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Violencia institucional en cuarentena: sobre el accionar policial y la necesidad de transformar las políticas de seguridad.

>Por María Fernanda Oviedo*

El accionar de las fuerzas de seguridad para controlar la circulación en los diversos territorios del país es una de las principales políticas implementadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia.  Ante el estado  de emergencia que vivimos durante los últimos meses, el reclamo por políticas de control ciudadano es legitimado para el cumplimiento de las diversas fases del aislamiento preventivo obligatorio o distanciamiento social. Frente a esta situación, es necesario seguir de cerca su funcionamiento, señalar sus riesgos y denunciar los hechos de violencia institucional producidos en este marco.

La  dra. Mariana Lerchundi, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investiga desde hace años el accionar de las fuerzas de seguridad y su vínculo con la violencia institucional. Consultada sobre las políticas implementadas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en la provincia de Córdoba, las ordena  en tres tipos de trabajo: controles en helicóptero, ciberpatrullaje y controles en la vía pública, rutas nacionales y provinciales. Una reflexión sobre el segundo aspecto, merece una nota aparte y la consulta a expertxs en el tema, debido a la falta de debate público sobre sus alcances.

Las denuncias por violencia institucional, trascendidas durante la cuarentena, están vinculadas con los controles en la vía pública. Incluyen desde mal trato verbal o torturas, hasta letalidad policial.  Estos hechos se reproducen a lo largo y ancho del país, protagonizados tanto por las policías provinciales, como por la Gendarmería Nacional. La caracterización de los hechos pone de manifiesto dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, que el mal trato está asociado a la desigualdad; en segundo, que es necesaria y urgente una reforma en las políticas de seguridad, orientada a la democratización de sus fuerzas, tanto en su formación y en el accionar, como en la gestión de los conflictos producidos por el abuso policial.

Durante el ASPO se han realizado numerosos relevamientos por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, instituciones y diferentes colectivos dedicados al seguimiento e investigación de hechos de violencia institucional. Todxs ponen de manifiesto el estrecho vínculo entre los mencionados hechos de violencia y los contextos de vulnerabilidad socio-económica  en los que son cometidos.  Estos casos, en gran parte están asociados a comunidades inmigrantes, jóvenes, personas en situación de calle, trabajadorxs de la economía informal, vecinxs de barriadas populares, trabajadrxs sexuales, colectivo lgtbi+, entre otros.

Esta conducta desnuda la matriz represiva aún vigente en los sistemas de seguridad (heredada de los procesos dictatoriales), pero también evidencia el riesgo de que el accionar policial profundice la desigualdad en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, es una oportunidad para poner en agenda la necesidad de un cambio de paradigma, enfocado en la gestión democrática, participativa y multiagencial de la conflictividad social. Conflictividad que en este contexto de crisis provocado por la pandemia, reclama una respuesta por parte del Estado.

Pensar nuevas políticas de seguridad  implica, al menos, tres momentos clave.  En primer lugar, el de la formación de los agentes, incorporando perspectiva de género y educación en derechos humanos. En segundo lugar, la implementación de protocolos de acción que atiendan a las múltiples causalidades de la conflictividad social, en especial, frente a la pandemia (imposibilidad de acceder a alimentos,  pérdida de trabajo, hacinamiento, falta de información sobre prevención del virus, etc.). Por último, un seguimiento exhaustivo de los hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el CELS propone “diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías”[1].

Para llevar a cabo estas transformaciones, es necesario resignificar el concepto de seguridad en un Estado de derecho y ponerlo en un diálogo sostenido con el entramado de relaciones que conforman el tejido social.

 

*Integrante del Centro de formación y pensamiento Génera


[1] https://www.cels.org.ar/web/2020/06/violencia-policial-en-todo-el-pais-es-urgente-reformar-las-fuerzas-de-seguridad/

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