Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO

Libros: Empleo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2006-2017

Empleo

Desde la publicación del documento La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, en 2010, la CEPAL ha subrayado que la desigualdad representa un obstáculo fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Ha señalado también que el trabajo es la “llave maestra” para la reducción de esa desigualdad y, por lo tanto, una de las variables clave para el análisis del desarrollo económico y social.
La importancia del empleo se ha subrayado explícitamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orientan los esfuerzos de la comunidad internacional. En el ODS 8 se acordó “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Sin embargo, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a grandes desafíos para poder cumplir con este Objetivo. Tras producirse avances significativos a partir de la primera mitad de la década de 2000, en los últimos años la situación en los mercados laborales de muchos países de la región se ha deteriorado y los ha alejado del cumplimiento de las metas establecidas en el ODS 8.

 

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Compilador: Jürgen Weller
Editorial: CEPAL
Tipo: Páginas Selectas de la CEPAL
Colección: Libros y Monografías

El Sistema Bancario en América Latina: spread y nivel de actividad

Bancario

>Por Pablo Wahren y Lucía Converti

La intermediación de fondos es una de las actividades más tradicionales y más importantes de los bancos. En el negocio de la intermediación financiera, la principal variable para observar es el spread bancario. Esto es la diferencia entre lo que cobran los bancos en concepto de intereses por los préstamos (tasa activa) y lo que pagan bajo este mismo concepto por los depósitos (tasa pasiva). Esta diferencia está compuesta por los gastos operativos, los requerimientos de provisiones, los costos regulatorios (encajes) y la rentabilidad del banco. Sin embargo, influyen en ella –entre otras cosas y como en todos los negocios- los grados de concentración del sistema bancario, la liquidez disponible, el apalancamiento, el riesgo de devaluación, la inflación y el nivel de actividad. [1]

Considerando que la intermediación de fondos no es un negocio más sino que interviene en la distribución de recursos e influye fuertemente en la posibilidad de crecimiento y desarrollo de las naciones, resulta de interés analizar el comportamiento de esta variable en la región en comparación con el resto del mundo y determinar así las posibilidades que brinda hoy el sistema bancario local para el desarrollo regional.

Análisis comparativo

Según el Banco Mundial el spread bancario en América Latina y el Caribe es de casi el doble que lo registrado por los países de altos ingresos. Nuestra región presenta una brecha de 7,54 mientras que el grupo de los países de mayores ingresos lo hace en 4,0.

Gráfico 1: Spread bancario por agregados

Fuente: Banco Mundial

 

Al desagregar por países al interior de la región se observa un comportamiento heterogéneo. Brasil presenta el mayor spread bancario (45,34), seguido por México con un guarismo de 23,02. Es decir que las dos economías latinoamericanas de mayor tamaño son las que cuentan con los mayores spread. El podio de los primeros cinco es completado por Jamaica (15,1), Haití (15,0) y Perú (13,9). Del otro lado, los cinco países que presentan menor brecha entre tasas son El Salvador (2,0), Ecuador (3,0), Suriname (5,4), Panamá (5,5) y Bolivia (5,7).

Al comparar la evolución durante 2016 se observa que Argentina registró el mayor incremento en el spread de toda la región. Esto es producto de la política del nuevo gobierno de desregular las tasas de interés (cuya brecha entre activas y pasivas antes tenía un límite): el spread bancario se incrementó un 37% pasando de 6,49 en 2015 a 8,94 en 2016. Otros países que registraron incrementos en el spread fueron Brasil (+9,4%), Venezuela (29,9%) y Paraguay (27,4%). Por el contrario, las mayores reducciones se vieron en República Dominicana (-4,7%), Honduras (-4,1%) y Ecuador (-3,3%).

Gráfico 2: Spread bancario intrarregional

Fuente: CEPAL

Evolución de los spreads

La visión económica tradicional, entre otros argumentos, afirma que el mayor spread en economías de menor desarrollo relativo se debe al mayor riesgo que presentarían estos países. El argumento radica en que al existir una mayor volatilidad macroeconómica el riesgo de impago por parte de los clientes es más elevado. Sin embargo, a la luz de los datos esta explicación resulta insuficiente e imprecisa para explicar la evolución de los spreads durante los últimos quince años y las diferencias intrarregionales.

Entre 2000 y 2016 América Latina acumuló un crecimiento del PIB de 54,5% mientras que los países de altos ingresos lo hicieron en 30,2%, poco más de la mitad. A contramano de la visión tradicional en estos años el spread bancario se redujo más en el segundo grupo de países que en el primero, con una variación de -10,6% y -9,5% respectivamente.

A continuación se evaluará la relación de estas variables en dos países de la región. En el caso de Brasil entre 2011 y Junio de 2016, mientras el PIB es estable el spread cae, cuando empieza a caer el PIB, aumenta el spread y cuando se recupera el crecimiento el spread sigue creciendo.

Gráfico 3. Variación de PIB y Spread Bancarios Brasil (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia. Datos: PIB en Millones de USD, FELABAN. Spread CEPAL

Gráfico 4. Variación de PIB y Spread Bancarios Uruguay (2011-2016)

Fuente: Elaboración propia. Datos: PIB en Millones de USD, FELABAN. Spread CEPAL

El caso de Uruguay muestra un spread en continuo crecimiento mientras aumenta el PIB y un estancamiento a partir de la caída del PIB. En ambos casos, el spread aumenta aun cuando el PIB crece y cae el riesgo de morosidad.

Asimismo el diferencial de spreads entre los países tampoco parece estar asociado al tamaño de las economías ni al nivel de ingresos de la población. Por ejemplo, si miramos los extremos encontramos que Brasil siendo un país considerado como de Ingreso Medio Alto tiene el mayor spread de la región, mientras que El Salvador, catalogado como país de Ingreso Medio Bajo, presenta el menor.

Gráfico 5. Variación de PIB y Spread Bancarios (2000-2016)

Conclusiones

El spread bancario constituye una variable fundamental en el negocio financiero y condiciona el desarrollo de las economías al influir en cómo y a qué costo se distribuyen los fondos. En América Latina el spread bancario prácticamente duplica al de los países de altos ingresos. Esto genera un perjuicio ya que encarece los préstamos que podrían ser volcados a la actividad productiva.

A pesar de que en los últimos quince años el desempeño macroeconómico de las economías latinoamericanas fue muy superior al del grupo de países de altos ingresos la diferencia entre spreads no se redujo y puede evidenciarse en los casos de Brasil y Uruguay como el mismo de hecho aumentó. Esta cuestión expone que existen otras variables no vinculadas al desempeño de los mercados que pueden explicar las diferencias en el nivel de spread. En este sentido, en el próximo informe abordaremos las diferencias en el grado de concentración bancaria entre países para entender cómo juega esta variable en la determinación de los spreads.

 

[1] El spread bancario en Argentina. Un análisis de su composición y evolución. Federico Grasso y Alejandro Banzas (2006).

 

Publicado en: CELAG

Agenda: Simposio Internacional de Participación Política y TIC

El próximo lunes 4 de diciembre se desarrollará un Simposio Internacional de Participación Política y TIC en el Auditorio de Ingeniería – Universidad de Ibagué, Colombia. El objetivo de éste imperdible encuentro es analizar nuevas vías para la formación en el ámbito de la cultura y el liderazgo, mediante la colaboración con los entornos informales donde los jóvenes están creando y experimentando nuevas formas de participación democrática.

Toda la información del evento en su SITIO WEB.

Las tácticas y ciberataques con los que se influenciaron las elecciones en 18 países, según la organización Freedom House

Redes Sociales

Estados Unidos es el país del que más se habló, pero se dio en otras 17 naciones.

Y es que las votaciones que se celebraron en 18 países en el último año fueron influenciadas por desinformación divulgada a través de internet, según señaló en un informe Freedom House.

El reporte anual de la organización no gubernamental dedicada a la defensa de las libertades, con sede en EE.UU., analizó el nivel de libertad en internet que hubo en 65 países, los cuales representan el 87% del tráfico en la red a nivel mundial.

En total, 30 gobiernos estuvieron involucrados activamente en el uso de redes sociales para atacar a sus opositores, según el informe.

Desde Freedom House aseguran que en 18 en los que que hubo elecciones, existió algún tipo de manipulación en internet para tratar de influir en la opinión pública y minar a la oposición.

Además de las presidenciales en Estados Unidos y Ecuador o el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, Freedom House encontró también algún tipo de interferencia en, por ejemplo, la votación sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea o en la elección presidencial de Francia.

También en votaciones que se llevaron a cabo en Alemania, Italia, Turquía, Corea del Sur, Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Kenia, Ruanda, Tailandia, Gambia y Zambia.

Las tácticas

Por séptimo año consecutivo, Freedom House detectó que la libertad para los usuarios de la web está a la baja en la mayoría de las naciones.

Esto se debe principalmente a los esfuerzos de los gobiernos por controlar la opinión de los ciudadanos, según el reporte.

Para ello, emplean diversas tácticas como:

  • Usar bots informáticos que replican mensajes del oficialismo.
  • Emplear grupos de comentaristas para difundir posturas progubernamentales en los debates.
  • Crear sitios de noticias falsas para difundir información engañosa
  • Usar a troles para quitar tiempo a los críticos de los gobiernos mediante ataques personales.

La manipulación de las redes sociales se ha convertido en una herramienta clave para los regímenes represivos, según la ONG.

“En Kenia, los usuarios compartieron fácilmente noticias y videos falsos con logos de medios de comunicación que usualmente son confiables, como CNN, BBC y NTV Kenya”, documentó Freedom House.

Eso se suma a los controles técnicos como los cortafuegos (firewalls), los filtradores de contenidos y herramientas de bloqueo de las redes privadas (VPN), que algunos gobiernos implementan desde hace un tiempo.

América Latina

En el caso de América Latina, Freedom House indicó que en Colombia fue documentada la presencia de estas tácticas de influencia en la opinión pública en el plebiscito del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Sobre las campañas presidenciales en Ecuador, la ONG denuncia que el entonces presidente Rafael Correa lanzó un sitio que identificaba a usuarios de redes sociales que realizaban críticas al gobierno.

“Eso permitía que los analistas progubernamentales señalaran colectivamente a los disidentes políticos”, dice Freedom House.

México no está entre los 18 países en los que Freedom House encontró algún tipo de interferencia en sus votaciones.

Sin embargo, el informe “Libertad en la Red 2017” señala que en ese país fueron detectadas unas 75.000 cuentas en Twitter que son usadas por bots.

“Cuando surge un nuevo hashtag para crear conciencia sobre un escándalo, los partidarios del gobierno emplean dos métodos para jugar con el sistema a favor del presidente”, señala Freedom House.

“Los bots promueven hashtags alternativos que apartan a los originales de la lista de los 10 principales. En otro método conocido como ‘intoxicación con hashtag’, los bots inundan los hashtags antigubernamentales con publicaciones irrelevantes para enterrar cualquier información útil”, detalla.

En Venezuela también hubo influencia en las redes sociales en la larga disputa política entre el gobierno y la oposición, según la ONG.

La investigación determinó que menos del 25% de los internautas a nivel mundial vivían en países donde el acceso a la red es considerado libre. Son aquellos donde:

  • No hay obstáculos importantes para acceder a internet.
  • Hay pocas restricciones en lo que pueda ser visto o compartido.
  • La vigilancia a las actividades de los usuarios está limitada.
  • No hay repercusiones significativas para las personas que ejercen su libertad de expresión.

Fenómeno global

Sanja Kelly, del proyecto “Libertad en la red”, señala a China y Rusia como los “pioneros” en el control de internet, pero dice que el fenómeno se ha vuelto global.

Ahora naciones como Turquía, Filipinas, Siria y Etiopía ya emplean estas tácticas de forma masiva.

“Los efectos de esta rápida expansión de técnicas contra la democracia y el activismo cívico son potencialmente devastadores”, consideró por su parte Sanja Kelly.

Esto ha hecho visible la necesidad de la educación de los usuarios de internet, enseñándoles a identificar las noticias falsas.

Otra tarea recae en las firmas tecnológicas, en especial las redes sociales, que tienen que combatir activamente la manipulación de información en sus canales.

Otra preocupación a ojos de la organización es el intento por parte de algunos países de influir fuera de las propias fronteras.

La ONG afirma que está “bien documentado” cómo desde Moscú hubo esfuerzos significativos para influir en la elección presidencial de Estados Unidos del año pasado.

Y, según su investigación, esa tendencia está al alza: cada vez más los gobiernos buscan influir mediante redes sociales en el debate en otros países.

AQUÍ EL INFORME COMPLETO

 

 

BBC MUNDO

La encrucijada socialdemócrata

Entre la globalización y el Estado nacional

La socialdemocracia es una de las principales víctimas de los cambios globales. Una nueva oposición entre cosmopolitas y nacionalistas –entre anywheres y somewheres– atraviesa la alianza de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas que constituyó históricamente la apuesta de la centroizquierda. El trabajador común se siente cada vez menos representado por este espacio ideológico. Si quiere sobrevivir, la socialdemocracia debe pensar un proyecto de emancipación de los individuos de la coacción económica, política y social, por fuera del populismo y del liberalismo de izquierda.

Socialdemocracia

>Por Ernst Hillebrand

La socialdemocracia europea está viviendo tiempos difíciles. Las elecciones de 2017 no han sido buenas para ella: en los Países Bajos, el Partido del Trabajo (pvda, por sus siglas en holandés) obtuvo 5,7% de los votos. En Francia, el Partido Socialista llegó en las elecciones parlamentarias de junio apenas a 5,68% de los sufragios. Poco antes, su candidato había tenido un desempeño calamitoso en las elecciones presidenciales. El Partido Socialdemócrata alemán (spd, por sus siglas en alemán) ha sido vencido en tres elecciones regionales consecutivas y al momento de escribir este artículo rondaba un 25% en las encuestas para las elecciones parlamentarias de septiembre. En el pasado verano boreal, el Partido Democrático (pd) italiano ha sufrido una clara derrota en las elecciones municipales. Más hacia el este, la situación está aún peor: desde hace años, los socialdemócratas han dejado de ser verdaderamente relevantes en un vasto sector de Europa oriental. Como única excepción europea aparece paradójicamente el Partido Laborista británico, que bajo el mando de Jeremy Corbyn, representante de una «vieja izquierda», logró un resultado sorprendentemente bueno en las elecciones parlamentarias del 8 de junio.

Estos resultados electorales son una prueba más de una evolución que puede observarse desde hace ya años: los partidos europeos de izquierda pierden el contacto con los sectores populares. Su visión del mundo tiene cada vez menos cosas en común con la de los obreros o los empleados de salarios más bajos. La «alianza de clase» entre los sectores medios «ilustrados» y los trabajadores de base que encarnó la socialdemocracia europea duró más de un siglo y marcó todo el siglo xx, con sus enormes progresos sociales y políticos. Pero este periodo está llegando a su fin.

Una nueva constelación política

La causa de este fenómeno es la aparición de una nueva constelación política de base: si el siglo xx estuvo marcado por conflictos de distribución, cuya naturaleza era esencialmente socioeconómica, ahora pasa al primer plano una línea de conflictos políticos de cuño más sociocultural. La discusión política ya no está caracterizada por la pugna entre izquierda y derecha, sino por la creciente oposición entre «cosmopolitas» entusiasmados por la globalización y la inmigración, y «comunitaristas» más orientados al Estado nacional tradicional. David Goodhart denomina a estos grupos anywheres y somewheres: unos están bien en cualquier parte (anywhere) y cuentan con un capital educativo para tener éxito en todos lados; los otros dependen de un lugar fijo que les es conocido (somewhere), donde pueden sacar provecho de sus redes familiares y de su capital educativo y social, espacialmente acotado1. Los amigos de la apertura tienen mayores recursos económicos, mejor formación, mejor seguro social, ven «interesante» la inmigración, celebran el multiculturalismo y envían a sus hijos a cursar estudios universitarios en el extranjero. Los otros suelen provenir de sectores con menores ingresos y socialmente más relegados y consideran que la inmigración y la globalización intensifican la competencia por salarios, trabajo y recursos. Esta nueva fractura atraviesa a las sociedades, pero también a los partidos de las democracias occidentales. El espacio político se está reestructurando: los viejos campos ideológicos y patrones explicativos pierden significado y surgen nuevos. Esto no significa que desaparezca la dimensión socioeconómica, sino que esta se articula de otra manera. Hace poco, el politólogo alemán Michael Zürn escribió al respecto que «la nueva oposición se expresa, por ello, menos como ‘izquierda versus derecha’ que como ‘los de arriba’ y ‘nosotros, los de abajo’»2.

Este proceso, que la politología observa desde hace casi dos décadas, se ha acelerado sustancialmente en los últimos años. Las consecuencias sociales y económicas de las crisis financieras y la crisis del euro han provocado que aumenten sustancialmente las dudas en torno de la globalización y la integración europea. A esto se suman los conflictos en los márgenes de Europa, que favorecen la impresión de que el mundo se halla sumergido en un caos, que en forma de terrorismo e inmigración irregular se difunde también en el interior de las sociedades europeas. De manera análoga, las expectativas frente a la política han cambiado drásticamente. La promesa del «cambio» –el núcleo conceptual de la política «progresista» de modernización y reforma– ha dejado de ser tal: en un mundo caótico, el cambio no significa promesa alguna, sino una amenaza. En lugar de apertura y transformación, los ciudadanos esperan protección y cuidado.

Hasta ahora, la política tradicional no ha sabido reaccionar ante este cambio de expectativas. Goodhart describe esta separación entre la política y las expectativas de los ciudadanos con estas palabras:

Una promesa implícita de las democracias modernas es que todo ciudadano podrá controlar su propia vida hasta un cierto grado (…) [Esto] postula implícitamente también un derecho básico a una cierta estabilidad y continuidad en cuanto al mundo en el que se vive y al propio estilo de vida. En el mundo actual, esta es una promesa que a la política democrática le cuesta cumplir cada vez más o que quiere cumplir cada vez menos.3

La nueva fractura de la socialdemocracia

Las principales víctimas de este cambio de clima político son hasta ahora los partidos de la centroizquierda europea. La nueva oposición entre apertura y abroquelamiento, entre anywheres y somewheres, atraviesa la alianza socialdemócrata de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas. El trabajador común se siente cada vez menos representado por los partidos de centroizquierda, pues estos defienden en gran parte las posturas de los «cosmopolitas». Como no hay nadie más que sea receptivo a sus demandas de fronteras, pertenencia y cuidado del Estado nacional en tanto espacio de protección social y económica, algunos trabajadores terminan recurriendo nolens volens a los viejos enemigos de la derecha. Casi en todos los países, la proporción de trabajadores dentro del electorado de partidos populistas de derecha está aumentando de manera continua.

Las consecuencias de este proceso para la socialdemocracia son graves y, a largo plazo, amenazan a los partidos en su esencia misma. La cuestión de las migraciones no perderá en absoluto dinámica ni relevancia. Por el contrario, el problema de cómo manejar el enorme deseo de migrar a Europa amenaza con convertirse en uno de los temas políticos absolutamente centrales de las próximas décadas. En esta nueva constelación política, altamente antagonística, la centroizquierda deberá decidir a qué grupos de la población deseará representar en el futuro: los segmentos liberales y «cosmopolitas» de las clases medias o los somewheres con orientación a Estados e identidades nacionales. Pareciera que ya no es posible representar a ambos. También en este sentido, el «siglo socialdemócrata» (como lo llamó Ralf Dahrendorf) está terminado.

Esta es una decisión muy difícil. La idea de reconvertirse en una fuerza política representativa de los sectores populares implica una profunda reconfiguración ideológica de la centroizquierda y una despedida del liberalismo de izquierda de las últimas décadas. Para los funcionarios y los mandatarios, este sería quizás un proceso casi inaceptable. En Francia, el think tank Terra Nova, allegado al ala liberal del ps, puso esto en negro sobre blanco hace ya unos años. Según su tesis, el ps tiene que despedirse de los sectores obreros y forjar una nueva mayoría «progresista», compuesta por las clases medias urbanas, empleados públicos y sectores de la inmigración. De hecho, este es el camino que ha seguido con éxito Emmanuel Macron, quien se llevó consigo porciones nada insignificantes de las viejas elites (y del electorado) del ps. Pero en otros países, con una situación distinta por ser diferentes los sistemas electorales, esta vía no funcionaría así. El resultado sería solo partidos más pequeños (pero completamente estables), que perderían una parte del histórico potencial de votantes a manos de movimientos «populistas» de izquierda y derecha.

Anclaje en el senso comune

La alternativa a esto sería una reconfiguración político-ideológica que refleje la nueva fractura de la sociedad entre anywheres y somewheres e intente volver a armonizar más intensamente las posiciones programáticas con las expectativas y los intereses de los sectores más débiles. Quizás sea útil en este contexto recordar las ideas de Antonio Gramsci, uno de los grandes pensadores de izquierda del siglo xx. Muchas de sus reflexiones giraban en torno de la cuestión de cómo el pensamiento de izquierda podría lograr la hegemonía en la sociedad. Una de las condiciones de la hegemonía ideológica, según expresa Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, es que la «filosofía» de las elites no esté completamente desacoplada del «sentido común» (senso comune) de las masas populares. Se necesita una conexión orgánica entre ellas. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo occidental es lo contrario: un proceso de desacople entre la filosofía de las elites y el senso comune comunitarista de la gente común.

El éxito del populismo y la implosión de los índices de confianza en las elites y sus instituciones son expresiones de este proceso. En tal situación, la izquierda –en todas sus variantes– está obligada a volver a preguntarse claramente cómo quiere posicionarse. Un (re)anclaje más fuerte de sus propias posturas en el senso comune es uno de los requisitos para que no termine aplastada en este proceso y no resulte pulverizada entre un hiperliberalismo de las elites y un neonacionalismo de los movimientos populistas.

Pero para formular un proyecto emancipador para el siglo xxi no basta con regresar al sentido común de la población. El sentido común hoy está orientado a la preservación, contra la permanente presión hacia el cambio ejercida por el capitalismo globalizado. Un proyecto político y social de la izquierda debe ir más allá de este deseo de permanencia y oponer un proyecto de cambio político positivo a los negativos cambios que impone el capitalismo. En su centro deben estar la emancipación de los individuos, su liberación de la coacción económica, política y social, y una ampliación de los márgenes de libertad y autorrealización de las personas. La socialdemocracia actual está muy lejos de un proyecto de estas características. En el centro de sus programas no está el «empoderamiento» de las personas, sino una fijación con los temas y los instrumentos políticos de la fase histórica del capitalismo clásico del siglo xx. Se trata, en el fondo, de la protección colectiva del Estado social contra la pauperización de los trabajadores y las trabajadoras. Ya hace tiempo que los conflictos político-sociales de esta época han dejado de ser lo esencial. Lo que hoy está en el centro de la insatisfacción de quienes viven en las sociedades de Europa occidental ya no es una genuina necesidad material, sino una desautorización política y cultural, una devaluación simbólica del trabajo y de los proyectos de vida de las personas normales.

La respuesta a estos problemas en un nuevo proyecto emancipador de izquierda solo puede basarse en una profunda democratización de las sociedades, que otorgue más que nunca el poder de decisión en cuestiones políticas, económicas y sociales al soberano: los ciudadanos. Esta democratización debe incluir un mayor uso de la democracia directa por medio de plebiscitos y referendos, al igual que la mayor descentralización posible de los procesos de toma de decisiones políticas. El progreso tecnológico dado por la digitalización y la utilización de redes ofrece condiciones extraordinariamente propicias para ello. La comunicación horizontal de las redes sociales hace que surjan nuevas posibilidades para formular un consenso de la opinión pública más allá del poder de control y normalización de los tradicionales «guardianes» de los medios masivos clásicos.

A fin de cuentas, el objetivo es, mediante procesos democráticos, volver a colocar la dinámica del capitalismo globalizado en un marco político centrado en las personas y sus preocupaciones, en el que sea posible articular eficientemente los intereses de los ciudadanos. En la actualidad, el Estado nacional democrático, producto de la historia, parece seguir siendo el único marco imaginable en el que tal proceso puede funcionar eficientemente. Una izquierda «cosmopolita» que no entienda esto perecerá por su incapacidad para lograr cambios positivos en el marco de los procesos transnacionales (o europeos) de la política. Las dramáticas derrotas que han sufrido en los últimos meses y años los partidos de centroizquierda en Europa se explican en gran medida porque no han sido capaces de ofrecer respuestas convincentes a los desafíos del presente ni un proyecto emancipador positivo para el futuro. Su postura en referencia a la ampliación de los márgenes democráticos para los ciudadanos está marcada por un escepticismo creciente, fruto de sus frecuentes derrotas electorales y plebiscitarias. Así, no ofrecen algo muy distinto de lo que ofrecen las elites de la economía y del poder del capitalismo globalizado, salvo por el complemento de un Estado social fuerte de cuyo financiamiento, sin embargo, participan cada vez menos los ganadores de la globalización. Para muchos de los que se sienten más víctimas que ganadores de los cambios producidos en las últimas décadas, esto es demasiado poco. Y para aquellos, más jóvenes, que esperan de la vida algo más que solo trabajo (por ejemplo, autodeterminación y autorrealización), también. En estas circunstancias, el futuro de los partidos europeos de centroizquierda aparece altamente precario.

  1. D. Goodhart: The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, Hurst, Londres, 2017.
  2. M. Zürn: «Jenseits der Klassenfrage. Neue Konfliktlinien zeigen sich in Europa, der Türkei und Amerika» en wzb-Mitteilungen Nº 154, 2017.
  3. D. Goodhart: «‘Postliberalismus‘ oder ein Plädoyer für einen populären Liberalismus», fes, Berlín, 2/2015, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/12384.pdf.

 

*Traducción del alemán de Carlos Díaz Rocca. Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 271, Septiembre – Octubre 2017, ISSN: 0251-3552

Nueva Sociedad

Informe: Elecciones en Chile

Elecciones en Chile

Ivan Alvarado (REUTERS)

El próximo 19 de noviembre, se desarrollará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y los principales sondeos de opinión indican una interesante ventaja del ex-presidente Sebastián Piñera.

Para profundizar sobre el desarrollo de la campaña electoral, compartimos un completo informe realizado por Comitia Consulting.

Leer informe aquí > Elecciones-Chile-2017

Después de las PASO: ¿El fin del “voto con el bolsillo”?

En las primarias (PASO), ¿hubo acuerdo con un relato macrista del mérito individual y el futuro, o intención de dar tiempo a cambios de fondo?

PASO

Ilustración: DECUR

 

>Por Raquel San Martín

pesar de la contundencia de los números, y de sus efectos concretos sobre las instituciones políticas, los resultados electorales siempre reservan una parte de enigma. Ninguna tecnología de auscultación de la sociedad puede captar, en su corrección total, por qué alguien vota como lo hace. Los resultados de las PASO del 13 pasado llevaron ese rasgo de misterio casi a un extremo: el apoyo al gobierno de Cambiemos en las urnas está desembocando en estos días -con alegría o con desazón, según quién lo mire- en una pregunta central: ¿por qué los ciudadanos apoyaron de manera mayoritaria a un gobierno si no ven mejoras concretas aún, o no tantas como las prometidas, en su economía y su bienestar? ¿Será que existe, en algún sector de votantes, al menos, la sensación de que los cambios de fondo llevan tiempo, y están entonces dispuestos a renovar un voto de confianza, aunque sea de corto plazo? En todo caso, ¿con qué otros elementos habría que reemplazar el “voto con el bolsillo” que es casi lugar común?

Para los analistas -que a coro recomiendan cautela cuando se analizan resultados de una elección primaria en la dinámica Argentina-, es como siempre una combinación de factores la que puede explicar la esperanza sin (o con poco) asidero material: ecos de una narrativa macrista que sigue apostando a la polarización con el pasado kirchnerista y el fantasma de su regreso; una memoria, en ciertos sectores de clase media baja, de las dificultades recurrentes de la Argentina, entre quienes cae bien la exaltación del progreso individual que tiene el relato de Cambiemos, y hasta un voto que mira más al futuro y a sus posibilidades que a la historia. En otras palabras, el gobierno parece haber jugado con sus armas en un terreno, el del relato y la batalla por los significados, en el que el kirchnerismo solía moverse más cómodo.

Aunque las advertencias de los expertos se concentran sobre todo en esperar a las elecciones de octubre, y más aún a las de 2019, para saber si las tendencias que se adivinan cristalizan en procesos más duraderos, también subrayan la contracara: los resultados de las PASO prolongan un proceso de fragmentación partidaria que tiene años, mientras la novedad se cocina lentamente en el campo más difícil de sondear de los valores, las percepciones y los ideales. Y en ese subsuelo colectivo se acomodan, en una convivencia tensa cuya forma final no terminamos aún de ver, la democracia, el republicanismo, la igualdad y el Estado amplio como centro de la vida política.

“La fortaleza electoral del Gobierno está sostenida en tres pilares. Uno es la polarización, que acelera la intensidad emocional de la discusión política. Con ella se vincula el segundo: un clivaje asimétrico que el Gobierno gestiona, en el que los sentimientos antimacristas y antikirchneristas están escorados en favor del segundo. La presencia de Cristina Kirchner convalidó esa estrategia del Gobierno, que de alguna manera buscó actualizar el 2015: está culturalmente vigente la amenaza del retorno del populismo, un proceso que habría que volver irreversible con el voto. Y el tercero es la política de las intenciones. Frente a la eficacia soberbia del kirchnerismo, Cambiemos es el error virtuoso. Eso está encarnado especialmente en María Eugenia Vidal, a quien el electorado le reconoce básicamente intenciones y no tanto logros”, apunta Ignacio Ramírez, sociólogo y director del Posgrado en Opinión Pública de Flacso.

De la memoria a la espera

No convendría buscar tantas respuestas, o no hacerlo solamente, en el Metrobús o la obra pública. El “gobierno de los CEO” parece gestionar con habilidad, en realidad, el discurso y las aspiraciones de los votantes. “Si hay gente que no mejoró, e incluso empeoró su vida cotidiana, e igual vota al Gobierno es porque evalúa que el Gobierno administra una herencia, que es responsable pero no el único de este presente. Tal vez se combine en sectores medio-bajos que ya se habían dejado de sentir parte de la audiencia kirchnerista y creen que el gobierno se va a ocupar de sus problemas”, apunta Martín Rodríguez, escritor, analista político y editor de Panamá Revista, quien descree de la disposición de parte del electorado a no comprar satisfacción inmediata y diferir sus expectativas en el tiempo.

“Eso presupone creer que la gente vota al Gobierno porque está siendo educada en el sacrificio del presente para el fruto del futuro. Es la típica lección zonza del liberalismo versus el populismo: uno te promete futuro a costa del presente, el otro te da presente a costa del futuro. Ninguna de las dos cosas funciona así. Hoy no hay una decisión de sacrificio en el voto a Cambiemos -apunta Rodríguez-. No hay una ética. Lo que hay, en los que lo votan y aún no reciben beneficios, es una memoria más o menos sensata que sabe que la Argentina nunca es ni fue fácil. Es una clase media baja que vive bajo el imperio del «a mí nadie me regala nada, toda la vida laburé». Tal vez el sesgo meritocrático del discurso del Gobierno tiene eco en ellos. Son los que creen en el progreso individual, en que progresar es sacarse de encima al Estado. El Gobierno intenta enunciar la moral del mercado. Ahora bien: ese voto así como viene se va. Cristina lo vivió en carne propia. Tiene que haber condiciones para esos «éxitos individuales»”.

Para el politólogo Julio Burdman, el segmento de votantes más dispuesto a extender un voto de confianza algobierno “fue determinante en esta elección”, aunque no cree “que se trate de un segmento numeroso”: “El núcleo duro de Cambiemos está en votantes de clase media y media alta que se identifican con Macri y apuestan a él. Hay un voto con componentes identitarios. No obstante, también hay una franja que está por debajo de la clase media, que sintió los aumentos, que está disconforme con la situación económica, que tiene problemas para llegar a fin de mes, pero que no quiere votar al peronismo. Ese sector, al que habitualmente se denomina ‘aspiracional’, quiere creer en Cambiemos, y le dio su voto de confianza en agosto. Pero no es un apoyo que Macri y Vidal deban dar por descontado: si la economía no termina de arrancar, serán los primeros en cambiar de opinión.”

El “discurso de mérito y orden” del gobierno, como señala Ignacio Ramírez, puede resonar en ciertos sectores sociales, pero en otros tiene implicancias distintas. “En cuanto a las demandas de satisfacción inmediata, ¿cuáles son los sectores en la Argentina más ansiosos a la hora de relacionarse de cualquier modo que sea con la política? No creo que sean los más carenciados -dice Vicente Palermo, politólogo y presidente del Club Político Argentino-. Al contrario, más ansiosos somos cuanto más arriba estamos en la pirámide. ¿De qué me sirve la ansiedad si mis padres viven en un barrio sin agua corriente desde antes de que mis hermanos mayores nacieran? Si los peronismos pierden cierta capacidad de movilización administrada se va a hacer más evidente que los sectores más pobres esperan porque no les queda otro remedio.”

La percepción del tiempo, entonces, puede ser un elemento clave para sumar al análisis. En 2015, una investigación sobre patrones de corte de boleta y reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires encontró que el voto puede inspirarse tanto en juicios retrospectivos (lo que un candidato hizo, pensando en que siga haciendo eso) o prospectivos (lo que potencialmente puede hacer). “Tomar decisiones políticas es difícil, por eso la gente usa atajos cognitivos para pensar qué va a privilegiar en su voto -explica Lorena Moscovich, politóloga y profesora de la Universidad de San Andrés, coautora de esa investigación-. En esa elección encontramos que la edad de los candidatos (en promedio los intendentes que ganaron eran 12 años menores que sus antecesores) y la cercanía en el tiempo (lo más fresco en la memoria, para bien o para mal, tiene más impacto) fueron atajos para decidir el voto. En estas PASO creo que primó un voto prospectivo. Pero no sé si eso supone que la gente esté dispuesta a postergar deseos o asumir sacrificios”, aclara.

Justamente en ese punto se detienen los análisis. “No me parece seguro todavía hablar de adhesión al Gobierno en todos los casos, que es algo muy diferente al que meramente aprueba. Tal vez ese campo de la adhesión se haya ensanchado, pero no podemos saberlo todavía. Y hay adhesiones que son aparentes: la que despierta Elisa Carrió, por ejemplo, es una adhesión fácil, porque a mucha gente le encanta embarcarse en catarsis morales, aunque Carrió es un personaje más complejo que eso. Esas adhesiones no necesariamente se convierten en cemento de experiencias duraderas”, dice Palermo.

Existe, por ahora, como dice Ramírez, “una inercia de la ilusión”. “El voto de Cambiemos no es un voto eufórico, no es un voto agradecido. Esa ilusión todavía no empezó a transitar una pendiente descendente. Sigue todavía la expectativa de estar comenzando una nueva etapa”.

El asombro porque un votante mantenga su simpatía por un político “a pesar de las noticias” es, según Burdman, la señal de que estamos pasando por alto que la politización, transformada, subsiste. “A fines del siglo XX creímos o quisimos creer que la identidad partidaria había muerto. Pero en otras épocas no hubiéramos hecho esa pregunta con tanto estupor: el conservador, el socialista, el radical o el peronista no iban a abandonar su identidad sólo porque un dirigente robó o gestionó mal. La identidad estaba más allá de eso -dice Burdman-. Hoy pasa algo similar, en menor escala. No hay mayorías politizadas pero sí minorías intensas. En nuestro país, tanto el kirchnerismo como el cambiemismo entran en esa categoría. El cambiemita antikirchnerista y el kirchnerista antimacrista están movilizados y dispuestos a bancar a sus dirigentes más allá de un mal año económico, alguna denuncia judicializada o la crítica periodística.”

Relatos en conflicto

Allí donde los sentidos se configuran, en el terreno de las percepciones, las emociones y las expectativas, ¿hay indicios de cambio?

Una investigación sobre la cultura política de los argentinos, realizada en 2015 y 2016 por Ibarómetro y Flacso, puede iluminar alguna respuesta. En 2015, el 55% de los argentinos consideraba que el gobierno nacional (en ese momento, de Cristina Kirchner) era el actor más poderoso de la escena política; en 2016, sólo el 22,9% de los argentinos pensaba que el Gobierno (ahora de Mauricio Macri) era el que tenía más autoridad. Los investigadores señalaron entonces que el dato reflejaba un cambio de narrativa, el tránsito entre dos lenguajes distintos: “Épica de la decisión frente a racionalidad de la solución. La vida pública, en la retórica kirchnerista de gobierno, aparecía como un campo de batalla surcado más por intereses que por emociones e inevitablemente conflictivo. En la representación macrista, la esfera pública es un territorio de actitudes e intenciones, donde los conflictos son vestigios de mentalidades antiguas.” Como escribió recientemente Pablo Semán enPanamá Revista, “a la luz del antikirchnerismo se relee la historia, la economía y el sentido del futuro”.

Dice Palermo: “Un fenómeno inédito que podemos observar desde 2015 es que hay una centroderecha capaz de ganar elecciones, aunque sea dudosa la calificación de centroderecha, de identificaciones duraderas y hasta de un partido. En busca de cambios culturales, podemos decir que esta es la coalición de élite menos antimercado que nos ha gobernado desde los años 80, pero querer ver una coalición socioelectoral promercado tal vez sea un poco prematuro. Mejor que seguir gastando los lugares comunes sería asumir que estamos metidos en un magma sociocultural que no es muy generoso para dejarnos ver sus formas. La democracia, o los derechos humanos, han sido valores centrales desde los años 80, pero los modos en que se han articulado o podrían articularse, con otros componentes de nuestra cultura política, como el liberalismo o el republicanismo, hacen toda la diferencia a largo plazo.”

Burdman señala dos cambios en ese sentido: la consolidación del espacio Cambiemos y el lanzamiento de Unidad Ciudadana sobre lo que fue el kirchnerismo. Ambos espacios pretenden ocupar el lugar que antes ocupaban las culturas radical y peronista, aunque con estilos y metodologías más acordes con los tiempos que corren: comunicación horizontal, discurso centralizado, estrategias planificadas -dice-. Las etiquetas partidarias están recobrando influencia, aunque con nuevos modos. Por lo menos, a partir de la identificación de los votantes, que no se afilian como sus abuelos, pero discuten de política con vehemencia.”

Para no encontrar novedades a cada paso, es necesario incluir en el análisis el apoyo a la oposición en sus distintas formas -incluidos el peronismo en sus distintas variantes, entre ellas el kirchnerismo- en las PASO. “El PJ y el kirchnerismo tienen un respaldo importante. La cultura política argentina con centro de gravedad en el Estado activo y la igualdad son rasgos que no han sido desplazados y hay votantes que buscan alternativas políticas con olor a esos valores”, dice Ramírez. “Las experiencias políticas que tuvieron un comportamiento zigzagueante han tenido un desempeño negativo: pienso en Massa, Schiaretti o Lousteau. El electorado necesita una economía de mensajes más clara.”

“Creo que la relativa sorpresa del triunfo de Cambiemos -que una parte propia y ajena a ellos mismos de la clase política no termina de asimilar- va en línea con la segmentación del voto que se vino dando desde 2013. Cristina hizo estallar su 54% porque no lo entendió. El peronismo está en una transición donde nadie está descartado del todo, porque a nadie le alcanza con lo que tiene -dice Rodríguez-. Y no veo que en la política y la sociedad argentina se resigne algo que tuvo histórica vitalidad: que una parte se organice en torno a la igualdad.”

En común tenemos, quizás, una vitalidad democrática para subrayar. “Hubo cierto voluntarismo del macrismo de cuestionar la legitimidad de las PASO, pero las elecciones mostraron una participación estable. Muchos países están discutiendo la participación, algo que no se da en la Argentina, y eso es para destacar. Es un dato de salud cívica. Y también tiene que ver con la polarización, que pone contrastes y le da sentido a elegir. En Argentina están a la vista los contrastes ideológicos, el conflicto y eso le da atractivo a la contienda electoral”, dice Ramírez. Por eso, poner en duda la transparencia del acto electoral o utilizarlo como otro momento de campaña, implica un riesgo alto.

Los imaginarios se construyen siempre en tensión: igualdad, Estado, democracia, liberalismo, institucionalidad republicana, el pueblo y la gente, la inclusión y el desarrollo individual. También, los sentidos, las expectativas y las experiencias. En ese delicado ajedrez va tomando forma la cultura política que viene.

 

LN