@españoles: La democracia está tan sobrevalorada

Rajoy deja el gobierno

 

>Por Adolfo Álvaro Martín* exclusivo para MIX POLÍTICO

Para referirme a la situación de mi país, he formulado el título de esta entrada con una recreación de la frase atribuida al genial personaje de ficción Frank Underwood, protagonista de House of Cards, para someter a su consideración si lo que a continuación se les expone le sería de aplicación esta frase lapidaria.

La crisis económica que golpeó España desde principios de esta década generó un enorme desgaste para los dos grandes partidos que, desde los años ochenta del pasado siglo se habían estado alternando en el poder; el Partido Socialista Obrero Español – PSOE- (de tendencia socialdemócrata) y el Partido Popular -PP- (de centro derecha). Las duras medidas económicas para evitar la intervención de la Unión Europea y la incapacidad de estos partidos para ofrecer soluciones a los retos derivados de la crisis económica, política, social e institucional, dieron lugar a la aparición en el tablero político nacional de nuevas formaciones que pretendían desalojar a PP y PSOE.

De un lado, Podemos, un partido de izquierda que se dio a conocer en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, recogiendo el impulso del movimiento nacido en torno a la acampada en la Puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011 (Movimiento 15-M), y que en las elecciones generales de diciembre de 2015 ya se convirtió en la tercera fuerza política del país. Del otro, Ciudadanos, nacido algunos años antes como partido regional en Cataluña y que, gracias a la notoriedad que le dio su posición firme contra el nacionalismo disgregador, se situó como cuarta fuerza política en las elecciones de 2015. Los otrora grandes partidos, PSOE y PP, si bien mantenían su posición hegemónica, se dejaban casi un 25% del total de sus votantes que recalaban en las nuevas formaciones.

La falta de mayorías generada por estos resultados electorales impidió la formación de gobierno y forzó la celebración de nuevos comicios en junio de 2016, que permitieron a Mariano Rajoy, del PP, volver al Gobierno de España, gracias a la abstención del PSOE.

La legislatura ha resultado convulsa por las dificultades del PP para alcanzar mayorías parlamentarias suficientes para garantizar la estabilidad y por los continuos casos de corrupción que afectaron al partido y sus miembros. Además, las encuestas mostraban una alarmante caída tanto para el PP como para el PSOE, y un crecimiento que parecía imparable del partido Ciudadanos, que recogía apoyos tanto en el centro derecha como en el centro izquierda, especialmente a raíz del desafío independentista en una región del país, Cataluña

En este escenario de incertidumbre, hace apenas 15 días, el PP consiguió acordar con un partido nacionalista (PNV) tras otorgarle importantes concesiones económicas, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que supuestamente allanaba el camino al partido de gobierno para tener un plácido final de legislatura en 2020. Sin embargo, en un solo día, todo aparentemente cambió.

Veinticuatro horas después de la aprobación de los presupuestos se conoció una sentencia de un caso de corrupción que afectaba al PP, cuyos hechos se remontaban a principios de este siglo. Con esta excusa, el PSOE presentó una sorpresiva moción de censura al día siguiente, la cual, se tramitó de forma inusualmente acelerada por la Presidencia del Congreso (controlada por el PP) y que, en cinco días consiguió aglutinar los votos suficientes para prosperar. Todos los analistas y gran parte de la opinión pública consideraban que, tras los ímprobos esfuerzos del gobierno del PP para aprobar los presupuestos con el fin de garantizar cumplir la legislatura, el Presidente Rajoy haría uso de la potestad constitucional de dimitir para evitar que la moción de censura prosperase, y que el secretario general del PSOE, Pedro Sanchez alcanzase el poder. Sin embargo Mariano Rajoy, que compareció en la sesión de mañana en el Congreso para la moción, se refugió al mediodía con sus leales en un restaurante hasta altas horas de la tarde, dejando para la historia la vergonzosa imagen de su escaño vacío ocupado por el bolso de la entonces Vicepresidenta del Gobierno. Y así, el PP dejó que la moción prosperase y el PSOE llegase al poder apenas dos años después.

Ya antes de que se llevara a cabo la moción de censura, políticos del que a la postre parece el partido mas perjudicado (Ciudadanos) alertaron de que nos encontrábamos ante un acuerdo no explícito entre PP y PSOE[1].

Tras el éxito de la moción, analistas como Roberto Muñoz Bolaños[2] y Carlos Ruiz Miguel[3], han señalado que lo ocurrido de forma vertiginosa en estas tres semanas no es fruto de la casualidad si no el resultado de un plan de alternancia en el poder diseñado entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) para garantizar su propia supervivencia y el status quo vigente desde la restauración de la democracia en 1978. Su origen, como vimos antes, estaría en los resultados de las elecciones generales de finales de 2015 y junio de 2016, donde la composición fragmentada del Parlamento parecía indicar que una “gran coalición” entre PP y PSOE era la única fórmula que podría dar estabilidad política y parlamentaria al país. Pero el miedo a que la “gran coalición” beneficiara a los partidos emergentes que disputaban electorado al PP y al PSOE (Ciudadanos y Podemos), alejó a las direcciones de los dos grandes partidos de formalizar esta coalición.

Bolaños y Ruiz Miguel creen que en España se ha producido un pacto “a la israelí”, como el ocurrido en ese país en 1984 donde se alternaron en el poder durante una legislatura los dos grandes partidos, solo que en España este acuerdo habría sido secreto, permitiendo al PP gobernar los dos primeros años (2016-2018) y al PSOE los siguientes (2018-2020).

Lo cierto es que gracias a la moción de censura los dos grandes partidos de la democracia española, que parecían abocados a un derrumbe en apenas un año, han monopolizado la agenda política y han dejado apartados y sin discurso a los partidos emergentes, especialmente a Ciudadanos, al que las encuestan mostraban como el favorito para alcanzar el poder en las próximas elecciones generales.

El nuevo gobierno del PSOE tras la moción, compuesto por funcionarios de la Unión Europea, burócratas de los gobiernos territoriales o escritores con pasado en tertulias televisivas, es el que menos influencia del partido ha tenido en los últimos años, que ha recibido el inmediato beneplácito de los principales agentes económicos del país y de la Unión Europea. Los analistas, consideran que dada la debilidad parlamentaria del PSOE, se ha diseñado para que el Presidente Pedro Sánchez, tome en este periodo protagonismo político.

Democracia: Pedro Sánchez y Mariano Rajoy

El nuevo presidente español, Pedro Sánchez, despide a Rajoy el viernes pasado, tras ser destituido. [AP]

Es mas, desde diversos medios de comunicación ya se ha tildado a este nuevo ejecutivo surgido de la moción de censura como el “gobierno naranja”, porque su presumible orientación podría haber sido perfectamente asumible por Ciudadanos, cuyo color corporativo es el naranja. Y, ello nos lleva a considerar la posibilidad que en las próximas elecciones nos encontrásemos con candidatos muy similares; Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y probablemente Núñez Feijoo (PP), que perfectamente podrían intercambiar sus proyectos electorales.

De ser cierta esta situación y los análisis de lo ocurrido antes expuesto, en España estaríamos ante lo que Peter Mair pronosticó en su obra Gobernando el vacío (2015) como el fin de la era de la democracia de partidos. En su lugar, las élites de poder habrían optado por actores políticos con pocas diferencias ideológicas, pero que pelearían sin cuartel en las campañas electorales. Una situación que, en palabras del politólogo Fernando Vallespín[4], provocaría una “gran coalición de facto”, con una creciente interpenetración entre Estado y partidos, que convierte a estos últimos en férreas organizaciones de tecnócratas, mas preocupados de su supervivencia que de las necesidades del electorado.

Juzguen ustedes, pues a lo mejor otra vez, Frank Underwood tenía razón.

 

 

[1] https://disidentia.com/la-mocion-de-censura-una-farsa-montada-por-pp-y-psoe-para-mantener-el-poder/

[2] https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180601/rajoy-no-dimitio-censurado/311838820_12.html

[3] http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2008/10/13/el-autor-carlos-ruiz-miguel

[4] https://elpais.com/cultura/2015/11/19/babelia/1447935691_352404.html

¿Son los mercados emergentes el canario en la mina de las finanzas?

Mercados emergentes

Antiguamente, los mineros utilizaban canarios domésticos para conocer la calidad del aire en las profundidades.

 

>Por Kenneth Rogoff

¿Son las crisis cambiarias y de deuda en gestación en Argentina y Turquía hechos localizados sin implicaciones más amplias? ¿O señales anticipadas de alarma respecto de fragilidades más profundas en mercados globales de deuda sobrecargados, que salen a la luz conforme la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue normalizando las tasas?

El aumento de tipos de interés también puede poner a prueba la estabilidad en algunas economías avanzadas, especialmente en Italia, donde los votantes (en particular los del sur, menos desarrollado) optaron decididamente por un gobierno populista disruptivo. La economía de Italia es diez veces más grande que la de Grecia, y un default de su deuda haría saltar toda la eurozona. De hecho, el gobierno de coalición populista que acaba de asumir el poder insinuó que buscará una quita en algunos de los pasivos ocultos que tiene Italia con el sistema euro a través del Banco Central Europeo (no incluidos en la deuda pública oficial del país, que supera el 130% del PIB).

La buena noticia es que una crisis global de deuda con todas las letras es relativamente improbable. Incluso con cierta desaceleración reciente del desempeño de Europa, el panorama económico mundial en general se mantiene firme, y la mayoría de las regiones del mundo todavía crecen a buen ritmo. Aunque es verdad que varias firmas de mercados emergentes han acumulado cantidades preocupantes de deuda externa denominada en dólares, muchos bancos centrales extranjeros rebosan de activos en dólares, especialmente en Asia.

Además, el Fondo Monetario Internacional tiene recursos suficientes para manejar una primera oleada de crisis, incluso si incluyera, por ejemplo, a Brasil. La principal preocupación no es que el FMI no pueda proveer fondos, sino que repita el error que cometió en Grecia, al no imponer un acuerdo realista a deudores y acreedores. En cuanto a Italia, lo más probable es que Europa halle el modo de conceder transitoriamente al nuevo gobierno una parte del margen fiscal adicional que busca, aun cuando los funcionarios de la eurozona no pueden de ningún modo permitir que la endeudada Italia destruya la moneda común.

La razón más importante para ser optimistas, a pesar de todo el ruido político circundante, es que el tipo de interés real a largo plazo en todo el mundo sigue siendo extremadamente bajo. Incluso en medio de tanta inquietud por el endurecimiento de la política de la Reserva Federal, las letras del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años indexadas por inflación todavía pagan alrededor del 1% (muy por debajo de los rendimientos reales a largo plazo, que en promedio rondan el 3%). Mientras el panorama global subyacente que ofrecen los tipos de interés siga siendo tan benigno, no hay motivos para creer que esté a punto de desatarse una superoleada de impagos de bonos.

Es notable hasta qué punto el FMI (que vigila las crisis de deuda y financieras del mundo) viene subiendo de tono sus advertencias. Tras años de decir que los países avanzados ya no necesitan preocuparse por sus niveles prácticamente inéditos de deuda pública (el total de deuda de los gobiernos ya supera en promedio el 100%), el FMI comenzó a advertir que muchos países pueden verse sin espacio de maniobra fiscal si llegara a producirse de aquí a poco tiempo otra recesión. El problema no es sólo la deuda contabilizada, sino también los pasivos ocultos derivados, sobre todo, de programas de atención de la salud y pensiones enormemente subfinanciados (deudas implícitas que en muchos casos superan con creces los números oficiales).

La investigación reciente respalda con datos firmes la visión del FMI. Los países con niveles de deuda históricamente altos muestran (en promedio) un crecimiento considerablemente peor cuando enfrentan perturbaciones importantes, y la relación a largo plazo entre alto endeudamiento público y crecimiento es claramente negativa. Por supuesto, esto no dice absolutamente nada acerca de las consecuencias económicas de reducir activamente la carga de deuda pública, lo que popularmente se conoce como “austeridad”. Una recesión profunda es momento para que los países usen sus reservas de emergencia, no para que las acumulen.

Es verdad que algunos, en la derecha y la izquierda, piensan que “esta vez es diferente” para las economías avanzadas. No habiendo (en su opinión) un peligro realista de que se produzca una guerra o crisis financiera a gran escala en un futuro cercano, restringir demasiado la deuda pública o las promesas de pensiones es una locura. Pero este modo de pensar es peligroso incluso para Estados Unidos, pese a que este país cuenta con más espacio fiscal por su condición de emisor de la moneda de reserva internacional.

Cualquier economía puede vérselas con una perturbación realmente grande, y esta puede surgir de fuentes que normalmente no se tienen en cuenta. Por ejemplo, es probable que los riesgos derivados de ciberataques (especialmente iniciados por actores estatales), pandemias y, sin duda, crisis financieras sean mucho mayores de lo que se quiere admitir. No es difícil imaginar una desaceleración temporal de la economía china que altere los mercados mundiales. Y si lo totalmente inesperado se hace realidad, algo que podemos anticipar es que los gobiernos con acceso firme a los mercados financieros internacionales tendrán a su disposición mejores opciones de respuesta.

Incluso suponiendo que lo más probable es que una eventual crisis de bonos emergentes quedará contenida, los temblores actuales deben obrar como advertencia, incluso para las economías avanzadas. Al fin y al cabo, ningún país, por más rico que sea, debería apostar su futuro a la perspectiva de que el actual entorno de tipos de interés ultrabenignos dure para siempre.

Los economistas que afirman que la deuda de las economías avanzadas es totalmente “segura” suenan espeluznantemente parecidos a los que hace una generación proclamaban la “Gran Moderación”, que supuestamente reduciría en forma permanente la volatilidad cíclica. Y en muchos casos, son las mismas personas. Pero como vimos hace un decenio, y volveremos inevitablemente a ver, cuando se trata de crisis de deuda y financieras globales, no estamos en el “fin de la historia”.

Traducción: Esteban Flamini

PS

¿Por qué organizar la campaña electoral?

En tiempos donde reina la incertidumbre y la complejidad, es necesario adoptar modelos organizativos que optimicen recursos (tanto humanos como económicos). Las fuerzas políticas más competitivas lo saben y desarrollan planes detallados de funcionamiento. El conflicto ante éstas propuestas puede estallar en cambio, en organizaciones políticas más pequeñas acostumbradas a la improvisación y a la férrea decisión de dirigentes que sobre-estiman el valor de su experiencia personal.

Organizar Campaña

> Por Andrés Fernández

Una campaña electoral es una actividad circunstancial. Los individuos que en ella participan no tienen (por lo general) el hábito del trabajo en común y los roles y funciones necesarios son múltiples y complejos. En este sentido, una buena organización es fundamental para aprovechar con un máximo de eficiencia los recursos disponibles.

Estructurar una organización supone subdividir el conjunto de tareas necesarias al óptimo desarrollo de la campaña en roles y responsabilidades permanentes que durarán hasta el día de las elecciones. Una organización deseable comienza con una evaluación cuidadosa de las tareas necesarias, estas funciones serán cubiertas con aquellos individuos que hayan mostrado las capacidades más adecuadas al desempeño de cada una de esas actividades.

Qué objetivos buscamos al organizar una campaña electoral

Dos objetivos fundamentales deben tenerse en cuenta al diseñarse un modelo organizativo: el primero, es que debe perseguirse un máximo de armonía entre las funciones y las capacidades de los titulares de esas funciones; el segundo, debe buscarse la mayor celeridad posible de comunicación en sentido vertical, para que las decisiones de la dirección sean aplicadas de la manera más rápida y fiel posible por los encargados de ejecutarlas. Por otra parte es imprescindible que se limite al mínimo la incertidumbre en el cumplimiento de las funciones. Todos deben saber a quién corresponde y quién es el responsable de la ejecución de una tarea. Deben evitarse las duplicaciones o las ambigüedades en la atribución de las mismas.

Más allá de esto, la prioridad debe estar puesta en el cumplimiento de las actividades, antes que en la forma, y los participantes de la campaña deben tener la suficiente flexibilidad como para poder relevar oportunamente a quien no haya podido cumplir, eventualmente, alguna tarea necesaria.

Es fundamental entonces, ante un contexto tan complejo y variedad de acciones a realizar, que se designe un equipo de dirección o comité de campaña con un jefe que coordine las tareas y tenga “la última palabra” en las decisiones estratégicas.

La dirección o comité de campaña

Las tareas de esta dirección son: fijar los objetivos y las orientaciones estratégicas de la campaña, coordinar las acciones de todos los organismos que participan en ella y controlar el desarrollo del plan.

En una campaña estratégicamente ideal, el primer paso es contar con investigaciones de opinión pública tanto cuantitativas como cualitativas. Luego corresponde al equipo de dirección, traducir en pasos tácticos, en tareas específicas, en actividades concretas, esas líneas estratégicas.

Es obvio que más allá del equipo de personas responsables que se conforme para cada una de las tareas asignadas, la máxima responsabilidad de dirección debe recaer en un “Jefe de Campaña”. Este jefe de campaña debe tener autonomía funcional y ejecutiva, para evitar como decíamos anteriormente, la duplicación de roles y la pérdida de tiempos valiosos.

Un punto particularmente relevante, es el de la evaluación; que debe ser una actividad permanente en el contexto electoral. Este proceso de evaluación debe examinar si se aplican las decisiones correctamente, según lo previsto, si se obtienen o no resultados satisfactorios, si es necesaria una corrección del rumbo o ajustes en la organización. Se debe evaluar igualmente todo cambio de importancia en el contexto y decidir el tipo de respuesta de ajuste que sea necesario para el mejor desempeño de el o los candidatos.

Un eficaz proceso de evaluación y control supone además, contar con acceso permanente a información de calidad. Es por ello que quienes estén a cargo de la dirección de campaña, deben prestar especial atención a la formación de un equipo de comunicación que releve constantemente tanto el funcionamiento interno como las variaciones en el contexto en el que se desarrollan las acciones.

De más está decir que no existen fórmulas mágicas ni recetas universales, salvo, la que indica como imprescindible: Diseñar, Ejecutar y Evaluar un plan para lograr un objetivo. Sin embargo, aquí también podrás ver algunas Claves en la organización de una campaña electoral.

La Argentina otra vez de nuevo

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció a la nación el 8 de mayo el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de crédito. (Credit Agence France-Presse — Getty Images)

>Por Martín Caparrós

La Argentina otra vez en su tormenta. Crecen las olas, el viento ruge, el mar se encrespa y ahora, entre las olas, hay un monstruo, ese que los argentinos nos acostumbramos a pensar como la fuente de todas las desgracias: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de doce años sin Fondo, el FMI vuelve a la política argentina llamado por un gobierno que muchos acusaban de trabajar para ese tipo de instituciones y que se pasó dos años intentando desmentirlo, antes de caer en su propia caricatura.

El monstruo está en la superficie. Lo bueno sería saber qué hay bajo del agua. O, dicho de otra manera: por qué el gobierno de Mauricio Macri decidió despilfarrar tanto capital político pidiendo alrededor de 30.000 millones de dólares al FMI; por qué supuso que no tenía otra salida.

Hace solo dos semanas parecía que la Argentina estaba bajo control, pero eso es una contradicción en términos. En aquel país de abril los precios básicos estaban altos, los servicios públicos subían, cada vez más personas temían no llegar a fin de mes y el gobierno insistía en que no había que preocuparse, que todo se iba arreglando hasta que, hace unos días, estalló. El dólar, el eterno refugio y amenaza de los argentinos, se salió de control.

No hay muchos países con moneda propia donde otra moneda sea tan importante. En la Argentina el dólar importa porque los montos decisivos —una casa, un coche, una deuda— siempre están en dólares; importa porque nadie ahorra en pesos; importa porque cuando el dólar sube todo sube; importa porque, ante cualquier temor, los argentinos que pueden corren a comprarlos. Ya en 1962 un humorista genial, Tato Bores, lo burlaba en un sketch:

 

 

Así que cuando el dólar se escapó cundió el pánico: millones de personas asustadas, hastiadas por la vuelta de siempre lo mismo. Cuando asumió, el presidente Macri decidió no tener un ministro de Economía que opacara su poder y repartió el cargo entre varios funcionarios. Entre todos fueron anunciando, en estos días, sus medidas: básicamente, la reducción del gasto público y el aumento de las tasas de interés del Banco Central argentino al 40 por ciento. Las dos son pura recesión: bajar el gasto público frena la economía porque reduce las obras públicas que proveen empleos y dineros; pagar semejantes intereses frena la economía porque elimina toda tentación de invertir en cualquier cosa que no sea esa especulación tan rentable.

Las medidas no parecieron funcionar: el dólar siguió subiendo, las acciones argentinas en Wall Street cayeron en picada, los porteños empezaron a retirar sus depósitos bancarios.

Hoy a esta hora —la situación cambia por momentos— muchos creen que la caja de Pandora volvió a abrirse: que otra vez de nuevo. Imagino a la Argentina como una caja de Pandora enorme, tan grande como el territorio nacional, y millones de personas sentadas encima, haciendo fuerza, presionando con puños y glúteos para intentar que no se abra; al final, la caja siempre vuelve a abrirse y todos saltamos por los aires y después, tiempo después, con gran esfuerzo y renovadas esperanzas —alguien que nos convence— volvemos a subirnos, nos sentamos encima, hacemos fuerza, presionamos con puños y…

La sensación de déjà vu creció cuando el gobierno anunció que se había lanzado a los brazos del oso. No hay entidad más odiada en la Argentina que el Fondo Monetario Internacional: la mayoría de los ciudadanos está convencida —con buenos argumentos— de que tiene la culpa de las peores crisis. Uno de los grandes momentos del gobierno anterior llegó el 3 de enero de 2006, cuando el presidente Néstor Kirchner pagó los 9.810 millones de dólares que la Argentina le debía al FMI “para construir nuestra autonomía”; y se los recibió, en nombre del Fondo, su entonces director Rodrigo Rato, español procesado por diversos fraudes.

Ahora el gobierno arguye que la intervención del FMI lo respalda en los mercados internacionales y que su dinero es más barato que cualquier otro. Lo es, quizás, en términos económicos, pero suele ser muy caro en términos políticos: impone decisiones al Estado. Y un rechazo interno brutal.

Así que los efectos políticos de la corrida del dólar y la llegada del Fondo son tan incalculables como sus efectos económicos. Hace dos o tres semanas Mauricio Macri creía que su reelección en 2019 era casi segura. Su partido, Propuesta Republicana, hizo una buena elección el año pasado y, sobre todo, no tiene oposición: grupos dispersos, descabezados, sin candidata/os, sin proyecto. Ahora, de pronto, le surgió un enemigo feroz: la realidad. No hay ninguno mejor para alumbrar opciones, despertar líderes, acabar con tantos sueños de grandeza; que, en la Argentina, suelen volverse pesadillas chiquitas.

Así que es probable que, en poco tiempo, aparezca una oposición más consolidada. Esta crisis le ofrece lo más difícil: un eje discursivo. A partir de ahora el FMI y los que lo llamaron pasarán a ser la razón de todos los males argentinos.

Y males tiene: la Argentina lleva décadas de crisis periódicas que la convirtieron en ese país calesita —o tiovivo o carrusel— que parece dar vueltas sobre sí mismo, volver siempre adonde estaba.

El tema de fondo son los fondos, o la falta de ellos. Lo llaman déficit fiscal: el Estado argentino gasta mucho más que lo que tiene y aun así no cumple con sus obligaciones. No provee, como debería, buena salud, educación, seguridad, infraestructuras. Los que pueden se las pagan privadas; los que no, sufren su calidad tan pobre. El Estado argentino solo funciona como un sistema de reparto de prebendas y limosnas. En 2001, los argentinos que vivían directamente del Estado —trabajando para él o recibiendo sus subsidios— no llegaban al 20 por ciento de la población; en 2015, era el doble. Pero ese aumento estatal no consiguió ninguna mejora importante: poco más de un cuarto de los argentinos sigue siendo pobre.

El sistema es perfectamente ineficaz para reducir en serio la pobreza, para integrar a los más marginales y crear empleo para que los más pobres dejen de serlo, se ganen la vida. El sistema es muy bueno, en cambio, para mantenerlos apenas a flote, pero siempre dependientes del poder político de turno vía empleos inútiles o ayudas escasas: el perfecto sometimiento clientelar.

Saqueos en Buenos Aires Argentina 2001

Saqueos en Buenos Aires en diciembre de 2001, durante la crisis económica (Daniel Luna/Associated Press)

El Estado argentino tiene un déficit sistemático y dos respuestas clásicas, repetidas década tras década: se endeuda y/o emite moneda. Es pan duro para hoy, hambre para mañana: al cabo de unos años, la deuda o la inflación, o ambas, terminan por provocar la enésima crisis. El déficit no tiene que ver con que no cobre impuestos: la presión fiscal argentina está alrededor del 35 por ciento de los ingresos, muy por encima de los demás países latinoamericanos; al mismo nivel de los países europeos, pero sin los servicios que ofrecen sus Estados.

Para enfrentar ese déficit, los economistas clásicos —los más cercanos al gobierno actual— siempre proponen recortar el gasto público. Lo dice, literal, el Directorio del Fondo Monetario en su publicación más reciente sobre Argentina: “Es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular: salarios, pensiones y transferencias sociales”.

En cambio, no suelen proponer la opción simétrica: aumentar los ingresos recaudando mejor. La estructura fiscal argentina es un antiguo error. Muchos impuestos son injustos —el Impuesto al Valor Agregado, el más regresivo de todos, aporta casi un tercio de la recaudación— y, además, hay dos sectores decisivos que tributan poco: las grandes empresas, por supuesto, con sus batallones de abogados y contadores para evadir todo lo posible, y ese 30 por ciento de la economía que sigue siendo informal.

Así que la Argentina es, todavía, un país rico lleno de pobres, un país pobre lleno de ricos, una sociedad fallida donde algunos viven por encima de nuestras posibilidades y tantos por debajo. Y donde ninguno de los partidos grandes se atreve a decir que es preciso hacer ciertos sacrificios y, sobre todo, quién tiene que hacerlos, para qué.

Como escribía hace unos días un gran articulista, Alejandro Borensztein, el hijo de aquel humorista de la década de los sesenta, en su columna de supuesto humor del diario Clarín: “Alguien tiene que salir a explicar que nadie tiene derecho a pedir más nada. Salvo el 30 por ciento de pobres. No es que ellos sean la prioridad. Son la única prioridad. A los demás solo les cabe poner. Empresarios, sindicalistas, industriales, legisladores, gobernadores, jueces, ministros, constructores, agroganaderos, empleados, profesionales, monotributistas, exportadores, importadores, banqueros, periodistas, artesanos, textiles y funcionarios de todo tipo. Nadie más pide más nada. Todos ponen, en la medida de cada uno. Salvo el 30 por ciento al que hay que ir a rescatar”.

FMI y Argentina

El 9 de mayo de 2018, un día después del anuncio del presidente Macri sobre el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se organizó una protesta frente al Congreso en Buenos Aires. (Marcos Brindicci/Reuters)

Pero nadie puede pedir sacrificios si no ofrece un plan que le dé sentido. Y ese sentido —la idea de construcción, el proyecto de un país— es lo que falta en la Argentina. Habría que buscarlo: lanzar un gran debate nacional —por encima o el costado o detrás de los que ahora tienen el monopolio de la palabra, más allá y más acá de políticos, periodistas, curas, cocineros, jueces, grandes empresarios— que permita conversar en serio, el tiempo que sea necesario, hasta encontrar una síntesis que convenza a muchos sobre cómo empezar a construir un país. Lo que debería hacer la política si la política no fuera esa tontería que ahora hacen los políticos.

Porque si no nos decidimos a pensarnos de nuevo, a refundarnos, todo va a seguir igual. ¿Cuánto más aceptaremos dar vueltas en esta calesita? ¿Cuánto más soportaremos vivir sabiendo que nada se construye, que todo se deshace, que repetimos una y otra vez los mismos errores, que tropezamos una vez y otra con las mismas piedras, que seguimos fracasando una y mil veces?

 

 

 

NYT

¿La democracia de Google, Facebook y YouTube?

 Apuntes sobre el sesgo ideológico de los motores de búsqueda

Si los motores de búsqueda de Internet pueden ser calibrados con sesgos ideológicos, la neutralidad de la red es un deseo pero no una realidad. La política de las grandes empresas de la red, así como su vinculación con gobiernos y grupos poderosos, no contribuye a la libre elección de los contenidos digitales por parte de los ciudadanos.

Redes Sociales

>Por Lucas Malaspina

Cuando Mark Zuckerberg decidió ofrecer a las naciones emergentes Internet.org, la rabia no tardó en estallar. Como explica acertadamente Daniel Leisegang en «Facebook salvará al mundo», este proyecto surgido en 2013 tenía una mascarada humanitaria: permitir acceso a Internet a una enorme cantidad de ciudadanos del Tercer Mundo que aún están fuera de la aldea global. Por supuesto, la idea era romper las barreras que impiden, por ejemplo, que dos tercios de la población india se puedan unir a Facebook.

Además de la India, el proyecto aspiraba a un total de 100 naciones más. Acusada de violar la neutralidad de la red, Facebook tuvo que cambiarle el nombre: de Internet.org pasó a llamarse Free Basics y de la India debió irse en 2015 debido a la gran cantidad de críticas que recibió. ¿Por qué? Porque Facebook no estaba ofreciendo Internet a secas, sino que se trataba de una aplicación para teléfonos móviles a través de la cual los sectores de menores recursos de ese país podían acceder a una versión recortada de Internet. La idea, originalmente impulsada con el espíritu de que «la conectividad es un derecho humano», terminó exhibiendo que lo que se proponía Zuckerberg es apropiarse de la gigantesca masa de datos de una significativa cantidad de los pobres del mundo (para monetizarlos).

¿Quién decidía qué servicios están disponibles en la aplicación? Según Chris Daniels, el vicepresidente de la compañía, la decisión la toman Facebook, el gobierno de cada país y el operador de telecomunicaciones asociado. Con razón, podríamos afirmar que si «Internet es un derecho humano», con Free Basics Facebook sólo aspira a regular los «derechos humanos recortados» de la mitad de la población mundial (la que no tiene acceso a Internet). Estas políticas que agrandan la brecha digital poco tienen que envidiarle al modelo de Corea del Norte, donde la mayoría sólo tiene a acceso a una modesta Intranet local que apenas tiene 28 páginas webs disponibles con contenidos fiscalizados por el gobierno de Kim Jong Un (la excepción la constituye, como es obvio, la élite gobernante). Free Basics, que se encuentra en una fase muy embrionaria, sumaba en noviembre de 2016 unos 40 millones de usuarios.

En América Latina, Free Basics ya ha sido implementado en 3 países (sobre veintitrés a nivel mundial que se han unido): Colombia, Guatemala y también Bolivia, cuya inclusión en este programa pone de relieve la insuficiente discusión de los problemas del monopolio de la información en la era digital por parte del populismo continental (o en este caso, su colaboración/subordinación con esos monopolios).

Free Basics no permite ingresar a Google, el buscador más popular de todo el mundo, sino a Bing (el buscador de la competencia, Microsoft, que posee acciones en Facebook). Ahora bien, ¿qué ocurre con el 49,6% (3700 millones de personas) que sí tenemos acceso a Internet a secas, sin (aparentes) restricciones, y del cual más del 90% somos usuarios de Google? ¿Podemos realmente jactarnos de utilizar un Internet realmente libre y «neutral»?

Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda

La expresión «Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda» (Seme, por sus siglas en inglés), fue utilizada en agosto de 2015 por Robert Epstein y Ronald E. Robertson, dos académicos de estadounidenses que demostraron que se podía decantar el voto de un 20% o más de indecisos en función de los resultados que ofreciera Google. En varios artículos y entrevistas, Epstein se refiere a su estudio y afirma que «en algunos grupos demográficos, hasta un 80% de los votantes» pueden llegar a cambiar sus preferencias electorales según los resultados que ofrece Google. En febrero de 2016, los medios ingleses fueron el terreno de una polémica sobre la injerencia del buscador en las elecciones de los votantes.

Este no es solamente un problema de la democracia occidental. Según la intelectual francesa Barbara Cassin, autora de «Googléame: la segunda misión de los Estados Unidos», Google habría cedido al gobierno de China perfiles de sus usuarios en ese país, «lo cual permitió identificar e incluso arrestar a disidentes». Para ilustrar el sesgo ideológico de los motores de búsqueda de manera clara, Cassin afirma que «si, en un país que no sea China, uno escribe en el Google Tiananmen, obtendrá datos sobre la represión a manifestantes en esa plaza de Beijing, en 1989, que dejó centenares de muertos: pero, si lo escribe en China, no obtendrá más que pacíficas referencias urbanísticas a la plaza».

Por supuesto, Google no admite este sesgo ideológico implícito en su sistema, pero las recientes políticas de la empresa para ayudar a «combatir el terrorismo» en general y al Estado Islámico (ISIS) en particular, exhiben concretamente el modo en que funciona su poder sobre las decisiones de las personas en la actualidad. Es el caso de Jigsaw, un programa piloto de Google basado en su sistema de publicidad personalizada, pero con un objetivo cero comercial, sino político. El plan es localizar usuarios proclives al mensaje del ISIS y ofrecerles una serie de anuncios específicos para ellos, a través de los cuales se los redirige disimuladamente a contenidos que refutan las tesis del ISIS y que podrían ayudar a quitarles de la cabeza la idea de unirse al ‘Califato’. Pocos podrían objetar que Google convenza a las personas de rechazar a ISIS, pero es evidente que esto revela que Google está lejos de ser «neutral» u «objetivo» y, por el contrario, llama la atención sobre las posibilidades de manipulación sobre el usuario.

¿Batalla contra las «fake news» o censura 2.0?

Los tiempos han cambiado, y con ellos también lo que hallamos en internet. En 2010, al buscar sobre política en Google, solo un 40% de los resultados los proveían medios de comunicación. Ya en 2016, ese porcentaje rozaba el 70%. El 25 de abril de 2017, Google anunció que había implementado cambios en su servicio de búsqueda para dificultar el acceso de los usuarios a lo que llamaron información de «baja calidad» como «teorías de conspiración» y «noticias falsas» (fake news). Facebook también aplicó una política similar.

Google aseguró que el propósito central del cambio en su algoritmo de búsqueda era proporcionar un mayor control en la identificación de contenido considerado objetable. Ben Gomes, a título de la compañía, declaró que había «mejorado nuestros métodos de evaluación e hizo actualizaciones algorítmicas» para «hacer emerger contenido más autorizado». Google continuó: «actualizamos nuestras directrices para evaluar la calidad de búsqueda para proporcionar ejemplos más detallados de páginas web de baja calidad para que los evaluadores marquen adecuadamente». Estos moderadores tienen instrucciones de marcar «experiencias molestas para el usuario», incluidas páginas que presentan «teorías de conspiración». Según Google, estos cambios rigen a menos que «la consulta indique claramente que el usuario está buscando un punto de vista alternativo».

Desde que Google implementó los cambios en su motor de búsqueda, menos personas han accedido a sitios de noticias de izquierdas, progresistas, u opositoras a la guerra. Con base en la información disponible en análisis de Alexa, algunos de los sitios que han experimentado bajas en el ranking incluyen WikiLeaks, Truthout, Alternet, Counterpunch, Global Research, Consortium News, WSWS, la American Civil Liberties Union y hasta Amnistía Internacional. También en el caso de Facebook, el editor de KRIK, un medio independiente serbio, publicó sus quejas en The New York Times, explicando como cambios para combatir (aparentemente) las fake news, los perjudicaron seriamente.

Llamativamente, poco antes de esa decisión de Google, The Washington Post había publicado un artículo, «Los esfuerzos de propaganda rusos ayudaron a difundir noticias falsas durante las elecciones». Allí se citaba a un grupo anónimo conocido como PropOrNot que compiló una lista de sitios de noticias falsas difundiendo «propaganda rusa». El 7 de abril de 2017, Bloomberg News informó que Google estaba trabajando directamente con The Washington Post para «verificar» los artículos y eliminar las «fake news». Esto fue seguido por la nueva metodología de búsqueda de Google: de los 17 sitios declarados como «noticias falsas» por la lista negra del Washington Post, 14 cayeron en su clasificación mundial. La disminución promedio del alcance global de todos estos sitios es del 25 por ciento, y algunos sitios vieron caerlo hasta un 60 por ciento. La sospecha de que Google se haya aliado con estos medios tradicionales potentes para discriminar a medios alternativos e independientes cobra fuerza al hilar estos hechos.

Además de su propio buscador, Google posee el control de YouTube, empresa que compraron en 2006 (un año después de su fundación). YouTube paga a los productores de videos a partir de una cierta cantidad de visualizaciones por colocar anuncios (ads) sobre ellos, actuando de intermediario entre las grandes empresas y ellos. El cambio más serio de YouTube se produjo a raíz de informes como el de The Wall Street Journal de que los anuncios aparecían en los videos de YouTube que mostraban extremismo y odio. Cuando grandes anunciantes como AT&T y Johnson&Johnson retiraron sus anuncios, YouTube anunció que trataría de hacer que el sitio sea más aceptable para los anunciantes al «adoptar una postura más dura respecto del contenido ofensivo, ofensivo y despectivo». Con estos nuevos algoritmos, Google perjudicó a productores de videos progresistas e independientes, provocando lo que estos denominaron the adpocalypse (apocalipsis de los anuncios). Básicamente, el mecanismo implementado terminó por condenar aquellos contenidos alternativos y empuja a los productores de videos a evitar opiniones o puntos de vista objetables… según los estándares políticos de Google/YouTube.

Basado en su estudio, Epstein había cuestionado que Google y Facebook decidan que noticias son falsas y cuales. Considera que su posición monopólica los transforma en un super-editor periodístico mundial. Las prácticas de Google en relación a los algoritmos que regulan los motores de búsqueda no sólo tuvieron implicancias políticas sino también fines comerciales. En el marco de su regulación anti-trust, la Comisión Europea multó a Google con $ 2.7 mil millones por manipularlos para dirigir a los usuarios a su propio servicio de compras, Google Shopping, haciendo uso de su posición dominante.

La oscuridad de los algoritmos: problema democrático elemental

Cathy O’Neil, cientista de datos y autora del libro «Armas matemáticas de destrucción», alerta sobre la «confianza ciega» depositada en los algoritmos para obtener resultados objetivos. La arquitectura de internet tiene una influencia tremenda sobre lo que se hace y lo que se ve; los algoritmos influyen sobre qué contenido se extiende más en Facebook y cual aparece encima de las búsquedas de Google. Sin embargo, los usuarios no están prevenidos de esto ni capacitados para entender el modo en que se recolectan los datos y el modo en que estos se clasifican. Si Free Basics fue criticado por intentar que los desconectados del Tercer Mundo accedan a una conexión de segunda clase creyendo que Internet es igual a Facebook, no puede negarse que para la ciudadanía digital «de primera clase» Google es prácticamente lo mismo que Internet, pues es la que nos posibilita acceder organizadamente a los contenidos de ella. De este modo, la oscuridad de los algoritmos se constituye en un problema democrático elemental. Tras un decenio de gobiernos populistas o progresistas en América Latina, no se han tomado medidas que controlen el poder de estos monopolios de la información, en tanto que la discusión sobre este tópico se encuentra completamente atrasada. Incluso la izquierda de las naciones desarrollados no ha llegado a proponer un programa de conjunto. Quizás, una de las tareas más urgente consista en politizar esta cuestión.

 

NUEVA SOCIEDAD

Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Donald Trump y la disminución del poder suave de Estados Unidos

Estados Unidos Poder Blando

>Por Joseph Nye

La evidencia es clara. La presidencia de Donald Trump ha erosionado el poder blando de Estados Unidos. Sólo el 30% de las personas encuestadas recientemente por Gallup en 134 países tenían una opinión favorable de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, una caída de casi 20 puntos desde la presidencia de Barack Obama. El ‘Pew Research Center’ determinó que China, con un índice de aprobación del 30%, había alcanzado una casi paridad con Estados Unidos. Y, un índice británico, The Soft Power 30, mostró que Estados Unidos se deslizó desde el primer lugar el 2016 al tercer lugar el año pasado.

Los defensores de Trump responden con el argumento de que el poder blando no importa. El director de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, promulgó un “presupuesto de poder duro” simultáneamente a su implementación del recorte del 30% en los fondos destinados al Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Para los promotores de “Estados Unidos en primer lugar”, lo que el resto del mundo piense ocupa un segundo lugar. ¿Están ellos en lo cierto?

El poder blando se basa en la atracción en lugar de la coacción o el pago. Convence a las personas a unirse a un cometido, en lugar de coaccionarlas. A nivel personal, los padres sabios saben que su poder será mayor y durará más si modelan sólidos valores éticos para sus hijos, en lugar de confiar sólo en azotes, concesiones o en quitarles las llaves del coche.

De manera similar, los líderes políticos han llegado a entender, desde hace mucho tiempo, el poder que emerge de la capacidad de establecer la agenda y determinar el marco de un debate. Si puedo hacer que tú quieras hacer lo que yo quiero, entonces no tengo que forzarte a hacer lo que no quieres. Si Estados Unidos representa los valores que otros quieren seguir, se puede economizar en garrotes y zanahorias. De manera adicional al poder duro, la atracción puede ser un multiplicador de fuerza.

El poder blando de un país proviene principalmente de tres fuentes: su cultura (cuando es atractiva para otros), sus valores políticos tales como la democracia y los derechos humanos (cuando se vive de acuerdo con dichos valores), y sus políticas (cuando pueden considerarse como legítimas porque se las enmarca con cierta humildad y conciencia respecto a los intereses de los demás). La forma cómo se comporta un gobierno en su propia casa (por ejemplo, brindando protección a la prensa libre), en las instituciones internacionales (consultando con otros y aplicando el multilateralismo) y en su política exterior (promocionando el desarrollo y los derechos humanos) puede afectar a los demás mediante la influencia de su ejemplo. En todas estas áreas, Trump ha revertido atractivas políticas estadounidenses.

Afortunadamente, Estados Unidos es más que Trump o el gobierno. A diferencia de los activos del poder duro (como ser las fuerzas armadas), muchos recursos de poder blando están separados del gobierno y responden sólo en parte a sus fines. En una sociedad liberal, el gobierno no puede controlar la cultura. De hecho, la ausencia de políticas culturales oficiales puede ser en sí misma una fuente de atracción. Las películas de Hollywood como “The Post”, que muestran a mujeres independientes y libertad de prensa, pueden atraer a otros. Así como también lo pueden hacer el trabajo caritativo de las fundaciones estadounidenses o los beneficios de la libertad de cuestionamiento de las universidades estadounidenses.

Es cierto que las empresas, universidades, fundaciones, iglesias y otros grupos no gubernamentales desarrollan un poder blando propio, mismo que puede reforzar o estar en contra de los objetivos oficiales de política exterior. Y, es probable que todas estas fuentes privadas de poder blando se tornen cada vez más importantes en la era de la información global. Esa es razón por demás para que los gobiernos se cercioren de que sus propias acciones y políticas creen y refuercen, en lugar de que socaven y mal empleen, su poder blando.

Las políticas nacionales o extranjeras que parecen hipócritas, arrogantes, e indiferentes a los puntos de vista de otros o que se basen en una concepción estrecha de los intereses nacionales pueden socavar el poder blando. Por ejemplo, la fuerte disminución en el atractivo de Estados Unidos en las encuestas de opinión realizadas después de la invasión de Irak en el año 2003 fue una reacción a la administración Bush y a sus políticas, en lugar de ser una reacción a Estados Unidos de manera general.

La guerra de Irak no fue la primera política gubernamental que hizo que Estados Unidos se tornara en impopular. En la década de 1970, muchas personas de todo el mundo se opusieron a la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y la reputación mundial de Estados Unidos reflejó la impopularidad de dicha política. Cuando la política cambió y los recuerdos de la guerra disminuyeron, Estados Unidos recuperó gran parte de su poder blando perdido. De manera similar, luego de la guerra de Irak, Estados Unidos logró recuperar gran parte de su poder blando en la mayoría de las regiones del mundo (si bien dicha recuperación fue menor en el Medio Oriente).

Los escépticos aún podrían argumentar que el auge y la caída del poder blando estadounidense no revisten mucha importancia, debido a que los países cooperan por interés propio. Sin embargo, este argumento pasa por alto un punto crucial: la cooperación es una cuestión de grado, y el grado se ve afectado por la atracción o la repulsión. Además, los efectos del poder blando de un país se extienden a actores no estatales; por ejemplo, al apoyar o impedir el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas. En una era de la información, el éxito no sólo depende del país al cual pertenece el ejército ganador, sino que también depende del país al cual pertenece la historia ganadora.

Una de las mayores fuentes del poder blando de Estados Unidos es la apertura de sus procesos democráticos. Incluso cuando las políticas equivocadas reducen su atractivo, la capacidad de Estados Unidos para criticar y corregir sus errores lo hace atractivo para otros en un nivel más profundo. Cuando los manifestantes en el exterior marchaban contra la guerra de Vietnam, solían cantar “We Shall Overcome” (en español: “Venceremos”), el himno del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos.

Estados Unidos, también, casi con seguridad vencerá. Dada la experiencia pasada, todo va a favor de guardar esperanzas con respecto a que Estados Unidos vaya a recuperar su poder blando después de Trump.

 

 

Project Syndicate

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO

La encrucijada socialdemócrata

Entre la globalización y el Estado nacional

La socialdemocracia es una de las principales víctimas de los cambios globales. Una nueva oposición entre cosmopolitas y nacionalistas –entre anywheres y somewheres– atraviesa la alianza de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas que constituyó históricamente la apuesta de la centroizquierda. El trabajador común se siente cada vez menos representado por este espacio ideológico. Si quiere sobrevivir, la socialdemocracia debe pensar un proyecto de emancipación de los individuos de la coacción económica, política y social, por fuera del populismo y del liberalismo de izquierda.

Socialdemocracia

>Por Ernst Hillebrand

La socialdemocracia europea está viviendo tiempos difíciles. Las elecciones de 2017 no han sido buenas para ella: en los Países Bajos, el Partido del Trabajo (pvda, por sus siglas en holandés) obtuvo 5,7% de los votos. En Francia, el Partido Socialista llegó en las elecciones parlamentarias de junio apenas a 5,68% de los sufragios. Poco antes, su candidato había tenido un desempeño calamitoso en las elecciones presidenciales. El Partido Socialdemócrata alemán (spd, por sus siglas en alemán) ha sido vencido en tres elecciones regionales consecutivas y al momento de escribir este artículo rondaba un 25% en las encuestas para las elecciones parlamentarias de septiembre. En el pasado verano boreal, el Partido Democrático (pd) italiano ha sufrido una clara derrota en las elecciones municipales. Más hacia el este, la situación está aún peor: desde hace años, los socialdemócratas han dejado de ser verdaderamente relevantes en un vasto sector de Europa oriental. Como única excepción europea aparece paradójicamente el Partido Laborista británico, que bajo el mando de Jeremy Corbyn, representante de una «vieja izquierda», logró un resultado sorprendentemente bueno en las elecciones parlamentarias del 8 de junio.

Estos resultados electorales son una prueba más de una evolución que puede observarse desde hace ya años: los partidos europeos de izquierda pierden el contacto con los sectores populares. Su visión del mundo tiene cada vez menos cosas en común con la de los obreros o los empleados de salarios más bajos. La «alianza de clase» entre los sectores medios «ilustrados» y los trabajadores de base que encarnó la socialdemocracia europea duró más de un siglo y marcó todo el siglo xx, con sus enormes progresos sociales y políticos. Pero este periodo está llegando a su fin.

Una nueva constelación política

La causa de este fenómeno es la aparición de una nueva constelación política de base: si el siglo xx estuvo marcado por conflictos de distribución, cuya naturaleza era esencialmente socioeconómica, ahora pasa al primer plano una línea de conflictos políticos de cuño más sociocultural. La discusión política ya no está caracterizada por la pugna entre izquierda y derecha, sino por la creciente oposición entre «cosmopolitas» entusiasmados por la globalización y la inmigración, y «comunitaristas» más orientados al Estado nacional tradicional. David Goodhart denomina a estos grupos anywheres y somewheres: unos están bien en cualquier parte (anywhere) y cuentan con un capital educativo para tener éxito en todos lados; los otros dependen de un lugar fijo que les es conocido (somewhere), donde pueden sacar provecho de sus redes familiares y de su capital educativo y social, espacialmente acotado1. Los amigos de la apertura tienen mayores recursos económicos, mejor formación, mejor seguro social, ven «interesante» la inmigración, celebran el multiculturalismo y envían a sus hijos a cursar estudios universitarios en el extranjero. Los otros suelen provenir de sectores con menores ingresos y socialmente más relegados y consideran que la inmigración y la globalización intensifican la competencia por salarios, trabajo y recursos. Esta nueva fractura atraviesa a las sociedades, pero también a los partidos de las democracias occidentales. El espacio político se está reestructurando: los viejos campos ideológicos y patrones explicativos pierden significado y surgen nuevos. Esto no significa que desaparezca la dimensión socioeconómica, sino que esta se articula de otra manera. Hace poco, el politólogo alemán Michael Zürn escribió al respecto que «la nueva oposición se expresa, por ello, menos como ‘izquierda versus derecha’ que como ‘los de arriba’ y ‘nosotros, los de abajo’»2.

Este proceso, que la politología observa desde hace casi dos décadas, se ha acelerado sustancialmente en los últimos años. Las consecuencias sociales y económicas de las crisis financieras y la crisis del euro han provocado que aumenten sustancialmente las dudas en torno de la globalización y la integración europea. A esto se suman los conflictos en los márgenes de Europa, que favorecen la impresión de que el mundo se halla sumergido en un caos, que en forma de terrorismo e inmigración irregular se difunde también en el interior de las sociedades europeas. De manera análoga, las expectativas frente a la política han cambiado drásticamente. La promesa del «cambio» –el núcleo conceptual de la política «progresista» de modernización y reforma– ha dejado de ser tal: en un mundo caótico, el cambio no significa promesa alguna, sino una amenaza. En lugar de apertura y transformación, los ciudadanos esperan protección y cuidado.

Hasta ahora, la política tradicional no ha sabido reaccionar ante este cambio de expectativas. Goodhart describe esta separación entre la política y las expectativas de los ciudadanos con estas palabras:

Una promesa implícita de las democracias modernas es que todo ciudadano podrá controlar su propia vida hasta un cierto grado (…) [Esto] postula implícitamente también un derecho básico a una cierta estabilidad y continuidad en cuanto al mundo en el que se vive y al propio estilo de vida. En el mundo actual, esta es una promesa que a la política democrática le cuesta cumplir cada vez más o que quiere cumplir cada vez menos.3

La nueva fractura de la socialdemocracia

Las principales víctimas de este cambio de clima político son hasta ahora los partidos de la centroizquierda europea. La nueva oposición entre apertura y abroquelamiento, entre anywheres y somewheres, atraviesa la alianza socialdemócrata de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas. El trabajador común se siente cada vez menos representado por los partidos de centroizquierda, pues estos defienden en gran parte las posturas de los «cosmopolitas». Como no hay nadie más que sea receptivo a sus demandas de fronteras, pertenencia y cuidado del Estado nacional en tanto espacio de protección social y económica, algunos trabajadores terminan recurriendo nolens volens a los viejos enemigos de la derecha. Casi en todos los países, la proporción de trabajadores dentro del electorado de partidos populistas de derecha está aumentando de manera continua.

Las consecuencias de este proceso para la socialdemocracia son graves y, a largo plazo, amenazan a los partidos en su esencia misma. La cuestión de las migraciones no perderá en absoluto dinámica ni relevancia. Por el contrario, el problema de cómo manejar el enorme deseo de migrar a Europa amenaza con convertirse en uno de los temas políticos absolutamente centrales de las próximas décadas. En esta nueva constelación política, altamente antagonística, la centroizquierda deberá decidir a qué grupos de la población deseará representar en el futuro: los segmentos liberales y «cosmopolitas» de las clases medias o los somewheres con orientación a Estados e identidades nacionales. Pareciera que ya no es posible representar a ambos. También en este sentido, el «siglo socialdemócrata» (como lo llamó Ralf Dahrendorf) está terminado.

Esta es una decisión muy difícil. La idea de reconvertirse en una fuerza política representativa de los sectores populares implica una profunda reconfiguración ideológica de la centroizquierda y una despedida del liberalismo de izquierda de las últimas décadas. Para los funcionarios y los mandatarios, este sería quizás un proceso casi inaceptable. En Francia, el think tank Terra Nova, allegado al ala liberal del ps, puso esto en negro sobre blanco hace ya unos años. Según su tesis, el ps tiene que despedirse de los sectores obreros y forjar una nueva mayoría «progresista», compuesta por las clases medias urbanas, empleados públicos y sectores de la inmigración. De hecho, este es el camino que ha seguido con éxito Emmanuel Macron, quien se llevó consigo porciones nada insignificantes de las viejas elites (y del electorado) del ps. Pero en otros países, con una situación distinta por ser diferentes los sistemas electorales, esta vía no funcionaría así. El resultado sería solo partidos más pequeños (pero completamente estables), que perderían una parte del histórico potencial de votantes a manos de movimientos «populistas» de izquierda y derecha.

Anclaje en el senso comune

La alternativa a esto sería una reconfiguración político-ideológica que refleje la nueva fractura de la sociedad entre anywheres y somewheres e intente volver a armonizar más intensamente las posiciones programáticas con las expectativas y los intereses de los sectores más débiles. Quizás sea útil en este contexto recordar las ideas de Antonio Gramsci, uno de los grandes pensadores de izquierda del siglo xx. Muchas de sus reflexiones giraban en torno de la cuestión de cómo el pensamiento de izquierda podría lograr la hegemonía en la sociedad. Una de las condiciones de la hegemonía ideológica, según expresa Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, es que la «filosofía» de las elites no esté completamente desacoplada del «sentido común» (senso comune) de las masas populares. Se necesita una conexión orgánica entre ellas. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo occidental es lo contrario: un proceso de desacople entre la filosofía de las elites y el senso comune comunitarista de la gente común.

El éxito del populismo y la implosión de los índices de confianza en las elites y sus instituciones son expresiones de este proceso. En tal situación, la izquierda –en todas sus variantes– está obligada a volver a preguntarse claramente cómo quiere posicionarse. Un (re)anclaje más fuerte de sus propias posturas en el senso comune es uno de los requisitos para que no termine aplastada en este proceso y no resulte pulverizada entre un hiperliberalismo de las elites y un neonacionalismo de los movimientos populistas.

Pero para formular un proyecto emancipador para el siglo xxi no basta con regresar al sentido común de la población. El sentido común hoy está orientado a la preservación, contra la permanente presión hacia el cambio ejercida por el capitalismo globalizado. Un proyecto político y social de la izquierda debe ir más allá de este deseo de permanencia y oponer un proyecto de cambio político positivo a los negativos cambios que impone el capitalismo. En su centro deben estar la emancipación de los individuos, su liberación de la coacción económica, política y social, y una ampliación de los márgenes de libertad y autorrealización de las personas. La socialdemocracia actual está muy lejos de un proyecto de estas características. En el centro de sus programas no está el «empoderamiento» de las personas, sino una fijación con los temas y los instrumentos políticos de la fase histórica del capitalismo clásico del siglo xx. Se trata, en el fondo, de la protección colectiva del Estado social contra la pauperización de los trabajadores y las trabajadoras. Ya hace tiempo que los conflictos político-sociales de esta época han dejado de ser lo esencial. Lo que hoy está en el centro de la insatisfacción de quienes viven en las sociedades de Europa occidental ya no es una genuina necesidad material, sino una desautorización política y cultural, una devaluación simbólica del trabajo y de los proyectos de vida de las personas normales.

La respuesta a estos problemas en un nuevo proyecto emancipador de izquierda solo puede basarse en una profunda democratización de las sociedades, que otorgue más que nunca el poder de decisión en cuestiones políticas, económicas y sociales al soberano: los ciudadanos. Esta democratización debe incluir un mayor uso de la democracia directa por medio de plebiscitos y referendos, al igual que la mayor descentralización posible de los procesos de toma de decisiones políticas. El progreso tecnológico dado por la digitalización y la utilización de redes ofrece condiciones extraordinariamente propicias para ello. La comunicación horizontal de las redes sociales hace que surjan nuevas posibilidades para formular un consenso de la opinión pública más allá del poder de control y normalización de los tradicionales «guardianes» de los medios masivos clásicos.

A fin de cuentas, el objetivo es, mediante procesos democráticos, volver a colocar la dinámica del capitalismo globalizado en un marco político centrado en las personas y sus preocupaciones, en el que sea posible articular eficientemente los intereses de los ciudadanos. En la actualidad, el Estado nacional democrático, producto de la historia, parece seguir siendo el único marco imaginable en el que tal proceso puede funcionar eficientemente. Una izquierda «cosmopolita» que no entienda esto perecerá por su incapacidad para lograr cambios positivos en el marco de los procesos transnacionales (o europeos) de la política. Las dramáticas derrotas que han sufrido en los últimos meses y años los partidos de centroizquierda en Europa se explican en gran medida porque no han sido capaces de ofrecer respuestas convincentes a los desafíos del presente ni un proyecto emancipador positivo para el futuro. Su postura en referencia a la ampliación de los márgenes democráticos para los ciudadanos está marcada por un escepticismo creciente, fruto de sus frecuentes derrotas electorales y plebiscitarias. Así, no ofrecen algo muy distinto de lo que ofrecen las elites de la economía y del poder del capitalismo globalizado, salvo por el complemento de un Estado social fuerte de cuyo financiamiento, sin embargo, participan cada vez menos los ganadores de la globalización. Para muchos de los que se sienten más víctimas que ganadores de los cambios producidos en las últimas décadas, esto es demasiado poco. Y para aquellos, más jóvenes, que esperan de la vida algo más que solo trabajo (por ejemplo, autodeterminación y autorrealización), también. En estas circunstancias, el futuro de los partidos europeos de centroizquierda aparece altamente precario.

  1. D. Goodhart: The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, Hurst, Londres, 2017.
  2. M. Zürn: «Jenseits der Klassenfrage. Neue Konfliktlinien zeigen sich in Europa, der Türkei und Amerika» en wzb-Mitteilungen Nº 154, 2017.
  3. D. Goodhart: «‘Postliberalismus‘ oder ein Plädoyer für einen populären Liberalismus», fes, Berlín, 2/2015, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/12384.pdf.

 

*Traducción del alemán de Carlos Díaz Rocca. Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 271, Septiembre – Octubre 2017, ISSN: 0251-3552

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