Cómo robar la vestimenta de los populistas

Populistas 2018

> Por Ngaire Woods

«No te enfades, devuélvesela». Un aforismo que debe convertirse en la nueva norma en la política democrática en Europa, América Latina, Asia y África. En lugar de quejarse de los éxitos de los populistas, los partidos políticos establecidos deberían seguir algunos párrafos del manual populista. Tres lecciones en particular, para ser más precisos.

La primera es conectar con la gente que uno representa, conociéndola y ganándose su confianza. Se acabó el tiempo en que los políticos podían confiar en las máquinas partidarias, grupos focales y encuestas tradicionales. El complaciente supuesto de que la gente siempre votará siguiendo líneas partidarias o de clase está obsoleto. En las últimas elecciones francesas presidenciales y parlamentarias colapsó el apoyo al Partido Socialista de centroizquierda y a los Républicains de centroderecha. De manera similar, los partidos políticos tradicionales sufrieron humillantes derrotas en las elecciones italianas del mes pasado.

Tras una década de crisis económica, los votantes se sienten escépticos de los políticos de siempre que hacen las mismas promesas de crecimiento y mejora de los estándares de vida. A los ojos de los desencantados trabajadores, los que detentan el poder simplemente han estado cuidando de sus propios intereses. Incluso en muchas de las economías más sólidas del mundo, los trabajadores están ganando menos en términos reales que hace una década. Para citar al jefe de la OCDE, están «de regreso al trabajo, pero sin dinero». En los Estados Unidos, un 56% de los hogares reporta tener menores ingresos. Al mismo tiempo, la doble amenaza de la automatización y la externalización han vuelto más precario al empleo, y debilitado el poder de negociación de los trabajadores.

¿A quién culpar de este estado de las cosas? Quienes votan a los populistas claramente piensan que los políticos tradicionales son responsables, y tal vez no se equivoquen. Contrariamente a lo que se cree, estudios recientes han concluido que la tecnología no es el factor principal de la menguante renta del trabajo. Más bien el deterioro de la situación de los trabajadores se debe a la pérdida de poder de negociación y densidad de sindicalización, el retroceso del estado de bienestar, la tercerización al extranjero y el aumento del sector financiero como parte de la economía.

Otro factor de peso es la política tributaria. Según un informe del Financial Times, las tasas tributarias que «acabaron pagando las 10 mayores compañías públicas del mundo por capitalización de mercado en cada uno de los nueve sectores» estudiados han bajado cerca de un tercio desde el 2000, de un 34% a un 24%. Y desde 2008, las tasas a la renta personal en todos los países han aumentado en un promedio de 6%.

En este contexto, no debería sorprender el surgimiento de partidos y políticos populistas. Si la mayoría de la gente se va empobreciendo, cabe esperar fuertes consecuencias en las urnas. Y, no obstante, en un país tras otro el sistema político ha sido notablemente lento en reconocerlo.

Piénsese en Brasil, que está en plena campaña para las elecciones generales de octubre. Como siempre, los políticos tradicionales hacen promesas de prudencia fiscal y crecimiento económico, ninguna de las cuales resuenan en los 50 millones de brasileños (cerca de un cuarto de la población) que viven bajo la línea de la pobreza, con ingresos por hogar que promedian los $387,07 al mes. Mientras tanto, el candidato presidencial populista, Jair Bolsonaro, propone dar a cada brasileño una pistola para que se pueda defender. Para las elites, esto suena (y es) ridículo, pero para los brasileños preocupados por su seguridad, Balsonaro al menos muestra que entiende su principal inquietud.

Saber lo que importa a los votantes es básico en política a la hora en que se celebran elecciones. Antes de ganar la presidencia francesa y una mayoría parlamentaria el año pasado, La République En Marche!, movimiento de Emmanuel Macron, basándose en las exitosas estrategias electorales del ex Presidente estadounidense Barack Obama, envió voluntarios a todo el país para escuchar las preocupaciones de los votantes.

Una segunda lección de los populistas actuales es usar mensajes simples e intuitivos para referirse a sus objetivos

Sí, eslóganes como «Protegeré sus empleos» y «Volver a hacer grande a Estados Unidos» suenan simplistas. Pero, ¿dónde están las alternativas sofisticadas? Se puede hablar de crecimiento económico solo cuando la gente esté disfrutando de sus beneficios.

En periodos de crecimiento lento o desigual, los políticos deben ofrecer respuestas más directas a lo que siente la gente. En el referendo del Brexit del Reino Unido, la campaña por permanecer en la UE, liderada flemáticamente por el entonces Primer Ministro David Cameron, argumentó que salir de la UE causaría un menor PIB, un menor nivel de comercio y perturbaciones al sector financiero. Eran argumentos que erraron por completo a lo preocupaba a los votantes. Por el contrario, los partidarios del Brexit prometían «recuperar el control» de las fronteras del Reino Unido y afirmaban (falsamente) que el Servicio de Salud Nacional (NHS, por sus siglas en inglés) recibiría £350 millones ($490 millones) por semana.

Visto todo esto, los políticos tradicionales parecen desorientados. Los académicos, expertos y líderes políticos, de los negocios y de la sociedad civil han sido demasiado lentos en la articulación de nuevas políticas económicas y sociales que tengan un amplio atractivo. Sin duda que esto no es fácil de hacer. Exige autorreflexión y claridad de visión. Pero, antes que todo, requiere un compromiso de tiempo y energía para comprender los problemas que atribulan al electorado y proponer soluciones de manera clara y simple.

La tercera lección del populismo es ser atrevidos

En tiempos difíciles, la gente busca una visión transformacional del futuro, no mejoras leves. Tras 30 años de pragmatismo y cambios graduales, es el momento para una música diferente. Recordemos que en 1945 Winston Churchill, tras lograr la victoria para el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, perdió las elecciones generales.

El vencedor, Clement Attlee, prometió lo que en la práctica fue un nuevo contrato social para los británicos cansados de la guerra y que todavía vivían con racionamiento. Su gobierno les entregó atención de salud gratuita y universal, seguro de desempleo, pensiones, una vivienda decente y empleos seguros en sectores nacionalizados. Todo esto con una deuda externa que seguía siendo de un 250% del PIB.

La audacia de la visión de Attlee no tiene paralelos en el mundo moderno. Y ese es nuestro problema más grande.

 

NUSO

Así funcionaba la recolección de datos de Cambridge Analytica

Cambridge Analytica

>Por Matthew Rosenberg y Gabriel J. X. Dance

Christopher Deason se topó con el cuestionario psicológico el 9 de junio de 2014. En ese entonces respondía muchas encuestas en línea para ganar unos cuantos dólares extras por hacerlo. Ningún aspecto acerca de esta, que vio en una plataforma de empleos en línea, le pareció “perturbador o extraño”, comentó después.

Así que esa tarde Deason realizó la primera etapa de la encuesta: le dio acceso a su cuenta de Facebook.

Antes de que Deason siquiera empezara a leer la primera pregunta del cuestionario, una aplicación de Facebook ya había extraído no solo los datos de su perfil, sino también los de 205 de sus amigos en Facebook: sin su consentimiento y sin que lo supieran, se descargaron sus nombres, fechas de nacimiento y datos de ubicación, así como listas de cada página de Facebook a la que habían dado me gusta.

La información se agregó a una enorme base de datos compilada para Cambridge Analytica, consultora política que ha sido vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y con la del brexit en el mismo año. Eso no lo supo ninguna de las personas cuyos datos fueron recopilados, ni siquiera Deason. “No habría continuado con la encuesta de haberlo sabido”, dijo Deason, de 27 años, en una entrevista reciente.

Deason y sus amigos de Facebook se convirtieron en las primeras entradas de una base de datos que terminaría por incluir decenas de millones de perfiles de Facebook y que ahora está en el centro de una crisis que enfrenta el gigante de las redes sociales. La noticia sobre la recolección de datos por parte de Cambridge Analytica, que se reportó por primera vez por The New York Times y The Observer de Londres, ha detonado el movimiento #BorraFacebook y puso a la red social bajo el intenso escrutinio de legisladores y reguladores en Estados Unidos y en Reino Unido.

Aun así, pocos de los casi 214 millones de estadounidenses con perfiles de Facebook saben si sus datos formaron parte de la información que recogió Cambridge Analytica. Facebook, que se enteró del mal uso de datos en diciembre de 2015, comenzó a avisarles a los usuarios afectados el 9 de abril, un día antes de que su fundador, Mark Zuckerberg, testificara ante el Congreso de Estados Unidos.

Los registros que obtuvo el Times muestran que aproximadamente 300.000 personas respondieron la encuesta, pero debido a que entonces se permitía el acceso a la información de amigos, Facebook dijo que hasta 87 millones de usuarios pueden haberse visto afectados.

El Times, que revisó un conjunto de datos brutos de los perfiles por cuya obtención Cambridge Analytica le pagó al investigador académico ruso-estadounidense Alexander Kogan, contactó a casi dos decenas de usuarios de Facebook afectados en semanas recientes. Algunos estaban enojados —una mujer lo comparó con un asalto—, mientras que otros se mostraron molestos pero impávidos, pues ya desde antes desconfiaban del uso que dan los gigantes de la tecnología a los datos que recogen.

“Ahora acepto el hecho de que somos el producto con el que se comercia en internet”, dijo Mark Snyder, de 32 años y quien es uno de los amigos de Deason cuyos datos fueron recogidos. “Si te inscribes en algo y no es evidente cómo generan ganancias, entonces lo están haciendo con tus datos”, comentó Snyder, que se dedica a dar mantenimiento a redes informáticas.

Zuckerberg ha dicho que el mal uso de datos implicó un “abuso de confianza” por parte de la empresa. Sin embargo, incluso él ha insinuado que otros desarrolladores de aplicaciones pueden haber hecho lo mismo.

Hasta abril de 2015, Facebook permitió que algunos desarrolladores de aplicaciones recogieran datos privados de los perfiles de usuarios que descargaron aplicaciones y de los de sus amigos. Facebook ha mencionado que permitió este tipo de recolección de datos para ayudar a los desarrolladores a mejorar la experiencia de los usuarios en sus aplicaciones. No obstante, parece que Facebook no hizo gran cosa para verificar cómo los desarrolladores estaban usando los datos o si estaban proporcionando siquiera algún tipo de experiencia en Facebook.

El cuestionario utilizado para recoger datos para Cambridge Analytica en realidad no estaba en Facebook; lo albergaba una empresa llamada Qualtrics, que proporciona una plataforma para encuestas en línea. Consistía en decenas de preguntas comúnmente usadas por investigadores en materia de psicología con el fin de evaluar la personalidad, como saber si el encuestado prefiere estar solo, intenta dirigir a otros y si le gustan las fiestas grandes (las opciones de respuesta iban de “No estoy nada de acuerdo a “Estoy muy de acuerdo”). Tomaba de diez a veinte minutos contestar el cuestionario.

Cuando los encuestados dieron acceso a sus perfiles de Facebook, la aplicación realizó su única función: tomar sus datos y los de sus amigos. No hubo experiencia “dentro de la aplicación” de la cual hablar; no tenía como propósito ser el tipo de cuestionario en línea simpático e inofensivo que les dice a los usuarios a cuál personaje de Friends se parecen más o cómo sus preferencias en el almuerzo revelan a la princesa de Disney que llevan dentro.

Facebook ha dicho que a los encuestados les dijeron que sus datos se usarían con fines académicos, por lo que afirmó que Cambridge Analytica y Kogan engañaron a la red social y a sus usuarios. Sin embargo, las letras chiquitas respecto a los términos y condiciones de uso que acompañaban el cuestionario quizá sí incluían advertencias a los usuarios de que sus datos podrían usarse con fines comerciales, de acuerdo con un borrador de los términos del servicio que revisó el Times.

Vender los datos de los usuarios de Facebook habría sido una violación absoluta de las reglas de la empresa en ese entonces. Sin embargo, al parecer la empresa no revisaba regularmente las aplicaciones para asegurarse de que cumplieran con sus reglas. Lo más probable es que ya no pueda saberse cuál fue la redacción final de los términos de servicio de la encuesta: los ejecutivos de Facebook dijeron que borraron la aplicación en diciembre de 2015, cuando se enteraron de la recolección de datos.

Cambridge Analytica utilizó los datos de Facebook para ayudar a construir herramientas que, según la firma, podían identificar las personalidades de los electores estadounidenses e influir en su comportamiento. La consultora ha mencionado que sus llamadas técnicas de modelos psicográficos sustentaron su trabajo para la campaña de Trump en 2016, lo cual abre un debate todavía en curso acerca de si su tecnología funcionó.

Deason, quien dirige un negocio de computadoras en Virginia, está entre los usuarios de Facebook que sí saben de tecnología. Por ahora dijo que conserva su cuenta porque su negocio tiene su propia página y él modera grupos en Facebook dedicados a computadoras.

“Pero si solo estuviera trabajando de 9:00 a 5:00 en el banco local, o algo así, y llegara a casa a revisar las publicaciones de mis amigos en Facebook y eso, entonces sí borraría mi cuenta de Facebook”, comentó.

 

 

FUENTE: NYT

Prevenir la balcanización de Internet

La reciente revelación de que una aplicación recolectó más de 50 millones de perfiles de Facebook y se los entregó a la consultora política Cambridge Analytica provocó una oleada de rechazo a la plataforma. Pero es sólo el último ejemplo de los riesgos asociados con Internet, núcleo de la moderna revolución digital.

Internet

MANAN VATSYAYANA (AFP/Getty Images)

>Por Michael Spence y Fred Hu

La mayoría de las innovaciones digitales que redefinieron la economía mundial en los últimos 25 años dependen de la conectividad de redes, que transformó el comercio, la comunicación, la educación/capacitación, las cadenas de suministro, etcétera. La conectividad también permite el acceso a inmensas cantidades de información, incluida la que sirve de base a los algoritmos de aprendizaje automático, elemento esencial de la inteligencia artificial moderna.

Esta tendencia se reforzó en los últimos quince años (más o menos) gracias a Internet móvil, que aumentó rápidamente no sólo la cantidad de personas conectadas a Internet (y por tanto, posibilitadas de participar en la economía digital), sino también la frecuencia y facilidad de sus conexiones. La conectividad portátil (navegación con GPS, plataformas de uso compartido de vehículos, sistemas de pago móvil, etc.) transformó las vidas y economías de las personas.

Se creyó por mucho tiempo que una Internet abierta (con protocolos estandarizados pero pocas regulaciones) sería el mejor aliado de los intereses de los usuarios, las comunidades, los países y la economía global. Pero han surgido riesgos importantes, entre ellos: el poder monopólico de megaplataformas como Facebook y Google; la vulnerabilidad a ataques contra infraestructuras críticas, incluidos los sistemas financieros y los procesos electorales; y amenazas a la privacidad y la seguridad de los datos y de la propiedad intelectual. También subsisten dudas fundamentales sobre el impacto de Internet en las lealtades políticas, la cohesión social, la conciencia y participación de la ciudadanía y el desarrollo de la infancia.

Conforme se profundiza la penetración de Internet y las tecnologías digitales en las economías y sociedades, la vulnerabilidad y el riesgo se vuelven cada vez mayores. Y hasta ahora, la respuesta predominante de Occidente (que las empresas que proveen los servicios y poseen los datos se autorregulen) no parece estar funcionando. No se puede esperar, por ejemplo, que las grandes plataformas eliminen contenidos “cuestionables” sin las directrices de autoridades reguladoras o tribunales.

Parece entonces que estamos ante una nueva transición, de la Internet abierta del pasado a otra sujeta a un control más amplio. Pero este proceso conlleva sus propios riesgos.

Aunque en esto sería muy deseable la cooperación internacional, no parece probable que vaya a darse en el clima actual de proteccionismo y unilateralismo. Ni siquiera está claro que los países acepten firmar tratados contra la ciberguerra. E incluso si se lograra algo parecido a esa cooperación, seguirá habiendo falta de colaboración (o cosas peores) de actores no estatales.

En este contexto, parece probable que las nuevas regulaciones serán en gran medida iniciativas individuales de diversos estados, que tendrán que responder preguntas difíciles. ¿De quién es la responsabilidad (moral y jurídica) por la seguridad de los datos? ¿Debe el Estado tener acceso a datos de los usuarios, y con qué fines? ¿Se permitirá a los usuarios mantener el anonimato en Internet?

Cada país dará a esas preguntas respuestas muy diferentes, debido a diferencias fundamentales en los valores, principios y estructuras de gobernanza. Por ejemplo, en China las autoridades filtran contenidos que se consideran incompatibles con los intereses del Estado; en Occidente, en cambio, no hay entidades con autoridad legítima para hacer lo mismo, excepto en casos extremos (como el discurso de odio y la pornografía infantil). Incluso en áreas donde parece haber cierto consenso (por ejemplo, en que la desinformación o la interferencia extranjera en procesos electorales son inaceptables) no hay acuerdo en relación con cuál sería el remedio adecuado.

La falta de consenso o cooperación puede llevar a la aparición de fronteras digitales nacionales, que no sólo inhibirán los flujos de datos e información, sino que también afectarán el comercio, las cadenas de suministro y las inversiones internacionales. La mayoría de las plataformas tecnológicas estadounidenses ya tienen vedado operar en China, porque no pueden o no quieren aceptar las reglas de las autoridades respecto del acceso estatal a los datos y el control del contenido.

Al mismo tiempo, Estados Unidos tomó medidas para impedir que la empresa china Huawei invierta en startups de software, provea equipamiento de redes a empresas de telefonía móvil y (junto con ZTE) venda teléfonos portátiles en el mercado estadounidense; esto se debe a los presuntos vínculos de la empresa con el gobierno chino. Huawei y ZTE aseguran que sus actividades son puramente comerciales, y que respetan las normas de los países donde operan, pero los funcionarios estadounidenses insisten en que estas empresas suponen un riesgo para la seguridad.

En cambio, ambas empresas son aceptadas en casi todos los países europeos (incluido el Reino Unido), donde son actores importantes. Pero Europa está creando barreras propias, con nuevas reglas de protección de datos y privacidad que incluso pueden impedir el uso del aprendizaje automático (a diferencia de China y Estados Unidos, en Europa todavía no hay una megaplataforma como las que llevan la delantera en innovaciones basadas en esta técnica).

Como toda la economía global está cada vez más vinculada a Internet y a las tecnologías digitales, es más importante que nunca contar con una regulación más sólida. Pero si esa regulación resultara fragmentaria, torpe, excesiva o incoherente, las consecuencias para la integración económica (y para la prosperidad) podrían ser graves.

Antes de que el mundo adopte soluciones ineficaces o contraproducentes, hay que pensar cuidadosamente el mejor modo de definir las regulaciones. Si no podemos ponernos de acuerdo en cada detalle, tal vez podamos, al menos, identificar un conjunto de principios compartidos, aptos para servir de base a acuerdos multilaterales que proscriban actividades destructivas, como el abuso de datos, y ayuden así a preservar una economía mundial abierta.

 

 

P.S.

Marichuy, deja huella en la campaña presidencial mexicana

La candidata Marichuy no reunió las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, pero dio impulso a la campaña de un movimiento indígena nuevo, que aspira a obtener representación política.

Marichuy

Mitin de Marichuy, Noviembre de 2017 (EneasMx/Wikimedia Commons)

>Por Laura Dowley

‘México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!’  dijo María de Jesús Patricio en un mitin político el 11 de Febrero. Sus seguidores llenaron la plaza del Palacio de Bellas Artes – un símbolo cultural en el corazón de la Ciudad de México- para escuchar a la mujer que esperan traiga consigo un cambio radical para la sociedad civil mexicana.

Marichuy, o Patricio como es comúnmente conocida, es una curandera indígena de Nagua, del estado de Jalisco al oeste de México. Fue nominada por el Congreso Nacional de Indígenas (CNI), una coalición de 58 grupos indígenas, para ser su portavoz en las campañas presidenciales de este año.

Aunque no tuvo éxito en reunir las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, previstas para el día 1 de julio, el CNI matizó que no se detendrá: ‘ “Después de las elecciones de 2018 vienen muchas más, y vamos a seguir resistiendo”, aclaró la concejala Yamili Chan Dzul, del Yucatán, al  sur de México, en una comparecencia en Febrero: ‘Vamos a seguir caminando. Esta es una llamada para despertarnos la concienciahacia delante.’

Juntar las 866.593 firmas – que supone el 1% de la media de votantes registrados en cada estado- que los candidatos independientes necesitan para optar a la presidencia resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña en pos de la candidatura de Marichuy, el congreso argumentó que el mecanismo para reunir firmas es discriminatorio para las comunidades indígenas, lo cual constituye el núcleo de su apoyo electoral.

Las firmas se recogen mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, siendo esta recogida solo posible mediante aparatos con acceso a internet, muchos habitantes de estas comunidades indígenas ni siquiera están en posesión de teléfonos móviles. En México, los usuarios de internet son alrededor del 60% de la población, según datos del Banco Mundial.

Marichuy fue la primera mujer indígena en intentar postularse candidata a la presidencia, apoyada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Este movimiento indígena, radical y de izquierdas, es famoso por haber llevado a cabo un levantamiento en el sur del país, que comenzó el 1 de Enero de 1994, día en el que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá entró en vigor, argumentando que dicho acuerdo y el liberalismo económico que conllevaba tendría un impacto muy negativo en las comunidades indígenas del país.

En el escenario de Febrero, Marichuy fue flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación, exclusivamente de mujeres, fue más que notable en un país en el que el sexismo está ampliamente extendido.

“Me agrada que (el CNI) haya designado a una mujer”, me dice Rosario, propietaria de un pequeño negocio en el Estado de México, justo a las afueras de Ciudad de México. Rosario comentó: “Estas comunidades saben que la mujer tiene una posición muy importante, y que tiene la capacidad de organización”.

La defensa de los derechos de las mujeres es una prioridad para el CNI: ‘Cuando una mujer se levanta y exige sus derechos, exige ser respetada, para ellos (el gobierno) es una amenaza y la desaparecen,” dice la concejala Guadalupe Vásquez Luna desde Chiapas, el estado más pobre de México: ‘Nos asesinan. Nos violan. Nos desaparecen’.

En el mitin que tuvo lugar en Febrero, hubo un sentimiento fuerte de orgullo indígena ya que cada una de las concejalas iba ataviada con las vestimentas típicas de sus comunidades e iniciaron los discursos en sus respectivas lenguas.

A diferencia de otros mítines a lo largo del país en los últimos meses, la mayoría de asistentes eran hispanoparlantes que no tenían ninguna raíz indígena. Sin embargo, como señal de respeto, aplaudieron a las ponentes cuando empezaron a hablar aunque no las entendiesen.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, en México el 21,5% de la población se auto identifica como indígena. Muchas de estas comunidades estas profundamente insatisfechas con el actual sistema político y económico del país, y ven a las élites minoritarias del país como claras beneficiarias de ese sistema. Como respuesta, el CNI está proponiendo un nuevo sistema anti-capitalista.

El CNI acusa al sector privado de robar: ‘Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas’ dijo la concejala Reyna Cruz López en el mitin. Reyna es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, después de Chiapas.

Un informe del 2017 de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma las violaciones de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería a gran escala, energía, construcción y promociones de turismo en México.

Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno mexicano y compañías privadas no cumplieron con su obligación de asegurar la participación de comunidades indígenas en proyectos que les afectan. El informe menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el estado de México en 2012 para construir una autopista a lo largo de tierras ancestrales, sin que fuera llevada a cabo la preceptiva consulta previa a la comunidad.

Los defensores no indígenas del CNI comparten esta frustración frente al capitalismo: ‘No creemos que el capitalismo puede reformarse’, decía Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también dijo, en el mitin de Febrero: ¡Queremos un cambio profundo!

El CNI se centra a menudo en el abuso de los derechos humanos sufrido por las comunidades indígenas. ‘Nos quitaron nuestra lengua. Nos quitaron nuestro traje. Nos quitan nuestras tierras’, dijo Vásquez, de Chiapas, a la multitud, ‘Pero yo ya no estoy dispuesta a ser humillada. Ya no estoy dispuesta a dejar que me quiten lo que es mío’.

También se refirió a la Masacre de Acteal de 1997, en la que perdió a nueve familiares. Tenía tan solo diez años cuando un grupo de paramilitares asaltó la iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles, miembros de un partido político pacifista.

La concejala Magdalena García Durán también habló de su experiencia personal. En 2006, fue una de las 207 personas arrestadas en el pueblo de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de la Ciudad de México, durante un protesta contra la expropiación de tierras indígenas: ‘Nos pegaron, nos encarcelaron y nos fabricaron delitos’, le dijo a la muchedumbre que abarrotaba el mitin. García fue puesta en libertad 18 meses después, siguiendo un dictamen de la corte federal que sentenciaba la falta de evidencias que justificara su detención.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos encontró después, en relación con el caso de San Salvador Atenco, que el gobierno Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, también de no asegurar las garantías judiciales a los detenidos, así como de numerosos casos de tortura y de violación.

El CNI propone un gobierno con mayor participación ciudadana y que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. ‘Anhelamos y pensamos que puede haber formas de construir el poder desde abajo. Un poder conjunto e inclusivo en donde quepan todos’, dice Marichuy.

Aida trabaja en proyectos de índole cultural con comunidades indígenas en Ciudad de México: ‘Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente’.

La mayoría de comunidades indígenas vive en áreas rurales, pero las concejalas parecían dispuestas a hacerse notar entre las audiencias urbanas, insistiendo en la relación fundamental entre la ciudad y el campo. ‘Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, el gobierno moriría de hambre’, afirma Francisca Álvarez Ortiz del Estado de México.

Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, asentía: ‘Las pueblos indígenas son los que nos alimentan’.

Pero el clamor de Álvarez oculta una verdad incómoda. En 2016, el 65% del consumo de maíz en México vino de importaciones, mayormente de los Estados Unidos, y la producción interna en México está dominada por dos grandes compañías: Gruma y Minsa.

Como bien predijeron los Zapatistas, los granjeros de pequeñas tierras han sufrido el resultado del NAFTA. Han sido incapaces de competir con las subsidiadas empresas productoras de maíz en Estados Unidos en términos de precios, y diez años después de la firma del acuerdo del NAFTA, las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado en un 323%.

La corrupción es otro asunto importante para el CNI. Transparencia Internacional, en su informe anual de 2017 que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países diferentes, sitúa a México en el puesto número 45 con una puntuación idéntica a países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

‘Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser tan corruptos como los demás, no como los políticos que pretenden representarnos’, dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que también habló en dicho mitin, junto a las concejalas

Mientras que las concejalas articularon exitosamente las discrepancias de las comunidades indígenas, el CNI no lanzó ninguna propuesta política, y sus campañas no han estado exentas de contratiempos.

Aunque Marichuy está ahora mismo fuera de la carrera hacia la presidencia, su campaña ha inspirado a todos sus defensores. ‘Hay un mensaje detrás de las firmas’, Aida me dijo ‘Aunque no figure en la papeleta electoral, nosotros, el pueblo, vamos a seguir organizándonos’.

 

DEMOCRACIA ABIERTA

Juego de sillas en el Gobierno estadounidense: Trump y el Deep State

Gabinete Estados Unidos

 

>Por Silvina M. Romano y Arantxa Tirado

En las últimas semanas, el Gobierno de Donald Trump ha cambiado de Secretario de Estado y amenaza con destituir al Consejero de Seguridad Nacional. Esto se suma a los numerosos cambios realizados desde inicio de la gestión, destacando: la renuncia previa del antecesor de McMaster, Michael Flynn (en el marco de la supuesta injerencia rusa en elecciones presidenciales estadounidenses); cambio del Jefe de Gabinete (Reince Priebus por John F. Kelly, que hasta entonces se desempeñaba como Secretario de Seguridad Nacional); la renuncia del Secretario de Salud, Tom Price; el reemplazo del Secretario de Estado Rex Tillerson por el exdirector de la CIA, Mike Pompeo; así como la destitución del Consejero principal del presidente -todavía sin candidato o candidata a sustituirlo- Steve Bannon.

La rotación en el equipo de Trump, tanto en lo que algunos analistas llaman el “Equipo A” del presidente (miembros de su oficina ejecutiva, su círculo más cercano), como en el gabinete, seguida en detalle por los analistas. Se informa que, sólo en el primer año de mandato, Donald Trump atesora unas tasas de rotación dentro de su “Equipo A” del 34 % (frente al 9 % de Barack Obama para el mismo periodo o el 6 % de George W. Bush).[1] En lo que respecta al gabinete, han salido en su primer año tres miembros, cifra que contrasta con las 0 salidas de sus predecesores. Algunos lo califican como el gabinete “menos estable” en su primer año de gobierno desde 1977,[2] generando “preocupación” y voces de alerta ante esta característica (¿hábito?) del gobierno de Trump. Hay quienes advierten que se trata de un resultado de la conducta impulsiva y cambiante, sumado a su ineptitud.[3] Otros consideran que Trump se ha ido deshaciendo de todos los que no aguantaron su “volatilidad” y que no concuerdan con el presidente en diversos temas, de modo que el mandatario estaría procurando rodearse de gente que “piense como él y que apoyen todo lo que él proponga”.[4]

El cambio más sugerente es, sin duda, el de Rex Tillerson por Mike Pompeo. Esto se da en el marco de las tensiones y estrategias de negociación con Corea del Norte (presión para su desnuclearización) e Irán, y en el contexto de las denuncias de intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016.[5] La prensa hegemónica reproduce la siguiente interpretación: “El nuevo cambio efectuado en el gabinete de Donald Trump llega en un momento de profunda crisis en el Departamento de Estado. Este cuenta con miembros que fueron entrenados para apostarle a la diplomacia y los consensos, por encima de los acuerdos arbitrarios y retóricas incendiarias”.[6]

Esta afirmación, podría ser extendida al vínculo de la Casa Blanca con el resto de las agencias del Gobierno, y abre el interrogante de hasta qué punto este nuevo presidente (inepto, volátil e impulsivo, según lo califican los especialistas) está desafiando a parte del establishment, que lo vería como un “obstáculo” para objetivos de mediano plazo previamente pautados, en particular los de política exterior. Parece que Trump busca imponerse y que se niega a seguir ciertos libretos preestablecidos, despertando cada vez más preocupación entre un sector del establishment (que percibe que Trump será difícil de “controlar”) entre el que se encuentra el “Deep State” burocrático de Washington. Una curiosidad es que tensiones similares experimento John F. Kennedy frente al establishment (en particular con el FBI), aunque en un contexto muy diferente y por convicciones probablemente opuestas a las atesoradas por Trump.

Además, debe recordarse que desde su asunción como presidente, Trump fue acusado de incapacidad mental, de complotar con Rusia para ganar elecciones, de censurar a la prensa, etc. Estas acusaciones han allanado el camino para eventualmente solicitar un impeachment. La reciente denuncia sobre el vínculo entre Cambridge Analítica-Facebook, que participó en la campaña presidencial de Trump[7], se suma a este escenario y desencadena un nuevo escándalo que podría añadirse como argumento para el juicio político.

Pero la injerencia rusa es hasta ahora el problema más incómodo para la gestión Trump. En efecto, tal vez uno de los próximos destituidos sea McMaster, Consejero de Seguridad Nacional, que recientemente acusó al Gobierno ruso de haber iniciado una campaña de “desinformación, subversión y espionaje”.[8] Unas declaraciones realizadas frente a altos funcionarios de seguridad rusos justo unas horas después de que el Departamento del Tesoro anunciara la sanción a tres entidades y trece ciudadanos rusos por supuestos ciberataques en las elecciones.[9] Trump, que niega esta injerencia[10] y desde el inicio adujo que se trató de una serie de noticias falsas para deslegitimar su campaña y triunfo, publicó en su cuenta de Twitter el mes pasado: “El general McMaster olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y Crooked Hillary, el DNC y los demócratas”.[11] Con ello sacaba a la luz pública las diferencias existentes entre el Consejero de Seguridad Nacional y el presidente en un asunto que compromete nada más y nada menos que la soberanía nacional del país.

Pero el affaire con los rusos parece tener un alcance aún mayor. El fiscal Robert Mueller, uno de los que está a cargo de la investigación, en lugar de encontrar información que comprobara un complot entre Rusia y Trump para derrotar a Hillary, destapó en febrero pasado la existencia de una fábrica rusa de fake news. Acusó a ciudadanos y empresas rusas de interferir en las elecciones de 2016, ocupados en una “intensa campaña de intoxicación política en EE. UU.” una “guerra de información” encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general.[12] De este modo, las limitaciones de la democracia liberal de EE. UU., cuestionada por su escasa representatividad en términos procedimentales, las dudas sobre el modo en que se financian campañas electorales millonarias y las críticas sobre las élites que se sostienen en la cúpula del sistema político-empresarial de EE. UU., son dejadas de lado en virtud de una amenaza “externa”. Mientras se habla de la “injerencia rusa” y de la “inestabilidad mental” del presidente, se relega a un segundo plano un análisis serio sobre los cambios y continuidades en la sociedad estadounidense, que han derivado en que un personaje como Donald Trump haya podido conectar con millones de ciudadanos que no han encontrado una mejor manera de canalizar su descontento que votando al candidato aparentemente outsider.

El juego de sillas en la administración Trump apunta a una pugna soterrada por el control del Estado que parece librarse entre el presidente, secundado por su círculo menguante de incondicionales, y una mayoría aparente del “Deep State” que teme perder la última palabra sobre “cómo y cuándo se hacen las cosas”. En esta batalla, será crucial estar atento a las voluntades que logren imponerse, pues implicará (o no) la redefinición de la política exterior, con consecuencias importantes para América Latina.

 

[1] https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-trump-administration/

[2] https://fivethirtyeight.com/features/the-incredibly-and-historically-unstable-first-year-of-trumps-cabinet/

[3] https://rantt.com/donald-trump-is-unstable-and-he-could-be-removed-from-office-129f5c3ef1e0

[4] https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/donald-trump-bromea-sobre-los-cambios-en-su-gabinete-904644/

[5] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[6] https://latinamericanpost.com/index.php/es/politica/20152-estados-unidos–que-significa-el-cambio-en-el-departamento-de-estado?

[7] https://www.cnet.com/es/noticias/facebook-cambridge-analytica-trump-lo-que-debes-saber/

[8] https://www.nytimes.com/2018/02/17/world/europe/russia-meddling-mcmaster.html

[9] https://translations.state.gov/2018/03/15/el-tesoro-sanciona-a-los-ciber-actores-rusos-por-la-interferencia-con-las-elecciones-estadounidenses-de-2016-y-los-ciberataques-maliciosos/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[10] https://www.efe.com/efe/usa/portada/putin-y-trump-niegan-injerencia-rusa-en-ee-uu-abogan-por-mejorar-las-relaciones/50000064-3435274

[11] https://mundohispanico.com/noticias/trump-continua-con-cambios-en-su-gabinete-y-sustituira-a-h-r-mcmaster-como-asesor-de-seguridad-nacional

[12] https://elpais.com/internacional/2018/02/16/estados_unidos/1518805614_412828.html

 

CELAG

¿La democracia de Google, Facebook y YouTube?

 Apuntes sobre el sesgo ideológico de los motores de búsqueda

Si los motores de búsqueda de Internet pueden ser calibrados con sesgos ideológicos, la neutralidad de la red es un deseo pero no una realidad. La política de las grandes empresas de la red, así como su vinculación con gobiernos y grupos poderosos, no contribuye a la libre elección de los contenidos digitales por parte de los ciudadanos.

Redes Sociales

>Por Lucas Malaspina

Cuando Mark Zuckerberg decidió ofrecer a las naciones emergentes Internet.org, la rabia no tardó en estallar. Como explica acertadamente Daniel Leisegang en «Facebook salvará al mundo», este proyecto surgido en 2013 tenía una mascarada humanitaria: permitir acceso a Internet a una enorme cantidad de ciudadanos del Tercer Mundo que aún están fuera de la aldea global. Por supuesto, la idea era romper las barreras que impiden, por ejemplo, que dos tercios de la población india se puedan unir a Facebook.

Además de la India, el proyecto aspiraba a un total de 100 naciones más. Acusada de violar la neutralidad de la red, Facebook tuvo que cambiarle el nombre: de Internet.org pasó a llamarse Free Basics y de la India debió irse en 2015 debido a la gran cantidad de críticas que recibió. ¿Por qué? Porque Facebook no estaba ofreciendo Internet a secas, sino que se trataba de una aplicación para teléfonos móviles a través de la cual los sectores de menores recursos de ese país podían acceder a una versión recortada de Internet. La idea, originalmente impulsada con el espíritu de que «la conectividad es un derecho humano», terminó exhibiendo que lo que se proponía Zuckerberg es apropiarse de la gigantesca masa de datos de una significativa cantidad de los pobres del mundo (para monetizarlos).

¿Quién decidía qué servicios están disponibles en la aplicación? Según Chris Daniels, el vicepresidente de la compañía, la decisión la toman Facebook, el gobierno de cada país y el operador de telecomunicaciones asociado. Con razón, podríamos afirmar que si «Internet es un derecho humano», con Free Basics Facebook sólo aspira a regular los «derechos humanos recortados» de la mitad de la población mundial (la que no tiene acceso a Internet). Estas políticas que agrandan la brecha digital poco tienen que envidiarle al modelo de Corea del Norte, donde la mayoría sólo tiene a acceso a una modesta Intranet local que apenas tiene 28 páginas webs disponibles con contenidos fiscalizados por el gobierno de Kim Jong Un (la excepción la constituye, como es obvio, la élite gobernante). Free Basics, que se encuentra en una fase muy embrionaria, sumaba en noviembre de 2016 unos 40 millones de usuarios.

En América Latina, Free Basics ya ha sido implementado en 3 países (sobre veintitrés a nivel mundial que se han unido): Colombia, Guatemala y también Bolivia, cuya inclusión en este programa pone de relieve la insuficiente discusión de los problemas del monopolio de la información en la era digital por parte del populismo continental (o en este caso, su colaboración/subordinación con esos monopolios).

Free Basics no permite ingresar a Google, el buscador más popular de todo el mundo, sino a Bing (el buscador de la competencia, Microsoft, que posee acciones en Facebook). Ahora bien, ¿qué ocurre con el 49,6% (3700 millones de personas) que sí tenemos acceso a Internet a secas, sin (aparentes) restricciones, y del cual más del 90% somos usuarios de Google? ¿Podemos realmente jactarnos de utilizar un Internet realmente libre y «neutral»?

Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda

La expresión «Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda» (Seme, por sus siglas en inglés), fue utilizada en agosto de 2015 por Robert Epstein y Ronald E. Robertson, dos académicos de estadounidenses que demostraron que se podía decantar el voto de un 20% o más de indecisos en función de los resultados que ofreciera Google. En varios artículos y entrevistas, Epstein se refiere a su estudio y afirma que «en algunos grupos demográficos, hasta un 80% de los votantes» pueden llegar a cambiar sus preferencias electorales según los resultados que ofrece Google. En febrero de 2016, los medios ingleses fueron el terreno de una polémica sobre la injerencia del buscador en las elecciones de los votantes.

Este no es solamente un problema de la democracia occidental. Según la intelectual francesa Barbara Cassin, autora de «Googléame: la segunda misión de los Estados Unidos», Google habría cedido al gobierno de China perfiles de sus usuarios en ese país, «lo cual permitió identificar e incluso arrestar a disidentes». Para ilustrar el sesgo ideológico de los motores de búsqueda de manera clara, Cassin afirma que «si, en un país que no sea China, uno escribe en el Google Tiananmen, obtendrá datos sobre la represión a manifestantes en esa plaza de Beijing, en 1989, que dejó centenares de muertos: pero, si lo escribe en China, no obtendrá más que pacíficas referencias urbanísticas a la plaza».

Por supuesto, Google no admite este sesgo ideológico implícito en su sistema, pero las recientes políticas de la empresa para ayudar a «combatir el terrorismo» en general y al Estado Islámico (ISIS) en particular, exhiben concretamente el modo en que funciona su poder sobre las decisiones de las personas en la actualidad. Es el caso de Jigsaw, un programa piloto de Google basado en su sistema de publicidad personalizada, pero con un objetivo cero comercial, sino político. El plan es localizar usuarios proclives al mensaje del ISIS y ofrecerles una serie de anuncios específicos para ellos, a través de los cuales se los redirige disimuladamente a contenidos que refutan las tesis del ISIS y que podrían ayudar a quitarles de la cabeza la idea de unirse al ‘Califato’. Pocos podrían objetar que Google convenza a las personas de rechazar a ISIS, pero es evidente que esto revela que Google está lejos de ser «neutral» u «objetivo» y, por el contrario, llama la atención sobre las posibilidades de manipulación sobre el usuario.

¿Batalla contra las «fake news» o censura 2.0?

Los tiempos han cambiado, y con ellos también lo que hallamos en internet. En 2010, al buscar sobre política en Google, solo un 40% de los resultados los proveían medios de comunicación. Ya en 2016, ese porcentaje rozaba el 70%. El 25 de abril de 2017, Google anunció que había implementado cambios en su servicio de búsqueda para dificultar el acceso de los usuarios a lo que llamaron información de «baja calidad» como «teorías de conspiración» y «noticias falsas» (fake news). Facebook también aplicó una política similar.

Google aseguró que el propósito central del cambio en su algoritmo de búsqueda era proporcionar un mayor control en la identificación de contenido considerado objetable. Ben Gomes, a título de la compañía, declaró que había «mejorado nuestros métodos de evaluación e hizo actualizaciones algorítmicas» para «hacer emerger contenido más autorizado». Google continuó: «actualizamos nuestras directrices para evaluar la calidad de búsqueda para proporcionar ejemplos más detallados de páginas web de baja calidad para que los evaluadores marquen adecuadamente». Estos moderadores tienen instrucciones de marcar «experiencias molestas para el usuario», incluidas páginas que presentan «teorías de conspiración». Según Google, estos cambios rigen a menos que «la consulta indique claramente que el usuario está buscando un punto de vista alternativo».

Desde que Google implementó los cambios en su motor de búsqueda, menos personas han accedido a sitios de noticias de izquierdas, progresistas, u opositoras a la guerra. Con base en la información disponible en análisis de Alexa, algunos de los sitios que han experimentado bajas en el ranking incluyen WikiLeaks, Truthout, Alternet, Counterpunch, Global Research, Consortium News, WSWS, la American Civil Liberties Union y hasta Amnistía Internacional. También en el caso de Facebook, el editor de KRIK, un medio independiente serbio, publicó sus quejas en The New York Times, explicando como cambios para combatir (aparentemente) las fake news, los perjudicaron seriamente.

Llamativamente, poco antes de esa decisión de Google, The Washington Post había publicado un artículo, «Los esfuerzos de propaganda rusos ayudaron a difundir noticias falsas durante las elecciones». Allí se citaba a un grupo anónimo conocido como PropOrNot que compiló una lista de sitios de noticias falsas difundiendo «propaganda rusa». El 7 de abril de 2017, Bloomberg News informó que Google estaba trabajando directamente con The Washington Post para «verificar» los artículos y eliminar las «fake news». Esto fue seguido por la nueva metodología de búsqueda de Google: de los 17 sitios declarados como «noticias falsas» por la lista negra del Washington Post, 14 cayeron en su clasificación mundial. La disminución promedio del alcance global de todos estos sitios es del 25 por ciento, y algunos sitios vieron caerlo hasta un 60 por ciento. La sospecha de que Google se haya aliado con estos medios tradicionales potentes para discriminar a medios alternativos e independientes cobra fuerza al hilar estos hechos.

Además de su propio buscador, Google posee el control de YouTube, empresa que compraron en 2006 (un año después de su fundación). YouTube paga a los productores de videos a partir de una cierta cantidad de visualizaciones por colocar anuncios (ads) sobre ellos, actuando de intermediario entre las grandes empresas y ellos. El cambio más serio de YouTube se produjo a raíz de informes como el de The Wall Street Journal de que los anuncios aparecían en los videos de YouTube que mostraban extremismo y odio. Cuando grandes anunciantes como AT&T y Johnson&Johnson retiraron sus anuncios, YouTube anunció que trataría de hacer que el sitio sea más aceptable para los anunciantes al «adoptar una postura más dura respecto del contenido ofensivo, ofensivo y despectivo». Con estos nuevos algoritmos, Google perjudicó a productores de videos progresistas e independientes, provocando lo que estos denominaron the adpocalypse (apocalipsis de los anuncios). Básicamente, el mecanismo implementado terminó por condenar aquellos contenidos alternativos y empuja a los productores de videos a evitar opiniones o puntos de vista objetables… según los estándares políticos de Google/YouTube.

Basado en su estudio, Epstein había cuestionado que Google y Facebook decidan que noticias son falsas y cuales. Considera que su posición monopólica los transforma en un super-editor periodístico mundial. Las prácticas de Google en relación a los algoritmos que regulan los motores de búsqueda no sólo tuvieron implicancias políticas sino también fines comerciales. En el marco de su regulación anti-trust, la Comisión Europea multó a Google con $ 2.7 mil millones por manipularlos para dirigir a los usuarios a su propio servicio de compras, Google Shopping, haciendo uso de su posición dominante.

La oscuridad de los algoritmos: problema democrático elemental

Cathy O’Neil, cientista de datos y autora del libro «Armas matemáticas de destrucción», alerta sobre la «confianza ciega» depositada en los algoritmos para obtener resultados objetivos. La arquitectura de internet tiene una influencia tremenda sobre lo que se hace y lo que se ve; los algoritmos influyen sobre qué contenido se extiende más en Facebook y cual aparece encima de las búsquedas de Google. Sin embargo, los usuarios no están prevenidos de esto ni capacitados para entender el modo en que se recolectan los datos y el modo en que estos se clasifican. Si Free Basics fue criticado por intentar que los desconectados del Tercer Mundo accedan a una conexión de segunda clase creyendo que Internet es igual a Facebook, no puede negarse que para la ciudadanía digital «de primera clase» Google es prácticamente lo mismo que Internet, pues es la que nos posibilita acceder organizadamente a los contenidos de ella. De este modo, la oscuridad de los algoritmos se constituye en un problema democrático elemental. Tras un decenio de gobiernos populistas o progresistas en América Latina, no se han tomado medidas que controlen el poder de estos monopolios de la información, en tanto que la discusión sobre este tópico se encuentra completamente atrasada. Incluso la izquierda de las naciones desarrollados no ha llegado a proponer un programa de conjunto. Quizás, una de las tareas más urgente consista en politizar esta cuestión.

 

NUEVA SOCIEDAD

¿Qué pasa ahora tras la renuncia de PPK a la presidencia de Perú? 5 posibles escenarios

PPK

 

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llega a su fin 20 meses después de su comienzo.

El presidente peruano renunció este miércoles al cargo tras el escándalo de corrupción y compra de votos de parlamentarios que sacude el país.

Es el punto culminante de una larga sucesión de acusaciones que tuvo uno de sus capítulos principales en diciembre pasado, cuando el Congreso peruano votó en contra de su destitución.

En esa ocasión Kuczynski se salvó de perder su cargo pero otra votación de vacancia le esperaba este jueves, algo que probablemente no se producirá dada su renuncia.

Esta se produjo después de que el martes el partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, publicara unos videos y audios que mostraban a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando supuestamente comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario en el Congreso.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, anunció Kuczynski este miércoles en una alocución televisada.

Además de este supuesto intento de compra de votos, en el centro de las acusaciones contra Kuczynski están los supuestos pagos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski envió este miércoles su carta de dimisión al Congreso que, tras recibirla, deberá votar el jueves su aceptación o procederá finalmente a considerar la presidencia vacante por “incapacidad moral” del mandatario.

Este mismo miércoles, la Fiscalía peruana pidió a la Justicia que no se deje salir del país al mandatario en el marco de la investigación que sigue por los pagos que realizó la empresa Odebrecht.

Aquí te mostramos los 5 posibles escenarios que pueden darse tras la renuncia del presidente de Perú.

1-El Congreso acepta la renuncia y se nombra al nuevo presidente

Es el escenario más probable, luego de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó que los partidos políticos habían acordado aprobar la renuncia durante la sesión plenaria del jueves.

De acuerdo con la Constitución peruana, en casos como este, el jefe de Estado debe enviar la carta de su dimisión al Parlamento en la que explique los motivos que lo llevaron a esto.

Una vez recibida la carta, la Junta de Portavoces acepta tramitarla.

El Congreso entonces, en una reunión plenaria, debe debatir y votar si la acepta o no.

2-El Congreso no acepta la renuncia y vota la destitución presidencial

Ocurrió ya una vez cuando el entonces presidente Alberto Fujimori presentó su renuncia por fax al Congreso ante el temor de ser destituido.

Los parlamentarios no la aceptaron y procedieron a votar su vacancia.

Se considera un método más deshonroso de salida del gobierno y el presidente pierde todo los privilegios que reconoce el Estado peruano para los funcionarios públicos de ese alto cargo.

Tiene lugar cuando la mayoría del Congreso considera que los motivos de la renuncia que alega el mandatario no resultan convincentes o entiendan que el mandatario asumió una actitud o protagonizó hechos que no se corresponden con su cargo.

En cualquiera de las dos variantes anteriores, la Constitución establece que sea el vicepresidente quien asuma la jefatura del gobierno hasta el próximo periodo electoral.

3-El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asume la presidencia

De acuerdo con la Constitución de Perú, el vicepresidente, Martin Vizcarra, que ejerce actualmente además como embajador en Canadá, sería quien asumiera la jefatura una vez se consumara la salida de PPK.

Aunque Vizcarra amenazó con renunciar también en diciembre pasado si Kuczynski era destituido, esta vez ha esquivado los llamados de quienes le reclamaban que aclarara qué decisión tomaría.

Los medios peruanos han interpretado su silencio como un indicio de que está dispuesto a tomar el timón e informaron que se es esperaba su llegada al país en las próximas horas.

Esta semana, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, dijo al periódico peruano Trome —el de mayor circulación— que Vizcarra haría un mejor trabajo que PPK en el gobierno.

Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, una región en el sur de Perú que obtuvo buenos resultados en Educación durante su gestión.

Antes de irse como diplomático, fue ministro de Transportes, pero duró menos de un año en el cargo.

En mayo de 2017 renunció al ministerio antes de que el Congreso lo censure por firmar una adenda de un contrato para construir un aeropuerto en Cusco, y que la Contraloría consideró irregular.

Vizcarra podría renunciar también a la presidencia de Perú y el Congreso tendría que aceptar o rechazar la dimisión.

De aprobarla, ocurriría el siguiente escenario.

4-Renuncia Martín Vizcarra y asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz

Si asumiera el cargo, la vicepresidenta segunda se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú.

Pero ese supuesto parece muy improbable.

Todo indica que Vizcarra aceptará la presidencia. Y la propia Aráoz ha dejado claro que si Kuczynski sale del poder, ella también abandonará.

Antes de ser vicepresidenta, Aráoz fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, cargo en el que afrontó muchas críticas por su gestión del episodio conocido como el Baguazo, como se conoció al enfrentamiento entre la policía y las etnias wampis y awajún de la selva de Perú a causa de unos decretos sobre el uso de recursos naturales.

El enfrentamiento, ocurrido en 2009, causó la muerte de 23 agentes y 10 indígenas, y la desaparición de un policía.

Aráoz fue una de los funcionarias del gobierno de Alan García (2006-2011) que se negaron a derogar los decretos por los que estalló la protesta.

Si tanto Vizcarra como ella rechazan la presidencia, aún quedaría otra posibilidad.

5-Renuncian ambos vicepresidentes y asume Luis Galarreta, actual presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular

Esta sería la última opción y también la más provisional.

Luis Galarreta, o el presidente que el Congreso designe, asumiría la presidencia de manera interina, ya que tendría que convocar inmediatamente a “elecciones”. La Constitución no especifica si estas serían solo presidenciales o elecciones presidenciales y parlamentarias (algunos analistas dicen que serían ambas).

Al haber elecciones de nuevos congresistas, es posible que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, perdería la mayoría que tienen ahora.

Organizar una campaña presidencial ahora o en pocos meses resultaría caótico porque en octubre de 2018 hay elecciones municipales y regionales, o sea las campañas se superpondrían unas a otras. Peor aún si también hay elecciones al Congreso.

 

BBC MUNDO

Donald Trump y América Latina: La relación ignorada

La presidencia de Donald Trump y América Latina en 2017

Hace unas semanas, Donald Trump cumplió un año en la Casa Blanca. Si bien la política exterior y la línea discursiva del presidente Trump en 2017 se concentraron en Corea del Norte, Rusia, China, Irán y México, resulta imprescindible analizar cuál fue la relación de la Casa Blanca con América Latina y cuáles serán las repercusiones de la presidencia Trump para la región.

Trump y America Latina

>Por Carlos Galina

La esfera internacional y el papel de Trump

Frente al desinterés de George W. Bush en la región —consecuencia de su prioridad hacia la guerra contra el terrorismo— y la tensión remanente de la Guerra Fría que limitó el campo de acción de las administraciones anteriores, la presidencia de Barack Obama (2008-2016) marcó un reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante su presidencia se logró reestablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, mantener una línea de comunicación con Venezuela, apoyar la consolidación democrática y la lucha contra la corrupción en la región e incluir a ciertos países en uno de los tratados comerciales más ambiciosos de nuestra era, el Tratado Transpacífico (TPP). A pesar de las controversias entre el Obama y Hugo Chávez y el rechazo de ciertos líderes latinoamericanos a la presencia norteamericana, el presidente estadounidense cimentó las bases para una política exterior exitosa con América Latina. Sin embargo, el simple hecho de que esta estrategia haya sido adoptada durante la administración de Obama fue suficiente para que la administración de Trump decidiera no darle prioridad.

En agosto de 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Si bien muchos esperaban que esta visita marcara la línea que la administración republicana establecería con América Latina, esto nunca sucedió. En cada país, Pence remarcó el interés de Estados Unidos en mantener a la región como un líder comercial, pero pronto —frente a un tuit del presidente Trump sugiriendo una invasión a Venezuela— el vicepresidente tuvo que cambiar el discurso y destinar la mayor parte de su gira a minimizar la declaración de Trump. La gira solo evidenció que hasta ese momento la administración estadounidense no contaba con una política clara hacia América Latina, situación que continuó hasta el fin de año. Sumado a esto, encuesta tras encuesta se puede observar una caída sustancial en la percepción positiva de los ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, donde solo un 16% aprueba el papel del presidente Trump.

China ha sido el país que más se ha beneficiado del desinterés de Estados Unidos en la región. La línea discursiva del presidente estadounidense en 2017 se caracterizó por una visión proteccionista en el área comercial. La línea fue remarcada con la salida de Estados Unidos del TPP. Así, China ha encontrado una oportunidad única para fortalecer alianzas comerciales y tratados dentro de la región haciendo a un lado a Estados Unidos. Desde 2009 China incrementó su interés hacia América Latina: la nación asiática es el principal socio comercial en muchos países de la región y sus bancos de desarrollo han dotado de un financiamiento sustancial en los últimos años a diversos proyectos de infraestructura. Frente al abandono de la administración estadounidense, China ha llegado a ocupar los espacios vacíos en la agenda latinoamericana. El poder económico estadounidense en la región desempeñaba hasta hace poco un papel de garante en temas de protección a derechos humanos y democracia, donde Estados Unidos utilizaba este poder blando para coordinar estrategias y apoyos en foros multilaterales. La alianza económica de la región latinoamericana con China podría representar un cambio en este sentido. China podría empezar a ser el país que cuente con un apoyo incondicional en el escenario multilateral.

Trump y América Latina

Si bien América Latina como región no formó parte de la agenda de la administración estadounidense en 2017, Argentina sí logró posicionarse en el radar norteamericano. La visita del presidente Macri a la Casa Blanca —después de sus declaraciones a favor de Hillary Clinton— marcó un acierto en la política exterior argentina. Poco después de la visita, el presidente Trump levantó una prohibición a la importación de limones argentinos. Así, el presidente argentino encontró la forma de acercarse al presidente y caer en su gracia.

En contraste con el acercamiento con Argentina, este año la relación entre Estados Unidos y Colombia estuvo en riesgo dadas las amenazas del presidente Trump de retirar la ayuda de su país hacia la nación latinoamericana. De la misma forma, tras los avances pasados en la relación con Cuba, el presidente Trump restituyó algunas de las restricciones de viaje y retiró a la mayor parte de su cuerpo diplomático de la isla. Si bien muchos esperaban que las acciones del presidente Trump hacia Cuba fueran más contundentes —dado que el electorado cubano-estadounidense fue crucial para su victoria presidencial—, la realidad es que después de estas gestiones la Casa Blanca limitó sus declaraciones hacia el país caribeño.

En 2017, Trump destinó la mayor parte de su interés hacia América Latina a la situación en Venezuela, llegando a sugerir una eventual intervención militar. Del caso venezolano es importante recalcar la línea discursiva de Nicolás Maduro hacia la administración Trump. A pesar de que se esperaba que la tensión entre los presidentes de ambos países incrementara durante el año, esto nunca sucedió. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encontró en un punto crítico cuando la Casa Blanca condenó la situación en Venezuela y recibió a Lilia Tintori, esposa del político encarcelado Leopoldo López. Sin embargo, después de una serie de declaraciones de ambos bandos, el acto no trascendió como se habría esperado. La realidad es que el presidente venezolano parece haber entendido la forma de operar de la presidencia de Trump, una administración que se caracteriza por muchas declaraciones y pocas acciones, y ha encontrado en esta desorganización una ventana de oportunidad para respaldar su propia presidencia. La insistencia de Donald Trump en mantener los niveles de compra del petróleo—bajo el argumento de que Estados Unidos no quiere afectar a los ciudadanos venezolanos— ha servido para que, frente a la falta de liderazgos fuertes en América Latina, Maduro consolide aún más su mandato. Las elecciones de este año serán una prueba crucial para la relación entre Trump y Venezuela, y será interesante ver la posición que Maduro adoptará en los siguientes meses.

Una lección importante del año 2017 es que, a diferencia de su postura ante otros países y regiones, América Latina sigue siendo una región a la que Trump no presta demasiada atención. El menosprecio hacia la región puede ser explicado por una falta de interés de sus votantes hacia América Latina, lo cual bajo la lógica del presidente convierte a la política exterior hacia esta región en un tema poco redituable electoralmente. También podría explicarse por la obsesión del presidente con México y Centroamérica. Llama la atención que, en los temas prioritarios como migración, comercio y seguridad, el backyard ha sido reducido a México y Centroamérica.

2018: ¿el surgimiento de interés hacia América Latina?

Frente a todo lo sucedido en la Casa Blanca durante 2017, varios jefes de Estado latinoamericanos adoptaron una postura de «dejar pasar» e intentaron no reaccionar ante los tuits y controversias del presidente estadounidense. 2017 hizo evidente que Trump mantiene una visión proteccionista y no está en su interés apoyar acuerdos comerciales multilaterales. Con esto en mente, los países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada para encontrar el balance entre buscar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos o comenzar a diversificar sus mercados y apostarle a la región asiática.

La estrategia de América Latina para la relación con Estados Unidos debe enfocarse al acercamiento institucional, una lección que aprendieron con mucho esfuerzo Colombia y México y que aun así tuvo altibajos el año pasado. Frente al aislacionismo de Estados Unidos, surge un área de oportunidad para reunificar a la región latinoamericana y consolidar su papel en los foros internacionales. La Alianza del Pacífico y la propuesta de reinicio del TPP presentan circunstancias únicas para fortalecer las economías de la región y protegerse de la volatilidad de la presidencia estadounidense.

Hasta ahora América Latina como región no es prioritaria para la administración de Trump y es poco probable que esta situación cambie. Las elecciones de 2018 en siete países podrían cambiar el statu quo tanto por la retórica que podrían adoptar ciertas campañas como por las personas que eventualmente ocuparán el poder dentro de la región. La carrera presidencial estadounidense de 2016 marcó nuevas formas dentro de la política. Estas nuevas formas podrían trasladarse a las campañas latinoamericanas y el desdén del presidente Trump hacia las instituciones y la democracia podría influir en el surgimiento de nuevos actores con posturas similares dentro de América Latina.

En unos días el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará Argentina, Perú y Colombia. Su visita podría representar el primer desvelamiento de una línea coherente de política exterior hacia América Latina. Sin embargo, los temas que estarán en la agenda local estadounidense —como una posible reforma migratoria— ponen en riesgo el impacto de la visita. Frente a los inminentes procesos electorales y los temas cruciales que enmarcarán las contiendas en cada país de América Latina, es poco probable que las relaciones con Estados Unidos mejoren o empeoren en los siguientes meses. No obstante, en un mundo de inestabilidad e incertidumbre como el que presenciamos en 2017, a veces el impasse es la mejor carta que los actores internacionales pueden jugar.

 

 

NUEVA SOCIEDAD

Escenario pre-electoral en Colombia 2018

Colombia: Una competencia ideológicamente centrípeta y territorialmente centrífuga

>Por Ava Gómez y Amílcar Salas Oroño

A poco menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario electoral se muestra indefinido en cuanto a quién será el próximo ocupante del Palacio de Nariño. Con una competencia que ideológicamente ha estado direccionándose discursivamente hacia el centro (en los últimos meses) y con propuestas muy similares entre los candidatos, el resultado sigue siendo una incógnita, sobre todo porque la definición última también estará estructurada por el peso distrital que tengan cada una de las maquinarias territoriales del voto, con la dispersión que eso supone en términos de factores decisivos de una elección. De allí que cualquier especulación sobre los candidatos con más chances todavía parece un tanto prematura, principalmente, por dos motivos: de un lado, los candidatos no han sido testeados en sus propias maquinarias (algunas lo harán en las legislativas y otras no lo harán directamente hasta el momento de la elección presidencial – o bien por carecer de las mismas, o bien por no llevar sellos propios -); del otro lado, aún no se han entremezclado en alta frecuencia las informaciones “negativas” sobre los candidatos, pues hasta el momento – salvo algún que otro cruce particular- el tono ha sido bastante cordial, diplomático, donde buena parte de la simpatía mediática del 2017 ha estado del lado del candidato G. Vargas Lleras.

Es considerando estas variables que los datos de la reciente encuesta de Invamer, que recoge su información del 25 al 29 de enero de 2018, debe ser relativizada; allí aparecen, en intenciones de voto, primero Gustavo Petro (23.5 %), luego Sergio Fajardo (20.2 %), Germán Vargas Lleras (15.06 %), Humberto de la Calle (11 %) e Iván Duque (9.2 %). La medición no considera, por ejemplo, ni la capacidad territorial de sus maquinarias – o por lo menos no hace una ponderación de las mismas – como tampoco proyecta a los candidatos en su dimensión nacional, respecto de su presencia en todo el país, y no asociados a un determinado distrito, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio G. Petro.

La alta volatilidad del contexto obliga a mantenerse cauto frente a afirmaciones certeras sobre las posibilidades de cada formación política o coalición, toda vez que, al momento: (1) varias candidaturas siguen ensayando fórmulas, como la más reciente del liberalismo, donde Clara López irá en clave vicepresidencial de Humberto de la Calle; y (2) las elecciones legislativas de marzo definirán de forma más clara la fortaleza de las maquinarias electorales en el nivel regional, impulsando realineamientos sensibles posteriores en algunos “líderes y lideresas” comunitarios que pueden pasar a formar parte de esquemas diferentes para la contienda presidencial.

En términos de aparato electoral, las circunstancias y puntos de partida son bien diferentes según los candidatos, y de allí también los perfiles que éstos pueden desarrollar. Está claro que, por ejemplo, G. Vargas Lleras “amarra” no solamente la política regional con Cambio Radical, sino que, además –resultado de su labor en la Vicepresidencia– logró acercar a diversos caciques con músculo en la región Caribe y a liderazgos del Partido de la U y del Partido Conservador. Pero, sin embargo, esta misma posibilidad le ha dificultado a G. Vargas Lleras poder establecer propuestas políticas definidas, o coherentes y fundamentadas (como en más de una oportunidad han sido evidenciadas), restando en claridad su autoidentificación –cada vez con más ahínco– con el mensaje del uribismo del No a la Paz, tamizado por un halo de tibieza que todavía le permite a Juan Manuel Santos referirse al exvicepresidente como su leal y buen amigo[1].

La carencia de propuestas también es observable en un uribismo preocupado por fortalecer en la próxima interna al propio elegido, Iván Duque, quien hasta ahora no termina de cuajar en las encuestas y no convence del todo a los barones del propio partido. El reemplazo de la figura de A. Uribe ha sido el padecimiento endémico del Centro Democrático, aunque la maquinaria territorial y la legitimidad de las decisiones de su líder permiten que la fragilidad de la candidatura sustitutiva no permee su capacidad de movilización del voto en el nivel territorial, que le adjudica en torno a un 28 % de potencial proyección. Por ello es posible que Iván Duque no vaya mucho más allá de una réplica del eterno discurso de la seguridad, sin salirse de los márgenes que con tanto celo A. Uribe ha delimitado para fidelizar a su electorado, y que parecieran “políticamente oportunos” en un momento en el que el desarme de las FARC no ha implicado una mejor percepción de la ciudadanía sobre este tema, todo lo contrario. Habrá que ver en qué medida la “deconstrucción uribista” vía judicial termina afectando a este espacio.

Dentro de esta franja del espectro ideológico, el engranaje de las maquinarias electorales, atravesadas por el clientelismo territorial y el amarre de votos mediante intercambio de prebendas políticas, tiene un nuevo factor determinante que puede jugar a su favor: la fortaleza que han adquirido en los últimos años las iglesias evangélicas como factor político-electoral. La movilización del voto espiritual puede ser clave para cambiar el balance de fuerzas entre estas dos opciones de derecha, teniendo en cuenta la fuerza que mostraron en el Plebiscito del 2016; conscientes de ello, tanto I. Duque como G. Vargas Lleras han hecho varias aproximaciones de acercamiento a algunos de los pastores con más arraigo electoral[2].

Del otro lado, al margen de que la apuesta por una “Colombia Humana” ha tenido un impacto interesante como propuesta política -más allá del poco beneplácito con que cuenta por parte de los principales medios de comunicación-, G. Petro (que según la encuesta mencionada encabeza las opciones ciudadanas para la contienda presidencial) pareciera estar un paso atrás en términos de estructura organizacional respecto de la “Coalición por Colombia”, cuyo candidato Sergio Fajardo – conocido por haber sido alcalde de Medellín y gobernador- pudo figurar la unidad entre el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), junto con otros sectores. Fajardo, gracias a un generoso tratamiento por parte de los medios de comunicación privados, está siendo inflado como la alternativa correcta del progresismo moderado. Su discurso es el típico y descaracterizado “atrapa todo” o “Ni-Ni”, y con base a pura imagen es que ha avanzado en los últimos meses. Habrá que ver si esta situación no se le viene en contra y la función que por el momento cumple – de ser el candidato de contención de candidaturas progresistas y de centro-izquierda, siendo que proviene de la misma derecha regional antioqueña y con estrechos lazos con su empresariado – se transfigura en una licuación de su posición.

En el medio de estas opciones, dos candidaturas, una en descenso y otra en ascenso: por un lado, Humberto De la Calle, que si bien revitalizó un poco su imagen tras su “victoria” en las internas liberales gracias a su cintura para jugar el juego mediático, y con el empuje que supone el acompañamiento de Clara López, viene perdiendo espacio y posibilidades tras cambiar de eje discursivo, cada vez más alejado del simbolismo de ser un negociador de los Acuerdos de Paz. Por otro lado, Piedad Córdoba, que se mantiene expectante gracias a dos avances realizados: ha reducido su imagen negativa construida y estigmatizada históricamente por los medios de comunicación y va gradualmente alcanzando proyección nacional a fuerza de una campaña centrada en un discurso diferenciador de los que resultan las tradicionales élites políticas colombianas.

De aquí hasta la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de este año (y con seguridad que habrá una segunda vuelta el 17 de junio) es esperable que aparezcan varios elementos y circunstancias cambiantes; eso sí, éstas surgirán a partir de lo que resulte entre un fuerte condicionamiento (centrífugo) territorial de recolección distrital del voto y la puja por construir un discurso moderado políticamente (centrípeto) pero que colme las expectativas fundacionales que la democracia colombiana anida, marcas contemporáneas de su sistema político.

[1] http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-califica-a-german-vargas-lleras-de-leal-y-buen-amigo-y-le-responde-sobre-proceso-de-paz-141800

[2] https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-nueva-disputa-por-los-votos-cristianos-articulo-733714

 

CELAG

Donald Trump y la disminución del poder suave de Estados Unidos

Estados Unidos Poder Blando

>Por Joseph Nye

La evidencia es clara. La presidencia de Donald Trump ha erosionado el poder blando de Estados Unidos. Sólo el 30% de las personas encuestadas recientemente por Gallup en 134 países tenían una opinión favorable de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, una caída de casi 20 puntos desde la presidencia de Barack Obama. El ‘Pew Research Center’ determinó que China, con un índice de aprobación del 30%, había alcanzado una casi paridad con Estados Unidos. Y, un índice británico, The Soft Power 30, mostró que Estados Unidos se deslizó desde el primer lugar el 2016 al tercer lugar el año pasado.

Los defensores de Trump responden con el argumento de que el poder blando no importa. El director de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, promulgó un “presupuesto de poder duro” simultáneamente a su implementación del recorte del 30% en los fondos destinados al Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Para los promotores de “Estados Unidos en primer lugar”, lo que el resto del mundo piense ocupa un segundo lugar. ¿Están ellos en lo cierto?

El poder blando se basa en la atracción en lugar de la coacción o el pago. Convence a las personas a unirse a un cometido, en lugar de coaccionarlas. A nivel personal, los padres sabios saben que su poder será mayor y durará más si modelan sólidos valores éticos para sus hijos, en lugar de confiar sólo en azotes, concesiones o en quitarles las llaves del coche.

De manera similar, los líderes políticos han llegado a entender, desde hace mucho tiempo, el poder que emerge de la capacidad de establecer la agenda y determinar el marco de un debate. Si puedo hacer que tú quieras hacer lo que yo quiero, entonces no tengo que forzarte a hacer lo que no quieres. Si Estados Unidos representa los valores que otros quieren seguir, se puede economizar en garrotes y zanahorias. De manera adicional al poder duro, la atracción puede ser un multiplicador de fuerza.

El poder blando de un país proviene principalmente de tres fuentes: su cultura (cuando es atractiva para otros), sus valores políticos tales como la democracia y los derechos humanos (cuando se vive de acuerdo con dichos valores), y sus políticas (cuando pueden considerarse como legítimas porque se las enmarca con cierta humildad y conciencia respecto a los intereses de los demás). La forma cómo se comporta un gobierno en su propia casa (por ejemplo, brindando protección a la prensa libre), en las instituciones internacionales (consultando con otros y aplicando el multilateralismo) y en su política exterior (promocionando el desarrollo y los derechos humanos) puede afectar a los demás mediante la influencia de su ejemplo. En todas estas áreas, Trump ha revertido atractivas políticas estadounidenses.

Afortunadamente, Estados Unidos es más que Trump o el gobierno. A diferencia de los activos del poder duro (como ser las fuerzas armadas), muchos recursos de poder blando están separados del gobierno y responden sólo en parte a sus fines. En una sociedad liberal, el gobierno no puede controlar la cultura. De hecho, la ausencia de políticas culturales oficiales puede ser en sí misma una fuente de atracción. Las películas de Hollywood como “The Post”, que muestran a mujeres independientes y libertad de prensa, pueden atraer a otros. Así como también lo pueden hacer el trabajo caritativo de las fundaciones estadounidenses o los beneficios de la libertad de cuestionamiento de las universidades estadounidenses.

Es cierto que las empresas, universidades, fundaciones, iglesias y otros grupos no gubernamentales desarrollan un poder blando propio, mismo que puede reforzar o estar en contra de los objetivos oficiales de política exterior. Y, es probable que todas estas fuentes privadas de poder blando se tornen cada vez más importantes en la era de la información global. Esa es razón por demás para que los gobiernos se cercioren de que sus propias acciones y políticas creen y refuercen, en lugar de que socaven y mal empleen, su poder blando.

Las políticas nacionales o extranjeras que parecen hipócritas, arrogantes, e indiferentes a los puntos de vista de otros o que se basen en una concepción estrecha de los intereses nacionales pueden socavar el poder blando. Por ejemplo, la fuerte disminución en el atractivo de Estados Unidos en las encuestas de opinión realizadas después de la invasión de Irak en el año 2003 fue una reacción a la administración Bush y a sus políticas, en lugar de ser una reacción a Estados Unidos de manera general.

La guerra de Irak no fue la primera política gubernamental que hizo que Estados Unidos se tornara en impopular. En la década de 1970, muchas personas de todo el mundo se opusieron a la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y la reputación mundial de Estados Unidos reflejó la impopularidad de dicha política. Cuando la política cambió y los recuerdos de la guerra disminuyeron, Estados Unidos recuperó gran parte de su poder blando perdido. De manera similar, luego de la guerra de Irak, Estados Unidos logró recuperar gran parte de su poder blando en la mayoría de las regiones del mundo (si bien dicha recuperación fue menor en el Medio Oriente).

Los escépticos aún podrían argumentar que el auge y la caída del poder blando estadounidense no revisten mucha importancia, debido a que los países cooperan por interés propio. Sin embargo, este argumento pasa por alto un punto crucial: la cooperación es una cuestión de grado, y el grado se ve afectado por la atracción o la repulsión. Además, los efectos del poder blando de un país se extienden a actores no estatales; por ejemplo, al apoyar o impedir el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas. En una era de la información, el éxito no sólo depende del país al cual pertenece el ejército ganador, sino que también depende del país al cual pertenece la historia ganadora.

Una de las mayores fuentes del poder blando de Estados Unidos es la apertura de sus procesos democráticos. Incluso cuando las políticas equivocadas reducen su atractivo, la capacidad de Estados Unidos para criticar y corregir sus errores lo hace atractivo para otros en un nivel más profundo. Cuando los manifestantes en el exterior marchaban contra la guerra de Vietnam, solían cantar “We Shall Overcome” (en español: “Venceremos”), el himno del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos.

Estados Unidos, también, casi con seguridad vencerá. Dada la experiencia pasada, todo va a favor de guardar esperanzas con respecto a que Estados Unidos vaya a recuperar su poder blando después de Trump.

 

 

Project Syndicate