugar cuando la mayoría del Congreso considera que los motivos de la renuncia que alega el mandatario no resultan convincentes o entiendan que el mandatario asumió una actitud o protagonizó hechos que no se corresponden con su cargo.

En cualquiera de las dos variantes anteriores, la Constitución establece que sea el vicepresidente quien asuma la jefatura del gobierno hasta el próximo periodo electoral.

3-El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asume la presidencia

De acuerdo con la Constitución de Perú, el vicepresidente, Martin Vizcarra, que ejerce actualmente además como embajador en Canadá, sería quien asumiera la jefatura una vez se consumara la salida de PPK.

Aunque Vizcarra amenazó con renunciar también en diciembre pasado si Kuczynski era destituido, esta vez ha esquivado los llamados de quienes le reclamaban que aclarara qué decisión tomaría.

Los medios peruanos han interpretado su silencio como un indicio de que está dispuesto a tomar el timón e informaron que se es esperaba su llegada al país en las próximas horas.

Esta semana, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, dijo al periódico peruano Trome —el de mayor circulación— que Vizcarra haría un mejor trabajo que PPK en el gobierno.

Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, una región en el sur de Perú que obtuvo buenos resultados en Educación durante su gestión.

Antes de irse como diplomático, fue ministro de Transportes, pero duró menos de un año en el cargo.

En mayo de 2017 renunció al ministerio antes de que el Congreso lo censure por firmar una adenda de un contrato para construir un aeropuerto en Cusco, y que la Contraloría consideró irregular.

Vizcarra podría renunciar también a la presidencia de Perú y el Congreso tendría que aceptar o rechazar la dimisión.

De aprobarla, ocurriría el siguiente escenario.

4-Renuncia Martín Vizcarra y asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz

Si asumiera el cargo, la vicepresidenta segunda se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú.

Pero ese supuesto parece muy improbable.

Todo indica que Vizcarra aceptará la presidencia. Y la propia Aráoz ha dejado claro que si Kuczynski sale del poder, ella también abandonará.

Antes de ser vicepresidenta, Aráoz fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, cargo en el que afrontó muchas críticas por su gestión del episodio conocido como el Baguazo, como se conoció al enfrentamiento entre la policía y las etnias wampis y awajún de la selva de Perú a causa de unos decretos sobre el uso de recursos naturales.

El enfrentamiento, ocurrido en 2009, causó la muerte de 23 agentes y 10 indígenas, y la desaparición de un policía.

Aráoz fue una de los funcionarias del gobierno de Alan García (2006-2011) que se negaron a derogar los decretos por los que estalló la protesta.

Si tanto Vizcarra como ella rechazan la presidencia, aún quedaría otra posibilidad.

5-Renuncian ambos vicepresidentes y asume Luis Galarreta, actual presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular

Esta sería la última opción y también la más provisional.

Luis Galarreta, o el presidente que el Congreso designe, asumiría la presidencia de manera interina, ya que tendría que convocar inmediatamente a “elecciones”. La Constitución no especifica si estas serían solo presidenciales o elecciones presidenciales y parlamentarias (algunos analistas dicen que serían ambas).

Al haber elecciones de nuevos congresistas, es posible que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, perdería la mayoría que tienen ahora.

Organizar una campaña presidencial ahora o en pocos meses resultaría caótico porque en octubre de 2018 hay elecciones municipales y regionales, o sea las campañas se superpondrían unas a otras. Peor aún si también hay elecciones al Congreso.

 

BBC MUNDO

Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO