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El Frente de Todos se opone a Smartmatic

El Frente de Todos se opone a Smartmatic

El Frente de Todos presentó ante la Cámara Nacional Electoral un recurso de amparo contra la empresa Smartmatic para que se ordene su «apartamiento inmediato» de las tareas del escrutinio en los comicios del domingo.

El espacio, a través de sus apoderados, solicitó que «se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa» en las próximas elecciones, tanto en las primarias como en las generales y en una eventual segunda vuelta.

En tanto, para el Gobierno, presentar un amparo a cinco días «de la elecciones sólo busca cuestionar el proceso electoral de manera irresponsable».

A través de apoderados, entre ellos el abogado Jorge Landau, y “para que no se torne ilusorio el derecho de la ciudadanía y los partidos políticos a elecciones transparentes”, el frente reclamó una medida cautelar ordenando el “apartamiento inmediato” de esa firma del proceso electoral.

El objeto de la acción de amparo contra el Estado nacional, el Correo Oficial de la República Argentina y Smartmatic International Holding B.V. es que “se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios, desde un centro especialmente equipado en cada local de votación -Centro de Transmisión Electoral (CTE)”.

“Lesiona facultades”

Según la alianza, “la implementación del servicio contratado lesiona, restringe y altera en forma actual e inminente derechos y facultades de los partidos políticos representados en la alianza, sus legisladores, afiliados y los candidatos que competirán en las elecciones referidas”.

Y agregó que “la contratación por parte del Correo Argentino S.A. de la empresa Smartmatic para la implementación del nuevo sistema de digitalización y transmisión afecta los derechos de toda la ciudadanía a la información y a participar de una elección transparente, que genere certeza sobre los resultados y, por tanto, la legitimidad de la autoridad de los representantes que resulten electos”.

En forma subsidiaria, la demandante solicitó que “se ordene al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio del Interior de la Nación, Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino S.A. y Smartmatic no alterar directa ni indirectamente, ni demorar ni suspender el envío y/o recepción desde los centros de votación hacia los centros de procesamiento de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa”.

Asegurar la transparencia

Asimismo, el texto precisa que «para asegurar la transparencia del proceso» pidió la designación de “interventores, veedores judiciales” para que presencien “todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías”.

Por otra parte, pidió que se ordene a los demandados “entregar a las fuerzas políticas con suficiente antelación la documentación que acredite los procedimientos y los componentes de software y hardware que se utilizarán tanto en el proceso de digitalización y transmisión de telegramas como en el de recuento provisorio”.

Fiscales informáticos

“Es necesario –consignó la demanda- contar con todos los dispositivos físicos y virtuales (direcciones MAC e IP) que intervienen en el proceso”, con firma responsable, lo cual “debe ser presenciado por los fiscales informáticos de las agrupaciones políticas”.

La demandante cuestionó que para las elecciones de 2019 se “utilizarán dos sistemas diferentes que ha contratado a la misma empresa Smartmatic: uno de digitalización y transmisión de telegramas desde los centros de votación y otro en los centros de procesamiento del Correo Oficial para el recuento provisorio de resultados”.

Luego de una reseña de aspectos técnicos, la alianza concluyó que “el dato que llega para su carga no es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad” del verdadero.

“Otro de los puntos que es altamente preocupante es que el Correo Argentino habría contratado de manera temporaria un número indeterminado de ciudadanos, unas 12.000 personas, las que estarían afectadas a las distintas tareas relativas a la transmisión digital de los telegramas”, pero “sin ningún tipo experiencia”.

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