La nueva Francia y su relación con América Latina

Macron Francia y America Latina

>Por Margie Paola Bautista Silva* exclusivo para MIX POLÍTICO

El pasado siete de Mayo los ciudadanos franceses se permitieron ir a las urnas para imponer su voz y voto eligiendo a su nuevo presidente, con el fin de darle un giro radical a los ámbitos político, social y económico de Francia modificando su statu quo. Con un 66% de los votos, Emmanuel Macron filósofo, politólogo, economista y ex ministro de economía de 39 años fue elegido como el nuevo mandatario francés.

Para los próximos años el presidente electo Emmanuel Macron del espectro político de centro-izquierda en su programa se propone tener los siguientes logros: disminuir los impuestos para las empresas, defender la identidad de Francia y de Europa con el propósito de mantener la Unión Europea, instaurar un ministerio de finanzas para toda la Unión para fortalecer el euro como moneda, establecer un seguro para el desempleo el cual puede ser anulado si la persona se niega a dos propuestas de trabajo “decentes”, reducir la producción de energía nuclear, prohibición de los teléfonos móviles en escuelas primarias y secundarias, entre otros.

Además de instaurar un diálogo permanente con los presidentes de Estados Unidos y Rusia, al igual que trabajar articuladamente en pro del Medio Oriente en especial por Siria y poder derrotar al grupo del Estado Islámico. Pero, ¿Qué pasará con la relación entre Francia y América Latina?

Durante la presidencia de François Hollande la política exterior estuvo encaminada hacia el territorio latinoamericano. Como lo refleja The New York Times el ahora expresidente francés buscó que por un lado, los países latinoamericanos ingresaran a la Conferencia de París, por otro lado, trabajó por impulsar que nuevas empresas se establecieran en países latinoamericanos y que las que ya están presentes lograran mejorar el acceso a los líderes públicos y privados. Adicionalmente, se encargó de ampliar las redes de educación para generar un mayor flujo de intercambios educativos, cooperación científica y cultural. Sin embargo, se espera que los logros de Hollande y la importancia que había tomado la relación Francia-América Latina no se pierdan con la nueva presidencia de Macron.

A pesar de que el presidente electo quien se posicionara en su cargo el pasado Domingo 14 de Mayo y no le diera un espacio relevante a América Latina en sus discursos, es un político que está de acuerdo con la globalización y una economía de libre cambio, así como manifiesta la importancia de traspasar las fronteras en temas como por ejemplo los derechos humanos, lo cual es un aspecto positivo para nuestra región.

La nueva era de la V República permitiría ampliar, mejorar y construir nuevos acuerdos comerciales, económicos, sociales, educativos y culturales con países latinoamericanos, que se encaminen hacia el desarrollo de la región. Así mismo, se trabajaría porque la región pueda mejorar sus acciones en pro del medio ambiente guiándose por acuerdos relacionados con la Conferencia de París, además de establecer relaciones vinculantes que conlleven a la defensa de los derechos humanos y de la democracia en América Latina especialmente en casos como el de Venezuela actualmente.

Por otra parte, es importante el fortalecimiento de la relación bilateral entre Colombia y Francia, ya que: en primer lugar, Colombia es considerado como el país bisagra de América del Sur. En segundo lugar, Francia puede seguir con la colaboración económica y política para el escenario del posconflicto luego del proceso de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional colombiano. Al igual que una apertura de oportunidades para los jóvenes víctimas y desmovilizados que desean reinsertarse a la vida civil. Además de convertirse en un apoyo especial para los diálogos iniciales que se están realizando con ELN.

Lo anterior trae claramente beneficios para ambas regiones, tanto para Francia como para América Latina. Pero especialmente para la V república en tanto, esta podría mejorar sus relaciones geoestratégicas teniendo en cuenta las duras políticas principalmente las migratorias, que ha impuesto el nuevo presidente estadounidense para la región, lo cual ha afectado en cierta medida las relaciones entre Estados Unidos y latinoamérica. En consecuencia el presidente Macron podría expandir la Unión Europea como lo explico en sus propuestas.

Bibliografía
-Estrada, Gaspard. (Febrero 2017). ¿Cuál debería ser la política exterior de Francia en América Latina? Publicado en The New York Times. Recuperado del día 10 de Mayo de 2017, en Link: https://www.nytimes.com/es/2017/02/08/cual-deberia-ser-la-politica-exterior-de-francia-en-america-latina/

 


* Profesional en Política y Relaciones Internacionales (Universidad Sergio Arboleda, Bogotá) con profundización en el área de instituciones políticas . Investigadora. Especialista en gestión pública, políticas públicas, construcción de paz, postconflicto, resolución de conflictos.

Venezuela afirmó que dejará la OEA

En medio de la conmoción producida por manifestaciones a favor y en contra del gobierno, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que su país iniciará el trámite de alejamiento del organismo regional. El proceso demora alrededor de un año.

En Venezuela se han llevado a cabo protestas en contra de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro. (EPA)

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación en Venezuela, en una fecha que no fue definida. El Gobierno de Nicolás Maduro salió a responder al organismo: rechazó toda iniciativa de la OEA y anunció que se va de la organización. “El día de mañana (por hoy) presentaremos la carta de renuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, dijo la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial. Según la carta orgánica de la OEA, Venezuela debe esperar dos años y pagar el dinero que adeuda –8,7 millones de dólares– antes de quedar desligada del ente. En el marco de las negociaciones que se llevan a cabo para descomprimir la tensión, El Salvador será sede el 2 de mayo de una reunión extraordinaria de cancilleres de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a pedido de Caracas, para abordar la crisis en el país caribeño. Diecinueve países, entre ellos Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, votaron a favor de la convocatoria al encuentro extraordinario de urgencia que tendrá lugar en Washington. Fueron uno más de los necesarios para que se aprobara el encuentro, rechazado por Venezuela como un acto hostil. La reunión de ministros supone una escalada en la presión al Gobierno de Maduro en el seno de la organización panamericana.

Venezuela había advertido que si se convocaba a la reunión de cancilleres, el país dejaría la OEA. “Si esa reunión ocurre y se toma alguna decisión contra Venezuela, nosotros ya entendemos que la organización se doblegó a los mandatos del imperio”, dijo el embajador venezolano ante la OEA, el viceministro de Exteriores Samuel Moncada, refiriéndose a Estados Unidos.

Caracas defiende, en cambio, que se hable de su situación en la reunión de ministros de Exteriores convocada el 2 de mayo en El Salvador, a pedido de la canciller venezolana. La Celac está compuesta por los mismos países que se reúnen en la OEA más Cuba, con la excepción de Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la censura en Venezuela, al igual que la detención de periodistas que cubren las marchas en el país. “Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron en un comunicado conjunto el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y su homólogo en la CIDH, Edison Lanza.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) denunció la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”, según el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió ayer en México. AI recogió varios casos que muestran “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en detenciones arbitrarias por motivos políticos”, explicó en una entrevista la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.

Por su parte la abogada Tamara Sujú, promotora de una demanda por torturas presentada contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó ayer su convicción de que ya existen suficientes pruebas para que la acción prospere. “Confío en que todo el material presentado a la CPI en La Haya demostrará que en Venezuela se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror”, dijo la abogada durante una visita a Brasil, donde fue recibida por autoridades del Parlamento y el gobierno de Michel Temer.

 

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La última chance para la democracia venezolana

América latina debe prepararse para apoyar el cambio que le permita a Venezuela salir de su trágica situación.

Mujer detiene blindado en Venezuela

Mujer detiene blindado durante las protestas (Manaure Quintero)

>Por Andrés Malamud y Aníbal Pérez-Liñán*

Treinta mil. Es el número de muertes violentas ocurridas en Venezuela en 2016. Los argentinos comprenden la gravedad de este número. Los informes del Observatorio de Violencia permiten anticipar que en 2017 Venezuela arrebatará a El Salvador el cetro de país más violento del mundo.

No siempre fue así: hacia 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, se registraban “sólo” 4500 homicidios anuales y el mal ejemplo de la región era Colombia. Es cierto que la sociedad venezolana, entonces empobrecida y colérica, ya no era el paraíso democrático de antaño; pero nadie podía imaginar que la pesadilla recién comenzaba.

La historia latinoamericana está surcada de golpes y bancarrotas; y, sin embargo, lo que hoy ocurre en Venezuela es sorprendente. Ni la dictadura cubana ni el colapso argentino de 2001 se le equiparan: en Cuba hay orden público y en la Argentina hubo rebote económico. Ninguno de estos consuelos se yergue en el horizonte venezolano.

La Universidad Católica Andrés Bello estimó el año pasado que el 82% de los venezolanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En 1998, cuando el colapso del neoliberalismo catapultó a Hugo Chávez a la presidencia, el nivel de pobreza estaba cercano al 50%. El 52% de los venezolanos sufre hoy pobreza extrema; en 1998, la pobreza extrema se hallaba por debajo del 30%.

Las estadísticas apenas pueden resumir las dificultades de la vida diaria. En Venezuela el salario mínimo representa 37 dólares por mes. Conseguir un paquete de arroz en el mercado negro cuesta casi 2 dólares. Una colega, profesora asociada en una de las principales universidades públicas, gana el equivalente de 60 dólares mensuales. “Ese monto alcanza sólo para dos mercados -confiesa-. Hace tiempo que no vivo de mi salario.” El ingreso mensual no alcanza para cubrir los costos de alimentación en más del 90% de los hogares venezolanos. En un estudio reciente, más del 74% de los entrevistados aseguraron que habían perdido peso -más de ocho kilos en promedio- durante el año pasado.

Hace apenas dos años, la mayor parte de las familias tenía acceso al consumo de pollo o carne. Hoy en día, apenas una minoría puede adquirir estos productos de lujo. La leche, el café y los huevos son todavía más difíciles de encontrar. La quinta parte de la población se saltea el desayuno y un tercio come dos veces por día o menos. Los emigrados que regresan del exterior para visitar a sus familias saben qué llevar de regalo: alimentos, medicinas y -cuando el espacio en las valijas lo permite- papel higiénico.

La escasez pone a prueba la cohesión social y los lazos familiares de manera cotidiana. Algunos meses atrás, un buen amigo recibió un preciado regalo: un frasco de Nutella, cuyo valor de mercado equivalía quizás a la mitad de su salario mensual. Esa noche mostró a su familia el trofeo al llegar a casa. Cuando despertó en la mañana, el frasco de Nutella estaba vacío. Durante semanas, en la familia no se dirigieron la palabra. Imaginen los estragos que causaría un frasco de dulce de leche.

Resulta difícil entender cómo el país llegó a esta situación. Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del planeta, y disfrutaba de una democracia sólida en los años setenta, cuando América latina estaba oprimida por dictaduras militares. Hoy en día, su vida política ha retrocedido a los años cincuenta. Las elecciones están suspendidas, la gente clama en las calles por la caída del gobierno y los militares se han convertido en el árbitro del juego político. Si los generales anunciaran mañana la decisión de no reprimir al pueblo bolivariano, el gobierno de Maduro colapsaría en cuestión de horas. Es difícil anticipar, sin embargo, quién se beneficiaría con este golpe interno.

Quizá lo más triste es que la lenta agonía de la democracia venezolana se incubó con ayuda del voto popular. El chavismo ganó elecciones durante quince años, sólo comenzó a mostrar cierta debilidad electoral a partir de 2007 y perdió las mayorías nacionales de manera definitiva apenas en 2015. Así como los demócratas comprometidos no dudan en afirmar que los males de la democracia se curan con más democracia, los chavistas comprometidos no dudaron en creer que los males del socialismo del siglo XXI se curaban con más socialismo del siglo XXI. Pero, a diferencia de la democracia liberal, el modelo venezolano no permite la corrección de los errores por medio de la alternancia partidaria.

La experiencia venezolana enseña que los políticos que reciben un cheque en blanco terminan por girar en descubierto contra la cuenta del voto popular. En Bolivia, Evo Morales ganó cómodamente tres elecciones presidenciales, hasta que una estrecha mayoría del electorado rechazó la reelección indefinida en el referéndum del año pasado. Ahora, Morales sostiene que fue derrotado “gracias a las mentiras de la derecha” y busca la manera de deshacer el resultado.

El continuismo no es un vicio exclusivo de la izquierda ni se limita a América latina. En Paraguay, el presidente Cartes buscó una enmienda constitucional que permitiera la reelección, un tabú desde la era de Stroessner. En Turquía, los votantes acaban de apoyar un cambio constitucional que desmantela el sistema parlamentario y permite a Recep Erdogan ser reelegido hasta 2029.

Si a la trágica situación venezolana se llegó por elecciones, la salida también las exige, pero no alcanza con ellas. Las elecciones son condición necesaria pero insuficiente porque el tejido social y la estructura productiva no se reparan en un domingo de urnas.

Para pensar el futuro de Venezuela, las teorías sobre transición democrática se quedan cortas. El legado de la revolución bolivariana se asemeja al de sociedades afectadas por una guerra civil, tal es el grado de destrucción resultante. Por eso, además de negociar las futuras reglas de juego, víctimas y victimarios deberán acordar los límites del castigo a los culpables y la reparación a las víctimas.

En Sudáfrica, el caso emblemático de reconciliación posconflicto, se destacaron tres elementos: un líder aperturista en el gobierno (Frederik de Klerk), un líder moderado en la oposición (Nelson Mandela) y el apoyo masivo de la comunidad internacional. Hay opositores venezolanos que están ansiosos por jugar el rol de Mandela, pero aún no se vislumbra quién sería el De Klerk que liderara el cambio de régimen desde adentro. Tampoco está claro que la comunidad internacional tenga la voluntad, o la capacidad, de sostener un cambio pacífico y la reconstrucción interna del país.

Pese a todo, el liderazgo de Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece pistas para una salida. Las organizaciones subregionales como Unasur, Mercosur y ALBA se han mostrado incapaces, por debilidad o parcialidad, de mediar en el conflicto. En cambio, el coraje visionario del ex canciller de Pepe Mujica logró transformar la OEA en posible catalizador de una nueva ola democratizadora.

Sólo la acción concertada en la OEA puede contrarrestar la potencia avasallante de algunos miembros, como Estados Unidos, y la impotencia paralizante de otros, como Brasil. La región debe prepararse para apoyar el cambio en Venezuela. La gente ya está en las calles. Los moderados del régimen bolivariano tienen hoy, quizás, la última oportunidad para negociar una transición pacífica.

 

*Politólogos. Malamud es profesor de la Universidad de Lisboa y Pérez Liñán, de la de Pittsburgh

LA NACIÓN

Bajo la lupa: Crisis en Venezuela

Bajo la Lupa Venezuela

A partir de hoy inauguramos una nueva sección en MIX POLÍTICO. Bajo la lupa incluirá diversas opiniones, miradas, análisis profundos sobre la realidad. De ésta manera, buscará convertirse en una nueva puerta al mundo del debate político, social y cultural, mediante la voz autorizada de columnistas invitados. Así será Bajo la lupa: una invitación a la discusión con argumentos, al diálogo abierto sin prejuicios.

En esta primera entrega: Venezuela.

Dossier:

La Trocha – Adolfo Álvaro Martín

Desestabilización política en Venezuela – Margie Paola Bautista Silva

Venezuela: “Desacato” legislativo – Maximiliano König

Venezuela: Los riesgos de la Inmadurez – Rodrigo Durán Guzmán

La crisis venezolana en clave internacional: una mirada del sur, desde el sur – Agustina Gabriela Sánchez Rodriguez

La trocha

Las calles de Venezuela

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

 

>Por Adolfo Álvaro Martín* exclusivo para MIX POLÍTICO

Venezuela: Maduro ya no tiene quien le escriba

La crisis política que asola Venezuela ha vivido esta semana pasada su penúltimo episodio, consecuencia de la decisión unilateral del desprestigiado Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional y la posterior marcha atrás ordenada por Nicolás Maduro, obligado por la crisis abierta con los poderes fácticos del país y parte de los grupos afines al gobierno, que vieron en esta acción teledirigida del Tribunal Supremo el fin de la división de poderes en Venezuela.

A esta situación no es ajena la doble crisis –institucional y económica- que aqueja al país desde hace años. Respecto a la primera, el continuo choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en Venezuela es constante tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, que les permitió tomar el control de la Asamblea Nacional y desalojar a los chavistas que habían dominado esta institución durante 17 años. Los opositores, conocedores que las encuestas internas muestras un rechazo cada vez mas amplio a la figura de Nicolás Maduro, iniciaron una estrategia tendente a desestabilizarlo que tuvo su primer paso en el revocatorio que fue suspendido por el poder electoral en manos de los chavistas. Agotada esta vía, la oposición ha pedido el adelanto electoral, a lo que Maduro se ha opuesto sabedor de su debilidad electoral, llegando a tal punto su negativa a pasar por las urnas que, a día de hoy, se encuentran suspendidos los comicios regionales que debieron celebrarse a fines del pasado 2016 sin que exista fecha para su convocatoria. Un comportamiento que ha llevado a analistas venezolanos como el periodista Eugenio Martínez y analista Edgard Gutiérrez a considerar que Nicolás Maduro está buscando anular a los partidos que mayor incomodidad al gobierno.

La crisis económica, que está deviniendo en crisis social, tiene su principal referente en la caída de los precios del petróleo desde 2014 que afecta a Venezuela de forma extraordinaria, dado que mas del 95% de sus divisas provienen de las exportaciones de hidrocarburos. Esta caída de precios obligó a reducir las importaciones de manera alarmante, generando escasez de todo tipo de bienes (incluidos los de primera necesidad), lo que ha llevado a un fuerte descenso de la actividad industrial nacional, que según los propios datos preliminares desvelados por el Banco Central Venezolano en enero de este año, mostraría que en 2016 se produjo una caída acumulada del PIB de un 23%, y una inflación superior al 830%. Datos que incluso superarían las tendencias mostradas por otros indicadores, como los del FMI, que auguraban para el año pasado una caída del PIB del 10% y una inflación superior al 475%. Este desplome, ha tenido también consecuencias en el sector industrial, con un derrumbe de la producción interna como no se había visto desde hace mas de 17 años.

Esta doble crisis, y la incapacidad del gobierno de Maduro para afrontarlas, ha devenido en una crisis de abastos de alimentos y medicinas como consecuencia de la caída del precio del crudo y erráticas medidas de control cambiario, que ha llevado a Organismos internacionales como Human Rights Watch a solicitar que se declare una crisis humanitaria en Venezuela.

El presidente Maduro, en una evidente prueba de nerviosismo y desorientación ante esta situación, ha optado por medidas excepcionales como la declaración unos meses del Estado de Excepción y Emergencia económica (que le permite dictar leyes sin necesidad de acudir al legislativo), con desastrosos resultados tal y como muestran los indicadores económicos a los que ya hemos hecho mención. En esta línea de “huida hacia delante” debe enmarcarse la decisión de la pasada semana del Tribunal Supremo de Justicia y la posterior marcha atrás del gobierno chavista que, primero trató de anular a la oposición con la resolución judicial y, después, al constatar las resistencias externas y sobre todo internas, que esta polémica resolución estaba generando, se vio obligado a dejarla sin efecto por temor a las consecuencias que podría acarrearle a título personal.

Según el diario español El País, que cita fuentes del propio gobierno chavista, la declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz asegurando públicamente que la sentencia del Tribunal Supremo rompía el orden constitucional, constituyó un golpe sin precedentes al presidente Maduro, en lo que ha supuesto una declaración de oposición desde dentro del chavismo inédita hasta la fecha. A esta declaración, se ha unido el clamoroso silencio de otros poderes, especialmente el de la cúpula militar, lo que hizo que se disparasen todo tipo de rumores durante el pasado fin de semana en Caracas.

Lo que parece indiscutible a estas alturas es que la fallida intentona de arrebatar sus competencias a la Asamblea Nacional, ha constatado el creciente distanciamiento de muchos de los sectores que en el pasado apoyaban al fallecido presidente Hugo Chávez y que, en los últimos meses, han manifestado su crítica cuando no su oposición a la forma en que el gobierno de Maduro está afrontando esta doble crisis. Medios venezolanos recogían que la revocación de la resolución del Tribunal Supremo se adoptó en una reunión de urgencia celebrada en la madrugada del sábado 2 de abril, en la que participaron el presidente Maduro y los pesos pesados de su gabinete, pero al que no asistió la fiscal general Luisa Ortega, precisamente, quién denunció públicamente las consecuencias del golpe contra la Asamblea Nacional.

Pero esta desafección de relevantes fuerzas que en su momento apoyaron al chavismo no es el único problema que esta crisis ha generado al presidente Maduro; según las mismas fuentes, la posición de los militares también ha resultado muy importante en el devenir de los acontecimientos de este fin de semana y en la decisión de dar marcha atrás en el despojo de competencias a la Asamblea Nacional. Porque si bien se pudo ver al presidente Maduro el pasado fin de semana junto al ministro de defensa Padrino López, en lo que ha sido interpretado como la aquiescencia de la cúpula militar con la revocación de la resolución del Tribunal Supremo, ello no ha ocultado el hecho de que los militares han expresado su oposición a ser considerados como una mera guardia pretoriana del chavismo, a la vez que habrían trasladado a Maduro que las fuerzas armadas obedecen a la Constitución y al Presidente de la República, pero no a la persona que en cada momento pueda ejercer ese cargo.

La oposición se considera fortalecida tras los acontecimientos del fin de semana de principios de este mes de abril, sirviéndole para reanudar su campaña para erosionar aún mas si cabe la figura de Nicolás Maduro, en su estrategia de forzar un adelanto electoral que –según sus previsiones- les permitiría desalojar a los chavistas de la máxima representación de la República. Las manifestaciones de sectores opositores en la tarde de ayer y la violenta reacción de la policía y grupúsculos armados próximos al chavismo tan solo auguran mas violencia e inestabilidad política y social en un país muy castigado por la crisis.

La evolución de los acontecimientos en los próximos meses nos permitirá conocer si, las presiones subterráneas ejercidas desde sectores próximos al gobierno, pero descontentos con el comportamiento y actitudes de Maduro en los últimos meses, son capaces de encontrar un camino de salida que, sobre todo y en primer lugar, permitan aliviar la tremenda crisis económica y social, aliviando las terribles condiciones de vida que cada vez afectan a mas ciudadanos venezolanos.

 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España), AMP y MAJ por el Insituto de Empresa de Madrid (España). Doctor en Educación, Aplicaciones Tecnológicas, Sociales y Psicológicas. Universidad Camilo José Cela, Madrid (España).

Fundador y Director General de XARXA, Consultoría Estratégica de análisis del impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la política, los gobiernos y la sociedad.

Presidente del Nodo España de la Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE). Consultor externo del Organismo Internacional de Juventud (OIJ).

Desestabilización política en Venezuela

Protesta en Venezuela

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

>Por Margie Paola Bautista Silva* exclusivo para MIX POLÍTICO

La década de 1980 marca para América latina un giro importante hacia la aplicación y estabilidad de la democracia como forma de un sistema político luego de una cuarta ola de democratización. Desde este entonces la democracia se ha vuelto un cambio político fundamental y en muchos casos una condición suficiente para que un Estado pueda mantenerse en una relación política con otros, además de que “es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” (OEA, 2001). Sin embargo, la democracia en distintos momentos ha mostrado que es un sistema político vulnerable a cambios que la hacen inestable. Por esto, diferentes organizaciones y los mismos Estados han creado mecanismos para fortalecer y proteger la vida de la democracia alrededor del mundo.
En el caso de América Latina la última vez que la democracia se vio afectada fue con el “autogolpe” de Estado en Perú con Alberto Fujimori en 1992, lo que causo la instauración de una dictadura en éste país. Situación que sirvió como uno de los motivos para la creación de la carta democrática por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estableciendo así parámetros para asegurar la estabilidad y durabilidad de la democracia en América Latina.
Ahora, quince años después de este “autogolpe de Estado”, vemos que nuevamente la democracia se ve quebrantada y con tendencia a ser desplazada por otro sistema político como podría ser una dictadura. Este es el caso de Venezuela, en donde el Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada dejó a la Asamblea Nacional sin facultades para poder ejercer su poder legislativo construyendo así una hegemonía cerrada. Decisión que va en contra de una de las bases fundamentales de la democracia que consiste en la representación del pueblo y en la formación de consensos de la mayoría, además de evidenciar un claro impedimento al desarrollo y participación política de la oposición venezolana, eliminando así toda relación principal-agente.
Sin embargo, esta polémica decisión no es algo que se dio de un día para otro, sino que más bien fueron un conjunto de decisiones y acciones del presidente que llevaron a que hoy la democracia sea truncada en Venezuela. Como se puede ver en la carta democrática de la OEA la democracia tiene un conjunto de elementos y componentes que son necesarios y suficientes para que dicho sistema pueda permanecer vigente no solo en la región latinoamericana, sino en todo el mundo. Dichos elementos esenciales son:

“el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (OEA, 2011).

Además de otros como: la igualdad, la estabilidad institucional, accountability, y la legitimidad. Sin embargo, es importante conocer que no necesariamente todos estos elementos deben estar unidos para determinar que existe una democracia.
Pero en Venezuela cada uno de estos componentes democráticos se han visto que día a día podrían no existir, evidencia de eso son los dramas que viven los ciudadanos para conseguir alimento, para acceder a los mínimos necesarios del sistema de salud, las personas no tienen acceso a la información. No obstante, no existe el derecho a la libre asociación, la oposición es perseguida, limitando así mismo el fortalecimiento de los partidos políticos que sean distintos del gobernante. No hay plena seguridad en que las elecciones sean libres y justas. Por otra parte, es un gobierno que ha llevado al país a la pobreza y a la inequidad social debido a los problemas económicos que han enfrentado.
Lo anterior, que se ha dado poco a poco y que en el día a día se complejiza aún más, no sólo son muestras de los problemas de gobernabilidad a los que se ha enfrentado el presidente de este país, sino que cada problemática una enlazada con la otra son muestras de lo que se podría llamar “crónicas de una muerte anunciada para la democracia venezolana”, dado que al no cumplirse ninguno de los factores anteriores, la democracia puede tender a desaparecer al alterar de manera directa la democracia representativa, y aún más complejo con una limitación de los poderes, y la eliminación de la división tripartita de los mismos.
Pero esto no solo genera problemas al interior de Venezuela y en su relación política con otros Estados, sino que también provoca que los países hermanos enciendan sus alarmas para trabajar en pro del mantenimiento de la democracia. Este podría ser el caso de Colombia, país hermano y vecino de Venezuela con quien ha tenido en los últimos años varios problemas diplomáticos como por ejemplo los cierres de frontera por tiempos indefinidos, sin olvidar un intento de la guardia venezolana por tomar parte del territorio colombiano de la frontera de manera ilegal.
Dicha desestabilidad política podría aumentar el número de personas que desean salir de Venezuela y que desean migrar a Colombia buscando mejores oportunidades, aumentando de tal manera los índices de pobreza y desigualdad entre otros problemas sociales. No obstante, Colombia aumenta la protección de su territorio en áreas fronterizas con el fin de que hechos como el anteriormente mencionado no vuelva a suceder, y menos ahora que el poder legislativo está limitado. Por este motivo, el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín han llamado al embajador de Colombia en Venezuela por un tiempo no definido para que informe de la situación política de este país. Adicionalmente a través de un discurso pasivo, democrático y más diplomático, el presidente colombiano ha dejado en evidencia la invitación a la negociación y a la solución inmediata y lo pacífica posible, minimizando así cualquier efecto negativo en las relaciones bilaterales entre los dos países.
De esta manera, el gobierno colombiano hace un llamado para que se haga efectiva la carta democrática en la OEA en Venezuela, imponiendo sanciones diplomáticas, de buenos oficios o incluso la suspensión parcial o total de dicha organización, por medio de acuerdos, o documentos de carácter vinculante que obliguen al presidente Maduro y al Tribunal a regresar las funciones del poder legislativo de manera inmediata.

 

* Profesional en Política y Relaciones Internacionales (Universidad Sergio Arboleda, Bogotá) con profundización en el área de instituciones políticas . Investigadora. Especialista en gestión pública, políticas públicas, construcción de paz, postconflicto, resolución de conflictos.

Venezuela: “Desacato” legislativo

Justicia en Venezuela

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

>Por Maximiliano König* exclusivo para MIX POLÍTICO

El último miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a que el Poder Judicial le impuso la categoría de “desacato”, un estatus que se le aplica a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un “golpe de Estado” por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despoja a la sede legislativa sus poderes. El TSJ ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional por considerarla en “desacato”. Borges ha descalificado esta sentencia al aclarar que el objetivo es “evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras”. Con respecto a este tema, el funcionario judicial, ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se tratan de negocios jurídicos “nulos” porque se basan en una sentencia “nula” y que serán “desconocidos” cuando, haya un cambio de Gobierno en Venezuela.

Mientras tanto, el líder opositor Capriles ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda “concentrar todo el poder en sus manos” para “hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana”. El gobernador opositor ha denunciado un “Madurazo” y pidió a la OEA que convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (…) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma”, advirtió Capriles durante una rueda de prensa en Bogotá.

Volviendo al reciente episodio legislativo, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado que se haya producido un golpe de Estado y ha anunciado que se tomarán acciones diplomáticas ante las injerencias de los gobiernos regionales. “Venezuela repudia los gobiernos de derechas que atentan contra el estado de derecho y el orden constitucional” ha puntualizado la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.

Un antecedente destituyente, pero denunciado desde el oficialismo, tuvo lugar el 9 de enero de este año cuando, poniendo al margen a la Constitución, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Esa Asamblea dominada por la oposición, proclamó que el Presidente había abandonado su cargo y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió la misma difusión noticiosa ni critica alguna por parte de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela.

Otro antecedente se acaeció el 21 de marzo, cuando la AN había aprobado otro proyecto de acuerdo que viola la Constitución venezolana, en el que oficializó el respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el país. “Yo como Jefe de Estado asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela”, indicó Maduro. Señaló la aplicación de las facultades en el artículo 323 de la Constitución venezolana, al considerar que lo que se juega en estos momentos es la estabilidad de la República, sus instituciones y la seguridad integral de la nación. “Esta es la instancia constitucional para dirimir soberanamente y solucionar, a través del diálogo y la Constitución, cualquier problema de alto calado que tenga que resolverse”.

Oposición legislativa

Lleva más de un año en Venezuela el conflicto entre el poder legislativo y el judicial. El principal motivo es que por primera vez desde 1998, la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional pudiendo ejercer una constante presión al Poder Ejecutivo liderado por Maduro. Ante este panorama, las colisiones del parlamento contra los demás poderes, se han intensificado debido a las frecuentes arremetidas de la AN en actos de desconocimiento, desacato e intentos de desplazamiento de las demás instancias del poder político.

Sin embargo, la pregunta que nos cabe preguntar es si hubo un autogolpe de Estado o si meramente se auto disolvió el parlamento venezolano. En términos técnicos, la respuesta es negativa en ambos casos, ya que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana, al no resolver la situación de tres diputados de Amazonas, cuya juramentación fue ilegítima por haber sido impugnada ante el ente electoral venezolano. El TSJ denuncia los actos de desacato de la AN y su actitud de rebeldía ante la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial.

La AN en múltiples oportunidades ha desconocido al Poder Ejecutivo convocando a “derrocar al Gobierno” de Venezuela. El dictamen del TSJ defiende la exigencia al parlamento a que abandone su posición de desacato, o en caso contrario el tribunal ocupará funciones del parlamento “hasta la superación del desacato”. Esta situación no constituiría un “golpe de Estado” ya que no hay golpe cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si opta por la vía institucional.

Se puede ratificar que no hay ruptura institucional en Venezuela. La Asamblea Nacional desde su entrada en funciones en enero de 2017, no se ha dedicado a legislar, sino que intento por todos los medios desestabilizar al gobierno que preside Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano en las elecciones de abril de 2013. Entre estas acciones de desestabilización figuran la acusación de Golpe Judicial del 23 diciembre de 2015; el veto a la Ley de Emergencia; el Juicio Político al presidente, y la declaración de abandono de su cargo realizada el pasado 9 de enero.
Mientras tanto la prensa internacional y la Secretaría General de la OEA continúan avalándola omitiendo estas maniobras ilegales. Entendemos que la reacción de la oposición en Venezuela, al declarar un “golpe de Estado” y una “disolución del parlamento” se inscribe dentro de una estrategia de la oposición de instalar el caos dentro del país.

Denuncia de la OEA

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó de “autogolpe de Estado” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela: “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agregó Almagro. Dicho funcionario, ha convocado a una nueva “reunión de urgencia” del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado en incumplimiento.

El 14 de marzo último, el secretario general de la OEA había presentado un informe que describía la situación de crisis que se estaría viviendo en Venezuela, especialmente la “alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” en virtud del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo”, señala el informe. Cabe aclarar, que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana necesita de al menos 24 votos de la Asamblea, integrada por 35 países. Con Venezuela, son 18 países los que integran el bloque Alba-Petrocaribe y que históricamente han votado a favor de Venezuela en estas instancias. Si Venezuela fuese declarada como un país “no democrático”, se le despojaría de aval político que la inscribe en el sistema interamericano, abriendo la posibilidad de una apertura a que cualquier país, actúe discrecionalmente en materias que crean pertinente para “presionar” al Gobierno venezolano en favor de la “reinstauración democrática”.

En gran parte del informe, se emiten “recomendaciones”, como la realización de elecciones generales a la mayor brevedad posible, la apertura de un canal humanitario y la renovación de todos los poderes públicos, la liberación de políticos presos, entre otras exigencias. De lo que se intenta con estos comunicados, es instalar la idea de un “Estado fallido”, donde se exige una pronta resolución por vías extrapolíticas y excepcionales, a través de medidas de fuerza tanto en lo diplomático, político y financiero.

Movimientos en la región

Con motivo de la disolución del parlamento venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería de Venezuela, se da respuesta a la reunión de Cancilleres de Argentina, Uruguay, Paraguay y de Brasil, celebrada este 1 de abril en Buenos Aires. El documento apunta contra aquellos, “quienes excediendo sus competencias y atribuciones, y persistiendo en la ilegalidad de vulnerar la condición de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR, han tomado decisiones contra Venezuela al margen de la legalidad e institucionalidad de esta organización y del Derecho Internacional”. Prosigue, “La República Bolivariana de Venezuela exige el cese del hostigamiento, acoso y agresiones contra el país y de los intentos de desestabilización adelantados por este club de gobiernos confabulados de la región y algunos de sus personeros, todos obedeciendo mandatos imperiales, y hace un llamado a los pueblos a defender al MERCOSUR y la estabilidad política de Nuestramérica. MERCOSUR nació, y se desarrolló con los Gigantes del Sur, para la integración social y productiva de los pueblos, para el crecimiento compartido, el desarrollo conjunto y la solidaridad.

 

* Licenciado en Comunicación Social, Escuela de Ciencias de la Información (UNC). Mg. en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

Venezuela: Los riesgos de la Inmadurez

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

>Por Rodrigo Durán Guzmán exclusivo para MIX POLÍTICO

Cuando asumió, tras la muerte del ex Dictador Hugo Chávez, sus primeras declaraciones daban para pensar que algo no andaba bien. Porque nadie, por muy mandatario o inherente al poder que ostente, puede afirmar que “se me apareció un pajarito y me dijo que Hugo Chávez estaba feliz”. Y es que claro, en rigor a lo que Nicolás Maduro se refería en aquella ocasión era a la continuidad de la “obra y legado” del Comandante icónico de la revolución Bolivariana que hoy, en vista y considerando, está más cerca de su extinción que de su continuidad.

Económicamente hablando, Venezuela está anárquica y adolece de una enfermedad que la mantiene en una delgada y delicada línea. Los precios suben por hora, no hay fuentes de empleo y el salario mínimo escasamente alcanza para comer unos días, si es que logran adquirir los invisibles alimentos en el mercado negro. El país sigue subvencionando con su petróleo a Cuba y otros países del Caribe; sin embargo, actualmente está importando gasolina para abastecer a su mercado interno, algo totalmente absurdo. Tanto sus pozos como refinerías están funcionando al mínimo nivel para justificar esa insolente importación del combustible.

La mayoría de los hospitales no tienen insumos para trabajar, es decir, jeringas, gasas, suturas, algodones, etc, brillan por su ausencia. Las medicinas son prácticamente inexistentes y la mortandad a todos los niveles se ha desbordado, incluyendo la infantil. Increíblemente, se ha perfilado un grotesco cambalache para subsistir. Ahora están intercambiando medicinas por comida, mientras el heredero de Hugo Chávez lo justifica bajo la premisa de que todo es una “operación política del Capitalismo para desestabilizar a la nación” dando cuenta de una miopía de niveles tanto incurables como incorregibles.

Lo que hoy constatamos, para infortunio del pueblo venezolano, es a un mandatario (Maduro) que ha perdido los estribos y ha terminado por sucumbir a la seducción del poder, a la corrupción que conlleva cuando no se dimensionan sus alcances en favor de la comunidad y se tiende a optar por privilegiar proyectos individuales, recompensando sólo a aquellos fundamentalistas que justificarán hasta lo injustificable, entre otras acciones que tiene como denominador común la administración del poder.

Y es que claro. Sólo aquellos realmente preparados y maduros sabrán tomar las mejores decisiones entendiendo que el arte de gobernar no es tarea sencilla pero requiere, entre otras variables, grados de madurez mínimos por parte del gobernante de turno toda vez que las esperanzas de progreso, desarrollo y justicia social están depositadas en su figura y equipos de trabajo. Pero por otro lado, y no es menos cierto, en política no necesariamente participan los mejores ni los más meritorios: en muchas partes del mundo, salvo en naciones desarrolladas y con un profundo arraigo cultural, lo que predomina son los populistas, aquellos actores de la sociedad civil que gustan de dar afrecho a sus adherentes entendiendo que de “pan y circo” también es posible vivir, más no necesariamente sobrevivir o perpetuarse en el tiempo. Porque aún cuando la inmadurez pudiera ser sello de un gobernante, en este caso de Nicolás Maduro u otros referentes de la izquierda latinoamericana, lo cierto es que la sociedad ha comenzando incipientemente a dar muestras de su evolución, a tener conciencia que los abusos del poder no son buenos, que la concentración del mismo no es una democracia sino una dictadura camuflada de representatividad donde tu voz podrá ser escuchada, más nunca considerada. Este punto, en el caso de Venezuela, cobra un alto grado de validez toda vez que ya son 17 años bajo el régimen Chavista y no se avizoran luces alternancia en el poder sino todo lo contrario. Porque Maduro es como es niño pequeño que no desea soltar su sonaja o el balón de fútbol: lo quiere para él y nada más que para sí mismo. Quizás podrá compartir un rato con algunos, sus más cercanos y aquellos que le rindan tributo no porque se trate de él sino porque él es el dueño de la pelota (para efectos prácticos entiéndase del Estado y sus recursos) y eso permite que sus amigos jueguen (lucren y se llenen los bolsillos saqueando en su totalidad los recursos públicos, acrecentando la corrupción y deslegitimando las instituciones) con tal de garantizar todos los recursos posibles en beneficio del triunfo o, en este caso, de la revolución. Quizás vaya siendo tiempo de que ese pajarito, que ya se le apareció en su momento a este niño terrible de la izquierda fundamentalista, vuelva a surgir para decirle que Hugo Chávez ya murió…al igual que sus intentos de permanecer en el poder al costo que sea porque la verdadera Venezuela, la que se muere de hambre en las calles y busca asilo en la comunidad internacional, está pronta a decir “Nunca Más”.

 

* Magíster internacional en comunicación, experto en comunicación y análisis político.

La crisis venezolana en clave internacional: una mirada del sur, desde el sur

Venezuela Bandera

BAJO LA LUPA: VENEZUELA

>Por Agustina Gabriela Sánchez Rodriguez*

Se evidencian innumerables violaciones al orden constitucional, al modelo de Estado que consagran las leyes así como a los derechos y garantías que amparan al ciudadano ante la acción abusiva del Estado, a sus representantes y a la comunidad internacional en su conjunto (Estados, Organizaciones). Lo cual configura finalmente una ruptura del orden democrático y constitucional acompañado por el desconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano esencial del Poder Legislativo, la instrumentación de los demás órganos del Poder Público Nacional por acción inconstitucional del Poder Ejecutivo dejando como consecuencia una profunda crisis que compromete la integridad del entramado social a causa del hambre, la escasez y la precariedad de los servicios públicos más esenciales. La comunidad Internacional en su mayoría así como la sociedad civil se han manifestado ante las flagrantes violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, a los DDHH, las normativas legales, así como a los fueros y prerrogativas de los parlamentarios y a la democracia; violaciones accionadas por el régimen totalitario de Nicolás Maduro.

Cronología de la inestabilidad:

El TSJ es el órgano máximo del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2015 el mismo fue reorganizado de forma irregular por la Asamblea Nacional saliente, designando nuevos magistrados de manera inconstitucional y violando el derecho de participación ciudadana. En su desempeño, el TSJ ha desmantelado el estado de derecho, subordinándose al Poder Ejecutivo.

2015: En la víspera de los comicios parlamentarios, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que “…la revolución bolivariana respetará los resultados electorales que emanasen de la voluntad popular …”

Los venezolanos votaron para elegir a los 167 diputados de la nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. 113 diputados por personas, 51 por listas partidarias y 3 diputados indígenas que, según lo previsto deberían jurar el 5 de enero de 2016 sus cargos en la nueva Asamblea.

La oposición al gobierno consiguió una inédita mayoría de 112 diputados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó que el número de escaños a favor de la oposición ascendió a 109 y que el chavismo consiguió 55. La oposición confirmó que los 3 representantes indígenas forman parte de la alianza. Frente a este escenario Maduro aclaró que el principal enemigo es “la derecha fascista contrarrevolucionaria que ha obtenido un éxito electoral”.

Luego de meses de detención se condena al opositor Leopoldo López a casi 14 años de prisión por participar en protestas contra el presidente Maduro, en el año 2014.

La alianza opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) denunció un “golpe judicial”, luego de que el TSJ recibiera un recurso introducido por el oficialismo contra la proclamación de 22 diputados electos recientemente. Uno de los denunciantes fue el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles.

Las rectoras del Consejo Nacional Electoral, tomaron la decisión carente de fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho al recurso de revocación al pueblo venezolano consagrado en la Constitución, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación.

La oposición convocó al Ejercito a que ayude a garantizar el respeto al resultado de las elecciones, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara suspende de forma “preventiva e inmediata” a varios diputados electos.

2016: Los diputados opositores votaron por el dirigente socialdemócrata Henry Ramos Allup para presidir la nueva Asamblea Nacional venezolana. La coalición opositora MUD informó que tras la votación se conformó la directiva de la Asamblea con Ramos a la presidencia.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional confirmó que algunos de los partidos de la MUD tomarían medidas para adelantar el fin del Gobierno de Maduro, el cual terminaría oficialmente en 2019. Se decidiría la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del gobierno de Maduro, según Ramos Allup.

3 legisladores electos por la región de Amazonas, cuyas reclamaciones habían sido suspendidas de forma “preventiva” por el TSJ, juraron su cargo. El mismo declaró en “desacato” al nuevo Parlamento, de mayoría opositora, debido a que asumieron sus puestos 112 representantes de la MUD, pese a que 3 de ellos (Amazonas) se encontraban suspendidos tras una denuncia interpuesta por el oficialismo.

La Asamblea Nacional aprobó una moción que exhorta al Gobierno a cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales (de los cuales Venezuela forma parte) que piden el respeto a los DDHH de los dirigentes opositores presos. La resolución fue aprobada por la mayoría opositora, sin apoyo alguno del oficialismo.

El gobierno decretó “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución, incluyendo medidas para atacar la evasión fiscal, acelerar la importación y distribución de alimentos, bienes de consumo primarios y medicinas. La AN rechaza dicho decreto al considerarlo insatisfactorio y declara una “crisis humanitaria de salud” en el país, ocasionada por la escasez de medicinas y deterioro de instituciones sanitarias.

La liste de irregularidades, marchas y contra-marchas de la política contemporánea venezolana, podría proyectarse hasta el punto de llenar bibliotecas enteras, pero no se podría terminar este apartado sin hacer referencia al fallido referendo revocatorio.

Una de las posibles salidas a la crisis venezolana, tal como fue pensada por alguno de sus protagonistas, consistió en conocer la voluntad ciudadana a través de un referéndum, que, ante una elección esquiva para el ejecutivo, suponía nada menos que la cesantía de las autoridades y el llamado inmediato a elecciones.

Esta ingeniería política comienza a trazarse en la mesa de la asamblea nacional resultante del revés electoral oficialista de finales de 2015, donde los nucleados en torno al PSUV se vieron en una posición electoral incontestable.

La MUD, pensó en traducir tal grado de desaprobación en una iniciativa real, con consecuencias prácticas tangibles. Así se comienza con el llamado a referéndum: cabe recordar que para activar el mismo se precisaban 200.000 firmas (1% del padrón electoral), pero en muy poco tiempo se juntaron casi dos millones. Ya la oposición en octubre de 2015 se alistaba para acceder al último requerimiento legal: el consentimiento del 20% de las personas habilitadas para votar, margen que además estaba totalmente al alcance de la oposición.

Así mismo, en una jugada que reconfigura los medios de poder empleados por los actores, la Comisión Nacional Electoral (un virtual cuarto poder, controlado en su mayoría por el oficialismo) suspende hasta nueva orden el proceso revocatorio en cierne, seguido por una lluvia de amparos judiciales en algunas regiones venezolanas: vale recordar que un referéndum esquivo a Maduro, habría supuesto su dimisión y consecutivo llamado a elecciones, el oficialismo demostró nuevamente su falta de voluntad absoluta en dejar le poder. Es así como termina la historia de una solución.

En el ámbito internacional la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió y aplicó la Carta Democrática Interamericana, (procedimiento que nuevamente es objeto de debate su aplicación) instrumento jurídico de la organización creado para salvaguardar la democracia, contempla desde gestiones diplomáticas en su artículo 20, hasta la suspensión de un miembro, garantías y reincorporación en artículos 21 y 22 respectivamente. Lo cual no implica no aplica expulsión, sino que el miembro en cuestión debe de continuar con el cumplimiento de sus obligaciones particularmente en materia de DDHH.

Se ha recurrido a la salida de la no democracia con democracia, medios diplomáticos y buenos oficios. Jamás se ha contemplado una intervención militar, ni injerencias en asuntos internos por parte de ningún Estado, pero cuando todo se quiebra hay que presionar. “De una dictadura se sale con elecciones” sostiene el secretario general de la OEA, excanciller uruguayo, Luis Almagro y por eso exige a Maduro que convoque a la mayor brevedad comicios generales, libres y con observación internacional. La presión internacional es parte de las reglas del juego, de los mecanismos que favorecen a garantizar los compromisos asumidos por cada Estado ante los organismos internacionales, con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica de toda la comunidad internacional.

Hay derechos y principios fundamentales que trascienden fronteras e ideologías que hay que defender, proteger y garantizar; porque detrás hay pueblos, seres humanos, vidas. Entre tantas reuniones en diversos órganos, incontables veces, compuestas por Estados preocupados por la situación de nuestra hermana Venezuela, ha sido tema relevante y de suma consideración.

No se trata de complots imperialistas, ni recreaciones históricas de los hechos ocurridos en la década de los 50′ y un sin fin de teorías expuestas por los representantes del gobierno venezolano ante todos los organismos de los cuales y de conformidad con el Derecho Internacional Público, es miembro. Se trata de ejercer presión a través de mecanismos jurídicos, diplomáticos y pacíficos que son básicos para la resolución de conflictos en el Derecho Internacional, con el objetivo de garantizar el respeto de las libertades, los DDHH y la democracia. La situación en la actualidad se ha vuelto insostenible hasta para el propio gobierno al cual se le están agotando los recursos, no se pueden seguir primando lo político por encima de lo jurídico.

América Latina ha sido muy favorable al diálogo, mediación y a todos los esfuerzos posibles, ya sea individualmente cada país o a nivel MERCOSUR. Se han respetado plazos para que el gobierno venezolano cumpla con todos sus compromisos asumidos en todas las materias en todos los ámbitos.

No sería adecuado mantener neutralidad ante semejante gravedad. La tarea no es sencilla y menos en el contexto inestable en el cual se encuentran algunos países de nuestra América Latina, pero como decía Simón …”Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”.

 

* Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República del Uruguay, especialista en Geopolítica y Geoestratégia de Uruguay y su Región por el Centro de Altos Estudios Nacionales, Colegio de Defensa de Uruguay.