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Venezuela: “Desacato” legislativo

Venezuela: “Desacato” legislativo

Justicia en Venezuela

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

>Por Maximiliano König* exclusivo para MIX POLÍTICO

El último miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a que el Poder Judicial le impuso la categoría de “desacato”, un estatus que se le aplica a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un “golpe de Estado” por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despoja a la sede legislativa sus poderes. El TSJ ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional por considerarla en “desacato”. Borges ha descalificado esta sentencia al aclarar que el objetivo es “evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras”. Con respecto a este tema, el funcionario judicial, ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se tratan de negocios jurídicos “nulos” porque se basan en una sentencia “nula” y que serán “desconocidos” cuando, haya un cambio de Gobierno en Venezuela.

Mientras tanto, el líder opositor Capriles ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda “concentrar todo el poder en sus manos” para “hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana”. El gobernador opositor ha denunciado un “Madurazo” y pidió a la OEA que convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (…) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma”, advirtió Capriles durante una rueda de prensa en Bogotá.

Volviendo al reciente episodio legislativo, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado que se haya producido un golpe de Estado y ha anunciado que se tomarán acciones diplomáticas ante las injerencias de los gobiernos regionales. “Venezuela repudia los gobiernos de derechas que atentan contra el estado de derecho y el orden constitucional” ha puntualizado la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.

Un antecedente destituyente, pero denunciado desde el oficialismo, tuvo lugar el 9 de enero de este año cuando, poniendo al margen a la Constitución, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Esa Asamblea dominada por la oposición, proclamó que el Presidente había abandonado su cargo y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió la misma difusión noticiosa ni critica alguna por parte de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela.

Otro antecedente se acaeció el 21 de marzo, cuando la AN había aprobado otro proyecto de acuerdo que viola la Constitución venezolana, en el que oficializó el respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el país. “Yo como Jefe de Estado asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela”, indicó Maduro. Señaló la aplicación de las facultades en el artículo 323 de la Constitución venezolana, al considerar que lo que se juega en estos momentos es la estabilidad de la República, sus instituciones y la seguridad integral de la nación. “Esta es la instancia constitucional para dirimir soberanamente y solucionar, a través del diálogo y la Constitución, cualquier problema de alto calado que tenga que resolverse”.

Oposición legislativa

Lleva más de un año en Venezuela el conflicto entre el poder legislativo y el judicial. El principal motivo es que por primera vez desde 1998, la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional pudiendo ejercer una constante presión al Poder Ejecutivo liderado por Maduro. Ante este panorama, las colisiones del parlamento contra los demás poderes, se han intensificado debido a las frecuentes arremetidas de la AN en actos de desconocimiento, desacato e intentos de desplazamiento de las demás instancias del poder político.

Sin embargo, la pregunta que nos cabe preguntar es si hubo un autogolpe de Estado o si meramente se auto disolvió el parlamento venezolano. En términos técnicos, la respuesta es negativa en ambos casos, ya que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana, al no resolver la situación de tres diputados de Amazonas, cuya juramentación fue ilegítima por haber sido impugnada ante el ente electoral venezolano. El TSJ denuncia los actos de desacato de la AN y su actitud de rebeldía ante la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial.

La AN en múltiples oportunidades ha desconocido al Poder Ejecutivo convocando a “derrocar al Gobierno” de Venezuela. El dictamen del TSJ defiende la exigencia al parlamento a que abandone su posición de desacato, o en caso contrario el tribunal ocupará funciones del parlamento “hasta la superación del desacato”. Esta situación no constituiría un “golpe de Estado” ya que no hay golpe cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si opta por la vía institucional.

Se puede ratificar que no hay ruptura institucional en Venezuela. La Asamblea Nacional desde su entrada en funciones en enero de 2017, no se ha dedicado a legislar, sino que intento por todos los medios desestabilizar al gobierno que preside Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano en las elecciones de abril de 2013. Entre estas acciones de desestabilización figuran la acusación de Golpe Judicial del 23 diciembre de 2015; el veto a la Ley de Emergencia; el Juicio Político al presidente, y la declaración de abandono de su cargo realizada el pasado 9 de enero.
Mientras tanto la prensa internacional y la Secretaría General de la OEA continúan avalándola omitiendo estas maniobras ilegales. Entendemos que la reacción de la oposición en Venezuela, al declarar un “golpe de Estado” y una “disolución del parlamento” se inscribe dentro de una estrategia de la oposición de instalar el caos dentro del país.

Denuncia de la OEA

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó de “autogolpe de Estado” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela: “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agregó Almagro. Dicho funcionario, ha convocado a una nueva “reunión de urgencia” del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado en incumplimiento.

El 14 de marzo último, el secretario general de la OEA había presentado un informe que describía la situación de crisis que se estaría viviendo en Venezuela, especialmente la “alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” en virtud del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo”, señala el informe. Cabe aclarar, que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana necesita de al menos 24 votos de la Asamblea, integrada por 35 países. Con Venezuela, son 18 países los que integran el bloque Alba-Petrocaribe y que históricamente han votado a favor de Venezuela en estas instancias. Si Venezuela fuese declarada como un país “no democrático”, se le despojaría de aval político que la inscribe en el sistema interamericano, abriendo la posibilidad de una apertura a que cualquier país, actúe discrecionalmente en materias que crean pertinente para “presionar” al Gobierno venezolano en favor de la “reinstauración democrática”.

En gran parte del informe, se emiten “recomendaciones”, como la realización de elecciones generales a la mayor brevedad posible, la apertura de un canal humanitario y la renovación de todos los poderes públicos, la liberación de políticos presos, entre otras exigencias. De lo que se intenta con estos comunicados, es instalar la idea de un “Estado fallido”, donde se exige una pronta resolución por vías extrapolíticas y excepcionales, a través de medidas de fuerza tanto en lo diplomático, político y financiero.

Movimientos en la región

Con motivo de la disolución del parlamento venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería de Venezuela, se da respuesta a la reunión de Cancilleres de Argentina, Uruguay, Paraguay y de Brasil, celebrada este 1 de abril en Buenos Aires. El documento apunta contra aquellos, “quienes excediendo sus competencias y atribuciones, y persistiendo en la ilegalidad de vulnerar la condición de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR, han tomado decisiones contra Venezuela al margen de la legalidad e institucionalidad de esta organización y del Derecho Internacional”. Prosigue, “La República Bolivariana de Venezuela exige el cese del hostigamiento, acoso y agresiones contra el país y de los intentos de desestabilización adelantados por este club de gobiernos confabulados de la región y algunos de sus personeros, todos obedeciendo mandatos imperiales, y hace un llamado a los pueblos a defender al MERCOSUR y la estabilidad política de Nuestramérica. MERCOSUR nació, y se desarrolló con los Gigantes del Sur, para la integración social y productiva de los pueblos, para el crecimiento compartido, el desarrollo conjunto y la solidaridad.

 

* Licenciado en Comunicación Social, Escuela de Ciencias de la Información (UNC). Mg. en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

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