Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Donald Trump y la disminución del poder suave de Estados Unidos

Estados Unidos Poder Blando

>Por Joseph Nye

La evidencia es clara. La presidencia de Donald Trump ha erosionado el poder blando de Estados Unidos. Sólo el 30% de las personas encuestadas recientemente por Gallup en 134 países tenían una opinión favorable de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, una caída de casi 20 puntos desde la presidencia de Barack Obama. El ‘Pew Research Center’ determinó que China, con un índice de aprobación del 30%, había alcanzado una casi paridad con Estados Unidos. Y, un índice británico, The Soft Power 30, mostró que Estados Unidos se deslizó desde el primer lugar el 2016 al tercer lugar el año pasado.

Los defensores de Trump responden con el argumento de que el poder blando no importa. El director de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, promulgó un “presupuesto de poder duro” simultáneamente a su implementación del recorte del 30% en los fondos destinados al Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Para los promotores de “Estados Unidos en primer lugar”, lo que el resto del mundo piense ocupa un segundo lugar. ¿Están ellos en lo cierto?

El poder blando se basa en la atracción en lugar de la coacción o el pago. Convence a las personas a unirse a un cometido, en lugar de coaccionarlas. A nivel personal, los padres sabios saben que su poder será mayor y durará más si modelan sólidos valores éticos para sus hijos, en lugar de confiar sólo en azotes, concesiones o en quitarles las llaves del coche.

De manera similar, los líderes políticos han llegado a entender, desde hace mucho tiempo, el poder que emerge de la capacidad de establecer la agenda y determinar el marco de un debate. Si puedo hacer que tú quieras hacer lo que yo quiero, entonces no tengo que forzarte a hacer lo que no quieres. Si Estados Unidos representa los valores que otros quieren seguir, se puede economizar en garrotes y zanahorias. De manera adicional al poder duro, la atracción puede ser un multiplicador de fuerza.

El poder blando de un país proviene principalmente de tres fuentes: su cultura (cuando es atractiva para otros), sus valores políticos tales como la democracia y los derechos humanos (cuando se vive de acuerdo con dichos valores), y sus políticas (cuando pueden considerarse como legítimas porque se las enmarca con cierta humildad y conciencia respecto a los intereses de los demás). La forma cómo se comporta un gobierno en su propia casa (por ejemplo, brindando protección a la prensa libre), en las instituciones internacionales (consultando con otros y aplicando el multilateralismo) y en su política exterior (promocionando el desarrollo y los derechos humanos) puede afectar a los demás mediante la influencia de su ejemplo. En todas estas áreas, Trump ha revertido atractivas políticas estadounidenses.

Afortunadamente, Estados Unidos es más que Trump o el gobierno. A diferencia de los activos del poder duro (como ser las fuerzas armadas), muchos recursos de poder blando están separados del gobierno y responden sólo en parte a sus fines. En una sociedad liberal, el gobierno no puede controlar la cultura. De hecho, la ausencia de políticas culturales oficiales puede ser en sí misma una fuente de atracción. Las películas de Hollywood como “The Post”, que muestran a mujeres independientes y libertad de prensa, pueden atraer a otros. Así como también lo pueden hacer el trabajo caritativo de las fundaciones estadounidenses o los beneficios de la libertad de cuestionamiento de las universidades estadounidenses.

Es cierto que las empresas, universidades, fundaciones, iglesias y otros grupos no gubernamentales desarrollan un poder blando propio, mismo que puede reforzar o estar en contra de los objetivos oficiales de política exterior. Y, es probable que todas estas fuentes privadas de poder blando se tornen cada vez más importantes en la era de la información global. Esa es razón por demás para que los gobiernos se cercioren de que sus propias acciones y políticas creen y refuercen, en lugar de que socaven y mal empleen, su poder blando.

Las políticas nacionales o extranjeras que parecen hipócritas, arrogantes, e indiferentes a los puntos de vista de otros o que se basen en una concepción estrecha de los intereses nacionales pueden socavar el poder blando. Por ejemplo, la fuerte disminución en el atractivo de Estados Unidos en las encuestas de opinión realizadas después de la invasión de Irak en el año 2003 fue una reacción a la administración Bush y a sus políticas, en lugar de ser una reacción a Estados Unidos de manera general.

La guerra de Irak no fue la primera política gubernamental que hizo que Estados Unidos se tornara en impopular. En la década de 1970, muchas personas de todo el mundo se opusieron a la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y la reputación mundial de Estados Unidos reflejó la impopularidad de dicha política. Cuando la política cambió y los recuerdos de la guerra disminuyeron, Estados Unidos recuperó gran parte de su poder blando perdido. De manera similar, luego de la guerra de Irak, Estados Unidos logró recuperar gran parte de su poder blando en la mayoría de las regiones del mundo (si bien dicha recuperación fue menor en el Medio Oriente).

Los escépticos aún podrían argumentar que el auge y la caída del poder blando estadounidense no revisten mucha importancia, debido a que los países cooperan por interés propio. Sin embargo, este argumento pasa por alto un punto crucial: la cooperación es una cuestión de grado, y el grado se ve afectado por la atracción o la repulsión. Además, los efectos del poder blando de un país se extienden a actores no estatales; por ejemplo, al apoyar o impedir el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas. En una era de la información, el éxito no sólo depende del país al cual pertenece el ejército ganador, sino que también depende del país al cual pertenece la historia ganadora.

Una de las mayores fuentes del poder blando de Estados Unidos es la apertura de sus procesos democráticos. Incluso cuando las políticas equivocadas reducen su atractivo, la capacidad de Estados Unidos para criticar y corregir sus errores lo hace atractivo para otros en un nivel más profundo. Cuando los manifestantes en el exterior marchaban contra la guerra de Vietnam, solían cantar “We Shall Overcome” (en español: “Venceremos”), el himno del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos.

Estados Unidos, también, casi con seguridad vencerá. Dada la experiencia pasada, todo va a favor de guardar esperanzas con respecto a que Estados Unidos vaya a recuperar su poder blando después de Trump.

 

 

Project Syndicate

Honduras: el bipartidismo y el péndulo

Las autoridades electorales de Honduras postergaron la declaración del ganador de las elecciones presidenciales. La crisis política se hace evidente y el candidato progresista denuncia irregularidades. ¿Qué puede pasar con el bipartidismo hondureño? ¿Tiene posibilidades el progresismo de ganar la contienda?

Honduras

>Por Sergio Fernando Bahr

Desde hace más de un siglo, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) han controlado el sistema político hondureño. A pesar de las interrupciones provocadas por los gobiernos militares (con complicidad de los partidos), esta situación derivó en la consideración de Honduras como uno de los países con los sistemas bipartidistas más estables de América Latina.

En buena medida, ese éxito se debe a la capacidad de sus élites políticas para la negociación y el pacto en coyunturas críticas. Un elemento clave para entender la fragilidad democrática hondureña actual es que esa capacidad de negociación y acuerdos no siempre se hace efectiva a través de las instituciones (que en una democracia deberían cumplir esa función), sino en los propios espacios ocultos de esas élites gobernantes. También han sido posibles porque el PN y el PL no han expresado verdaderas diferencias políticas e ideológicas profundas, salvo en momentos muy puntuales de su historia (como durante el gobierno interrumpido de Manuel Zelaya Rosales).

Las relaciones incestuosas de los partidos políticos hondureños tienen su génesis en el nacimiento de los mismos: a inicios del siglo XX, el Partido Nacional surge como una división del Partido Liberal. Entonces, se trataba de estructuras que giraban alrededor de un caudillo o líder local que movilizaba a la población para las elecciones o para alzarse en armas según fuera necesario. Como afirmaba Patricia Otero Felipe, “las lealtades políticas se mantenían sobre un sistema clientelar y de influencias políticas que premiaba con puestos políticos a los más cercanos colaboradores, un sistema de prebendas que con pocos cambios se mantuvo a lo largo del tiempo”

Ambas estructuras partidarias se sumaron a las políticas de seguridad nacional durante el siglo pasado y, desde hace años, han pasado por un proceso de uniformización neoliberal. Sus plataformas políticas y económicas son indistinguibles en su conservadurismo moral y social, su neoliberalismo económico y su mojigatería religiosa.

Sin embargo, esa uniformidad no está delimitada por una línea ideológica. Las dirigencias de los partidos tradicionales se sientan en las mesas directivas de las grandes empresas, comparten la propiedad de grandes medios de comunicación, y han sido cómplices de los grandes desfalcos al erario en la historia del país. De ambos partidos han sido dirigentes y socios los líderes de los carteles del narcotráfico en Honduras.

A pesar de esa historia compartida, en 2009 se evidenció la incapacidad de las débiles instituciones democráticas hondureñas para solucionar un conflicto que se gestaba entre las élites políticas. El resultado fue un golpe de estado, y ocho años después, la continuidad de la polarización política y social, y la pérdida de legitimidad institucional.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2009 a 2013) buscó recuperar la legitimidad internacional perdida durante el golpe. A partir de 2014, Juan Orlando Hernández intentó estabilizar la nueva situación política del país, movida por el descalabro del socio histórico, el Partido Liberal, que había dejado su lugar como segunda fuerza política del país a LIBRE, el partido con tendencias progresistas surgido de la resistencia al golpe de Estado y bajo el liderazgo absoluto del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

Ya a partir de 2009, Juan Orlando Hernández del PN controlaría el Congreso Nacional (cuyo presidente tiene importantes facultades para la toma de decisiones) y, desde ahí, al mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Su elección en el 2009 solo hizo oficial el control del Estado que de facto mantenía.

Desde el poder, el PN reformó la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral (clave en este momento) y profundizó su influencia sobre los medios de comunicación masivos (impresos, radiales y televisivos). Como ex militar, además, aseguró la lealtad de un Ejército que, en lugar de tomar café en los cuarteles como solía decirse, retomó su vocación de ser actor fundamental de las dinámicas políticas del país.

El control de las estructuras del Estado es absoluto y los empleados públicos se convierten en activistas de partido en un reflejo perverso de las luchas obreras: defendiendo sus puestos de trabajo. Los medios masivos de televisión y prensa hacen coro a las narrativas oficiales, las iglesias –que gozan de prebendas del erario- envían mensajes no tan sutiles a la feligresía para llamarles a apoyar al poder.

Las dimensiones planteadas son constitutivas de la política hondureña caracterizada por el bipartidismo y, por tanto, deben ser consideradas por aquellos opositores que desean ponerle fin. En horas de la noche del 26 de noviembre –cuando se presentaba el primer anuncio oficial desde el Tribunal supremo electoral (TSE)— el bipartidismo en Honduras pendía de un hilo: los primeros resultados, tardíos, daban como ganador a la Alianza de Oposición formada por LIBRE y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo su candidato es el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla.

El TSE y la emergencia del «voto rural»

Durante las elecciones de 2013 se prolongó el horario de votación durante una hora para dar oportunidad a todos los ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio. En 2017, sin embargo, esa oportunidad ya no es considerada prioritaria y, a pesar de la alta afluencia de votantes desde muy temprano en la mañana que continuaban haciendo las filas de votación, el TSE ordenó el cierre de las urnas a las cuatro de la tarde en punto. Sería la primera de una serie de señales que desde ese organismo indicaban irregularidades en el proceso.

A veinticuatro horas de las elecciones en 2013, el TSE –presidido por un viejo activista del Partido Nacional David Matamoros Batson- había hecho cinco anuncios oficiales. Había manifestado una tendencia «clara» y, con menos del 30% de los votos escrutados, había declarado un ganador.

El 27 de noviembre de 2017 y con el mismo Batson como presidente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento tardío y para anunciar que con un 56% de las actas escrutadas no podía anunciarse una tendencia ni declararse un triunfador. En ese primer escrutinio, la votación favorecía a la Alianza nacional de Oposición con poco más de un 5% de diferencia.

A partir del lunes 27 de noviembre empezó a construirse la narrativa para legitimar una posible reversión de resultados a favor de Juan Hernández. «El voto rural apoya al Partido Nacional»- era la frase privilegiada para construir dicha idea. Pero el voto rural es un concepto novedoso en Honduras. En ninguna elección presidencial en la historia moderna del país se ha hablado de un «voto rural» que pueda revertir tendencias en primer lugar porque las actas electorales se procesan proporcionalmente y no necesariamente a partir de departamentos «centrales» y «rurales». De hecho, en ninguna de las tres últimas elecciones se ha producido una reversión de tendencias después del 30% de votos escrutados, sean los votos urbanos o no.

Sin embargo, esta narrativa impuesta desde el lunes 27 fue replicada por medios televisivos, radiales e impresos. El TSE continuaba su silencio, mientras la Alianza de Oposición y el Partido Nacional se declaraban victoriosos, con la diferencia importante de que la oposición basaba su posición en actas electorales contadas y no en encuestas a boca de urna o futuro voto rural como lo hacía el partido de gobierno.

El TSE se autoimpuso como límite el jueves 30 de noviembre para dar a conocer resultados finales. Entre el día de las elecciones y esa fecha lo que siguió fue como observar un atraco cometido en cámara lenta y transmitido en vivo a todos los hogares del país. A partir del martes 28 de noviembre la ventaja de la oposición empezó a verse disminuida, a medida que se ingresaban las actas electorales del ahora famoso voto rural. Los observadores electorales, la comunidad internacional, la sociedad civil y los partidos políticos exigían al tribunal declarar la victoria de la oposición, refrendada ahora por un Partido Liberal con resultados catastróficos (tercera y lejana fuerza política del país) cuyo propio conteo de actas confirmaba el triunfo opositor. Pérdidas de energía eléctrica y «apagones» del sistema de cómputo se incorporaron al drama. Jamás una página web en Honduras fue tan visitada como la del TSE tras las elecciones generales, con la población asistiendo al espectáculo hipnótico del aumento de votos a favor del candidato de gobierno, y la disminución de la ventaja de la Alianza.

En la tarde del 29 de noviembre y por primera vez, el PN empezó a liderar el conteo de votos. Ese mismo día la policía nacional y el ejército de Honduras militarizaron las principales calles y puentes del país. Mientras la población empezaba a salir a protestar, se producían en la madrugada del día 30 los primeros actos de represión, mientras en los cómputos del TSE Juan Hernández mantiene una ventaja de 25.000 votos, con un 9% de actas electorales por sumar.

Los resultados y los escenarios posibles

Si el péndulo realmente se está moviendo hacia el progresismo en Honduras y finalmente la Alianza de Oposición triunfa en las elecciones, la situación será de extrema dificultad para impulsar su agenda a través del poder legislativo. Aunque el Partido Nacional a lo largo de ocho años de gobierno ha incrementado considerablemente los poderes de la figura de la presidencia, muchas de las propuestas más importantes del gobierno de la Alianza tendrían que ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que se enfrentarían a una mayoría del PN en dura oposición (61 cuando menos) aupados por la extrema derecha de la Alianza Patriótica Hondureña (4) y los votos que históricamente le han acompañado en el congreso: Democracia Cristiana (1), Unificación Democrática (1), Partido Liberal (26). Esto le da a la oposición mayoría calificada en el Congreso, y poder de veto sobre políticas presidenciales.

Aún así, contando con la presidencia y con el control de las secretarías de Estado y sus estructuras, la Alianza de oposición podría implementar algunas de las medidas propuestas en su plan de gobierno. Fundamental importancia tendría el cambio de la relación antagónica del Estado y sus fuerzas de seguridad hacia los movimientos sociales de defensa del territorio y el ambiente, de las que el asesinato de la ambientalista y feminista Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

De confirmarse la tendencia actual, sin embargo, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de Honduras se aproximan a un escenario catastrófico. La derecha tendría la presidencia del país, la mayoría en el Congreso Nacional y en autoridades municipales. Eso oxigenaría a un desgastado gobierno y le permitiría desarrollar, sin controles institucionales, una profundización de las medidas neoliberales en el país, así como la continuidad del despojo ambiental, la venta del territorio nacional, la militarización de la seguridad y la criminalización y violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La tendencia actual representa la estabilidad del régimen, la consolidación de políticas militarizadas de seguridad y, en términos de política exterior, la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aún, sin embargo, no está dicha la última palabra.

 

NUSO

La encrucijada socialdemócrata

Entre la globalización y el Estado nacional

La socialdemocracia es una de las principales víctimas de los cambios globales. Una nueva oposición entre cosmopolitas y nacionalistas –entre anywheres y somewheres– atraviesa la alianza de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas que constituyó históricamente la apuesta de la centroizquierda. El trabajador común se siente cada vez menos representado por este espacio ideológico. Si quiere sobrevivir, la socialdemocracia debe pensar un proyecto de emancipación de los individuos de la coacción económica, política y social, por fuera del populismo y del liberalismo de izquierda.

Socialdemocracia

>Por Ernst Hillebrand

La socialdemocracia europea está viviendo tiempos difíciles. Las elecciones de 2017 no han sido buenas para ella: en los Países Bajos, el Partido del Trabajo (pvda, por sus siglas en holandés) obtuvo 5,7% de los votos. En Francia, el Partido Socialista llegó en las elecciones parlamentarias de junio apenas a 5,68% de los sufragios. Poco antes, su candidato había tenido un desempeño calamitoso en las elecciones presidenciales. El Partido Socialdemócrata alemán (spd, por sus siglas en alemán) ha sido vencido en tres elecciones regionales consecutivas y al momento de escribir este artículo rondaba un 25% en las encuestas para las elecciones parlamentarias de septiembre. En el pasado verano boreal, el Partido Democrático (pd) italiano ha sufrido una clara derrota en las elecciones municipales. Más hacia el este, la situación está aún peor: desde hace años, los socialdemócratas han dejado de ser verdaderamente relevantes en un vasto sector de Europa oriental. Como única excepción europea aparece paradójicamente el Partido Laborista británico, que bajo el mando de Jeremy Corbyn, representante de una «vieja izquierda», logró un resultado sorprendentemente bueno en las elecciones parlamentarias del 8 de junio.

Estos resultados electorales son una prueba más de una evolución que puede observarse desde hace ya años: los partidos europeos de izquierda pierden el contacto con los sectores populares. Su visión del mundo tiene cada vez menos cosas en común con la de los obreros o los empleados de salarios más bajos. La «alianza de clase» entre los sectores medios «ilustrados» y los trabajadores de base que encarnó la socialdemocracia europea duró más de un siglo y marcó todo el siglo xx, con sus enormes progresos sociales y políticos. Pero este periodo está llegando a su fin.

Una nueva constelación política

La causa de este fenómeno es la aparición de una nueva constelación política de base: si el siglo xx estuvo marcado por conflictos de distribución, cuya naturaleza era esencialmente socioeconómica, ahora pasa al primer plano una línea de conflictos políticos de cuño más sociocultural. La discusión política ya no está caracterizada por la pugna entre izquierda y derecha, sino por la creciente oposición entre «cosmopolitas» entusiasmados por la globalización y la inmigración, y «comunitaristas» más orientados al Estado nacional tradicional. David Goodhart denomina a estos grupos anywheres y somewheres: unos están bien en cualquier parte (anywhere) y cuentan con un capital educativo para tener éxito en todos lados; los otros dependen de un lugar fijo que les es conocido (somewhere), donde pueden sacar provecho de sus redes familiares y de su capital educativo y social, espacialmente acotado1. Los amigos de la apertura tienen mayores recursos económicos, mejor formación, mejor seguro social, ven «interesante» la inmigración, celebran el multiculturalismo y envían a sus hijos a cursar estudios universitarios en el extranjero. Los otros suelen provenir de sectores con menores ingresos y socialmente más relegados y consideran que la inmigración y la globalización intensifican la competencia por salarios, trabajo y recursos. Esta nueva fractura atraviesa a las sociedades, pero también a los partidos de las democracias occidentales. El espacio político se está reestructurando: los viejos campos ideológicos y patrones explicativos pierden significado y surgen nuevos. Esto no significa que desaparezca la dimensión socioeconómica, sino que esta se articula de otra manera. Hace poco, el politólogo alemán Michael Zürn escribió al respecto que «la nueva oposición se expresa, por ello, menos como ‘izquierda versus derecha’ que como ‘los de arriba’ y ‘nosotros, los de abajo’»2.

Este proceso, que la politología observa desde hace casi dos décadas, se ha acelerado sustancialmente en los últimos años. Las consecuencias sociales y económicas de las crisis financieras y la crisis del euro han provocado que aumenten sustancialmente las dudas en torno de la globalización y la integración europea. A esto se suman los conflictos en los márgenes de Europa, que favorecen la impresión de que el mundo se halla sumergido en un caos, que en forma de terrorismo e inmigración irregular se difunde también en el interior de las sociedades europeas. De manera análoga, las expectativas frente a la política han cambiado drásticamente. La promesa del «cambio» –el núcleo conceptual de la política «progresista» de modernización y reforma– ha dejado de ser tal: en un mundo caótico, el cambio no significa promesa alguna, sino una amenaza. En lugar de apertura y transformación, los ciudadanos esperan protección y cuidado.

Hasta ahora, la política tradicional no ha sabido reaccionar ante este cambio de expectativas. Goodhart describe esta separación entre la política y las expectativas de los ciudadanos con estas palabras:

Una promesa implícita de las democracias modernas es que todo ciudadano podrá controlar su propia vida hasta un cierto grado (…) [Esto] postula implícitamente también un derecho básico a una cierta estabilidad y continuidad en cuanto al mundo en el que se vive y al propio estilo de vida. En el mundo actual, esta es una promesa que a la política democrática le cuesta cumplir cada vez más o que quiere cumplir cada vez menos.3

La nueva fractura de la socialdemocracia

Las principales víctimas de este cambio de clima político son hasta ahora los partidos de la centroizquierda europea. La nueva oposición entre apertura y abroquelamiento, entre anywheres y somewheres, atraviesa la alianza socialdemócrata de clases compuesta por los trabajadores y las clases medias ilustradas. El trabajador común se siente cada vez menos representado por los partidos de centroizquierda, pues estos defienden en gran parte las posturas de los «cosmopolitas». Como no hay nadie más que sea receptivo a sus demandas de fronteras, pertenencia y cuidado del Estado nacional en tanto espacio de protección social y económica, algunos trabajadores terminan recurriendo nolens volens a los viejos enemigos de la derecha. Casi en todos los países, la proporción de trabajadores dentro del electorado de partidos populistas de derecha está aumentando de manera continua.

Las consecuencias de este proceso para la socialdemocracia son graves y, a largo plazo, amenazan a los partidos en su esencia misma. La cuestión de las migraciones no perderá en absoluto dinámica ni relevancia. Por el contrario, el problema de cómo manejar el enorme deseo de migrar a Europa amenaza con convertirse en uno de los temas políticos absolutamente centrales de las próximas décadas. En esta nueva constelación política, altamente antagonística, la centroizquierda deberá decidir a qué grupos de la población deseará representar en el futuro: los segmentos liberales y «cosmopolitas» de las clases medias o los somewheres con orientación a Estados e identidades nacionales. Pareciera que ya no es posible representar a ambos. También en este sentido, el «siglo socialdemócrata» (como lo llamó Ralf Dahrendorf) está terminado.

Esta es una decisión muy difícil. La idea de reconvertirse en una fuerza política representativa de los sectores populares implica una profunda reconfiguración ideológica de la centroizquierda y una despedida del liberalismo de izquierda de las últimas décadas. Para los funcionarios y los mandatarios, este sería quizás un proceso casi inaceptable. En Francia, el think tank Terra Nova, allegado al ala liberal del ps, puso esto en negro sobre blanco hace ya unos años. Según su tesis, el ps tiene que despedirse de los sectores obreros y forjar una nueva mayoría «progresista», compuesta por las clases medias urbanas, empleados públicos y sectores de la inmigración. De hecho, este es el camino que ha seguido con éxito Emmanuel Macron, quien se llevó consigo porciones nada insignificantes de las viejas elites (y del electorado) del ps. Pero en otros países, con una situación distinta por ser diferentes los sistemas electorales, esta vía no funcionaría así. El resultado sería solo partidos más pequeños (pero completamente estables), que perderían una parte del histórico potencial de votantes a manos de movimientos «populistas» de izquierda y derecha.

Anclaje en el senso comune

La alternativa a esto sería una reconfiguración político-ideológica que refleje la nueva fractura de la sociedad entre anywheres y somewheres e intente volver a armonizar más intensamente las posiciones programáticas con las expectativas y los intereses de los sectores más débiles. Quizás sea útil en este contexto recordar las ideas de Antonio Gramsci, uno de los grandes pensadores de izquierda del siglo xx. Muchas de sus reflexiones giraban en torno de la cuestión de cómo el pensamiento de izquierda podría lograr la hegemonía en la sociedad. Una de las condiciones de la hegemonía ideológica, según expresa Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, es que la «filosofía» de las elites no esté completamente desacoplada del «sentido común» (senso comune) de las masas populares. Se necesita una conexión orgánica entre ellas. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo occidental es lo contrario: un proceso de desacople entre la filosofía de las elites y el senso comune comunitarista de la gente común.

El éxito del populismo y la implosión de los índices de confianza en las elites y sus instituciones son expresiones de este proceso. En tal situación, la izquierda –en todas sus variantes– está obligada a volver a preguntarse claramente cómo quiere posicionarse. Un (re)anclaje más fuerte de sus propias posturas en el senso comune es uno de los requisitos para que no termine aplastada en este proceso y no resulte pulverizada entre un hiperliberalismo de las elites y un neonacionalismo de los movimientos populistas.

Pero para formular un proyecto emancipador para el siglo xxi no basta con regresar al sentido común de la población. El sentido común hoy está orientado a la preservación, contra la permanente presión hacia el cambio ejercida por el capitalismo globalizado. Un proyecto político y social de la izquierda debe ir más allá de este deseo de permanencia y oponer un proyecto de cambio político positivo a los negativos cambios que impone el capitalismo. En su centro deben estar la emancipación de los individuos, su liberación de la coacción económica, política y social, y una ampliación de los márgenes de libertad y autorrealización de las personas. La socialdemocracia actual está muy lejos de un proyecto de estas características. En el centro de sus programas no está el «empoderamiento» de las personas, sino una fijación con los temas y los instrumentos políticos de la fase histórica del capitalismo clásico del siglo xx. Se trata, en el fondo, de la protección colectiva del Estado social contra la pauperización de los trabajadores y las trabajadoras. Ya hace tiempo que los conflictos político-sociales de esta época han dejado de ser lo esencial. Lo que hoy está en el centro de la insatisfacción de quienes viven en las sociedades de Europa occidental ya no es una genuina necesidad material, sino una desautorización política y cultural, una devaluación simbólica del trabajo y de los proyectos de vida de las personas normales.

La respuesta a estos problemas en un nuevo proyecto emancipador de izquierda solo puede basarse en una profunda democratización de las sociedades, que otorgue más que nunca el poder de decisión en cuestiones políticas, económicas y sociales al soberano: los ciudadanos. Esta democratización debe incluir un mayor uso de la democracia directa por medio de plebiscitos y referendos, al igual que la mayor descentralización posible de los procesos de toma de decisiones políticas. El progreso tecnológico dado por la digitalización y la utilización de redes ofrece condiciones extraordinariamente propicias para ello. La comunicación horizontal de las redes sociales hace que surjan nuevas posibilidades para formular un consenso de la opinión pública más allá del poder de control y normalización de los tradicionales «guardianes» de los medios masivos clásicos.

A fin de cuentas, el objetivo es, mediante procesos democráticos, volver a colocar la dinámica del capitalismo globalizado en un marco político centrado en las personas y sus preocupaciones, en el que sea posible articular eficientemente los intereses de los ciudadanos. En la actualidad, el Estado nacional democrático, producto de la historia, parece seguir siendo el único marco imaginable en el que tal proceso puede funcionar eficientemente. Una izquierda «cosmopolita» que no entienda esto perecerá por su incapacidad para lograr cambios positivos en el marco de los procesos transnacionales (o europeos) de la política. Las dramáticas derrotas que han sufrido en los últimos meses y años los partidos de centroizquierda en Europa se explican en gran medida porque no han sido capaces de ofrecer respuestas convincentes a los desafíos del presente ni un proyecto emancipador positivo para el futuro. Su postura en referencia a la ampliación de los márgenes democráticos para los ciudadanos está marcada por un escepticismo creciente, fruto de sus frecuentes derrotas electorales y plebiscitarias. Así, no ofrecen algo muy distinto de lo que ofrecen las elites de la economía y del poder del capitalismo globalizado, salvo por el complemento de un Estado social fuerte de cuyo financiamiento, sin embargo, participan cada vez menos los ganadores de la globalización. Para muchos de los que se sienten más víctimas que ganadores de los cambios producidos en las últimas décadas, esto es demasiado poco. Y para aquellos, más jóvenes, que esperan de la vida algo más que solo trabajo (por ejemplo, autodeterminación y autorrealización), también. En estas circunstancias, el futuro de los partidos europeos de centroizquierda aparece altamente precario.

  1. D. Goodhart: The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, Hurst, Londres, 2017.
  2. M. Zürn: «Jenseits der Klassenfrage. Neue Konfliktlinien zeigen sich in Europa, der Türkei und Amerika» en wzb-Mitteilungen Nº 154, 2017.
  3. D. Goodhart: «‘Postliberalismus‘ oder ein Plädoyer für einen populären Liberalismus», fes, Berlín, 2/2015, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/12384.pdf.

 

*Traducción del alemán de Carlos Díaz Rocca. Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 271, Septiembre – Octubre 2017, ISSN: 0251-3552

Nueva Sociedad

Cuando los líderes climáticos protegen inversiones sucias

Los mismos gobiernos que lideran la lucha contra el cambio climático siguen respaldando y protegiendo la inversión en exploración, extracción y transporte de combustibles fósiles.

>Por Nathalie Bernasconi-Osterwalder y Jörg Haas

Las soluciones para la crisis climática suelen estar asociadas con las grandes conferencias, y las próximas dos semanas, sin duda, aportarán muchas «respuestas». Unos 20.000 delegados ya han llegado a Bonn, Alemania, para la última ronda de conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.

Las conversaciones en Bonn deberían centrase en la implementación del acuerdo climático de París. Y el camino por adelante es claro. La única manera de mantener el ascenso de las temperaturas globales dentro del límite fijado en París -«muy por debajo de 2°C» por sobre los niveles preindustriales- es desviar el capital de los combustibles fósiles y dirigirlo a los proyectos de carbono cero. Para hacerlo, debemos cambiar la manera en que se administran las inversiones en energía a nivel global.

En este momento, los mismos gobiernos que lideran la lucha contra el cambio climático siguen respaldando y protegiendo la inversión en exploración, extracción y transporte de combustibles fósiles. En lugar de invertir en viviendas eficientes, movilidad de carbono cero, energía renovable y mejores sistemas de uso de la tierra, esos gobiernos dicen una cosa pero siguen haciendo otra.

Según el informe más reciente sobre Inversiones en energía en el mundo de la Agencia Internacional de Energía, el gasto global en el sector de petróleo y gas alcanzó un total de 649.000 millones de dólares en 2016. Esa cifra fue más del doble de los 297.000 millones de dólares invertidos en la generación de electricidad renovable, aunque alcanzar el objetivo del acuerdo de París implica dejar por lo menos tres cuartos de las reservas de combustibles fósiles conocidas bajo tierra. Tal como sugieren estos números, la inercia institucional y los intereses arraigados de la industria siguen interponiéndose en el desvío de la inversión hacia la energía sustentable.

Gran parte del problema tiene sus raíces en los tratados de inversión bilaterales y en las reglas de inversión incluidas en pactos comerciales más amplios, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de la Carta de la Energía y el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA por su sigla en inglés) entre Estados Unidos y Canadá. Como estos tratados estaban diseñados para proteger a los inversores extranjeros de la expropiación, incluyen mecanismos de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores buscar compensación de los gobiernos, a través de tribunales de arbitraje internacionales, si algún cambio en las políticas afecta sus negocios.

Esto ha esposado a los gobiernos que buscan limitar la extracción de combustibles fósiles. La compensación de los casos de ISDS puede ser impactante. En 2012, un inversor norteamericano presentó una demanda legal contra la decisión del gobierno de Quebec de negar un permiso para realizar fracturamiento hidráulico en el río Saint Lawrence. Con el argumento de que la negativa era «arbitraria, caprichosa e ilegal» según el TLCAN, la firma de energía con sede en Delaware exigió una compensación de 250 millones de dólares por daños.

En enero de 2016, la compañía de energía TransCanada utilizó el TLCAN para demandar a Estados Unidos, con un reclamo de 15.000 millones de dólares en pérdidas después de que el presidente Barack Obama negó un permiso para el oleoducto Keystone XL. (La compañía suspendió su demanda después de que el presidente Donald Trump aprobó el proyecto en enero de 2017).

Y, en julio de 2017, Quebec acordó pagar casi 50 millones de dólares en compensación a compañías después de cancelar contratos de exploración de petróleo y gas en la isla de Anticosti en el Golfo de Saint Lawrence. Estos y otros pagos se suman a los cientos de miles de millones de dólares en subsidios que siguen destinados a la industria de combustibles fósiles.

Los grandes desembolsos no sólo drenan las arcas públicas; la sola amenaza de que existan desalienta a los gobiernos a implementar políticas climáticas más ambiciosas, debido al temor de que las industrias dependientes del carbono puedan demandarlos en tribunales internacionales.

Afortunadamente, esta situación no es definitiva. Muchos gobiernos ahora ven la reforma del régimen de inversiones no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad. El mes pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocó a una reunión de alto nivel en Ginebra, con el objetivo de desarrollar opciones para una reforma integral del régimen de inversiones, incluida la renegociación o la cancelación de unos 3.000 tratados caducos.

Los gobiernos deberían empezar por revisar o abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, el único pacto de inversiones específicamente energéticas del mundo. Las protecciones de las inversiones del TCE y la falta de cláusulas climáticas ya no son apropiadas. Desde su inicio, el TCE ha servido de fundamento para más de 100 demandas por parte de firmas energéticas contra los países sede, y algunas de ellas impugnaron políticas ambientales nacionales, como la eliminación nuclear gradual en Alemania. Rusia e Italia ya se han retirado del TCE; otros países deberían hacer lo mismo o comprometerse a renegociarlo.

Es más, los países deberían colocar las preocupaciones climáticas en el centro de sus negociaciones comerciales y de inversión, por ejemplo excluyendo los proyectos de combustibles fósiles de las cláusulas de inversión. Eso es esencialmente lo que propuso recientemente Francia, cuando el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, anunció la intención de su país de implementar un «veto climático» al CETA. Hulot dijo que Francia ratificaría el tratado sólo si contenía garantías de que sus compromisos climáticos no podrían ser impugnados ante tribunales de arbitraje. Los proyectos de combustibles fósiles también podrían estar exceptuados de la protección de inversiones en los nuevos acuerdos ambientales, como el Pacto Global para el Medio Ambiente presentado por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la Asamblea General de la Naciones Unidas en septiembre.

Reequilibrar el régimen de inversiones globales no es más que el primer paso hacia una economía de carbono cero. Para desviar el capital de iniciativas con una alta carga de combustibles fósiles hacia proyectos de energía verde, los países necesitarán nuevos marcos legales y de políticas a nivel regional, nacional e internacional. Estos acuerdos deberían promover y facilitar las inversiones de carbono cero. Las grandes reuniones como la que se lleva a cabo esta semana y la Cumbre Climática de París el mes próximo pueden impulsar estas conversaciones.

 

Project Syndicate

Otro triunfo del terrorismo

Terrorismo en España

Un policía de guardia afuera del Camp Nou antes del partido entre el Barcelona y el Betis, el 20 de agosto. (Santi Palacios/Associated Press)

>Por Martín Caparrós

El video es, por lo menos, inquietante. En la grabación de un móvil azaroso se ve a un hombre que va y viene confundido, levantando una mano como quien pide que no le hagan nada. Camina por una acera vallada y se diría que no sabe qué hacer; desde la calle, de este lado de la valla, alrededor de un coche blanco con un farol azul que echa destellos, presuntos policías, vestidos de pantalones cortos y chancletas, le gritan, le disparan. El hombre cae, parece herido, pero se levanta y vuelve a caminar. No se le ven gestos de amenaza. Cuando trata de cruzar la calle, más vacilante aún, a punto de caerse, por un paso peatonal unos metros más allá del auto blanco, uno de los hombres de pantalones cortos le vuelve a disparar dos o tres veces y el hombre cae: parece que está muerto.

El video apareció en las redes sociales el 18 de agosto, al día siguiente del atentado de las Ramblas de Barcelona: ya fue visto millones de veces. Se presenta como “Tiroteo y muerte del quinto terrorista en Cambrils” —o alguna variante aproximada— y todos los grandes medios españoles lo han reproducido. Y ninguno, que yo sepa, se ha preguntado nada. La policía catalana —ahora llamada “Mossos de Esquadra”— informó que el muerto era el quinto de los terroristas islámicos que sus efectivos interceptaron en Cambrils, un pueblo de la costa, en la noche del 17 de agosto. Ya habían matado a los cuatro anteriores y, sin contar mucho cómo, dijeron que ese quinto se les había escapado y lo encontraron y lo “abatieron” (la policía no mata, abate). Después dirían que todos tenían “cinturones explosivos simulados”. O sea: que, en rigor, estaban desarmados.

Alguien dijo alguna vez que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Alguien dirá, alguna vez, que la primera víctima del terrorismo es la duda, el espíritu crítico. No muchos, que yo sepa, se han preguntado si era necesario matar a ese hombre. Si realmente ese hombre, en ese momento, representaba un peligro extremo, si no había formas de reducirlo sin matarlo.

Al contrario, los medios retomaron con júbilo la idea de que matarlo fue un éxito policial, un triunfo de las fuerzas del bien, y que ahora sí estamos más tranquilos: más seguros. Y ninguno parece considerar esa vieja regla del periodismo que dice que hay que buscar más de una fuente: como si en estos casos quedara suspendida. O a aquella, más vieja todavía, que dice que la tarea del periodista es tratar de contar la verdad.

Como si, en ciertas circunstancias —en medio del duelo, de la consternación por los asesinatos terroristas—, no valiera la pena o no fuera prudente cuestionar la versión oficial, averiguar qué pasó más allá de lo que te cuentan que pasó. (En España hay un ejemplo reputado: el 11 de marzo de 2004, cuando el atentado islamista más terrible de su historia mató a 192 personas en varios trenes suburbanos de Madrid, los diarios aseguraron que había sido la ETA porque el presidente de gobierno, José María Aznar, los había llamado para decirles eso; y al otro día tuvieron que desmentirlo y disculparse).

Pero el asunto es más amplio: la población en general hace lo mismo. No queremos saber. No hacemos preguntas, no nos hacemos preguntas: como si la violencia sin límites de los terroristas justificara que se ejerza contra ellos una violencia semejante. O, por lo menos, mucho mayor que la que estamos acostumbrados a tolerar, a justificar.

En general: hemos asumido que los terroristas se merecen la muerte porque buscan la muerte. Y que sólo su muerte nos salva: la lógica de ellos o nosotros, de que para ganarles todo vale. El mayor triunfo de los terroristas es imponer esa lógica que debilita la sociedad que atacan. Que debilita esa tolerancia y esas libertades que tanto declamamos, que nos legitiman, que nos ofrecen el pedestal moral que ahora usamos para matarlos. Y destruir ese pedestal.

Es casi lógico que unos desgraciados decididos a morir por una religión quieran conseguir ese efecto: es su única forma de influir en una sociedad de millones que no quieren nada de eso. Lo que no parece tan claro es por qué el Estado y ciertos medios magnifican este tipo de incidentes, los convierten en algo mucho mayor que lo que podrían ser. Es terrible que 13 personas sean asesinadas en una calle de Barcelona; pasan muchas otras cosas por lo menos igualmente terribles y no reciben una centésima parte de la atención que ésta recibe.

Y que crea un estado de cosas. Trece asesinados es intolerable —un asesinado es intolerable— pero la amenaza general es pequeña. En los últimos tres años hubo en toda Europa 360 muertos por ataques terroristas. Sobre 600 millones, cada año murieron por esa causa 120 personas: una cada cinco millones. Es relativamente más fácil —con perdón— ganarse la lotería que ser víctima de un ataque terrorista. Pero la atención hiperbólica del Estado y ciertos medios instala un miedo general que va tanto más allá de la amenaza real, que la agiganta: la convierte en un fantasma que pesa sobre nuestras cabezas, nos aterra.

Es difícil encontrar el justo punto de la reacción: cómo informar sobre estos actos, cómo procesarlos. Pero está claro que, si lo encontráramos, los actos terroristas producirían menos efectos, tanto menos terror; serían lo que son, gestos desesperados, patéticos, aislados.

Quizá la magnitud de esa construcción sea sólo un error de esas instituciones; quizás algunas crean que les sirve para algo. Cuando un hecho permite que los policías se conviertan en héroes, que puedan matar sin que les pidan cuentas, que se toleren cosas que normalmente no se tolerarían, el efecto puede ser buscado o no, pero sucede.

El peso que toma un atentado como éste termina, entre otras cosas, por legitimar el control social, la represión, la violencia del Estado. Costó muchos años y muchas muertes imponer ciertos valores y, gracias a la amenaza terrorista, ahora están en cuestión. Son esos valores que, si se vuelven relativos, dejan de existir. Si se acepta que a veces la policía puede matar impunemente, entonces la discusión sólo consiste en definir cuándo puede. Cuando alguien comete un acto de terrorismo, claro, o cuando alguien roba y corre, por ejemplo, o cuando trata de entrar a un lugar o a un país donde no lo quieren, o cuando su aspecto parece sospechoso por distinto, o cuando…

NYT

La predisposición actitudinal hacia el voto en Argentina

Opinión Pública

Variables individuales e incentivos contextuales

>Por Ignacio Ramírez, Guido Leandro Moscoso

Resumen

El presente artículo estudia las bases actitudinales y motivacionales de la participación electoral. En su desarrollo, se analizarán cuáles son los factores más favorables a la participación con base en una encuesta realizada en Argentina durante 2015, diseñada y llevada adelante por los autores del presente texto. En términos teóricos, este trabajo plantea que la participación electoral es el resultado de la interacción de factores estructurales, variables individuales e incentivos contextuales. Según nuestros resultados, la participación electoral puede ser explicada a partir de factores vinculados con la implicación subjetiva y con el contexto político que enmarca los comicios.

Palabras clave

Comportamiento electoral; participación electoral; Argentina; democracia; representación; incentivos

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Fuente: Revista Mexicana de Opinión Pública • año 12 • núm. 23 • julio-diciembre de 2017 • pp. 15-38 ISSN 1870-7300

Opinión: La Cancillería Argentina cambia

Argentina

>Por Maximiliano König* exclusivo para MIX POLÍTICO

Susana Malcorra, presentó  su renuncia como canciller y será reemplazada por el actual embajador en Francia, Jorge Marcelo Faurie. La funcionaria alude razones personales como causas de su alejamiento. Su gestión que concluye el 12 de Junio próximo, y sintéticamente apuntó a dejar atrás una política exterior signada durante 12 años por la impronta kirchnerista, dominada por un sesgo “aislacionista”. Su reemplazo, tiene como objetivo continuar y optimizar el funcionamiento del servicio exterior y consolidar la reinserción en el mundo.

La funcionaria saliente manifestó que continuará trabajando desde Madrid (ciudad donde tiene su familia y donde reside desde hace unos años) como una especie de “asesora” con vinculación con su sucesor. En cuanto a su gestión, Malcorra destacó lo que fue su gestión bajo las órdenes de Mauricio Macri. “Yo siempre trato de volver a las bases, que son los famosos tres objetivos del Presidente: el primero es la eliminación de la pobreza, que es un objetivo aspiracional: todos los gobiernos deberían buscar eliminar la pobreza; además le puso un sesgo muy fuerte en lo económico a la Cancillería. El segundo, la lucha contra el narcotráfico, que nos inserta en la cuestión del terrorismo, no en la primera línea, pero sí en el financiamiento, es decir, el narco lavado [de dinero]. Y el tercero, la unión de los argentinos”, dijo. “Esto fue fundamental, fueron los ejes que marcaron nuestro trabajo”.

Susana Malcorra y Jorge Faurie, en Cancillería. (DyN)

Susana Malcorra y Jorge Faurie, en Cancillería. (DyN)

La reemplazara Jorge Faurie, un diplomático de larga carrera, aunque sin un perfil destacado en lo que concierne a administración pública. El embajador en Francia, llegará a la conducción de la Cancillería gracias a su extensa trayectoria, su reconocimiento de Europa y su buena vinculación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Dentro de sus retos a cumplir en política internacional, el futuro canciller deberá optimizar el funcionamiento de nuestro servicio exterior. Dentro de sus políticas de gestión en el ámbito internacional, podemos mencionar ciertos cambios de gestión en oposición con el gobierno saliente.

Hubo cambios vinculados con la política hacia Venezuela. En su momento, Malcorra advirtió sobre la situación de Venezuela: “La preocupación de la gente en la calle, del crecimiento de la violencia y de que esto derive en una cosa que uno no quiere nombrar y que sea una cosa extrema entre civiles, es algo que nos está quitando el sueño a todos y por lo cual estamos ocupándonos y preocupándonos continuamente”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno nacional no quiere que haya una situación destituyente ni que el presidente Nicolás Maduro, sea destituido. Constantemente bregó por un acuerdo entre Maduro y la oposición, conformando un canal de mediación con objetivos concisos y compromisos en común para poder avanzar. Igualmente, en cuanto a la próxima reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la canciller saliente dijo que la posición de su país sobre Venezuela se mantendrá igual en la última reunión de este miércoles. “La posición va a ser la misma, vamos a llevar (a la OEA) la posición de acelerar proceso de acuerdo al cronograma electoral”, dijo Malcorra durante una conferencia de prensa. Ese proceso, debe incluir un cronograma electoral “que incluya” las elecciones presidenciales, “separación de poderes según la Constitución y la liberación de presos como condición básica” para el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Por último, no se cansó de cuestionar públicamente las violaciones de los derechos humanos por parte del autoritario régimen de Nicolás Maduro.

Otros de los frentes que enfrentó Susana Malcorra fue su posición oscilante en su relación con los Estados Unidos. Su anticipado apoyo a la ex candidata presidencial de los Estados Unidos Hillary Clinton a través de las redes sociales le jugó una mala pasada una vez conocidos los resultados electorales en el país del norte. Con respecto a la asunción de Donald Trump, la mandataria argentina se expresó en el foro de Davos realizado en Suiza a comienzos de año donde manifestó: “Con Obama planteamos una agenda ambiciosa que no íbamos a poder cumplir en un año. Debemos reconfirmar el interés de la nueva administración. Lamentablemente el comercio entre Estados Unidos y la Argentina es bajo. Por otra parte, desde el punto de vista de Mercosur, es una oportunidad que disminuya la relación entre EE.UU. y la Unión Europea. Es una ocasión para avanzar en nuestro vínculo con la Unión Europea”.

En cuanto a la relación con China, la ex presidenta de Telecom Argentina, pergenio ciertos avances con respecto a los acuerdos existentes firmados por el gobierno de Cristina Kirchner. En este sentido, en referencia a la discusión sobre la posición argentina acerca de la aceptación al gigante asiático como economía de mercado, con el gobierno de Macri se comenzaron a aplicar en Argentina criterios anti dumping entre otras medidas de corrección. En el mismo congreso de Davos recientemente mencionado, la canciller señaló que tenía dentro de sus prioridades elaborar una agenda compleja con el China con el que comparte la idea de promover un mundo abierto, integrado, interconectado, con unos cuantiosos acuerdos comerciales. Mientras que por parte del lado chino, persiste la iniciativa respecto a las centrales nucleares en el sur de la Argentina. “Cuando nosotros iniciamos la gestión fuimos muy claros con nuestra contraparte china. Nosotros estábamos dispuestos a seguir [con los acuerdos firmados] en tanto y cuanto los acuerdos fueran legales, técnicamente factibles y que desde el punto de vista ambiental se pudieran salvar las observaciones y objeciones que habían”, señaló la canciller acerca de la construcción de dos hidroeléctricas en Santa Cruz y la polémica construcción de una base china para observación espacial en la provincia de Neuquén.

Sede de la Cancillería argentina.

Sede de la Cancillería argentina.

Por último, hacemos mención a la vinculación con Brasil y su posición con respecto a los temas de corrupción acaecidos en las últimas semanas. La Ministra de Relaciones Exteriores sostuvo que “el hecho de que un país del peso que Brasil tiene en la región y el vínculo que tiene en la Argentina” hace que “cualquier cosa que pase allí y que tenga un impacto político, amerita que estemos siguiéndolo de cerca” y “con preocupación”. La ministra también destacó que en Brasil, al existir una separación muy fuerte de los poderes y principalmente una institución judicial muy sólida, hará que la situación se resuelva con mayor agilidad. Ante este raid de denuncias de corrupción, la funcionaria argentina destacó que no hay una discusión de legalidad en torno a la posible destitución de Michel Temer, sino que se trata de una discusión de legitimidad.


* Licenciado en Comunicación Social, Escuela de Ciencias de la Información (UNC). Mg. en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

Susana Malcorra renuncia a la Cancillería

La canciller Susana Malcorra renunció a su puesto este lunes. Lo hizo en conferencia de prensa junto al presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Malcorra se va por temas personales”, dijo el Presidente antes de iniciar la conferencia de prensa y le agradeció su paso por la gestión. En su lugar asumirá Jorge Faurie, actual embajador argentino en París.

Susana Malcorra

Susana Malcorra ya no es la canciller argentina (TELAM)

“Va a seguir siendo asesora, con rango de ministro, va a seguir ayudando”, dijo Marcos Peña. “La vamos a extrañar. Ella va a seguir siendo del equipo desde España, donde vivirá”, agregó el jefe de Estado.

La Canciller explicó que la decisión es para estar más cerca de su marido que vive en España y del que dijo que ha estado demasiado tiempo separada por su trabajo.

El cambio del cargo se oficializará el 12 de junio. Primero Malcorra hará un viaje a Washington en una reunión de la OCDE. Además, reiteró su opinión de que en los EE.UU. tiene que haber un embajador de carrera.

“A Faurie le deseo lo mejor, es parte de mi equipo”, dijo Malcorra. “Este es el máximo desafío profesional que tuve y el máximo honor por representar a los argentinos en el mundo”, agrego.

La ex Canciller dijo que dijo que el área que abandona, está en condiciones de seguir con todos los desafíos[1].

La carrera de Malcorra

Ingeniera, nacida en Rosario, en 1954, tiene una extensa carrera en el sector privado.

Trabajó en IBM y en 1993 ingresó a Telecom Argentina, empresa de telecomunicaciones entonces recientemente privatizada, y donde llegaría a ser directora general. En septiembre de 2004 pasó a ser directora ejecutiva adjunta del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y en otros puestos de la ONU. Fue jefa de Gabinete del ex secretario general del organismo, Ban Ki Moon.

Se incorporó al Gabinete nacional con la asunción de Macri, el 10 de diciembre de 2015. Intentó sin éxito ser la sucesora de Ban Ki Moon al frente de la ONU, candidatura que contó con todo el apoyo de Macri.

Pero es importante remarcar, que Malcorra enfrenta la grave acusación de haber utilizado fondos públicos en su “campaña” para liderar el organismo internacional[2].

Malcorra y Ban Ki Moon

Malcorra y Ban ki Moon

¿Las verdaderas razones de un alejamiento anunciado?

Según afirman algunos analistas, su paso por la Cancillería no fue “todo color de rosas”, y no justamente por roces que haya tenido con otros países u otros diplomáticos, sino más bien por las diferencias manifiestas que ha tenido con el macrismo, pero en lo que hace a políticas internas vinculadas a la dictadura cívico militar.

Políticas internas que, por cierto, Malcorra jamás ha defendido en foro internacional alguno; por ejemplo, en lo que respecta a la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983, que el Gobierno pretende reducir a un número indefinido[3].

Mientras ministros y funcionarios de menor rango e incluso el Presidente de la Nación negaron los 30 mil desaparecidos, la funcionaria se negó reiteradamente a plantear semejante duda: “Yo he usado, estando en el exterior, en Naciones Unidas, el número de 30 mil como referencia”, sostenía el año pasado en una entrevista que concediera a Perfil.

En la misma entrevista, advertía: “Yo personalmente no uso el concepto de guerra sucia. Creo que hubo un enfrentamiento asimétrico, que obviamente le da una responsabilidad al Estado distinta a la de otros jugadores” en ese sangriento período.

Incluso fueron y son manifiestas las diferencias que mantienen Malcorra y Macri respecto a la situación de Venezuela: mientras la canciller buscaba una posición ‘diplomática’ de la Argentina, el Presidente pretendía ir ‘con tapones de punta’ hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Recordemos además, que durante los últimos días del año 2016, se produjo el alejamiento de numerosos funcionarios cercanos a Malcorra[4].

Voces contra Malcorra

La aparentemente “sorpresiva” renuncia de la canciller, también levantó voces en la oposición.

Alicia Castro, ex embajadora argentina en el Reino Unido y Venezuela, aseguró que Malcorra “fue la peor canciller de la historia argentina”. Según argumentó la funcionaria del kirchnerismo, Malcorra “protagonizó una serie de papelones, tropiezos y desaciertos que colocaron muy mal a la Argentina en el mundo”[5].

En tanto Para Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV, “Odebrecht no es ajeno” a la renuncia de Susana Malcorra. Recalde no cree en los “temas personales” que mencionó la ex canciller para justificar su salida del cargo[6].


NOTAS:

[1] CLARIN: https://www.clarin.com/politica/renuncio-canciller-susana-malcorra_0_S1MrzyqWb.html

[2] PERFIL: http://www.perfil.com/politica/acusan-a-malcorra-de-usar-fondos-publicos-para-su-candidatura-en-la-onu.phtml

[3] DIARIO REGISTRADO: http://www.diarioregistrado.com/politica/las-verdaderas-razones-de-la-inesperada-renuncia-de-susana-malcorra_a592c732ad669e67b19cf40a3

[4] PERFIL: http://www.perfil.com/politica/designan-un-nuevo-vicecanciller-en-reemplazo-de-foradori.phtml

[5] LA CAPITAL: http://www.lacapital.com.ar/politica/alicia-castro-aseguro-que-malcorra-fue-la-peor-canciller-la-historia-argentina-n1406193.html

[6] PERFIL: http://www.perfil.com/politica/hector-recalde-cuestiono-la-renuncia-de-susana-malcorra-odebrecht-no-es-ajeno.phtml